El Estado pierde frente a sí mismo la guerra declarada al narcotráfico

La derrota selló la detención de García Luna, jefe anticrimen en los Gobiernos de Fox y Calderón, en Estados Unidos, donde será sentenciado por comercio de drogas y delincuencia organizada. El plan de López Obrador, de no apagar el fuego con aceite, tampoco brinda resultados; su sexenio ya es el más cruento

Tráfico de droga: historias compartidas de terror y violencia

Los carteles y su huella en las campañas electorales

La espiral de violencia en el país se le atribuye a Felipe Calderón por declarar la guerra al narcotráfico sin un plan específico ni etapas concretas. Existe algo de razón, pero la realidad es mucho más compleja y sus raíces, profundas. El golpe de efecto lo pudo haber dispuesto para legitimarse y calmar la tormenta por las elecciones fraudulentas de 2006 que lo instalaron en Los Pinos. Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto usaron el mismo truco, recién iniciados sus Gobiernos. Para ajustar viejas cuentas, pusieron entre rejas a Joaquín Hernández Galicia y a Elba Esther Gordillo, caciques de los sindicatos petrolero y magisterial, antiguos aliados del PRI, pero no suyos. La declaración de guerra calderonista, perdida de antemano, respondió también a la presión de Estados Unidos y de los poderes fácticos sobre un Gobierno frágil y acorralado. Andrés Manuel López Obrador se había proclamado «presidente legítimo» y movilizó a sus simpatizantes en toda la república.

Apenas asumió el poder, Calderón viajó a su estado natal, se puso un quepis y una casaca militar y cruzó el Rubicón. Le acompañaba el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El 21 de febrero de 2023, un jurado de Estados Unidos declaró culpable de narcotráfico y delincuencia organizada al zar anticrimen en los sexenios de Vicente Fox y Calderón. El golpe significó la derrota del Estado frente al narcotráfico. Richard P. Donoghue, fiscal federal de Distrito Este de Nueva York, derrumbó el mito del superpolicía desde su detención. «García Luna es acusado de tomar millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa de (Joaquín) “el Chapo” Guzmán mientras controlaba la Policía Federal mexicana y era responsable de asegurar la seguridad pública en México» (BBC News Mundo, 10.12.19).

Estados Unidos daría otro revés a la credibilidad de las instituciones de seguridad. El 15 de octubre de 2020, agentes federales capturaron a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Peña Nieto, en el aeropuerto de Los Ángeles a solicitud de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Los pasos del divisionario eran seguidos desde la corte que sentenció al Chapo Guzmán a cadena perpetua. El presidente López Obrador cargó contra el viejo sistema. «(…) es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública (…) en el periodo neoliberal». Sin embargo, intervino por Cienfuegos y logró su liberación y su retorno a México. En octubre pasado lo condecoró y acusó a la DEA de «fabricarle delitos».

«Cienfuegos simboliza —para el periodista Pablo Ferri— esa vieja sospecha sobre el poder del PRI y su cercanía con el crimen organizado». (En una conferencia celebrada en Saltillo en 2011, el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, declaró que en México la violencia se desató cuando los Gobiernos del PAN dejaron de negociar con el narco como lo hacían los del PRI. Reprendido por Salinas de Gortari, se desdijo.) «No en vano —apunta Ferri— las autoridades de Estados Unidos detuvieron al jefe militar en 2020, acusado de narcotráfico. El proceso contra Cienfuegos (…) se vino abajo porque el Gobierno de López Obrador maniobró y exigió la vuelta del general a México para, en todo caso, que fuera juzgado aquí. Luego, la Fiscalía señaló que no había pruebas en su contra» (El País, 12.10.23).

López Obrador defiende a todo trance a las fuerzas armadas, pues son la base de su programa de seguridad y de la Guardia Nacional. También les ha abierto espacios en la administración pública para atacar la venalidad y romper los vínculos entre los poderes público y económico en la asignación de contratos. El Ejército y la Marina son factores de estabilidad en un país donde la clase política propició el crecimiento del narcotráfico. AMLO había ofrecido acuartelar a los militares, pero sin policías federales y locales preparados para afrontar a las organizaciones criminales, prescindir de ellos habría empeorado la situación.

Cuestión de enfoque

El presidente Andrés Manuel López Obrador resumió desde un principio su estrategia de seguridad en tres palabras: «Abrazos, no balazos». Frente a las políticas de exterminio seguidas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto —aplicadas también por alcaldes y gobernadores—, la propuesta consistía en dejar de combatir al crimen a sangre y fuego y de cebarse en los sectores económicamente débiles. En el ocaso del Gobierno obradorista, la violencia es todavía el pan de cada día. Las masacres no proceden ahora del Estado como las ocurridas en Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato. En los sexenios de Calderón y de Peña las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias se normalizaron.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los homicidios dolosos disminuyeron 20% entre 2019 y 2023. La cifra choca con la realidad, pues aun no se percibe. Menos cuando la nota roja plaga los medios de comunicación y las redes sociales. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dice que la estrategia de la 4T logró revertir la tendencia alcista observada en los Gobiernos de Felipe Calderón (192%) y Peña Nieto (59%). La tasa de homicidios se redujo a 12 por cada 100 mil habitantes en el semestre enero-junio de 2023 (Inegi, 23.01.24).

No obstante, la gestión de AMLO pasará a los anales como la más cruenta de la historia. En su administración se han registrado 180 mil 609 asesinatos, con una tendencia a la baja en el último trienio (TResearch, con datos del Inegi y SESNSP). De acuerdo con la agencia especializada en estudios de opinión, el sexenio de Peña Nieto cerró con 156 mil 066 casos y el de Calderón con 120 mil 463 (Infobae, 04.03.24). Tras el pico de 36 mil 773 muertes, observado en 2020 (marcado por la pandemia), la cifra empezó a disminuir en 2021 (35 mil 700). El nivel más bajo de los siete últimos años (30 mil 529) se registró en 2023. En bimestre enero-febrero ocurrieron 4 mil 658 defunciones por homicidio.

Frente a la estadística irrefutable, el presidente López Obrador reconoce su sexenio como el más violento de la historia. No por el fracaso de la estrategia de atacar la violencia por otras vías (programas sociales y nuevos cuerpos de seguridad), no con más violencia, sino a la degradación de las instituciones. «El país estaba en bancarrota (…), ni siquiera era una crisis, era una decadencia (…) y frente a una decadencia, lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación: arrancar de raíz a la corrupción y eso no les ha gustado a los que antes se sentían dueños de México y son los responsables de la tragedia nacional». AMLO atribuye ese legado a sus antecesores, por haber creado organizaciones cuya influencia se consolidó debido a la impunidad y complicidad de funcionarios como Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón (El Universal, 01.06.23).

El plan de combatir la violencia con menos disparos puede no ser un completo fiasco, como afirman los detractores de AMLO. El país no ha regresado a los colgados en los puentes, al terror en las ciudades ni a la barbarie y sevicia que estremecieron al mundo e inspiraron tantos seriales. Sin embargo, la paz prometida por el presidente en su campaña tampoco se ha recuperado. Con todo, las encuestas advierten que la mayoría confía en el presidente. Acaso por los agravios de los Gobiernos de Peña y Calderón, por la manera como afronta a las hidras del crimen y la corrupción o porque apoya la continuidad de un proyecto político que, en medio de grandes resistencias, busca un cambio real y no cosmético. De otra manera no se entiende que, a menos de seis meses de terminar su mandato, AMLO tenga una aprobación del 73% de (Reforma, 19.03.24).

Conjurar tormentas

El asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala, el 9 de febrero de 1985, en Jalisco, elevó el tono de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no contuvo la expansión de los carteles ni rompió los vínculos con las autoridades supuestamente encargadas de combatirlos. El caso Camarena llevó a un punto crítico la relación entre los Gobiernos de Ronald Reagan, uno de los líderes más influyentes de Estados Unidos y del mundo, y de Miguel de la Madrid, uno de los presidentes más débiles de México. La revisión en las aduanas se hizo con cuentagotas y estranguló las fronteras. De la Madrid cedió a las presiones de Washington y abrió las puertas a la DEA para capturar a los jefes del cartel de Guadalajara, responsables del crimen. Rafael Caro Quintero huyó a Costa Rica. Dos meses después fue arrestado y extraditado a México.

En noviembre de 1994 Camarena descubrió el mayor plantío de marihuana (mil hectáreas) en el rancho El Búfalo, propiedad de Caro Quintero, mientras sobrevolaba por Chihuahua. El Ejército asaltó la finca y destruyó ocho mil toneladas de hierba. El cartel secuestró al agente de la DEA el 7 de febrero al salir del consulado de Estados Unidos en la capital tapatía. Los cuerpos de Camarena y de Zavala fueron localizados al cabo de un mes. En mayo, durante una visita oficial de De la Madrid a Estados Unidos, el periodista de investigación Jack Anderson publicó en su columna sindicada del Washington Post que el presidente de México había transferido a Suiza más de 160 millones de dólares durante su gestión. Anderson citó como fuente a informantes «con acceso a la Agencia Central de Inteligencia (CIA)».

Caro Quintero recibió una condena de 40 años de prisión por el asesinato de Camarena, de los cuales solo purgó 28. Un tribunal colegiado ordenó su liberación en 2013 —recién iniciado el Gobierno de Enrique Peña Nieto— por una aparente falla técnica en el proceso. La DEA respondió con una oferta: 20 millones de dólares (la recompensa más alta después de la fijada por Osama Bin Laden) a quien proporcionara información sobre su paradero. La Marina lo detuvo el 15 de julio de 2022 en la sierra de Sinaloa. La extradición del capo a Estados Unidos está detenida, pero tarde o temprano ocurrirá.

La relación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la DEA ha sido tirante desde un principio, quizá por no ser tan complaciente como sus antecesores. Basado en pesquisas de la agencia antidrogas, el New York Times publicó en enero pasado una serie de reportajes en los cuales se acusa a AMLO de haber recibido financiamiento de carteles de la droga para sus campañas de 2006 y 2018. John Kirby, portavoz de la Casa Blanca para asuntos internacionales, y Ken Salazar, embajador de EE. UU. en México, negaron la existencia de investigaciones en curso relacionadas con el presidente López Obrador.

La DEA siempre ha sido «un dolor de cabeza en México», declara el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Las filtraciones —dice— son «una venganza», pues no tiene las libertades de antes. El propósito consiste en «poner en entredicho la autoridad política del presidente», apunta. El analista político Leonardo Curzio coincide en el diagnóstico. «Le están diciendo (a AMLO) “a usted también lo queremos empapelar, sigue siendo usted un presidente muy poderoso y ahora no podemos, pero ahí le van los reportajes para recordar que usted es mortal, que dejará de ser presidente y que se cobrarán facturas”» (El País, 23.02.24). Responder con energía las acusaciones que ponen en tela de juicio su trayectoria política y su conducta, le ha permitido a AMLO conjurar tormentas. El cielo, sin embargo, sigue encapotado. E4

Homicidios por sexenio antes y después de la guerra contra el narcotráfico

Presidente	Monto
Carlos Salinas	76,767
Ernesto Zedillo	80,671
Vicente Fox	60,280
Felipe Calderón	120,463
Enrique Peña	156,066
AMLO	184,712

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Tráfico de droga: historias compartidas de terror y violencia

Ignorar las señales sobre la «colombianización» de nuestro país condujo a la crisis actual. Los carteles mexicanos lideran hoy el mundo

México y Colombia comparten la historia de terror y violencia causada por el trinomio corrupción-narcotráfico-violencia. La experiencia en la patria del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien aborda el tema en el libro Noticia de un secuestro (1996), ha sido más traumática. Las alarmas sobre la «colombianización» de nuestro país, encendidas hace al menos 25 años, fueron olímpicamente ignoradas. La clase política estaba ensimismada y la sociedad creía sin chistar el cuento de la «pax» narca. Cuando las ráfagas rompieron el encanto, el monstruo ya lo había invadido todo. El término moderno para advertir del riesgo de ser devorados por la hidra es «mexicanizar».

La palabra la utilizó el papa Francisco en febrero de 2015 en un mensaje privado dirigido al diputado Gustavo Vera, titular de la organización La Alameda. La ONG se dedica a combatir la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, la prostitución y el tráfico de drogas. «Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización de Argentina —dice el pontífice—. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror» a causa del narcotráfico. José Antonio Meade, entonces secretario de Relaciones Exteriores y futuro candidato del PRI a la presidencia, se entrevistó con el nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, para transmitirle el disgusto del Gobierno de Peña Nieto.

«¿Quién tiene la culpa? ¿El Gobierno? Esa es la solución, la respuesta, más superficial. (…) Es difícil denunciar a un narcotraficante, porque le va la vida a uno… (pero) echarle la culpa a un solo actor es infantil».

(Papa Francisco, CNN, 13.03.15)

El papa aclaró el asunto en una entrevista con Televisa, difundida el 12 de febrero de 2016. La expresión «levantó pólvora», admitió, mas no fue para estigmatizar, pues (mexicanizar) «es un término, permítaseme la palabra, técnico. No tiene nada que ver ya con la dignidad de México». «El 90% del pueblo mexicano no se sintió ofendido por eso», declaró el pontífice con base en encuestas periodísticas recibidas de nuestro país. Francisco interpreta el fenómeno como un castigo del maligno por la fe del pueblo. «(…) creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México, ¿no? Y por eso todas estas cosas, usted ve que en la historia siempre han aparecido focos de conflicto grave, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿El Gobierno? Esa es la solución, la respuesta, más superficial». (CNN, 13.03.15). La situación exige a los mexicanos arrimar el hombro. «Es difícil denunciar a un narcotraficante, porque le va la vida a uno… (pero) echarle la culpa a un solo actor es infantil».

Cinco meses después, el líder del cartel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, escapó del penal de máxima seguridad de «El Altiplano». Presionado por Estados Unidos, entonces bajo la presidencia de Barack Obama, el Gobierno de Peña recapturó a Guzmán el 8 de enero de 2016 en un operativo a cargo de la Marina. El 17 de julio de 2019, un jurado de Nueva York condenó al capo a cadena perpetua. En septiembre pasado, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó a Estados Unidos a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, para ser juzgado por narcotráfico (fentanilo). El fiscal Merrick Garland anticipó que habrá nuevas capturas y extradiciones de jefes de la misma organización (Forbes, 26.09.23).

El Ejército ya había detenido al hijo del Chapo, en octubre de 2019, en medio de enfrentamientos con grupos de sicarios, pero recibió la orden de liberarlo con el argumento de «proteger la vida de personas» inocentes. El presidente justificó la extradición de Ovidio Guzmán, sin dejar de criticar la actitud de los vecinos: «Todos los políticos allá hablan de drogas, fentanilo y culpando a México. Es parte de la estrategia politiquera que se aplica queriendo engañar a los estadounidenses. Esto ya no funciona. Lo mismo con lo migratorio, siempre es voltear a México, culpar a México» (The New York Times, 05.01.23). E4

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Los carteles y su huella en las campañas electorales

Tres candidatos presidenciales fueron abatidos en Colombia antes del asesinato de Colosio

Entre las hipótesis sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, una de las más sólidas, compartida por la DEA y la CIA, es la del narcotráfico y sus vínculos con el círculo cercano del presidente Carlos Salinas de Gortari. En el serial Historia de un crimen: Colosio (Netflix, 2019), el candidato del PRI a la presidencia rechaza el ofrecimiento de un cartel para financiar su campaña. Molesto, el primer hermano del país profiere un mensaje premonitorio: «Donaldo, las puertas de Los Pinos se abren desde adentro». Las líneas corresponden a una tarjeta autógrafa de Raúl Salinas publicada tras el atentado del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas.

En Colombia tres candidatos presidenciales fueron asesinados en un lapso de ocho meses, comprendido entre agosto de 1989 y 1990: Luis Carlos Galán, favorito para ganar las elecciones, en el desarrollo de un mitin político (lo mismo que Colosio); Bernardo Jaramillo, en el aeropuerto de Bogotá; y Carlos Pizarro, durante un vuelo a Barranquilla. Sicarios del cartel de Medellín y organizaciones paramilitares perpetraron los ataques. Galán representaba un peligro para las mafias, pues apoyaba la entrega de capos a Estados Unidos. El tiro de la organización liderada por Pablo Escobar salió por la culata, pues al día siguiente de la muerte de Galán el presidente Virgilio Barco decretó la extradición. La ley no entró en vigor, pues la invalidó la Corte.

El jefe del cartel de Medellín también intentó asesinar a César Gaviria, relevo de Galán en la candidatura del Partido Liberal Colombiano, por estar a favor de la extradición. Escobar ordenó estallar una bomba en el vuelo 203 de Avianca que Gaviria abordaría. El atentado causó la muerte de 104 personas, entre pasajeros y tripulantes; tres más se encontraron bajo los escombros. Gaviria decidió de último momento no tomar el avión, aconsejado por sus asesores de seguridad. Escobar fue abatido durante una persecución policiaca el 2 de diciembre de 1993, antes de que Gaviria terminara su mandato. Después se desempeñó como secretario general de la Organización de Estados Americanos, apoyado por la administración del presidente Bill Clinton.

Colombia no ha resuelto el problema del narcotráfico y la violencia, pero ya dejó atrás los años de terror que provocaron caos y el asesinato de políticos, jueces, fiscales, mandos policiacos y legiones de civiles en bombazos callejeros, contra instituciones públicas y en centros comerciales. También rompió el cacicazgo del presidente Álvaro Uribe con el ascenso de su exaliado Juan Manuel Santos al poder, lo que constituyó un golpe contra la burguesía de su país. Santos cambió el enfoque uribista con respecto al narcotráfico y la guerrilla. En 2016 ganó el Nobel de la Paz por los acuerdos con las FARC-EP.

Uribe, quien es investigado ahora por fraude procesal y sobornos a testigos, guarda semejanzas con el expresidente Felipe Calderón. «Unidos por afinidades ideológicas (…) creyeron que el esquema de “seguridad democrática” (…) podría ser copiado por el mexicano para vencer a los carteles de la droga. Aunque el caso colombiano tuvo algunos resultados positivos, esa política hundió a su país en la violencia y acarreó violaciones a los derechos humanos. El resultado en México fue similar: más hechos violentos, corrupción en las fuerzas federales, multiplicación de bajas civiles… (Rafael Croda, Proceso, 02.01.21).

México desplazó a Colombia como centro del poder del narco, sin llegar a los extremos de terror padecidos en el antiguo Reino de Granada. Tras las agresiones contra Colosio y el exsecretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, la figura política más relevante eliminada por un cartel de la droga, en complicidad con políticos de su partido, fue Rodolfo Torre Cantú. El candidato del PRI al Gobierno de Tamaulipas murió acribillado el 28 de junio de 2010, una semana antes de las elecciones. Durante el proceso electoral en curso 25 aspirantes a alcaldes, diputados y otros cargos han sido asesinados: 10 de Morena, cinco del PAN, cuatro del PRI, tres de Movimiento Ciudadano; y en los casos del PRD, PT y Verde, uno de cada uno (Animal Político, 20.04.24). E4