Ahora que nos encontramos a finales del 2021 surgen de nuevo declaraciones de que el Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y los sistemas de pensiones del sector educativo, y de los burócratas estatales, no cuentan con los fondos suficientes para pagar en tiempo y forma los aguinaldos y demás prestaciones propias de estas fechas, tanto a los trabajadores activos como a los pensionados.
La explicación más socorrida es que el Gobierno de la 4T ha recortado en los últimos años las participaciones federales a los estados y municipios y, en particular, a Coahuila.
Al margen de la veracidad de estos datos, existe un aspecto relevante que explica, en gran parte, la insuficiencia de recursos para pagar esas pensiones y demás prestaciones a los empleados de esos organismos.
Se trata de la monstruosa nómina que existe en los mismos. Por ejemplo, en la UAdeC hay jefes de departamentos que perciben más que 40 mil pesos mensuales, el oficial mayor cuenta con dos sueldos —es maestro de tiempo completo y funcionario de Rectoría— así como un gran número de aviadores, asesores y una caterva de recomendados que consumen cerca del 90% del presupuesto de la Universidad.
Todo a costa de los trabajadores y maestros, activos y pensionados, que realmente laboran, pero que reciben los sueldos y prestaciones más bajos, en comparación con el resto de las instituciones de educación superior del país.
En el Gobierno del estado, como es obvio, existen los mismos vicios y corruptelas, pero multiplicados por diez. Basta con señalar tres casos:
1) La creación innecesaria de nuevas dependencias, como la Secretaría de Inversión Pública Productiva, a cargo de Gerardo Alberto Berlanga Gotés, creada hace un año a pesar de que casi ya no se invierten recursos en infraestructura, aparte de que ya existía la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, a cargo de Miguel Algara. El caso más patético es la obra del Metrobús de La Laguna, que cumple cinco años sin concluirse, obra donde la inversión pública en asociación con la privada brilla por su ausencia.
2) El otorgamiento de la Secretaría de Desarrollo Social al expresidente municipal de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, incluyendo al menos una docena de puestos de primer nivel para sus colaboradores más cercanos, lo que le permitirá seguir proyectándose como el futuro candidato del PRI a la gobernatura del estado, con la salvedad de que ahora contará con todos los recursos del erario para promocionarse en todo el estado.
3) Asimismo, según publica la sección «Politicón» del periódico Vanguardia (10.12.21), el derroche de recursos parece no tener límites, ya que, en aras de fortalecer la alianza PRI-PAN en las próximas elecciones del 2023, Alfredo Paredes, alcalde saliente de Monclova, supuestamente se integrará a una secretaría a invitación de Riquelme.
En la Presidencia Municipal de Saltillo que estará a cargo de José María Fraustro Siller, no cantan mal las rancheras, ya que a partir de enero próximo contaremos con las siguientes perlas negras:
A) Más de cuarenta funcionarios con plaza de confianza (mandos medios) obtuvieron su basificación de por vida gracias al alcalde Manolo Jiménez.
B) La integración al gabinete municipal con altos sueldos de miembros de la iniciativa privada, como es el caso del presidente de la Canacintra Región Sureste, José Antonio Lazcano Ponce, quien llegará a la administración municipal a ocupar un puesto de primerísimo nivel de nueva creación denominado City Manager, extranjerismo que equivale a Gerente de la Ciudad. Con ello, Chema se descarga de mucho trabajo y responsabilidades, aunque implica la multiplicación de los gastos de nómina, aparte de que en la práctica la administración de la ciudad quedará exclusivamente en manos de la iniciativa privada.
C) La resurrección de cadáveres políticos tipo Óscar Pimentel González, indispensable para mantener los fuertes vínculos con la empresa originalmente española Aguas de Saltillo.
D) Además, lo más escandaloso sería la contratación del José Narro Robles, exsecretario de Salud de México, y dueño de la empresa farmacéutica facturera denominada Comercializadora Pentamed, S.A. de C.V., con un sueldo de más de 100 mil pesos mensuales.
E) Finalmente, queda la cereza del pastel: la contratación de la exdiputada de Morena, Elisa Villalobos, como directora en un área del municipio, con un sueldo de 70 mil pesos mensuales como pago por sus servicios en la anterior legislatura del Congreso del estado a favor del PRI.
Considerando estos ejemplos, ¿habrá un presupuesto que aguante tal volumen de despilfarro con esos sueldos suntuarios? Esto explica por qué el Gobierno del estado tiene que endeudarse más y más cada año solicitando nuevos créditos —300 millones en mayo y mil millones ahora en diciembre— para cubrir los aguinaldos y las nóminas de pensionados del SNTE, del Gobierno estatal, de la Universidad y del Poder Judicial, entre otros.
