La fortaleza de los estados radica en sus regiones, en las características sociales y económicas de cada una y en el empuje de sus habitantes, no en sus gobiernos. En Coahuila los ha habido buenos, regulares y nefastos, pero en cuanto a irresponsabilidad, venalidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, los dos últimos no tienen parangón. Coahuila es rehén de los bancos desde hace una década y lo será por otras tres, si bien nos va, para salir del atolladero de la deuda cuyos efectos son cada vez más evidentes. La pandemia de coronavirus y la cancelación de fondos federales, causada por su manejo irregular y opaco, aumentan las presiones sobre las finanzas del estado. En el país, carretadas de dinero se dilapidaron o invirtieron en obras innecesarias y superfluas o, al menos, no prioritarias. En cambio, proyectos inaplazables como el Metrobús Laguna fueron abandonados.
Si una región entra en crisis —y ninguna se ha salvado—, las demás lo resienten. A finales de los 70 del siglo pasado, Saltillo y Ramos Arizpe dieron el salto para convertirse en polo industrial por la expansión de las armadoras de autos de Estados Unidos y la visión y carácter de un gobernador —Óscar Flores Tapia— que supo aprovechar la oportunidad y las ventajas de Coahuila para atraer inversión y empleo. En los siguientes sexenios la infraestructura creció y el sureste consolidó su crecimiento, mientras el resto de las zonas afrontaba problemas estructurales. Sin embargo, la metrópoli necesita diversificarse para evitar colapsos por la reconversión del sector automotriz.
Entretanto las regiones centro, carbonífera y norte lidian con sus propias angustias —el desplome de operaciones de Altos Hornos de México debido al proceso judicial por la venta de la planta de Agro Nitrogenados a Pemex a precio inflado, y la falta de mercado para el carbón—, la comarca lagunera tiene en sus manos la oportunidad de resolver un problema secular: el desabasto de agua para consumo humano y la contaminación del acuífero. Durante décadas, los laguneros exigieron a los Gobiernos federal, estatal y municipales atención a un tema ignorado por razones políticas y económicas: el hidroarcenisismo. La federación ofrece por primera vez una solución integral para evitar que La Laguna se convierta en pueblo fantasma.
Todo proyecto de gran calado impacta el ambiente, e incluso los de menor alcance. El programa Agua Saludable, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene asignados 10 mil millones de pesos para abastecer a una población de 1.6 millones de habitantes, distribuida en nueve municipios de Coahuila y Durango, la mayoría en Torreón y Gómez Palacio. Sin la inversión federal, la obra sería irrealizable dada la precariedad de las finanzas de ambas entidades. Empero, un grupo de ambientalistas logró detener los trabajos mediante un amparo. La situación la aprovechan los oportunistas para lucrar y llevar agua a su molino.
La suspensión del proyecto, vital para La Laguna y sus respectivas entidades, contradice la versión según la cual el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo, como sí ocurre en los estados. Perder la inversión o dispersarla condenaría a millones de personas a un futuro cierto de mayor escasez, agua de peor calidad y más enfermedades. El impacto ambiental —máxime si no es grave— puede mitigarse para continuar el desarrollo de una obra impostergable demandada por varias generaciones. El ecologismo a ultranza, la politiquería y el protagonismo atentan contra el bien común.
