Derechos humanos y economía; dos caras de la crisis migratoria

Mientras Coahuila y Texas exhortan a AMLO a «detener» el flujo migratorio ante la amenaza de colapso económico, la Casa del Migrante advierte violencia y abuso sexual en operativos policiales. La FGE y la CDEH se lavan las manos por falta de denuncias; «No se hacen por temor a represalias», advierte Xicoténcatl

Activistas cuestionan «la paz» que se presume en el estado

La crisis migratoria en Coahuila alcanzó uno de sus momentos más críticos a principios de diciembre, luego de que el Gobierno de Estados Unidos decidiera cerrar el Puente Internacional 1 entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas. La medida fue tomada en respuesta a una abrumadora oleada de migrantes que superó la capacidad de respuesta de las autoridades.

El segundo cierre del año (el primero se extendió por un mes entre octubre y noviembre) vino acompañado de un enérgico exhorto al Gobierno federal mexicano a «frenar» el flujo migratorio para evitar una crisis comercial en la zona.

«Le comenté a la secretaria de Gobernación (Luisa María Alcalde) que en Coahuila se han estado haciendo esfuerzos extraordinarios con la Policía Estatal y las municipales para contener a los grupos (de migrantes). Se logró reducir (el flujo migratorio), sin embargo, continúan llegando caravanas que provienen del sur del país».

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

La situación pone a prueba al gobernador Manolo Jiménez, quien se unió a los llamados de las autoridades texanas dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). «Le comenté a la secretaria de Gobernación (Luisa María Alcalde Luján) que en Coahuila se han estado haciendo esfuerzos extraordinarios con la Policía Estatal y las municipales para contener a los grupos (de migrantes). Hace unas semanas se logró reducir (el número de cruces), sin embargo, continúan llegando caravanas que provienen del sur del país», dijo el mandatario el pasado 16 de diciembre.

«El presidente (AMLO) puede hacer algo más para calmar la situación (…) nos está impactando mucho en la economía. Se debió cerrar el puente (Piedras Negras-Eagle Pass) y el gobernador (Greg Abbott ) ordenó las dobles revisiones (…). Nos está ignorando el Gobierno federal y el estado de Texas le pone presión a México».

Rolando Salinas, alcalde de Eagle Pass

Jiménez destacó que gracias a las medidas implementadas en las primeras semanas de su administración (operativos policiales y negociaciones de la Comisión para la Relación Bilateral de Coahuila y Texas) se logró reducir el número diario de cruces de 3 mil 900 a 900. No obstante, pidió que el Instituto Nacional de Migración (INM) envíe más agentes a Coahuila «para alcanzar las cifras necesarias que permitan la reapertura del puente y la retirada de las inspecciones exhaustivas» que el Gobierno de Texas ha vuelto a implementar en las fronteras de Piedras Negras-Eagle Pass y Acuña-Del Rio.

«Hemos visto detenciones muy violentas y testimonios de mujeres que han sido violadas sexualmente por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad (…) Esperamos que ahora con la nueva administración las cosas puedan ser diferentes que lo que tuvimos con la exsecretaria Sonia Villarreal».

Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante

Para lidiar con las 17 mil detenciones que se registraron en una semana, el Gobierno estadounidense asignó tareas migratorias a la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP), generalmente responsabilidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, alertó sobre la situación y reconoció que el gobernador texano Greg Abbott está ejerciendo presión política.

«El presidente (AMLO) puede hacer algo más para calmar la situación. Sé que hay muchas leyes de sus derechos, pero esto nos está impactando mucho en la economía y no podemos dejar que siga por meses. (…) Los agentes de CBP están ayudando a Migración porque no tienen suficiente personal, pero los siguen soltando (a los inmigrantes detenidos) y ya es una situación alarmante. Se debió cerrar el puente por eso y el gobernador ordenó las dobles revisiones (…). Nos está ignorando el Gobierno federal y el estado de Texas le pone presión a México. Y sí, desde mi punto de vista, debe hacer más el Gobierno de México para prevenir esta situación», señaló.

Pero no solo se trata de pérdidas económicas —que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calcula en 35 millones de dólares al día—, sino humanas: las autoridades texanas han rescatado al menos 50 cuerpos sin vida del Río Bravo (12 niños), una cifra similar a los recuperados del lado mexicano.

Crisis de derechos

Aunque el secretario de Seguridad de Coahuila, Federico Fernández Montañez, asegura que los operativos coordinados con la Guardia Nacional, el Ejército, el INM y Ferromex son «apegados a los derechos humanos», el Centro Fray Juan de Larios advierte que el aumento de migrantes que transitan a pie por la Carretera Federal 57 se debe al miedo a los abusos policiales en retenes ferroviarios y a la negativa de las empresas de transporte a venderles boletos.

«En los últimos años y meses elementos de la Policía del Estado han incurrido en actos indebidos en retenes de vigilancia. Se ha documentado que el retén de Monclova es un espacio de robo impune a personas migrantes, y de abuso sexual, el retén de Piedras Negras», advierte en un comunicado publicado el 10 de diciembre.

«No ha sido cumplimentada una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, el Gobierno del Estado de Coahuila garantice la venta de boletos de transporte público a personas que los soliciten, sin que las empresas de transportación revisen el estatus migratorio y/o los pasaportes de los compradores, puesto que no son autoridad», añade.

En el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el informe destaca que la situación empeoró en Coahuila al ser parte de la «Ruta Golfo», un corredor de paso para aquellos que buscan llegar a EE. UU. en busca de trabajo o para solicitar protección internacional por la situación que viven en sus países de origen.

El organismo advierte que ante la incapacidad del Estado, «la sociedad civil ha asumido gran parte de la atención a migrantes». En este sentido, destaca no solo el trabajo de los cuatro albergues en la entidad (Frontera Digna, Casa Emaús, Casa del Migrante de Saltillo y Refugio del Verbo Encarnado), sino el de los ciudadanos que ayudan a los migrantes con comida y dinero en las carreteras o cruceros de las ciudades del estado.

«Es fundamental conservar y fortalecer los procesos de acompañamiento al Programa de Integración Local que se desarrolla en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados, la sociedad civil, diversas empresas de la región y los Gobiernos comprometidos con una integración y multiculturalidad que beneficia a todos», expresa.

Por su parte, el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, ha denunciado abusos sexuales a mujeres migrantes en Piedras Negras por parte de policías de Coahuila, los cuales no se denuncian por temor a represalias.

«Hemos visto violencia sexual en contra de las mujeres migrantes, específicamente mujeres venezolanas que han sido abusadas sexualmente, en su propio dicho de ellas, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila», dijo (Milenio, 22.11.23).

El pasado 12 de diciembre, Xicoténcatl aseguró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Coahuila está integrando una carpeta de investigación para dar cauce a estas denuncias. «Hemos visto detenciones muy violentas y testimonios de mujeres que han sido violadas sexualmente por parte de los elementos (…) Esperamos que ahora con la nueva administración las cosas puedan ser diferentes, que lo que tuvimos con la exsecretaria de Seguridad, Sonia Villarreal», expresó (Vanguardia,12.12.23).

Abusos e impunidad

Según datos del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) 2023, Coahuila se encuentra entre los doce estados con más violaciones a las garantías individuales. En el estado se atendieron 2 mil 800 expedientes de quejas el año pasado, de los cuales mil 652 fueron confirmados como violaciones de derechos humanos.

Si bien no se desglosa el tipo de instituciones señaladas como probables responsables para cada entidad federativa, el INM ocupa el tercer lugar nacional con más expedientes abiertos (2 mil 141), solo detrás del Instituto Mexicano del Seguro Social (3 mil 789) y Sistema Penitenciario Federal (2 mil 679)

A finales de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila informó que en lo que va de 2023 se emitieron tres sentencias por delitos contra migrantes, con penas de hasta ocho años de prisión (Vanguardia, 28.11.23)

El director de Delitos de Alto Impacto Cometidos en Contra de Migrantes de la FGE, Vidal González Orozco, señaló que de las 76 carpetas de indagación por delitos, cinco fueron por violencia familiar y tres por ataques sexuales.

«Se trata de casos de migrantes que cuando llegan a Coahuila, ya tienen problemas de violencia familiar, por lo que se dictan las medidas de protección para las víctimas y de restricción a los responsables», dijo el funcionario (El Siglo de Torreón, 28.11.23).

González indicó que las tres sentencias por ataques sexuales fueron dictadas contra miembros del círculo familiar de las víctimas (dos involucran a menores de edad en Saltillo). «Una de ellas está en proceso de resolverse y la penalidad será de ocho años, la demás son de seis años. Hay que recordar que cuando llega la familia aquí se juntan varias familias para rentar viviendas y es cuando suceden los ataques sexuales», advirtió.

Pero la Casa del Migrante de Saltillo denuncia que las autoridades se resisten a reconocer la posible implicación de elementos policiales locales en casos de abusos sexuales contra migrantes, alegando la inexistencia de denuncias formales. «Se han negado a asumir que esto puede ser al menos una posibilidad y las mujeres desgraciadamente no han querido denunciar ante la Fiscalía por miedo (…) Tuvimos un diálogo (con las autoridades) para ver este tipo de circunstancias (…) y que no se diga que los migrantes no están denunciando», dijo.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Coahuila (CDHEC), José Ángel Rodríguez Canales, dijo que al momento no ha habido quejas de violaciones de derechos humanos contra migrantes y que a pesar de que es un tema de competencia federal, están «al pendiente» para ofrecer atención.

Javier Martínez Hernández, jurídico de la Casa del Migrante, considera «lamentable» que la CDHEC no emita recomendaciones cuando se han registrados casos graves, como el homicidio de Marco Tulio, un migrante hondureño asesinado en un operativo policial realizado en Saltillo en julio de 2019. La CDHEC acreditó que seis elementos de la FGE manipularon la escena del crimen para tratar de inculpar a la víctima.

A pesar de la disculpa pública ofrecida por el entonces gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en septiembre de 2022, no ha habido sentencia contra los policías detenidos. E4

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Activistas cuestionan «la paz» que se presume en el estado

El costo de la «la paz» que se presume en Coahuila son las violaciones de los derechos humanos. Así lo sugiere un comunicado publicado por organismos civiles el pasado 10 de diciembre, con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

«Las y los coahuilenses padecemos diversas violencias directas cometidas por “las fuerzas del orden”: ejecuciones extrajudiciales, tortura, feminicidio, asesinato, desaparición forzada, violencia contra personas privadas de su libertad y en situación de calle, contra los y las migrantes nacionales y extranjeras, contra personas con preferencias sexuales diferentes», señala el documento firmado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), la Casa del Migrante Saltillo, Colectivo Sí a la Vida, Transporte Digno Saltillo, Nueva Constituyente, Alma Rosa García Guevara (defensora de derechos humanos), Jackie Campbell (defensora de derechos humanos), Camelia Muñoz Alvarado (periodista), fray Raúl Vera López y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Entre otros retos y obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos humanos, los organismos destacan:

• La búsqueda de 3,318 personas desaparecidas forzadamente y no localizadas en Coahuila, entre el 1 de enero de 1962 al 23 de noviembre de 2023.
• Las violencias ejercidas por actores no estatales, incluidos grupos del crimen organizado y particulares que ejercen una violencia patriarcal y machista en los hogares, familias, escuelas, espacios públicos y centros de trabajo.
• La complejidad de las redes macro criminales que pueden establecerse por tiempo prolongado y en vastos territorios al amparo de formas heredadas de ver la vida, las tradiciones y costumbres, normalizando que distintos actores negocien la seguridad mediante la militarización de los espacios públicos como ha venido sucediendo en los últimos 15 años, periodo que ya se tiene documentado.
• Se sigue protegiendo a funcionarios y funcionarias públicas que durante varias administraciones en el Estado y Municipios han incurrido en abusos de autoridad y en crímenes de lesa humanidad o han permitido que sigan cometiéndose, lo que significa un retroceso en la garantía del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria y a la no repetición.

«Las autoridades de Coahuila se jactan de haber logrado la paz en nuestro estado, pero ¿a qué costo? ¿De entregarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional? (…)Tengamos presente que la entidad fue parte del experimento llamado “Modelo Coahuila”, en el que exmilitares estuvieron al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante los años de mayor violencia; y que elementos de la Policía Estatal fueron formados con disciplina militar, a pesar de ello, o tal vez por ello mismo, estos policías han sido denunciados por graves violaciones a los derechos humanos», señalan.

«Los derechos humanos son intrínsecos, nos pertenecen solo por nacer, nadie los debe de quitar; el Estado debe de vigilar para que se cumplan, se respeten, se garanticen para cada persona que vive o pasa por estos territorios. Por lo mismo, decimos que, hasta ahora, el Gobierno de Coahuila no ha cumplido con su deber de respetar, proteger y garantizar estos derechos. (…) Como sociedad civil (…) nos toca denunciar, presionar, exigirlos para que se cumplan, se respeten, se integren en nuestra vida y formas de relaciones. Mientras esto no suceda, las autoridades seguirán simulando su trabajo», concluyen. E4