La consigna estaba dada y había que cumplirla al pie de la letra. La orden era aprobar el dictamen de la Cámara de Diputados sobre la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sin cambiar una coma; disposición que la mayoría morenista del Senado de la República en maratónica jornada que culminó la madrugada del 25 de octubre, cumplió a cabalidad.
De nada valieron las honrosas intervenciones del senador morenista Alejandro Rojas Díaz-Durán, así como también de la exministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, senadora también de dicho partido, quienes conjuntamente con las bancadas opositoras coincidieron en sostener que el dictamen a discusión, no sólo era un atentado contra el derecho de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sino también contra la Constitución General de la República, por transgredir la división de poderes y por ende, el Estado de derecho.
El revanchismo del «mesías tropical» contra el único poder que no se ha doblegado a sus caprichos, raya en lo inverosímil. Pese a que con su conducta, sabía que violentaba la división de poderes apartándose así del orden constitucional, y a sabiendas de que la votación a obtener en ambas cámaras a favor de su proyecto de extinción de los fideicomisos es una victoria pírrica, decidió enfrentar a un gran sector de la opinión pública y a los 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes por primera vez en su historia salieron a las calles a protestar contra dicha medida, por afectar sólo a sus intereses, y no a los de los once Ministros del Pleno de la Corte, contra los cuales ha enderezado acusaciones de todo tipo sin fundamento.
Es tal el encono contra el único poder que no se ha sometido a los intereses y proyectos del Gobierno de la 4T, que a sabiendas que publicado sea el decreto extintivo de los citados fideicomisos, este será impugnado tanto en vía del juicio de amparo o acciones de inconstitucionalidad ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano jurisdiccional que ante las omisiones procedimentales en que la Cámara de Diputados incurrió para aprobar su dictamen, no será de extrañar, que dicho decreto sea declarado inconstitucional.
De darse esa posibilidad, la salida maquiavélica del inquilino de Palacio Nacional, sería entonces culpar ante la opinión pública nacional, a los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los responsables que a las arcas de la Tesorería de la Federación no ingresen 15 mil millones de pesos que contienen los 13 fideicomisos extinguidos; para enderezar entonces todas sus baterías a fin de concretar el llamado «Plan C», proclamado ya a los cuatro vientos, que consiste en represalia, quien lo suceda, concrete el sueño lópezobradorista de que todos los jueces, magistrados y ministros encargados de la impartición de la justicia federal —única salvaguarda que tienen los ciudadanos para combatir las arbitrariedades de las autoridades a través del juicio de amparo—, en la pretensión más aberrante jamás concebida en la historia reciente de México, sean electos, contrarios a como lo establece la ley «por el pueblo de México» (SIC).
