La justicia va a llegar a México cuando las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia, que no implique la fabricación de chivos expiatorios. Para ello se requiere cortar los hilos corruptos tan enlazados entre tantas personas implicadas en grupos de poder económico y político
El feminicidio es la privación de la vida de una mujer por el hecho de ser mujer. En la mayoría de los casos la víctima presenta signos de violencia sexual, se le infligen lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida, se le incomunica, amenaza, acosa, su cuerpo se exhibe. Suelen existir antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto que actúa en contra de la víctima. En el caso de un feminicidio, debe analizarse la actuación de los funcionarios, pues la ley en México menciona que hay sanción para el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia.
La Convención Interamericana Belém do Pará formalizó la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. Su implementación efectiva requiere de un proceso de evaluación continuo e independiente, a cargo del Mecanismo de Seguimiento (MESECVI). Es a éste a quien los Gobiernos de América Latina deben informar lo que hacen para erradicar la violencia contra las niñas y mujeres. Algunos de los avances regionales han sido la incorporación de las distintas formas de violencia en códigos penales, creación de leyes y planes nacionales.
«Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía».
Mario Escobar, padre de Debanhi, víctima de feminicidio
Sin embargo, sólo el 1% del presupuesto de los países se destina a erradicar estas violencias, lo cual impide que las leyes se cumplan y se fomenta la impunidad. «Si no logramos que toda la población se involucre y tenga una sensibilidad respecto a este tema, difícilmente se va a terminar con la violencia». Son palabras de la chilena Tatania Rein Venegas, presidenta del comité de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará.
No son muchas las carpetas de investigación que llevan la carátula de feminicidios, incluso hay casos cuya investigación culpa a las mismas mujeres víctimas y son cerrados como «suicidios» o «accidentes» a los que ellas se expusieron. Existen asesinatos de mujeres que ni siquiera fueron investigados. No les gusta a las autoridades dar a conocer la realidad de la violencia que viven niñas y mujeres en sus ciudades ni los verdaderos números de feminicidio. Lo hacen para mejorar los índices de seguridad y, por ende, la calificación de su desempeño, del cual depende brincar a otro puesto político.
«Si no logramos que toda la población se involucre y tenga una sensibilidad respecto a este tema, difícilmente se va a terminar con la violencia».
Tatania Rein Venegas (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará)
Cuando alguno de los feminicidios tiene el privilegio de recibir cobertura mediática, las autoridades quedan expuestas al escrutinio público, y por lo general, mal paradas. Suele atribuírseles la frase: «Yo no quiero ejecutados, mejor desaparecidos durante mi gobierno». La réplica de: «Yo todo lo quemo, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos» ha calentado mucho el sentir de las mujeres de diferentes generaciones. Cada día son más las que se atreven a repetir ese clamor, a salir a las calles y a actuar tras un despertar generalizado al saber de tantos casos de niñas y mujeres desaparecidas y/o asesinadas, aunque sean solamente los observatorios ciudadanos quienes llevan cifras más cercanas a la realidad.
Trata y feminicidios
Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Nacional de Feminicidio declara en entrevista: «Cerramos 2021 con 3 mil 719 mujeres asesinadas, de éstas solamente 955 fueron considerados posibles feminicidios y esto es importante porque representa sólo el 26% de los casos del total de asesinatos de mujeres en los que las autoridades se disponen a reconocer como feminicidios y es relevante. Existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde establece que toda muerte violenta de mujer debe investigarse con perspectiva de género, la cual inicia con las hipótesis del feminicidio».
«Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia establece que toda muerte violenta de mujer debe investigarse con perspectiva de género, la cual inicia con las hipótesis del feminicidio».
Ana Yeli Pérez Garrido (Observatorio Nacional de Feminicidio)
Aunque los organismos ciudadanos y colectivas indiquen que el número es mayor y no disminuye, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el primer trimestre de 2022 se han registrado 228 feminicidios en México. En lo que va de este año hay 395 mujeres desaparecidas en Nuevo León. Esta entidad federativa en 2021 ocupó el cuarto lugar nacional con 66 feminicidios.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio recientemente ha declarado que hay una crisis en desapariciones forzadas de mujeres que va en aumento y que arrastra consigo delitos como la trata y el feminicidio. El caso mediático más reciente puede ser un ejemplo de este tejido de delitos que no es privativo de Nuevo León. Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, estudiante de tercer semestre de leyes en la Facultad de Derecho y Criminología en la UANL, desapareció el viernes 8 de abril y fue encontrada muerta 13 días después, el jueves 21, en el interior de la cisterna de un motel en el municipio de Escobedo, NL.
En el lugar no sólo habían buscado ya a la joven desaparecida, sino que en su exterior se atendía a la prensa. Era el punto de reunión e información con colectivas e integrantes de la sociedad civil interesada en localizarla. A raíz del hallazgo del cuerpo, cientos de marchas de mujeres solicitando justicia se han replicado por todo el país y sobre todo en la Fiscalía y el Palacio de Gobierno de Nuevo León, además del exterior del motel.
Si las amigas de Facebook de Debanhi, Jehieli Sarahí e Ivonne Alejandra, y ella misma se estaban prostituyendo o no, es algo que no debe pasar por el filtro moral. Lo trascendental es dar con las personas responsables de la desaparición y asesinato. Además, no interesa si estas chicas eran amigas de la infancia o de hace unos meses; no se debe responsabilizar a las mujeres de lo que está pasando, actitud propia de una arraigada cultura machista que no conoce de géneros.
Tampoco debe ser motivo de escándalo que haya fiestas donde se consume alcohol. Lo que debe importar es la vinculación de menores de edad en esas fiestas, a las que llegan por redes sociales cuyas reglas indican que no son para menores; el consumo y distribución de drogas sintéticas, las vinculaciones con choferes de confianza, que en realidad no son más que parte de un negocio millonario, lo mismo que hoteles o moteles que hacen la vista gorda cuando saben que hay menores de edad bajo el efecto de drogas y en medio de un evidente negocio de prostitución, así como clientes y consumidores de sexo, que llegan con armas y pretenden forzar a niñas y mujeres a hacer cosas en contra de su voluntad y que no deberían asumirse como parte del servicio sexual.
Todo esto es parte del delito de trata que no podría existir sin la anuencia de funcionarios de la propia fiscalía y, por qué no decirlo, del afamado Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), casualmente inaugurado en marzo del 2014 por el entonces procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, y la hermana Consuelo, entonces directora del único centro de derechos Humanos ciudadano del mismo estado (CADHAC). Con una sola persona dentro del GEBI, una red de trata podría tener la protección necesaria para multiplicar el dinero en plena libertad y a la luz del día.
Zona de exterminio
La ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, protección y asistencia a víctimas de estos delitos, define a la trata como: «Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación». Se incluye en ello la esclavitud, la condición de siervo, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, matrimonio forzoso o servil, entre otras acciones.
Un dato más que se mezcla entre tantas versiones y análisis del caso de Debanhi en Nuevo León, es que se tiene que considerar que el municipio de Escobedo es la zona de confort de uno de los tantos carteles que se multiplicaron en nuestro país en los últimos sexenios. No sería raro pensar que muchas de las «quintas» del municipio de Escobedo fueran propiedad del crimen organizado, en este caso del Cartel del Noreste (CDN).
Tampoco es descabellado pensar que, aunque se diga que los dueños del motel Nueva Castilla (a donde Debanhi ingresó sola) y otros tantos hoteles turísticos o de paso, son de los españoles José Fernández Pérez y José Barros Janeiro, sea Juan «Juanito» Cisneros Treviño, quien tenga la administración. También hay que ubicar la cercanía del kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, que algunos han apodado «zona de exterminio» por la cantidad de personas desaparecidas desde el verano pasado.
El dato de Juan Cisneros lo proporciona Juan Bermúdez en su artículo «Debanhi, víctima de dos “narco juniors”», publicada en el sitio Periodistas sin Censura. No cualquiera ubica quién tomó el liderazgo de un cartel, tras la captura de su anterior líder. Y es que, tras la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, el Huevo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presunto líder del Cartel del Noreste, el domingo 13 de marzo, Juanito asumió el control. Con este hilo, la red de trata estaría perfecta para vincular a los estados del noreste incluso con lo que corresponde al estado de Tlaxcala, donde los tratantes son expertos.
«Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía», declaró a la prensa Mario Escobar, padre de Debanhi. Esclarecer este caso es responsabilidad de la Fiscalía de Nuevo León. La ciudadanía no puede esperar justicia con tantos errores, faltas a los protocolos que omitieron con la familia Escobar y la negación de la siembra del cuerpo. La justicia solamente va a llegar a México cuando las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia, que no implique la fabricación de chivos expiatorios. Para ello se requiere cortar los hilos corruptos tan enlazados entre tantas personas implicadas en grupos de poder económico y político.
Ojalá que este caso sirva para nombrar y encontrar a las mujeres que desaparecen y no importan, a las que son visibles el día en que aparecen sus cuerpos sin vida; migrantes, pobres, sin familiares directos, cuyas violaciones, desapariciones o asesinatos las encuentran solas. Mujeres sin amistades o conocidos que exijan la verdad a las autoridades, además de un entierro digno para no ser almas en pena buscando descanso eterno.
Ni una más, ni una asesinada más. E4
Jaqueline Campell
Su labor en defensa de los derechos humanos inició a principios del año 2000 cuando se involucró en la oficina de comunicación social de la diócesis de Saltillo y en 2003 se convirtió en la primera mujer en dirigir un espacio así dentro de la Iglesia, con la particularidad de ser laica y feminista.
Debido al acompañamiento que realiza Jaqueline a personas campesinas, migrantes, privadas de su libertad, víctimas de tortura y de otras violaciones a los derechos humanos; ha enfrentado amenazas y persecución judicial por parte de los Gobiernos municipal y estatal, las fuerzas armadas, medios de comunicación y los grupos conservadores en el seno de la Iglesia.
Tips de seguridad
Tips de Carmen Martilez —conductora de Uber— para las mujeres que usan taxi de aplicación.
- Cuando pidas el Uber checa que la placa del coche y el chofer sean los mismos que aparecen en la aplicación.En lo que subes al coche llama —o finge hacerlo— a una persona de confianza y dile: «Ya estoy en el Uber, ya te compartí el viaje».
- Comparte el viaje. Puedes compartir el viaje, estés con Didi o Uber con varias personas.
- Nunca te sientes en contraesquina del chofer porque si te estás en estado inconveniente, el chofer puede tocarte fácilmente. Siéntate detrás de él. Le será más difícil tocarte y, si en algún momento necesitas inhabilitar al conductor, con tu mano derecha puedes someter al conductor usando su cinturón de seguridad. Es importante que uses el tuyo por si él va a alta velocidad y pierde el control del coche.
- Al entrar al coche, cierras la puerta y ábrela inmediatamente para verificar que no tenga seguro contra niños y puedas abrir la puerta siempre desde adentro. Si no se abre le pides al chofer que quite el seguro contra niños. Si te dice que está averiado, te bajas y pides otro Uber.
- Nunca te quedes sin pila en el celular. Siempre ten la precaución de mantenerte, aunque sea, con un 20%. Si por alguna razón te quieras bajar de ese Uber y pedir otro, puedas hacerlo.
La mejor opción por ahora que tenemos las mujeres para estar a salvo es no andar en estado inconveniente, no perder el control de tu cuerpo. Ya sé que no les da derecho a los hombres a hacernos nada, que podemos embriagarnos y andar por la vida como queramos… pero vivimos en México y mientras la cultura machista de México no cambie y el Gobierno no aprenda a hacer su trabajo, nosotras tenemos que cuidarnos.
Ni una más.