El exmandatario de Durango abusó de su posición para intimidar a un informador. La situación recuerda los actos de Marín, Barbosa y Moreira
México dio un importante paso a favor de la justicia en cuanto a las agresiones que sufren los periodistas, tras la vinculación a proceso del exgobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro, el pasado 30 de mayo, por el delito de uso ilegítimo de la fuerza pública en agravio del reportero Carlos Iván Soto Hernández.
Así lo determinó el juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio, Juan Luis Ramírez López, tras una audiencia que se llevó a cabo los días 29 y 30 de mayo de 2023. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la imputación en representación de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la fiscalía.
«El exgobernador del estado hizo valer su cargo 17 veces durante la llamada, ya que de forma reiterada señaló que iba a actuar en contra de Carlos Iván ante la Fiscalía de Justicia del Estado en su calidad de gobernador».
Héctor Pérez Rivera, abogado defensor de Iván Soto Hernández
La medida se sustenta a partir de una llamada que presuntamente Rosas Aispuro realizó desde su teléfono personal, en julio de 2022, y mediante la cual amenazó con iniciar un proceso judicial en contra de Soto Hernández, acusándolo de ser co-responsable de la agresión sexual que una de las hijas del periodista había sufrido meses antes, en 2021.
Según las declaraciones de Héctor Pérez Rivera, abogado defensor de Soto Hernández, se logró verificar que el exgobernador realizó dicha llamada y se valió de su posición política para someterlo a actos de intimidación. Para ello no dudó en mencionar su puesto en 17 ocasiones, dejando en claro su intención de actuar en contra del comunicador.
«El exgobernador del estado hizo valer su cargo 17 veces durante la llamada, ya que de forma reiterada señaló que iba a actuar en contra de Carlos Iván ante la Fiscalía de Justicia del Estado en su calidad de gobernador», explicó.
En su denuncia, el periodista destacó las omisiones por parte de la Fiscalía al no tomar medidas contra los responsables de la agresión sexual por tratarse de los hijos de políticos cercanos al exmandatario.
«El juez federal dictó el auto de vinculación a proceso contra José «N», exgobernador de Durango, básicamente ¿por qué decretó este auto de vinculación? Bueno, pues porque sí considera que es posiblemente partícipe de un hecho que la ley considera como un delito en perjuicio de un servidor en la calidad de periodista, de padre de familia y también, que cometió este delito de abuso de autoridad con motivo de sus funciones en una serie de agravantes que a su vez, se le achacan por ser una autoridad, y que una de sus obligaciones constitucionales es respetar derechos humanos, que en esa llamada que me hizo, por más de 11 minutos, violentó», señaló Soto.
La FEADLE, además, solicitó una medida cautelar para evitar la sustracción de la acción de la justicia por el alto perfil político y económico de Rosas Aispuro. Asimismo, el exmandatario no puede acercarse al periodista ni a su familia, a su oficina ni domicilio, y tampoco puede buscar comunicación con él ni con los testigos del caso.
No es un caso aislado
Las amenazas esgrimidas por Rosas Aispuro no son un hecho aislado en México. Otros gobernadores también han reaccionado de forma violenta en contra de periodistas y medios de comunicación cuando estos hacen pública información que resulta incómoda para los funcionarios políticos y las élites de poder.
El caso más conocido es el de Mario Marín Torres, gobernador de Puebla de 2005 a 2011 y autor intelectual de la detención, en 2005, de la periodista Lydia Cacho, bajo los cargos de difamación y calumnia tras la publicación de su libro Los demonios del Edén, donde señalaba a los empresarios Kamel Nacif y Jean Succar Kuri como participantes de una red de prostitución y pederastia. Durante su traslado desde Cancún hasta Puebla, un viaje de 23 horas, Cacho denunció haber sido sometida a tortura psicológica. Posteriormente, salió a la luz una llamada entre Mario Marín y Kamel Nacif, en la que el exgobernador presumía haberle dado un «coscorrón» a la periodista.
El exgobernador fue detenido el 3 de febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero y trasladado a la cárcel de Cancún, para enfrentar cargos como presunto responsable de ordenar una detención ilegal y actos de tortura.
También en Puebla, el exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta fue señalado en reiteradas ocasiones por incurrir en agravios contra medios locales y reporteros. El 11 de noviembre del pasado año el mandatario poblano comentó en relación a una nota de El Sol de Puebla: «Bueno miren, ya no sé a quién creerle, si al Sol de Puebla o a todos los demás, porque lo plantean diferente. De parte de todos los demás dicen que el presidente de la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala dijo que están dispuestos a firmar, pero que asimismo se están autorregulando y de parte de El Sol, la línea editorial insidiosa de parte de Jorgito, plantea siempre las cosas para crear ahí una tenebra».
En agosto ya había emitido una amenaza directa de inicio de acciones legales contra colegas que cubren la fuente policiaca, al comentar que se les habían abierto carpetas de investigación por mantener supuestos diálogos con integrantes del crimen organizado y recibir dinero de ellos.
En diciembre del año anterior —2021— otro gobernador, Enrique Alfaro, de Jalisco, estalló en contra del periodista Ricardo Ravelo Galó por haber publicado las declaraciones de un testigo protegido de Estados Unidos que aseguró que el mandatario jalisciense mantenía presuntos lazos con el crimen organizado.
El mandatario de inmediato anunció una demanda legal contra el reportero. «(Ya está) presentada la demanda por daño moral. Estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública, quien genera ese tipo de comentarios simplemente no lo voy a permitir».
Coahuila no escapa a esta tendencia despótica. En 2016 el exgobernador Humberto Moreira demandó por daño moral al catedrático Sergio Aguayo. El político exigía una indemnización por 10 millones de pesos con motivo de una columna donde se le vinculaba con actividades de corrupción tras ser detenido en España. En marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de Sergio Aguayo y dio por cerrado el caso. Fue justamente Aguayo quien en su columna «Por la libertad» (Reforma, 31.05.23) escribió: «La prensa sobrevive porque ha resistido a lo largo de los años los embates autoritarios». E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.