Desdén gubernamental colma la paciencia de maestros y colectivos; claman justicia

El problema de fondo es la enorme impunidad y corrupción que carcome a las instituciones del Estado: magisterio. Lo que nos hace falta es un Gobierno con gente capaz, comprometida y solidaria con el pueblo, no los ladrones que tenemos ahora: Vanesa Villareal, excandidata a alcaldesa

Allende: complicidades y prensa omisa

Como bola de nieve, las razones que el activismo social encuentra en Coahuila para alzar la voz contra las injusticias van en aumento. Más importante aún: la coordinación entre organizaciones independientes de defensores de derechos ciudadanos cobra fuerza.

En la opinión del obispo emérito de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, «a falta de respuesta y soluciones por parte de las autoridades, que la sociedad civil se organice y luche por sus derechos humanos es el único camino que le queda, sobre todo en un estado como Coahuila, donde es claro que han operado al menos dos grandes mafias: el crimen organizado y las alianzas de funcionarios corruptos que evitan auditar a gobiernos anteriores».

El diputado Rodolfo Walss Aurioles, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, lo secunda. El legislador declaró a Espacio 4 que «para llegar a esa conclusión no tienes más que observar que los más grandes problemas de este estado, como son el megaendeudamiento, los desfalcos a fondos públicos diversos, las desapariciones forzadas de personas y la enorme impunidad con la que topan todas las denuncias ciudadanas de la última década tienen una raíz común: el moreirato y la red de funcionarios coaligados para que nada se esclarezca, incluido entre ellos el gobernador Miguel Riquelme».

«En Coahuila, es claro que han operado al menos dos grandes mafias: el crimen organizado y las alianzas de funcionarios corruptos que evitan auditar a gobiernos anteriores».

Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo

Vera López, Walss Aurioles y cientos de personas acudieron el lunes 14 de junio a una marcha y un mitin convocado a través de redes sociales bajo el lema «¡Todas las voces, todas las luchas!… En defensa de los derechos humanos, laborales y sociales, y contra la corrupción e impunidad». El evento congregó, entre otros, a representantes de maestros activos y jubilados, a jóvenes del Movimiento Estudiantil Coahuilense (Moesco), campesinos opositores al relleno sanitario de Noria de la Sabina y defensores de la tierra, también a madres y familiares de desaparecidos, a los custodios del agua, a trabajadores del sector salud y transportistas, a familias afectadas por el «taponeo» de arroyos al norte de Saltillo y a miembros del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan). Todos marcharon y corearon consignas para exigir al Gobierno «¡Solución, ya!».

El recorrido, que inició a un costado del Palacio Rosa, cubrió las principales calles del centro histórico de Saltillo: Juárez, Victoria, Purcell, Aldama y Allende, para luego retornar, por Ocampo, a Plaza de Armas, lugar donde realizaron el mitin. Al frente de la marcha, junto a líderes gremiales, caminaron el obispo emérito Raúl Vera; el vocero de la Coalición Magisterial, Gustavo García Torres, y la excandidata a la alcaldía de Saltillo, Vanesa Villarreal Narro (PES).

Todas las voces

Para el representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, Gustavo García Torres, «queda claro que el problema de fondo es la enorme impunidad y corrupción que carcome a las instituciones del Estado». En su caso, tras 43 días de plantón permanente que trabajadores del magisterio sostienen frente a Palacio de Gobierno (del 3 de mayo al 14 de junio), ninguna de sus demandas —todas detalladas en la edición 666 de Espacio 4— ha sido atendida.

García Torres apuntó que «quien piensa que el problema del magisterio solo afecta a los maestros, se equivoca, pues nuestros fondos institucionales que han sido saqueados no se conforman de manera mágica, son dinero de los impuestos que toda la población paga. Por eso marchamos juntos, para darle voz y mayor presencia a todos los que claman por justicia y que, como nosotros, son ignorados».

«Los más grandes problemas de este estado tienen una raíz común: el moreirato y la red de funcionarios coaligados para que nada se esclarezca, incluido Miguel Riquelme».

Rodolfo Walss Aurioles, diputado

Vanesa Villareal comentó que «desde la marcha del “Coahuila digno” no había visto una participación emejante». Dijo considerar importante que la unidad sea permanente. «Necesitamos crear conciencia en todos nuestros allegados para que esto cobre cada vez más fuerza y salgamos a las calles hasta conseguir los cambios que necesitamos, porque lo que nos hace falta es un Gobierno con gente capaz, comprometida y solidaria con el pueblo, no los ladrones que tenemos ahora».

De igual manera, jóvenes del Moesco, trabajadores del sector salud, campesinos del grupo Sí a la Vida y representantes de otras asociaciones también externaron demandas y su solidaridad con los demás.

Natalia Muro, de la Alianza Los Arroyos, expresó: «Nos sensibiliza mucho haber marchado con ustedes». En un mensaje al gobernador Riquelme dijo que son más de 300 las familias afectadas por inundaciones al norte de la ciudad, porque taparon y desviaron el Arroyo 4 y el Arroyo 12. «Sabemos que se designaron 330 millones de pesos del Impuesto Sobre Nónima para obras que solucionen esa problemática. Sabemos también que usted (gobernador) puede reunir a la federación, al estado y al municipio para que se pongan a trabajar y nos pongan a salvo», comentó. En mensaje para el alcalde Manolo Jiménez, dijo: «Somos saltillenses afectados por la construcción deliberada de fraccionamientos en el cauce de los arroyos. Por eso ya somos 300 las familias firmantes de una queja ante Derechos Humanos, y no estaríamos aquí si no fuera por la omisión y la simulación del gobierno municipal».

Vera López manifestó que es urgente que a todas estas problemáticas se les dé una pronta solución racional, «porque ya no es posible esconderlas, y para sacar adelante a una sociedad es necesario estructurarla dentro del derecho; ese es el verdadero quehacer de los políticos, otorgarle a la ciudadanía los derechos y la justicia que su condición humana demanda y la constitución concede».

«Somos 300 las familias firmantes de una queja ante Derechos Humanos, las cuales no estaríamos aquí si no fuera por la omisión y la simulación del gobierno municipal».

Natalia Muro, vocera de la Alianza Los Arroyos

Walss Aurioles dijo que «la megadeuda, la inseguridad y la impunidad son lo peor que Humberto y Rubén Moreira dejaron en Coahuila». Apunta que el desfalco a los fondos magisteriales ha crecido más rápido desde 2011, por la falta de liquidez con que se dejó al Gobierno, debido a la cual incluso en estos días hay trabajadores de la Secretaría de Salud que no han recibido su salario.

«Desde el sexenio de Humberto Moreira, cuando se creó el Satec (Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila), su única finalidad era endeudar al Estado; pero eso no quedó ahí, Riquelme también ha creado una secretaría con ese fin. Aunque ya ha pedido a los bancos más de 5 mil 550 millones de pesos por la vía del corto plazo, necesita más porque están quebrados. Lo dejaron sin dinero, por eso en este sexenio no hay desarrollo ni obras públicas trascendentes ni podrá resolver nuestras demandas. Si la situación no mejora es porque Riquelme, en lugar de perseguirlos y sacarles el dinero a los Moreira, los protege, y a ese mismo juego se presta la mayoría priista en el Congreso local», precisó Walss.

«Como legislador —dijo—, ya he presentado una iniciativa para buscar maneras de liquidar el adeudo de 2 mil 300 millones de pesos que el Gobierno tiene con la Dipetre (Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación). Además, aunque la fracción priista bloqueó mi propuesta de crear una comisión que dé seguimiento al tema de desapariciones forzadas, otra de mis iniciativas —que no se ha dictaminado aún— es la de asignar un presupuesto de apoyo a organismos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), o al Grupo Vida y a quienes por su cuenta participan en la búsqueda de personas, para que puedan sostener esa labor». Precisó que, en lo tocante a las denuncias por desaparición y la masacre en Allende, «es lamentable que la atención que da el Gobierno no sea más que una simulación, una farsa para darle largas al asunto y esperar a que ese tema se desvanezca, lo cual es imposible porque día con día se reportan casos nuevos».

Lo anterior se constató con la participación de la señora Martha Rodríguez Vallejo en el mitin. «Estoy aquí para suplicar que me ayuden. Hace ya 15 días que tengo a mi hijo desaparecido. No sé dónde ni cómo está. El caso lo estaba llevando la Fiscalía, pero ya me dijeron “sabe qué, señora, ya no buscaremos más; anduvimos detrás de un muchacho que se le parecía, pero no era él. Ya se acabó el trabajo”. Lo que sí sé es que el asunto no es por dinero, porque no lo tenemos. Nosotros trabajamos en el relleno sanitario y, ahí, como se podrán imaginar, pues uno apenas saca para la comida, y como nadie me da respuestas, por eso estoy aquí para suplicarles que me ayuden», imploró.

En una publicación en la página de Facebook del Fray Juan se difunde la ficha donde se explica que José Manuel Rodríguez Rodríguez (34 años) desapareció en Saltillo el 25 de mayo. «¡No estás sola! ¡No estás sola!», coreó la multitud en respuesta a la señora Martha. «Y así como estas historias tristes, hay muchas otras sucediendo en Coahuila», comentó García Torres.

Claudia Salas —maestra jubilada— dijo que «por eso a esta marcha la impulsa la urgencia de que el Gobierno realmente actúe y resuelva nuestras demandas», y agregó: «parecemos pocos, pero esta es solo una representación social. Los 300 —cifra aproximada— que ahora marchamos somos gente de todo el estado. Hubo muchos que no pudieron asistir debido a que cada quien acude por sus propios medios, porque no somos un movimiento de acarreados, por eso cada presencia cuenta por más, y si en poco tiempo no hay respuestas, se darán cuanta de que esta era apenas la punta del iceberg». E4


Allende: complicidades y prensa omisa

En el caso de la masacre de Allende, en Coahuila, cuando el viernes 18 de marzo de 2011 más de 60 sicarios de Los Zetas llegaron a esa ciudad para asesinar a cualquiera con el apellido Garza (Espacio 4, 668), lo que más jugó en contra de la población fue una trama de complicidades y omisiones que involucra autoridades de todos los niveles, incluido el Ejército, donde la estela de muerte y desaparición de personas fue resultado de tres días con crímenes que se extendieron a poblaciones vecinas.

Además, por lo que narra una publicación del periodista Juan Alberto Cedillo en Proceso (19.06.21), con base en documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fechados el 20 y 28 de marzo de 2011, «se ha confirmado que tan solo a dos días del ataque, familiares de víctimas denunciaron los hechos al 14 Regimiento de Caballería, con sede en Múzquiz, el cual los notificó a la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo y a la Guarnición de Piedras Negras, esta última a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, actual secretario de la Defensa Nacional».

No obstante, algo que agravó notablemente las cosas fue el silencio —voluntario o forzado— de gran parte de la población, la prensa regional y nacional y, nuevamente, de todas las autoridades en medio de la guerra del gobierno de Felipe Calderón contra el narco, en la que, para los analistas, el referente general de la barbarie era el penal de Piedras Negras, tomado por Los Zetas y convertido en «matadero» y centro de sus operaciones para la región norte; todo gracias a que tenían presuntamente «comprados» a funcionarios de alto nivel en el Gobierno estatal, según se lee en el testimonio que Rodrigo Humberto Uribe Tapia dio en una corte de Texas.

De acuerdo con lo que declara, como operador financiero de Los Zetas, Uribe entregó, a cambio de protección para el cartel, «cuatro millones de dólares a funcionarios de Coahuila que trabajaban para el exgobernador Humberto Moreira —dos millones de dólares a Vicente Chaires Yáñez, exfuncionario estatal, y otros dos a Jesús Torres Charles, exfiscal del estado—». Detalló que, a cambio, se les permitía usar helicópteros y vehículos oficiales para evadir operativos de la Marina en el estado (SinEmbargo, 09.07.16). Versiones que Moreira niega y reclama por la insistencia, dice, con la que intentan vincularlo a los asesinos de su hijo.

Sin embargo, lo anterior se presta para explicar por qué prefirió romper negociaciones con la compañía canadiense Bombardier, cuyos inversionistas veían en la Región Sureste de Coahuila un alto potencial para ascender industrialmente a maquila de mejor nivel, pero cuyo ofrecimiento de asentar aquí una de sus plantas e iniciar la formación de un clúster aeroespacial estaba condicionado a que el Aeropuerto Plan de Guadalupe fuera transferido a iniciativa privada; es decir, que dejara de estar en manos del Gobierno, pues consideraban vital esa infraestructura para la estabilidad de sus operaciones regionales, y querían evitarse potenciales problemas con el sindicalismo oficial.

Tras la «inexplicable» negativa de Moreira, el capital de Bombardier encontró en Querétaro un mejor destino, inauguró ahí su primera planta en 2008 y ha consolidado un clúster aeroespacial que ya aspira a producir el primer avión mexicano en unos años.

Versiones de prensa

A falta de publicaciones locales sobre la masacre y tras casi dos largos años de silencio, el primer periodista que publicó sobre el tema fue Juan Alberto Cedillo en la revista Proceso. Su artículo «El apocalipsis en Coahuila» salió el 24 de diciembre de 2012. Un mes antes, el entonces gobernador Rubén Moreira había declarado que abriría una investigación «sin histrionismo ni declaraciones» porque, dijo, en su conciencia «no va a estar el hecho de que no haya volteado a ver a quien clamó por justicia». No obstante, su mandato concluyó sin revelaciones y hasta la fecha ni siquiera se tiene claro el número al que asciende la cantidad de muertos y desaparecidos.

Por otro lado, en prensa internacional fue hasta 2014 que una publicación de la revista inglesa The Economist desplegó, el 14 de junio, una historia al respecto titulada «Tracing the missing» (Rastreando a los desaparecidos). Dos años más tarde (10.10.16), en España, el periódico El País haría lo propio al publicar «La venganza de Los Zetas en Allende, la masacre que no conocimos».

Sin embargo, la relevancia internacional la obtuvo el reportaje «Anatomía de una masacre: la matanza de Allende a manos de los Zetas», publicado por Ginger Thompson y ProPublica en junio de 2017, con lo cual ganaron del Premio Pulitzer.

En esa versión se señala que fue un error de la DEA, por compartir información con autoridades mexicanas que luego se filtró a Los Zetas, la raíz de la masacre. Esa publicación, con ciertas adaptaciones, es la que Netflix llevará a las pantallas de televisión en la serie titulada «Somos».

Mientras tanto, ante la falta de claridad sobre el aparente caso omiso tan prolongado de la prensa regional en este asunto, una observación detallada a las publicaciones estatales permite notar que, en torno a «ciertos temas», las omisiones o discriminación son más frecuentes de lo que se piensa. Por ejemplo, con relación a la nutrida marcha por los derechos humanos en la que participaron múltiples organizaciones civiles en Saltillo el pasado 14 de junio, ninguno de los tres principales diarios de mayor circulación en la capital coahuilense publicó, en toda su versión impresa, ni una sola foto. E4

Es ingeniero egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo con especialización en el área de Economía. Ha ejercido el periodismo en Saltillo. Trabajó en El Diario de Coahuila; se desempeñó como editor, diseñador, fotógrafo, redactor de editoriales y artículos de economía, industria automotriz, cultura e historia de Saltillo en el periódico Vanguardia.