El papel de las fuerzas armadas, clave para la estabilidad del país

La clase política, incompetente y corrupta, es responsable de su propio descrédito. López Obrador estrecha su relación con el instituto armado, no obstante las advertencias sobre «militarización». Sin embargo, la presidencia y la milicia deben apegarse a sus funciones y no utilizarlas con otros fines

Califican con 8 al Ejército; partidos reprueban: Mitofsky

Cuando la milicia era tercer sector del PRI

El Ejército ha escrito páginas negras en su historia por su participación en la guerra sucia y en las masacres de Tlatelolco y Tlatlaya; el asesinato de los estudiantes Jorge Mercado y Javier Arredondo, en el Tec de Monterrey, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otros sucesos. El caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por supuestos nexos con la delincuencia organizada y absuelto en México por la Fiscalía General de la República, también lo puso en la picota. Sin embargo, el respeto y la credibilidad ciudadana en las fuerzas armadas no han disminuido.

¿Es porque la institución armada auxilia a la población civil en casos de desastre (inundaciones, terremotos, incendios), la asiste en campañas de vacunación y de diversa índole y muchas veces le ha sacado las castañas del fuego a la clase gobernante sin ser correspondida? ¿Es porque pesan más en la balanza sus aciertos? ¿Por qué el país sigue en pie por sus soldados? Para afrontar a la delincuencia organizada, el presidente Felipe Calderón recurrió al Ejército. La tarea no podía encargarla a policías corruptas e infiltradas por los carteles de la droga. Incluso su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está bajo proceso en Nueva York por recibir sobornos del cartel de Sinaloa, entre otros supuestos delitos. En México enfrenta cargos por lavado de dinero y desvío de recursos.

La estrategia de Calderón (PAN), continuada por Enrique Peña Nieto (PRI) y profundizada por Andrés Manuel López Obrador (Morena), no es la más popular ni ha resultado ser la más eficaz. Medida en víctimas, es un fracaso: 121 mil 613 homicidios dolosos en el sexenio de Felipe Calderón, 156 mil 437 en el de Peña Nieto y más de 70 mil en los dos primeros años del gobierno de AMLO. Las regiones más violentas, de acuerdo con el Inegi, son Estado de México y Guerrero (PRI), Chihuahua y Guanajuato (PAN) y Jalisco (Movimiento Ciudadano). Coahuila se ubica en el puesto número 20.

Con una fuerza administrativa (burocrática) anquilosada, sin clara vocación de servicio y en buena medida corrompida, valerse del Ejército y la Armada (…) no es descabellado».

René Delgado (Reforma, 26.12.20)

Los responsables de la seguridad ciudadana son los estados. Sin la colaboración de las fuerzas armadas, la situación sería hoy más grave. El plan del presidente López Obrador contra el crimen organizado y la violencia se basa en tres pilares: el Ejército, los programas sociales y la Guardia Nacional. La promesa de regresar a los militares a sus respectivos cuarteles no solo la incumplió, sino que, además de mantenerlos en las calles, les asignó nuevas tareas: la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya y la administración de puertos mercantiles y aduanas marítimas, entre otras.

AMLO dice preferir las críticas de quienes lo acusan de militarizar el país, que repetir el fracaso, con la Guardia Nacional, a cargo del general Luis Rodríguez Bucio, de la Policía Federal Preventiva, dependiente de García Luna en el sexenio calderonista. La intención de aprovechar a las fuerzas armadas para desarrollar infraestructura y participar en programas sociales, salta a los ojos: economizar y combatir la corrupción en los sectores público y privado, característica de las administraciones precedentes, y exaltar la honradez del Ejército. Empero, el 90% de las obras del gobierno de AMLO se ha contratado por asignación directa e invitación restringida, lo cual, para la Confederación Patronal de la República Mexicana, propicia opacidad y corrupción.

El presidente y el Ejército han resistido los embates de los sectores contrarios a las políticas de seguridad y al protagonismo de las fuerzas armadas, pero ambos mantienen altos niveles de aprobación. Las masacres en el país no han terminado, pero desde la perspectiva de AMLO sí, pues ahora no las provocan los soldados y tampoco se les utiliza para reprimir protestas. Moderar el uso de la fuerza se ha tomado como debilidad y en el caso de la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, como una humillación. Quizá con el deseo de confrontar a los mandos castrenses con su comandante, pero hoy la relación entre ambos es más estrecha que nunca. Máxime después de la liberación del general Cienfuegos.

Equilibrar la balanza

La incompetencia, la venalidad y el divorcio de las autoridades civiles con la ciudadanía, así como la crisis de liderazgo, dentro y fuera de los partidos, han revalorado al Ejército por sus servicios al país, pero debe ceñirse a los límites estrictos de su jurisdicción. Así lo reflejan las encuestas de confianza en las instituciones. Los índices de aceptación del presidente López Obrador aún son altos. No implica que las fuerzas armadas estén exentas de corrupción e ineficiencias y que el líder de la 4T acierte en todas sus decisiones. Nada más alejado de la realidad. AMLO ha cometido errores, algunos de ellos garrafales, pero frente a la soberbia y los excesos de los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón, todavía se le ve con indulgencia y como un presidente «auténtico» y «honesto», aunque no todos en su gobierno lo sean.

Para el periodista René Delgado, decir que el país se ha militarizado es una desmesura, «cuando solo en el ámbito de la seguridad pública puede hablarse al respecto. Terreno, por lo demás, donde la oposición aprobó abrir la puerta a los militares, aun cuando luego quiso matizar su postura. (…) Fuera de ese ámbito, las nuevas tareas asignadas a las fuerzas armadas no implican, necesariamente, el empoderamiento de los militares a costa de los civiles» («Sobreaviso», Reforma, 26.12.20).

Voz ecuánime en un diario declaradamente anti-AMLO, Delgado advierte: «Con una fuerza administrativa (burocrática) anquilosada, sin clara vocación de servicio y en buena medida corrompida, valerse del Ejército y la Armada, en tanto fuerza institucional organizada y disciplinada, con clara cadena de mando, capacidad logística e implante nacional y, a la vez, subutilizada, no es descabellado». La estrategia presidencial, apunta, responde a tres propósitos: transformar la función de las fuerzas armadas, fortalecer su vínculo con la sociedad, constreñido por dedicarse más a combatir al crimen, y resolver problemas que ante «la disfunción de la burocracia, abrían espacio a negocios privados con elevado costo para el Estado».

Sin embargo, la desafección hacia la clase política y el aprecio por el Ejército, sin ser en sí mismo negativo, comporta riesgos para la democracia. Las fuerzas armadas se han mantenido leales al presidente de turno y al resto de las instituciones aun a costa de su prestigio y de ser abandonadas a su suerte en la mayoría de los conflictos. Para equilibrar la balanza, los gobiernos, congresos y partidos necesitan ser eficientes y confiables, alinear sus agendas con la sociedad y hacer realidad el Estado de derecho; pero, ante todo, ser y parecer honestos.

Los mismos gobernantes, para cubrir su incapacidad, falta de legitimidad e incluso sus transgresiones, se han refugiado en el Ejército. El mensaje es obvio: «solos no podemos». Esa actitud debilita aún más a las autoridades surgidas de las urnas (presidentes, gobernadores, alcaldes). Las fuerzas armadas no suplantan ni ocupan espacios ajenos al suyo: los civiles los ceden. Y a la hora de las medallas, los políticos se las cuelgan. Como en La Laguna, donde el mando único (con cabeza militar) pacificó la zona después de que el gobierno les abrió las puertas a los carteles de la droga.

Algo que no han sopesado las autoridades políticas locales en la circunstancia actual, modificada por la 4T, es que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente. Abrazar por un lado a los mandos militares para aparentar fortaleza, y por otro golpear a su jefe, tarde o temprano tendrá consecuencias. Apoyar al Ejército y no solo escudarse en él, como lo hicieron Calderón y Peña Nieto, es una de las mejores jugadas de AMLO, siempre y cuando cada uno tenga claras sus funciones, se apegue a ellas y no las utilicen para otros propósitos.

La crisis que no llegó

El 15 de octubre de 2018, el Pentágono y la Casa Blanca condecoraron a los secretarios de la Defensa y de la Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, con la Legión al Mérito en grado de Comandante por su «excepcional trabajo» y por haber contribuido «a una mayor cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países». Dos años después, la DEA detuvo a Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles por narcotráfico y lavado de dinero. El 17 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos por gestiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 protestaban frente a la Corte de Brooklyn.

«No podemos admitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano», declaró el presidente López Obrador tras la liberación del exsecretario. Sin embargo, antes había equiparado el caso de Cienfuegos con el de Genaro García Luna, preso en Nueva York por recibir sobornos del cartel de Sinaloa y otros delitos. «Son muestra inequívoca de la descomposición del régimen neoliberal, la peste que tanto daño ha hecho al país». Incluso ofreció suspender y consignar a los mandos involucrados con el general.

Una de las hipótesis para explicar el giro copernicano y la intervención del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para lograr el desistimiento del Departamento de Justicia, fue la presión de las fuerzas armadas sobre el presidente. Sin embargo, aun cuando, según la jueza Carol B. Amon, las imputaciones contra el divisionario eran graves, la DEA no se ha distinguido precisamente por respetar la soberanía de los Estados ni fundamentar todas sus investigaciones.

La captura, entrega y exoneración de Cienfuegos provocó reacciones. En el primer caso, por sorpresiva y contradictoria después de haber sido condecorado hacía apenas dos años; en 2017 se habrían grabado conversaciones y mensajes de integrantes del cartel H-2, residuo de la organización de los Beltrán Leyva, en los cuales se referían al secretario de la Defensa como el Padrino. En el segundo, por inédita. Y en el tercero, por no haberse ejercido acción penal contra el general. ¿Estados Unidos hubiera regresado a México a una figura de alto perfil acusada de narcotráfico bajo la presidencia de Peña Nieto o de Felipe Calderón?

Grupo Reforma, siempre a la caza de los errores del gobierno de AMLO, algunos de los cuales exagera y otros desvirtúa, quiso tomar el pulso de los mexicanos sobre el tema. El 77% opinó que Cienfuegos no es inocente y el 69% que no pisaría la cárcel. Jorge Castañeda, canciller en el gobierno de Vicente Fox y excolaborador del diario, apostilla: «Conviene aclarar que se trata de una encuesta telefónica —mitad celular y mitad fija—, con una muestra muy pequeña. Seguramente encierra un sesgo hacia la clase media, urbana, joven informada. Pero ese es el sector que forma opinión en México, y sus puntos de vista terminan por permear al resto de la sociedad» («Cienfuegos: ¿a quién le cree la gente?», Letras Libres, 20.11.20).

La crisis vaticinada por unos y deseada por otros, no ha llegado. AMLO aprovechó la coyuntura para dar una vuelta de tuerca y endurecer las reglas sobre la operación de agentes extranjeros en nuestro país. Quizá sea cuestión de tiempo, mientras el flamante presidente Joe Biden toma el control, para que Estados Unidos responda. Mientras tal cosa sucede, si ocurre, López Obrador desagravió a su aliado principal, no solo en temas de seguridad, sino también de gobernabilidad. Si la intención era socavar a las fuerzas armadas y al presidente, el objetivo fracasó. Incluso los partidos de oposición apoyaron la estrategia del gobierno para defender al general. E4

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Califican con 8 al Ejército; partidos reprueban: Mitofsky

Universidades, Guardia Nacional, Iglesia, redes sociales, CNDH y Presidencia, entre las instituciones más confiables de México, revela encuesta

Las fuerzas armadas encabezan la clasificación de confianza en las instituciones, de acuerdo con la encuesta en vivienda de Mitofsky levantada en diciembre pasado, con una calificación de 8 puntos. Le siguen las universidades y la Guardia Nacional con 7.7. Dentro de la misma franja de «confianza alta» están la Iglesia y las redes sociales (7.4), las estaciones de radio (7.2), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los medios de comunicación y la presidencia de la república (7.1). Tres de las instituciones más cuestionadas por la comentocracia (Ejército, Guardia Nacional y presidencia) son las mejor calificadas por los mexicanos.

No obstante que el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, permaneció en los medios de comunicación varias semanas, el Ejército registró el mayor crecimiento en términos de confiabilidad en el periodo 2019-2020, al pasar de 7 a 8 puntos, según Mitofsky. El rango de «confianza media» lo ocupan los empresarios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cadenas de televisión, los bancos, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la policía, cuyas puntuaciones van de 6.8 a 6 unidades. En el fondo de la tabla están los senadores, los sindicatos y los diputados. Los peor calificados son los partidos políticos con apenas 5.9 puntos.

Las universidades y el Ejército han mantenido las mejores calificaciones en los 17 últimos años. En 2007, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó la guerra contra la delincuencia organizada, obtuvo 7 puntos. Con Peña Nieto, las fuerzas armadas bajaron a 6.8, pero después empezaron a recuperar terreno. La presidencia registró las valoraciones más bajas con Peña, cuya credibilidad tocó fondo en 2017 al conseguir solo 4.8 unidades. La confianza subió a 7 y 7.1 en los dos años siguientes. Los partidos siempre han estado reprobados, salvo en 2006.

Los segmentos para los cuales el Ejército supera en confiabilidad al resto de las instituciones son los de grado universitario o superior; y por rango de edad, los hombres y mujeres de 18 a 29 años y los de 50 o mayores. El apoyo a la Guardia Nacional procede sobre todo de las mujeres y los adultos de entre 30 y 50 años. Las calificaciones altas las recibe de personas de 50 años y más y con formación universitaria.

«Recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones es fundamental para retomar una senda de crecimiento inclusivo y de mayor bienestar para todos en América Latina y el Caribe», advierte el estudio Perspectivas Económicas de América Latina 2020, publicado bajo la responsabilidad del secretariado general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En la región, «tres de cada cuatro ciudadanos tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Y alrededor del 80% creen que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. (…) La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo así en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social».

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador adolece de vicios, anacronismo y contradicciones, pero en un país donde la clase política y las élites se han servido históricamente del poder para hacerse con la riqueza nacional, su discurso contra la corrupción y el sistema de privilegios conecta con la mayoría. Eso le ha permitido, a pesar de dos años de bombardeo mediático y en las redes sociales, mantener altos niveles de popularidad y de confianza, según se desprende de la encuesta de Mitofsky. La estrategia de las oposiciones y de los sectores desafectos al presidente, basada en el desgaste, no ha funcionado. E4

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Cuando la milicia era tercer sector del PRI

Los generales perdieron su cuota de gobernadores. El último de ellos, Absalón Castellanos, fue juzgado por un tribunal zapatista

El sector militar del PRI desapareció en 1946, después de su incorporación al Partido de la Revolución Mexicana en el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero conservó una cuota de gobernadores. El general Absalón Castellanos (Chiapas, 1982-1988) cerró ese ciclo. Acusado por las comunidades indígenas de fanático, represivo y de haber utilizado el cargo para enriquecerse, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL) declaró prisionero de guerra a Castellanos después de haberlo capturado el 1 de enero de 1994 en su finca El Momón.

Un tribunal militar zapatista condenó a Castellanos a vivir «hasta el último de sus días con la pena y la vergüenza de haber recibido el perdón y la bondad de aquellos a quienes tanto tiempo humilló, secuestró, despojó, robó y asesinó» (Wikipedia). El 16 de febrero, el EZLN lo entregó al comisionado Manuel Camacho y al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, para «favorecer la distensión en la zona de conflicto durante la realización del diálogo para la paz con dignidad». El exgobernador falleció el 10 de marzo de 2017 a los 93 años.

El paso de los militares por la política ha estado marcado por la corrupción y los abusos, con algunas excepciones. Máximo Ávila Camacho (Puebla) y Gonzalo N. Santos (San Luis Potosí) acrecentaron esa fama. Uno de los generales que se apartaron de la norma fue Raúl Madero González, gobernador de Coahuila en el periodo 1957-1963. Más tarde, el subsecretario de la Defensa, Juan Antonio de la Fuente Rodríguez, parecía perfilado para la sucesión de 1981, pero murió el 13 de diciembre de 1979 al desplomarse su helicóptero en una gira debido al mal clima.

Un caso similar ocurrió en Baja California en 1977. El general Hermenegildo Cuenca, secretario de la Defensa en el gobierno de Luis Echeverría, falleció a la mitad de su campaña. El PRI lo reemplazó con Roberto de la Madrid. A los 18 años, Cuenca había sido uno de los cadetes del Colegio Militar que escoltaron al presidente Venustiano Carranza a Aljibes, Puebla, antes de su asesinato en Tlaxcalantongo, el 21 de mayo de 1929. Con el tiempo, los conflictos sociales rebasaron a los gobernadores castrenses. Uno de los últimos casos fue el de Graciliano Alpuche (Yucatán), quien renunció en 1984 para ser sustituido por Víctor Cervera.

El Partido de la Revolución Mexicana, sucesor del PNR y precedente del PRI, se formó en 1938 con cuatro sectores: obrero, campesino, militar y popular. «La incorporación del sector militar al nuevo partido fue la más discutida, ya que se temía que la participación formal en la política del Ejército nacional crearía divisiones a su interior, poniendo en riesgo la estabilidad del país» (Del partido de grupo al partido de masas. La transformación del PNR al PRM, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México). El presidente Ávila Camacho dio los primeros pasos para apartar a las fuerzas armadas de la política.

Con Ávila Camacho terminó la era de los presidentes militares, cuando el PRM postuló a Miguel Alemán. «De ese modo comenzó la desincorporación castrense de las actividades políticas —que de manera definitiva se presentó en 1945 con el decreto que impedía cualquier participación política de militares en activo—, reservándole exclusivamente las tareas propias de la milicia y la salvaguarda de la soberanía nacional» («Crisis política de 1938 y nuevo rumbo de la Revolución», Alfredo Corona Fernández, 2002). E4