La recopilación de trabajos periodísticos sobre una de las mayores tragedias ocurridas en México muestra el control ejercido por una de las organizaciones criminales más sanguinarias. En infierno se vivió entre las administraciones de los hermanos Moreira, acusados ante la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad
Cuando, junto con la memoria, se pierde la vergüenza
Asesor de Xóchilt, acusado ante la Corte Penal Internacional
La masacre de Allende, ocurrida entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, mostró el imperio de la impunidad y las entrañas de un sistema podrido. Catorce días antes, Humberto Moreira (HM) había tomado las riendas del PRI mientras Saltillo despertaba en medio del «¡ra-ta-tá!» de las ametralladoras. El primer enfrentamiento entre carteles tuvo lugar en «El Sarape» (obra cumbre de HM), una de las vialidades de la capital más transitadas. Lejos de las balas, Rubén Moreira (RM) se preparaba para suceder a su hermano y cubrirle las espaldas. Al mismo tiempo, Jorge Torres ejercía de interino sin imaginar el costo que pagaría por la aventura. En agosto del mismo año, la Secretaría de Hacienda desveló la deuda real de Coahuila: no era de 8 mil millones de pesos —reportados por el estado—, sino de 32 mil millones.
Un mes después de la elección de RM, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunció ante la Corte Penal Internacional de La Haya «crímenes de lesa humanidad (…) perpetrados en Coahuila (…). más de 500 casos acontecidos durante los Gobiernos priistas de Humberto Moreira y Rubén Moreira entre 2009 y 2016», declaró Jimena Reyes, directora de la FIDH. «En el periodo de siete años, la violencia, desapariciones, asesinatos y tortura son responsabilidad exclusiva del narcotráfico y el crimen organizado (a los cuales) se (les) permitió operar bajo el auspicio del Gobierno local» (SPD Noticias, 06.07.17).
«Cuando Schamus leyó el reportaje de Thompson (ProPublica y National Geographic) quedó impactado tanto por la complejidad de la historia como por el hecho de que no se supiera mucho de la tragedia».
Gisela Orozco, periodista
En vísperas de que RM entregara el poder, y sin poder publicar la memoria según la cual pasaría a la historia como paladín de la justicia, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, con la colaboración del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (fundado por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López), presentó el informe «Control… sobre todo el estado de Coahuila». El documento estudia los procesos contra exintegrantes de Los Zetas en las cortes de Austin, San Antonio y Del Río, Texas, entre 2013 y 2016, acusados de lavado de dinero, asesinato y conspiración para importar drogas y armas.
Los asesinatos masivos y las miles de desapariciones forzadas atrajeron la atención de la prensa internacional, mientras en México y Coahuila eran ignorados. En Anatomía de una masacre: la matanza de Allende a manos de los Zetas, Ginger Thompson, reportera principal de la agencia de noticias independiente ProPublica y ganadora del Premio Pulitzer 2001, describe el horror: «En marzo, el tranquilo pueblo ganadero, de unos 23 mil habitantes y a solo 40 kilómetros de la frontera con Texas, fue atacado. Sicarios del cartel de los Zetas, una de las organizaciones más violentas del mundo, arrasaron Allende y pueblos aledaños como una inundación repentina; demolieron casas y comercios, secuestraron y mataron a docenas, posiblemente a cientos, de hombres, mujeres y niños». (ProPublica/National Geographic, 12.06.17). «Primero los mataron y luego los metieron a una bodega donde había pastura, los rociaron con diésel y les prendieron fuego. Estuvieron alimentando el fuego horas y horas», declaró a la periodista José Juan Morales, coordinador de Investigadores de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas de Coahuila.
«Tres años después de la matanza de los Zetas, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anunció que oficiales estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. Lo informó con bombo y platillo; los oficiales anunciaron un megaoperativo para recabar evidencia y averiguar la verdad. Las familias de las víctimas y los habitantes de Allende indican que ha sido poco más que un ardid publicitario. La investigación no ha arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos». «Durante años después de la matanza, las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar. Erigieron un monumento en Allende para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables».
El infierno, la historia secreta
BBC Mundo publicó el 6 de noviembre de 2017 un reportaje de Alberto Nájar titulado «México, la historia secreta de cómo Los Zetas convirtieron a Coahuila en un infierno». La investigación se basa en el estudio de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. «Entre 2007 y 2013, en Coahuila hubo asesinatos atroces. Cientos de personas fueron despojadas de sus propiedades. Un número desconocido de adolescentes fueron forzados a convertirse en sicarios y más de mil 600 personas desaparecieron. El resultado: una de las peores historias de violencia en su historia. Las consecuencias aún siguen vivas».
Con testimonios en los tribunales de Texas se reconstruyó el infierno. «Pero lo más valioso —dice el informe— es que los interrogatorios permitieron conocer la forma como el cartel, uno de los más violentos de América Latina, estableció un control casi total en varias regiones del estado». En la entrevista con Nájar, el director de la Clínica de Derechos Humanos, Ariel Dulitzky, pone de relieve «un dato poco conocido: en los juicios surgieron datos sobre personas desaparecidas, algunas incluso desde hace varios años». «Pero además de la colaboración de autoridades, la manera más efectiva de controlar parte de Coahuila fue el terror. El caso más conocido fue el asesinato de 300 personas en el pueblo de Allende, entre marzo (…) y abril de 2011. Muchas de las víctimas fueron incineradas en el lugar». Los asesinatos se extendieron a Piedras Negras, Múzquiz y Sabinas, según uno de los testigos.
Nueve días antes de terminar el Gobierno de Rubén Moreira (RM), Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, académico e investigador de El Colegio de México, presentaron el informe El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011. La cárcel de Piedras Negras, señala el estudio, era «un enclave (…) para la organización Zeta porque, a) era un refugio seguro para los jefes Zeta que deseaban esconderse de los federales fuera de la nómina criminal; b) les servía para obtener ingresos vendiendo droga (…), cobrando cuotas para el uso de celdas (…); c) les proporcionaba un lugar discreto y seguro para instalar los compartimientos secretos en los automóviles que llevarían drogas a Estados Unidos; d) servía de base para reclutar sicarios; y, e) era un centro para confinar (…) a los secuestrados y para torturar, ejecutar y desaparecer cadáveres».
El penal fronterizo figuraba entre «los cinco o seis lugares habilitados en Piedras Negras para las ejecuciones y la desaparición de cuerpos», se lee en el capítulo «Campo de ejecución y exterminio». Los demás eran un terreno baldío en el Laguito Mexicano, un basurero municipal y un campo de futbol. Un jefe de cárcel, nombrado por el cartel, describe el procedimiento: «Agarraban los cuerpos sin vida (…) y los depositaban en el suelo. Ya que el cuerpo estaba dentro del tonel comenzaban a ponerle diésel para posteriormente prenderles lumbre (…) cuando se cocinaba a las personas… se iban haciendo chiquitas y se le iba picando con un fierro hasta que no quedaba nada… [luego] se empinaba en tonel para vaciar los residuos en el suelo […] que la mera verdad era muy poco».
Durante la investigación, Aguayo se entrevistó con RM, quien, según algunas fuentes, comparaba su situación con la del presidente Ruiz Cortines, quien ordenó el país tras el sexenio de Miguel Alemán, uno de los más venales. Cual si hubiera sido ajeno al clima de terror vivido en Coahuila en el sexenio de su hermano Humberto y en el propio, RM y Rubén Aguilar, vocero del presidente Vicente Fox, y exasesor del Gobierno de Coahuila, publicaron el libró Jaque mate al crimen organizado. Coahuila: una estrategia multidimensional para la paz (Planeta, 2022), prologado por el excanciller foxista Jorge Castañeda. «Estamos convencidos que la estrategia de “guerra” para enfrentar la violencia y al crimen organizado que siguieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue un fracaso. También lo es la estrategia de “abrazos, no balazos” que implementa Andrés Manuel López Obrador, pues ha provocado aún mayores niveles de violencia y asesinatos dolosos que en los sexenios anteriores», dice Aguilar. El libro se ha presentado en varias ciudades del país, pero RM ha tenido cuidado de no hacerlo en Coahuila y menos en la Universidad de Texas.
Imposible no conmoverse
La herida por la matanza de Allende (2011) permanecerá abierta mientras no haya justicia para las víctimas y sus familias, y castigo para las autoridades que la permitieron al no mover un dedo para proteger a la población. A diferencia de la Masacre de Tamaulipas (San Fernando, 2010), donde el mismo cartel de Los Zetas asesinó a 72 migrantes, la de Allende se cometió a la vista de todos. Sin embargo, frente a la incuria, la complicidad y el olvido, siempre habrá voces que se indignen y despierten la conciencia colectiva. Netflix retoma el caso Somos, basado en el reportaje de la periodista estadounidense Ginger Thompson. «Es la primera serie que aborda la violencia del narcotráfico desde la perspectiva de las víctimas» (BBC News Mundo, 01.07.21).
El serial de ficción se estrenó el 30 de junio de 2021, al cumplirse la primera década de un suceso que las autoridades prefieren olvidar. «La matanza fue tan brutal que ni siquiera hay claridad sobre el número de víctimas», dice la nota. «Una versión muy extendida es que en Allende desaparecieron 300 personas. Es posible que así sea, pero el expediente de la PGJEC sólo tiene información sobre 42 desaparecidos de Allende en un periodo de 14 meses» (En el desamparo, El Colegio de México, 2016).
El gobernador Rubén Moreira (RM) intentó deslindarse del caso. Tendió cortinas de humo y desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se acorazó. Sin embargo, a pesar de la influencia que ejerció desde que su hermano Humberto asumió el poder en 2005, no pudo controlarlo todo. El 2 de julio de 2021, el Chicago Sun Times dedicó un reportaje a Somos titulado «La historia de una masacre tan dolorosa que debe ser contada». Gisela Orozco pregunta en su texto: «¿Cómo abordar una tragedia real como contenido de ficción sin faltarle el respeto a los que perdieron la vida y a sus familias?».
El creador y productor de Somos es James Schamus (El tigre y el dragón), quien la escribió junto con las mexicanas Monika Revilla (El baile de los 41) y Fernanda Melchor (Temporada de huracanes). «Cuando Schamus leyó el reportaje de Thompson (ProPublica y National Geographic) quedó impactado tanto por la complejidad de la historia como por el hecho de que no se supiera mucho de la tragedia. Se planteó presentarla como una narrativa desde la perspectiva de las víctimas», dice Orozco. «Darle forma y dejar que sus voces sean lo principal para que se vea el reportaje. Cuando comenzamos, era presentar a los personajes, a esa gente. Amamos sus historias. Eso nos mantuvo en curso. Hay conexiones entre ellos. Eso pasa mucho en los pueblos pequeños, todos se conocen», declaró Schamus a la periodista.
Evitar que «se supiera mucho de la tragedia» era parte del plan para sortear el escándalo y proteger a las autoridades que abrieron las puertas del estado al cartel más sanguinario. El terror empezó en La Laguna y después se propagó al resto del estado. En Allende y Piedras Negras la sevicia llegó al extremo. El serial de Netflix consta de seis capítulos: «La manada peligrosa», «Una boca llena de moscas», «Dile a la luna que venga», «Un paseo con lobos», «La noche nos pertenece» y «Somos». La obra no es sensacionalista ni victimista, sino humana. Conviene verla para sentir vergüenza del Gobierno y la justicia, pero también por el silencio y la indiferencia colectivas.
«Es imposible no conmoverse, no sentir esa pérdida y dolores como propios. Porque encuentras que es la pérdida de esa inocencia y belleza que tenían los pueblos, ranchos, barrios y comunidades antes de conflictos como la guerra contra el narco que comenzó en México, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012). Y en este caso, es “ese México que se nos fue”, pero que sigue en nosotros. Ese México de comunidad, de cotidianeidad, de gente, en el que todos Somos», apunta Orozco. E4
Cuando, junto con la memoria, se pierde la vergüenza
Hace seis años, Marko Cortés pidió enjuiciar al clan Moreira por «hechos de corrupción». El líder del PAN tiene hoy a Rubén de compañero de viaje
Los senadores y diputados del PAN demandaron el 17 de mayo de 2017 al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto «abrir una investigación por las cuentas detectadas a la familia Moreira en el extranjero». Marko Cortés, entonces coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Cámara Baja, exigió tomar «las medidas necesarias para que los Moreira no salgan del país y evadan la justicia; asegurar las cuentas bancarias que se han encontrado y cualquier otra que resulte, que puede presumirse que es dinero desviado, dinero público» (comunicado del Senado de la República, 17.05.17).
En el marco de las campañas para la gubernatura de Coahuila, que el PAN estuvo a punto de ganar, Cortés fue más allá: pidió «la extinción de dominio ante la posibilidad, ya acreditada, de que los recursos públicos se hayan convertido en propiedades de las familias Moreira». El michoacano también solicitó al INE cancelar el registro de Humberto Moreira como candidato a diputado local. No hizo falta, pues el «gobernador más popular y calificado de México» no alcanzó el 3% de los votos requeridos. En esa elección, el Partido Joven perdió su registro.
«(Deben tomarse) las medidas necesarias para que los Moreira no salgan del país y evadan la justicia; asegurar las cuentas bancarias que se han encontrado y cualquier otra que resulte, que puede presumirse que es dinero desviado, dinero público».
Marko Cortés (17.05.17)
Cortés deploró la negativa de la Comisión Permanente para tratar «de urgente y obvia resolución» el punto de acuerdo inscrito por el PAN. «Por ello (…) lamentamos el encubrimiento, la protección que el Estado ha dado a Humberto Moreira, a Rubén Moreira (…), que aquí un tema de relevancia nacional que desfalcó y comprometió el futuro de los coahuilenses no sea urgente para discutirse, para debatirse y simplemente no lo quieran agregar en el orden del día. (…) solicitaremos nuevamente que el punto sea integrado (…) en la sesión de hoy para su discusión, para su debate por ser un tema de interés nacional, pero particularmente de todos los coahuilenses».
En caso de no prosperar las demandas, Cortés declaró que el PAN presentaría «todas las denuncias correspondientes. El problema es que en México no se investiga y no se sanciona. Todos los hechos de corrupción han venido siendo documentados en el extranjero. Por eso, nosotros solicitamos que la PGR también en este punto de acuerdo solicite a los Estados Unidos, solicite a la Interpol toda la información que tienen respecto del caso de corrupción de los Moreira, porque aquí no se investiga absolutamente nada y mucho menos se sanciona. Hay un encubrimiento, hay una protección y por ello estamos exigiendo contundencia en este hecho. Que se discuta en la Comisión Permanente, que se vote el punto de acuerdo que hemos expresado aquí para que los Moreira no se salgan con la suya».
El exsenador y actual líder del PAN terminó con una arenga: «México merece mandar mensajes correctos de la aplicación de la justicia y el combate contra la impunidad (…), es momento de demostrarlo». El Cortés enérgico e indignado de ayer por el atraco a los coahuilenses, tiene hoy como compañero de viaje a quien pidió sentar en el banquillo de los acusados: Rubén Moreira. El exgobernador que encubrió la megadedua y junto con su hermano evadió la acción de la justicia, el operador político por antonomasia cuyo mérito como número dos del PRI es haber perdido la mayoría de las elecciones para gobernador, forma parte del equipo de la candidata presidencial del frente amplio: Xóchitl Gálvez. «Cuando era joven había decidido ser pianista en un burdel o político profesional. A decir verdad, no hay mucha diferencia», escribió Harry S. Truman. E4
Asesor de Xóchilt, acusado ante la Corte Penal Internacional
El exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, coordinará los foros de seguridad de la precandidata presidencial del frente PAN-PRI-PRD. Gálvez muestra debilidad
Los foros de Seguridad de Xóchitl Gálvez, virtual candidata del PAN-PRI-PRD a la presidencia, los coordinará Rubén Moreira, acusado ante la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad cuando era gobernador de Coahuila. La denuncia la presentó la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en 2017 por las masacres en Allende y Piedras Negras. Ya en su papel de asesor de Gálvez y como pastor de los diputados del PRI, Moreira demandó «la comparecencia inmediata» de la secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, por el enfrentamiento ocurrido el 9 de diciembre entre pobladores de Texcaltitlán e integrantes del cartel de la Familia Michoacana donde murieron 14 personas, la mayoría pertenecientes a esa organización.
En Allende y Piedras Negras los muertos y desaparecidos se cuentan por centenares. Moreira guardó silencio y atribuyó la pacificación del estado cuando fue gobernador. La crisis de seguridad empezó en el Gobierno de su hermano Humberto y continuó en los primeros años de su administración. «El pueblo se armó para enfrentar a quienes los extorsionan, les cobran piso, los chantejaean, sin que la autoridad se presentara (lo mismo pasó en Allende durante el asalto de los Zetas). Ni la del Gobierno del Estado de México recién instalada, que anda diciendo que la solución son los abrazos, ni tampoco la secretaría de Seguridad Pública federal», dice el legislador en un comunicado (Notilegis, 12.12.23).
Moreira pontifica: «Cuando los gobernadores actúan, como en Coahuila, Aguascalientes, Querétaro o en Yucatán, hay paz y se puede circular por esos estados y por esas ciudades y (por) esas entidades sin problema». ¿Como en Coahuila, entre 2009 y 2012, cuando aparecían colgados y cuerpos mutilados? Cuando Moreira era gobernador, frente al estadio del Santos se enfrentaron bandas del crimen organizado. La noticia colocó a Torreón entre las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces se aplicó en Coahuila la estrategia de exterminio. Hoy, cual si la ciudadanía no tuviera memoria, el exgobernador asegura: «(…) la paz sí es posible. Tenemos que trabajar por la paz. Les digo, sobre todo a los jóvenes, hace algunos años, cuando yo tenía su edad, podías transitar por todo el territorio nacional sin que nada te pasara. Hay que actuar ya».
¿En qué se basaba esa paz? De acuerdo con el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo, en los acuerdos entre los Gobiernos del PRI y los carteles. Juntos pactaban las rutas de la droga. El desorden habría venido con la alternancia, cuando el PAN ganó la presidencia, dijo en una conferencia en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC a principios de 2011. Poco después sucedió la masacre de Allende. Reprendido por el expresidente Salinas de Gortari y líderes de su partido, Rizzo rectificó sin convencer a nadie.
Difícilmente Gálvez habría invitado a Moreira motu proprio. Se trata a todas luces de una imposición de la cúpula del PRI regenteada por Alejandro Moreno. Sin embargo, aceptar a un colaborador con la cauda de escándalos y acusaciones del exgobernador de Coahuila es el enésimo tiro que Gálvez se pega en el pie, y la muestra débil. Con aliados así y promotores como Vicente Fox, la candidata del bloque opositor no necesita enemigos, pues los tiene en casa. Un cartón de Chavo del Toro resume la idea: «Realmente no se por qué no lo levantas. ¿Y la sociedad civil, Xóchitl?». La candidata es aplastada por Margarita Zavala, Santiago Creel y Rubén Moreira (El Financiero, 06.12.23). E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.