Del botín al motín: pacto PRI-PAN destapa tráfico de fíats en Coahuila

El acuerdo pone de relieve el pago de favores que los gobernadores hacen cada fin de sexenio a funcionarios, amigos y aliados políticos, los cuales no siempre cumplen con los requisitos de ley. Más de la mitad de las patentes entregadas en los últimos 20 años fueron para secuaces del clan Moreira

Notarías, un negocio corrupto del poder político: El País

Atrás quedaron los días en que el PAN fustigaba a los gobernadores priistas por entregar notarías a amigos, parientes e incondicionales a finales de cada sexenio. Al contrario, hoy las reclaman como parte de la frustrada alianza electoral con el PRI en Coahuila (Espacio 4, 736).

En noviembre de 2005, cuando el mandatario saliente Enrique Martínez entregó fíats notariales al entonces alcalde de Torreón, Guillermo Anaya, y a los diputados Jesús de León Tello y Karla Samperio —además de a su jefe de guardaespaldas, entre otros colaboradores—, la entonces dirigente estatal del PAN, Esther Quintana Salinas, anunció que sus correligionarios serían sancionados por violar el código de ética del partido, que prohíbe a sus miembros recibir prerrogativas extraordinarias del Gobierno (Vanguardia, 22.11.05).

Hoy Quintana es secretaria de Cultura en la administración del priista Manolo Jiménez y León Tello tiene una notaría. Eso no le impidió al exdiputado panista protestar contra las 81 fíats notariales que entregó Rubén Moreira a sus secuaces, en noviembre de 2017 (en marzo del año anterior había entregado otras 41).

En el sexenio previo, Humberto Moreira llegó al grado de otorgar patentes notariales a dos de sus secretarios de Gobierno: Armando Luna Canales y Homero Ramos Gloria (hoy magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado). Juntos, los hermanos Moreira entregaron más de la mitad de las notarías asignadas en los últimos 20 años.

Y aunque Guillermo Anaya se vio obligado a rechazar el nombramiento de Martínez para no perjudicar su candidatura al Gobierno del estado en 2011, el exsenador volvió a ser beneficiado con una de las 63 notarías que entregó Miguel Riquelme en noviembre pasado, ocho días antes de culminar su mandato.

Esta vieja práctica de premiar a incondicionales y cubrir cuotas políticas captó los reflectores nacionales en enero pasado, cuando el dirigente del partido Acción Nacional Marko Cortés reveló que en el convenio de la «Alianza por la Seguridad de Coahuila» —que formaron PRI, PAN y PRD en las pasadas elecciones estatales— incluía la entrega del «seis notarías» (Espacio 4, 736).

Pese a que el documento firmado por Cortés, Jiménez, Moreira y Armando Tejeda —coordinador operativo de la precampaña presidencial de la panista Xóchitl Gálvez— fue criticado por tirios y troyanos, el presidente nacional del PAN no sólo lo defendió en nombre de la transparencia, sino que acusó al hoy gobernador coahuilense de haber incluido las notarías para amarrar el pacto.

«Eso (las seis notarías) fue lo que ofreció el gobernador para poder cerrar (el acuerdo). Al PAN lo que le importa es el siglado de las candidaturas (…) todo lo demás no nos importa», dijo Cortés (Sin Embargo, 15.01.24).

Lo cierto es que Coahuila no solo es uno de los estados con más notarios por habitante, sino una de las 30 entidades donde el gobernador puede dispensar a los aspirantes los requisitos de ley, incluido un examen, si los considera «suficientemente capacitados».

¿Pocas o demasiadas?

El número de total de notarías en Coahuila varía según las fuentes, pues no existe un registro actualizado y entre las que entregan los gobernadores cada año existen algunas que son asignadas para cubrir vacantes.

Según el Directorio de Notarios Públicos de la Secretaría de Gobierno de Coahuila, al 16 de noviembre de 2023, existían 332 notarías en la entidad (Acuña: 17, Monclova: 44, Parras: 4, Río Grande: 25, Región Carbonífera: 15, Saltillo: 130, San Pedro: 7, Torreón: 90).

De este total, 282 estaban en funciones (el resto aparece como «acéfala» o con «licencia»). Si éstas se suman a las 63 otorgadas por Riquelme, el estado tendría hoy 345 notarías en funciones, un número mayor que el de Ciudad de México, donde existen apenas 240 notarías para 9.2 millones de habitantes.

Sin embargo, el oficio enviado por el Ejecutivo de Coahuila al Congreso para asignar 63 nuevos fíats, el pasado 15 de noviembre, menciona que existían entonces 273 notarías «en funciones», que sumadas a las nuevas daría un total de 336.

En ambos casos, el número supera el promedio sugerido por el artículo 70 de Ley del Notariado del Estado de Coahuila: un notario por cada 20 mil habitantes (uno por cada 9 mil 121, en el primer caso; uno por cada 9 mil 365, en el segundo).

¿Son pocos o muchos? Según la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) —que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer, pero se lo impide el T-MEC—, la limitación por número de habitantes en 18 entidades —incluida Coahuila—, bloquea la competencia en los servicios.

Menciona los casos de Puebla, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero, en donde no puede existir más de un notario por cada 50 mil habitantes. Destaca además que la penetración notarial en México es baja, con un número de 3.4 notarios por cada 100 mil habitantes, a diferencia de Alemania, que registra 9.4 o Suiza, con 33.3.

«Incrementar el número de notarios y la intensidad de la competencia entre ellos son factores esenciales para modernizar y formalizar la economía, porque incrementa la certidumbre jurídica y el respeto a los derechos de propiedad», afirma la Cofece en un comunicado.

El organismo advierte que las leyes estatales «impiden la competencia efectiva entre prestadores de servicios», pues imponen barreras a la entrada de nuevos notarios, restringen el número máximo de éstos, fijan referencias para el establecimiento de tarifas y favorecen el «reparto» de zonas geográficas, como sucede en la entidad. Por ello, hace un llamado a los congresos locales «a impulsar reformas en las leyes del servicio notarial».

Desde 2005, se han entregado 274 nuevas notarías en Coahuila, la mayor parte durante los Gobiernos de los hermanos Moreira. De hecho, Rubén Moreira fue el mandatario que más notarías entregó: 122 (41 en marzo de 2016 y 81 en noviembre de 2017).

Ante las críticas, incluida la campaña de firmas «Di NO a las 81 notarías que quiere regalar Moreira en Coahuila» en Change.org, el mandatario mencionó el caso de Suiza y argumentó que «a más notarios más certificaciones y más legalidad». También lamentó que su iniciativa de crear «El Notario del Pueblo» no fuera aprobada por el Congreso (esta figura «decorativa» se aprobó en diciembre 2017, durante el mandato de su sucesor).

La ley y la trampa

Para entregar nuevas notarías, Riquelme argumentó un «incremento de la actividad notarial» (más empresas, más escrituras, más nearshoring o relocalización de cadenas productivas), pero el problema de fondo no es la cantidad, si no la calidad.

El Artículo 76 de la Ley del Notariado del Estado establece como requisitos para obtener la patente de aspirante a notario: ser mexicano, tener título de abogado o licenciado en Derecho, por lo menos tres años de experiencia en el ejercicio profesional y «aprobar el examen de aspirante a Notario» (entre otros relacionados con facultades mentales, buena conducta, condenas por delito intencional, quiebra económica, etc.).

Sin embargo, un párrafo adicionado en 1980, establece que «El Ejecutivo del Estado podrá, a solicitud del interesado, dispensar el cumplimiento de los requisitos (…) cuando considere que el solicitante, esté suficientemente capacitado para el ejercicio de la función Notarial».

Es el caso de la exsecretaria de Seguridad del estado, Sonia Villarreal, quien recibió una notaría en noviembre pasado pese a que no tiene licenciatura en Derecho (cursó la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey).

Y no solo se trata de títulos, sino de méritos, de ética y de enjuagues políticos. Al igual que Enrique Martínez, Riquelme otorgó notarías a aliados políticos de oposición, incluido el mismo Guillermo Anaya y Lizbeth Ogazón Nava, diputada local de Morena (que votó a favor de varias de sus iniciativas más importantes). Rubén Moreira hizo lo propio con Carlos Román Cepeda, exalcalde de Torreón por el PAN.

«Con lo que están haciendo estamos en un número cerca de 400 notarios en Coahuila, habrá más notarios en Coahuila que en la Ciudad de México, con cerca de 20 millones de personas», dijo al respecto Jesús de León Tello, entonces coordinador de la bancada panista.

Además, aseguró que prepararía un amparo para echar abajo las asignaciones de Moreira, en conjunto con ciudadanos, aspirantes a notarios y abogados. Otra de las notarías de Rubén Moreira fue para Gregorio Alberto Pérez Mata, magistrado involucrado en el fraude de Ficrea (Espacio 4, 527).

¿Y por qué las notarías se entregan al final de cada sexenio? El artículo 6 de la Ley del Notariado establece que «el ejercicio de la función del notario es incompatible con el desempeño de: I.- Cargos de funcionario o empleado al servicio de cualquiera de los tres Poderes del Estado o de la Federación, o de Entidades desconcentradas o descentralizadas del Gobierno Federal o Estatal; II.- Cargo de funcionario o empleado al servicio del Municipio o de Entidades desconcentradas o descentralizadas municipales; III.- Cargos de funcionario o empleado, bajo la dirección y dependencia de personas físicas o morales; IV.- Aquellos cargos que las Leyes u otros ordenamientos jurídicos señalen expresamente».

De ahí que los «premios» a funcionarios se otorguen en el ocaso de cada administración. El único que se adelantó a esos plazos fue Humberto Moreira, que entregó 20 notarías en 2008, a mitad de sexenio.

No obstante, su sucesor Jorge Torres López (2007-2011) completó la tarea al entregar 43 fíats notariales el 30 de noviembre de 2011, un día antes de entregar el mando a Rubén Moreira. Entre los beneficiados figuraban Sergio Sisbeles, secretario particular del gobernador; y Fausto Destenave Kuri, director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, quien por entonces era investigado por la presunta contratación de préstamos bancarios con documentos falsos (vLex, 30.11.11). En 2019, Torres fue detenido y extraditado a EE.UU., donde se declaró culpable de lavado de dinero (2020) y recibió una condena de tres años de prisión (2021).

En 2019, la Fiscalía Anticorrupción informó que investigaba a 15 personas, entre ellas notarios, abogados y exjueces, por el megafraude del Infonavit, un sistema por el cual se simularon juicios para despojar de sus viviendas a miles derechohabientes del instituto, entre 2013 y 2018 (Espacio 4, 605). En junio de 2002, el Infonavit denunció a cuatro notarios públicos de Coahuila por escriturar más de dos mil viviendas que no fueron registradas. E4

Los gobernadores y sus notarios

Gobernador	Notarías otorgadas	Personajes destacados
Enrique Martínez (2000-2005)	26	Guillermo Anaya Llamas (alcalde de Torreón PAN)Jesús de León Tello (diputado local PAN)Karla Samperio Flores (diputada local PAN)Ricardo Treviño Villarreal (magistrado TSJ)Rebeca Villarreal Gómez (magistrada TSJ)Abraham Cepeda Izaguirre (secretario de Gobierno)Rafael Catarino Marines Daniel (jefe de guardaespaldas)
Humberto Moreira (2005-2011)	20	Armando Luna Canales (secretario de Gobierno)Homero Ramos Gloria (secretario de Gobierno)Francisco Saracho Navarro (diputado local PRI)Carlos Mata (exsecretario general del PRI estatal)Rodrigo Fernando (director de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos) Luis Ramos (asesor legal del gobernador)
Jorge Torres López (2011-interino)	43	Sergio Sisbeles (secretario particular del Gobernador)Fausto Destenave Kuri (director del CEAS)Ricardo Treviño (subsecretario de Gobierno)José de Jesús Gómez Valdez (dirigente estatal Panal)Blanca Nelly Guajardo (hermana de la diputada federal Mary Telma Guajardo, PRD)Luz María Diez Urdanivia (hija del exmagistrado y notario público Xavier Diez de Urdanivia)
Rubén Moreira (2011-2017)	122	Iván Garza García (secretario Técnico)Fernando Martínez Garza (secretario de Planeación)Marco Antonio Dávila Montesinos (director de Prodemi)Carlos Román Cepeda (exalcalde de Torreón por el PAN)Marcela Cepeda Rebollo (coordinadora del DIF en la Laguna)Carlos Gerardo García Vega (asistente particular de Moreira)Federico Garza Ramos (titular de la CEDH)Gregorio Alberto Pérez Mata (magistrado involucrado en el fraude de Ficrea)José Manuel Maldonado Wong (hijo del exalcalde de Piedras Negras)
Miguel Riquelme (2017-2023)	63	Lizbeth Ogazón Nava, diputada local de MorenaGuillermo Anaya Llamas, ex candidato del PAN al Gobierno del estadoSonia Villarreal Pérez (secretaria de Seguridad). No tiene licenciatura en Derecho como marca la ley (cursó la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey)Jesús Homero Flores Mier (Fiscal Anticorrupción del Estado)Luis Manuel Saracho Cueto (hijo de Francisco Saracho, secretario de Educación)Azalea Maldonado Wong (secretaria de la Juventud)Tadeo Vargas (Director de la Facultad de Administración de Piedras Negras)

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Notarías, un negocio corrupto del poder político: El País

El acuerdo entre el PRI y el PAN en Coahuila, ventilado el 11 de enero por el presidente nacional panista Marko Cortés, captó la atención del periódico español El País.

«Obtener el codiciado boleto dorado —una lucrativa patente notarial— debería depender de aprobar un examen de oposición (…) Cuánta inocencia: las notarías suelen ser un botín político», escribió la periodista Vanessa Romero Rocha, el pasado 16 de enero.

«Ya habíamos escuchado que el exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso regalaba patentes a mansalva. Lo mismo que Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco en Morelos, o Javier Duarte y Fidel Herrera en Veracruz. Favor con favor se paga. Un nada virtuoso ejercicio de reciprocidad que termina con una actividad esencial del Estado en las manos equivocadas. Corrupción, le llaman. La verdad —ese sustantivo monopolizado por los notarios— al servicio de mafiosos», señala el artículo «Seis notarías: un botín político».

«En algunos estados, Coahuila incluido, la corrupción está institucionalizada. Ahí, por ejemplo, para convertirte en un flamante notario habrás de aprobar un examen de aspirante y, después, un examen de selección. La trampa está en que el gobernador —si te considera suficientemente capacitado— podrá librarte del requisito», añade.

El diario destaca que los notarios deberían ser los mejores abogados investidos por el Estado, pero las notarías en México sirven más bien para «lavado de dinero, evasión de pago de impuestos, legalización de despojos y constitución de empresas fantasma».

También aborda el nepotismo («familias enteras en cuyo seno se encuentran desde dos hasta cinco generaciones de notarios») y el «negocio sin igual» de comisiones y «altísimos honorarios» (…) «que explican por qué el 94% de los mexicanos no cuenta con un testamento y que un 30% de inmuebles carece de escritura».

La nota recuerda que la intención de la ley notarial de 1867, emitida por Benito Juárez, era eximir de honorarios a los más pobres, pero hoy se limita a actos decorativos como el mes del testamento o descuentos menores para la regularización de la tenencia de la tierra.

«Los actores involucrados —en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial— han optado por hacer la vista gorda. Está en juego una considerable cuota de poder (…) hemos presenciado a notarios desempeñando roles destacados en la esfera política: procuradores generales de la República, embajadores, ministros de la Suprema Corte, secretarios de Gobernación y gobernadores, entre otros. Existe un acuerdo tácito de guardar silencio, lo cual explica por qué el notariado mexicano no ha sido revisado ni reformado desde hace mucho tiempo».

En ese sentido, concluye que «la ventana abierta por Marko Cortés es apenas un atisbo, un modesto indicio de la realidad nacional. Sirve, sin embargo, para airear un fenómeno que rara vez se expone con toda su crudeza ante la opinión pública: el de la perversa relación entre los notarios y el poder político». E4.