El dinosaurio se pinta de azul para conservar la gubernatura

Las campañas empiezan con una ventaja de 20 puntos para el candidato oficialista Manolo Jiménez; el morenista Armando Guadiana se estanca en el segundo lugar y Ricardo Mejía, tercero, dispara la intención de voto por el Partido del Trabajo. AN pasa de primera fuerza opositora a comparsa del poder

Barrio y Nava: el azaroso camino de la alternancia

Financiamiento paralelo, una «inversión segura»

Coahuila elegirá a su decimonoveno gobernador el 4 de junio, contados a partir del inicio de la hegemonía priista. Dos de los precedentes (Pedro Rodríguez Triana y Óscar Flores Tapia) renunciaron poco antes de concluir sus mandatos y uno se suicidó (Ignacio Cepeda Dávila) por conflictos con el centro. El estado se jacta de ser «cuna de la revolución», pero toleró la primera sucesión entre hermanos. Humberto Moreira heredó el cargo a su hermano Rubén junto con una deuda por 40 mil millones de pesos al parecer impagable. El PRI gobierna Coahuila desde 1929, cuando, bajo las siglas del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el empresario Nazario Ortiz Garza venció a Vito Alessio Robles en unas elecciones controvertidas después de las cuales el general, político y escritor fue desterrado varios años del país por su oposición a Plutarco Elías Calles y a Álvaro Obregón.

En El señor gobernador (Grijalbo, 1983), publicado dos años después de su dimisión, Flores Tapia, artífice del desarrollo de la industria automotriz en Saltillo y Ramos Arizpe, apunta a la raíz del desequilibrio de poderes y la debilidad de los estados: «La política en México es centralista, absolutista y antidemocrática». Junto con la república surgieron «las grandes corrientes político-ideológicas que, desde entonces, como dos vías paralelas, se dirigen siempre hacia el mismo objetivo, aunque jamás se juntan: una es la conservadora, la otra la liberal», apunta.

«La Revolución de 1910 fue una Revolución perdida. El triunfo inicial fue más aparente que real. La oligarquía siguió mandando (…)».

El sistema federal adoptado por el Congreso Constituyente 1823-1824, a propuesta del coahuilense Miguel Ramos Arizpe, dotaba a los estados de libertad y soberanía. Sin embargo, admite en su libro Flores Tapia, en la práctica la tesis centralista del neolonés fray Servando Teresa de Mier «es la que ha señalado las fórmulas operantes en la vida política de la nación». «En Coahuila, en más de una ocasión, el reclamo federalista ha exigido respeto a la soberanía del estado». El más reciente lo dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Alianza Federalista, para «revertir toda medida centralista que atente o violente el pacto federal» y actualizar el sistema de coordinación fiscal. El bloque de 10 gobernadores se extinguió al no conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados, refrendada a Morena.

«Con el fin de tener éxito como empresario en México, uno tiene que desarrollar… una cooperación pragmática con los candidatos del partido del Gobierno».

Carlos Cabal Peniche, exbanquero

Flores Tapia, cuyo padre Urbano Flores participó en el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero y colaboró en el Gobierno de Venustiano Carranza, enjuicia severamente el alzamiento que defenestró a Porfirio Díaz: «La Revolución de 1910 fue una Revolución perdida. El triunfo inicial fue más aparente que real. La oligarquía siguió mandando a través de la parentela que solo reconoció a Madero cuando su ilustre apellido cubrió con su manto “a la sagrada familia”».

«Si un alcalde, gobernador o presidente de la república llega al cargo y debe docenas o centenas de millones de pesos a quienes le dieron fondos para su campaña, no hay forma de que actúe con integridad o imparcialidad».

Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE

Sobre la reforma política de su tiempo —promovida por Jesús Reyes Heroles—, el juicio del exgobernador no es menos severo al calificarla como «el intento “democrático” de destruir a la Revolución y sus instituciones». Flores Tapia murió dos años antes de que el PAN se hiciera con la presidencia en 2000. No vio, por tanto, el declive del presidencialismo ni la reproducción del modelo en los estados. La alternancia permitió a los gobernadores controlar el Congreso federal, obtener mayores presupuestos de la federación y lo más importante, al menos para ellos: nombrar sucesor. Empero, el centralismo político y económico continúa vigente. Los ejecutivos locales desaprovecharon la coyuntura y en vez de pugnar por un auténtico federalismo, impusieron agendas sus personales. Los resultados fueron mayor corrupción, impunidad, nepotismo, inseguridad y violencia. López Obrador retomó el poder y con ello acotó a los gobernadores. Las oligarquías también han perdido influencia, pero siguen al acecho.

El poder de las élites

En El señor gobernador Óscar Flores Tapia cuenta cómo el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, le «abrió los ojos» acerca de la función que el dinero y las élites juegan en la política y en las elecciones. La oligarquía local lo vetó a él para la alcaldía de Saltillo en 1958. Pero una vez que Echeverría —ya en la presidencia— lo ungió para la gubernatura, sus opositores lo pasearon a hombros. Cuando cayó en desgracia y renunció, los mismos grupos volvieron a darle la espalda. El padrinazgo del gran capital los políticos lo pagan con negocios y contratos. En La Laguna —se cuenta— María Luisa Calderón visitó a varios peces gordos para recaudar fondos para la campaña de su hermano Felipe, candidato a la presidencia.

Mientras el PRI dominó la escena política la apuesta era segura, pero a partir de las alternancias el financiamiento incluyó al PAN y al PRD. El dinero no se declara ni se fiscaliza, pero fluye e incluso determina el resultado de elecciones competidas (Peña Nieto recibió 4 millones de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht, de acuerdo con declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya). El pase de charola, como se denomina la recaudación de fondos, se realiza tête à tête y a veces en grupo. En 1993 una nota sobre el tema de Francisco Barradas levantó ampolla. El reportero de El Economista desveló que el presidente Carlos Salinas de Gortari encabezó una cena con los principales empresarios del país (Carlos Slim, Alberto Bailleres…) para reunir 75 millones de pesos para la campaña presidencial en puertas. Emilio Azcárraga, dueño de Televisa y «soldado del PRI», habría ofrecido, él solo, esa misma cantidad.

En una carta al periodista Andrés Oppenheimer, del diario Miami Herald, el exbanquero Carlos Cabal Peniche se sinceró: «Con el fin de tener éxito como empresario en México, uno tiene que desarrollar… una cooperación pragmática con los candidatos del partido del Gobierno». Cabal fue uno de los beneficiarios de las privatizaciones salinistas. Sin experiencia en el sector, compró Banco Unión y después lo fusionó con Banca Cremi. El empresario yucateco habría aportado alrededor de 20 millones de dólares para las campañas de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo. La policía lo detuvo el 11 de noviembre en Melbourne, Australia, por los delitos de fraude fiscal, financiero y bancario.

La competencia por fondos para las campañas y la falta de rigor de las autoridades para identificar las fuentes y castigar a partidos y candidatos propició que el financiamiento se abriera también al crimen organizado. En el estudio «El financiamiento ilegal de las campañas políticas en México», Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) advierte: «Uno de los fenómenos que ha ayudado a detonar la corrupción durante la fase de mayor democracia es el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Si un alcalde, gobernador o presidente de la república llega al cargo y debe docenas o centenas de millones de pesos a quienes le dieron fondos para su campaña, no hay forma de que actúe con integridad o imparcialidad».

El académico y político colombiano, Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y varias veces candidato presidencial, resume: «De la forma como se llega al poder, así se gobierna». Si al poder se accede por las élites, para ellas se gobierna; y si es por los carteles, ellos gobiernan. Autor del libro El poder de la decencia, Fajardo impartió en Torreón una conferencia el 24 de septiembre de 2010. «El gobernador Humberto Moreira abandonó el teatro (Nazas) visiblemente molesto», comentó una asistente. Todavía hoy reconocido por su obra, Flores Tapia murió en la medianía juarista. Sus restos reposan en la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres. Los venales aun en vida arden en el infierno.

Triunfalismo, mal consejero

Las campañas para la gubernatura han empezado justo con la Semana Santa, cuando la mayoría de los coahuilenses dedican su tiempo a conmemorar la pasión de Cristo, al recogimiento espiritual o al descanso. Lo que menos desean saber es de política y de ofertas que casi siempre son engaños. Bernard M. Baruch, estadista y filántropo estadounidense, aconseja: «Vota por aquel que menos prometa. Será el que menos te decepcione». Los candidatos predicarán en el desierto durante 15 días y el bombardeo de anuncios en los medios electrónicos pasará inadvertido.

Descontadas las dos semanas de bostezo, las campañas durarán mes y medio. Terminarán el 31 de mayo. Los tres días siguientes serán para confirmar o modificar la intención del voto o de plano para desairar las urnas el 4 de junio. El abstencionismo rondó el 40% en 2017. Si la participación hubiera sido mayor habría habido alternancia. La competencia se centró entonces en los antagonistas históricos (PRI y PAN), pero esta vez los jefes de ambas fuerzas, Miguel Riquelme y Guillermo Anaya, juegan en la misma cancha con Manolo Jiménez. La cohabitación no es bien vista ni siquiera en las cúpulas, menos entre los votantes sin partido

Las elecciones distarán mucho de ser un picnic. El PRI no habría pactado con el PAN si así fuera. El partido de Gómez Morín no participó en la sucesión presidencial de 1976 por conflictos internos. En Coahuila, hoy, tomó otro camino: ser comparsa del poder a cambio de posiciones y de prerrogativas. Hace seis años, Anaya estuvo a punto de ser el primer gobernador no priista del estado. Legiones de coahuilenses llenaron calles y plazas para protestar por el fraude del «moreirato» que lo despojó del triunfo. Ahora pide el voto por el PRI. Decepcionante.

La decisión de Morena de repetir con Armando Guadiana desplomó la intención de voto por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de la nominación, las preferencias por la coalición PRI-PAN-PRD y por Morena eran del 40% con variaciones de uno o dos puntos. A mediados de marzo, Manolo Jiménez ya se había separado 20 puntos del empresario minero. El disgusto entre las estructuras y las bases de Morena lo refleja el crecimiento de Ricardo Mejía, postulado por el PT, quien antes del inicio de las campañas ya le pisaba los talones a Guadiana. La distancia entre ambos era de cinco puntos, de acuerdo con Massive Caller (14.03.23).

El reconocimiento de que Guadiana no garantiza un buen resultado son las presiones del líder de Morena, Mario Delgado, al dirigente del PT, Alberto Anaya, para retirar la candidatura de Mejía. La percepción de que las elecciones podrían decidirse entre el PRI y sus aliados y el PT, empieza a adquirir carta de naturaleza. La ventaja de Jiménez sobre Mejía es de 25 puntos, pero sería un error echar las campanas al vuelo. El tono de las campañas puede modificar las tendencias. Jiménez es visto como el candidato del continuismo y Mejía, el de la ruptura. Guadiana parece amorcillado, no conmueve ni convence. Sin embargo, la maquinaria federal movilizará cuadros, estructuras, presupuesto, gobernadores y a sus presidenciables. AMLO quiere llegar al 24 con la bandera de la 4T en Coahuila y Estado de México. Este parece seguro y en aquel podría enviar un lanzador emergente como ya pasó en Morelos y San Luis Potosí. AMLO necesita al PT para asegurar la elección presidencial. E4


Barrio y Nava: el azaroso camino de la alternancia

Después de una sucesión de fraudes electorales y de represión gubernamental, Chihuahua y San Luis Potosí dieron el paso al frente

Las elecciones complicadas y bajo sospecha de fraude preparan el camino para la alternancia. Entre los casos emblemáticos por su repercusión e influencia destacan los de Chihuahua y San Luis Potosí. En 1983 el PAN ganó las principales alcaldías de la entidad norteña y tres años después su candidato Francisco Barrio fue víctima del denominado «fraude patriótico». La intervención del Gobierno federal y en particular del responsable de la política interior, Manuel Bartlett, retrasó la democracia en México. Desconocer el triunfo de Barrio para imponer a Fernando Baeza (PRI) en la gubernatura enardeció no solo al estado, sino al país, despertó a los ciudadanos y encendió la chispa del cambio pacífico.

El asunto llegó a las primeras planas de la prensa de Estados Unidos y Europa. Los intelectuales tomaron partido por la democracia. Lorenzo Meyer, Octavio Paz, Enrique Krauze, Elena Poniatowska, Fernando Benítez, José Luis Cuevas y Carlos Montemayor, entre otros, pidieron anular el proceso. El presidente Miguel de la Madrid no entregó el estado «a los empresarios, la Iglesia y a los Estados Unidos», como había anticipado Bartlett, y perdió la oportunidad de trascender como estatista. Barrios se presentó a las elecciones de 1992 y venció al priista Jesús Macías. Los dos últimos gobernadores de Chihuahua (Javier Corral y Maru Campos) también son panistas.

La alternancia en San Luis Potosí tardó más en llegar y resultó más azarosa. Salvador Nava encabezó la oposición al cacicazgo de Gonzalo N. Santos y a la hegemonía del PRI. En 1958 obtuvo la alcaldía capitalina como candidato independiente y luego de no obtener la nominación del PRI para la gubernatura se postuló por el Partido Demócrata Potosino. El candidato oficial ganó con triquiñuelas y las protestas ciudadanas fueron reprimidas. Tras un enfrentamiento en el que hubo varios muertos, el Ejército encarceló a Nava y a un puñado de sus seguidores. El activista regresó a la política en 1982 y volvió a ganar la presidencia de San Luis Potosí, esta vez con el apoyo del Frente Cívico Potosino (fundado por él), el PAN y el PDM.

Nava compitió de nuevo por la gubernatura en 1991 bajo las siglas del PAN, PRD y PDM, pero fue derrotado por el priista Fausto Zapata. La ciudadanía no aceptó el resultado. Nava se puso al frente de la Marcha por la Dignidad y Zapata renunció dos semanas después de haber tomado posesión ante el presidente Carlos Salinas, quien le había ofrecido apoyo total. Sin embargo, debieron pasar 12 años para que San Luis conociera la alternancia con el panista Marcelo de los Santos. El actual gobernador Ricardo Gallardo milita en el Partido Verde, pero ganó con los votos de Morena.

La oposición en Coahuila provino siempre del PAN. Líderes como Edmundo Gurza, Lorenzo Burciaga, Jacinto Faya, Ramón Nava, Eleazar Cobos y Carlos Páez combatieron a los Gobiernos del PRI sin dar tregua ni cuartel. En 2017, la brega de eternidad, los sacrificios, las persecuciones y la bandera contra la corrupción del «moreirato» colocaron a Guillermo Anaya a pocos pasos del poder. Sin embargo, intereses locales y nacionales, aunados a las divisiones internas, frustraron la alternancia. El PAN renunció a su historia y en lugar de levantarse, como lo hizo en Chihuahua con Barrio, ha preferido agacharse y aliarse con su enemigo. El pretexto de evitar el avance del presidente López Obrador y de Morena enmascara su fracaso. E4


Financiamiento paralelo, una «inversión segura»

El pase de charola a empresarios y otras fuentes permite a candidatos y partidos gastar más dinero que el permitido por la ley

En una cena con empresarios de la Comarca Lagunera y otros estados, en casa de Alejandro Gurza, alguien preguntó a Vicente Fox: «¿Qué se necesita para ganar las elecciones?». El candidato del PAN a la presidencia respondió con tres palabras: «Dinero, dinero, dinero». La tarea de la organización civil Amigos de Fox era justamente esa: recabar fondos para «echar al PRI de Los Pinos». Una investigación del Instituto Federal Electoral cifró en 91.2 millones de pesos el financiamiento extralegal a la Alianza por el Cambio, casi un tercio del cual tuvo un origen «desconocido». El IFE aplicó al PAN una multa por 545 millones de pesos, pero después la rebajó a 496 millones.

Francisco Labastida recibió 500 millones de pesos del Sindicato de Pemex (Pemexgate) en la misma elección, y el IFE multó al PRI con mil millones. En 2018, Enrique Peña Nieto excedió en más de cuatro mil millones de pesos el tope legal, además de utilizar una red mediante la cual pagaba a sus operadores electorales (caso Monex). Los escándalos generaron reformas en materia de fiscalización para evitar que el dinero incline la balanza en elecciones federales y locales. Aun así las campañas para gobernador pueden llegar a costar cientos de millones de pesos, muy por encima del límite legal. El problema es que los órganos electorales estatales no tienen la misma independencia del INE ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para las elecciones de gobernador y diputados del 4 de junio próximo, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) autorizó a los partidos un financiamiento por 233.6 millones de pesos; 146 millones son para actividades permanentes y 80.7 millones para gastos de campaña. La coalición PRI-PAN-PRD recibirá casi la mitad del presupuesto. Morena ejercerá 16 millones de pesos. Sin embargo, el gasto real, incluidas las aportaciones privadas previstas por la ley, rebasará por mucho esos montos. Los candidatos que podrían recibir mayor financiamiento de otras fuentes son Manolo Jiménez y Armando Guadiana.

El IEC le asignó al PT 1.4 millones de pesos, entre otras razones, por la escasa votación que obtuvo en los últimos procesos (1.9% en las elecciones de diputados de 2020 y 2% en las de alcaldes de 2021), inferior el 3% necesario para conservar el registro en el estado. Unidad Democrática de Coahuila, por su parte, ejercerá 9.7 millones de pesos; y el Partido Verde, seis millones. La bolsa para los candidatos independientes es ridícula: 2.1 millones. ¿Cómo afrontar así a los partidos?

Si las elecciones se ganan con dinero, el candidato del PT a la gubernatura, Ricardo Mejía, estaría perdido. Para atraer a los ciudadanos sin partido y a los militantes del PRI, PAN y Morena inconformes con las candidaturas de Jiménez y Guadiana, la campaña del exsubsecretario de Seguridad Pública tendrá que ser disruptiva. El Partido del Trabajo no tiene estructura en el estado y, como ya se ha visto, tampoco una base electoral sólida. La intención de voto por Mejía jamás la había alcanzado el PT en Coahuila: 19.5% (Massive Caller, 14.03.23). Morena, con Guadiana, retrocedió del 40 al 24.7%, 20 puntos por debajo de Jiménez. En las elecciones federales de 2018, Morena ganó la presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado con un financiamiento por 207 millones de pesos, sin incluir otras aportaciones. El dinero, pues, no siempre triunfa en las urnas. Empero, Mejía no es AMLO. E4

Bolsa para campañas políticas por partido y coalición

Manolo JiménezPRI-PAN-PRD45.8 mdp
Armando GuadianaMorena16.0 mdp
Ricardo MejíaPT1.4 mdp
Lenin PérezUDC-PVEM15.9 mdp
(cifras en millones de pesos)

  

Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.

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