Hace casi seis años Miguel Riquelme tomó posesión como gobernador constitucional del estado en circunstancias poco claras, por lo que se hizo apresurar su instalación a unos cuantos días de que llegara el término legal para su ascensión, clarificando esas circunstancias, entre otras, en omisiones en algunos trámites que dieron pie a que la autoridad electoral actuara en consecuencia consintiendo el triunfo del priista.
En contrario pudo haberse provocado un escándalo poniendo en entredicho al sistema electoral y la aplicación constitucional, pues una imposición fue el origen de esa intransigencia política convenida asignando un candidato que le fue construida su carrera para llegar al sitio que ahora exhibe como gobernador saliente, y que se tenía la seguridad de que desvirtuaría las posibles ilegalidades cometidas por los dos anteriores sexenios cuyos manejos financieros, a todas luces subyacentes, fueron comandados con el objetivo de que la ciudadanía se percatara que esas administraciones construyeron una serie de obras sociales y demostrar que los impuestos de los coahuilenses fueron aplicados honestamente en su beneficio.
El inicio del periodo riquelmista arrancó en forma inercial pues los titulares de las carteras más importantes fueron inamovibles llevando implícitas las líneas de acción aplicadas antes, sin embargo, paulatinamente se fue borrando la marca moreirista e imponiendo el suyo propio, con el agregado de ir tendiendo puentes con los segmentos de la población que habían sido desestimados dando lugar a un equilibrio en su gobierno «respetando» a los otros poderes, sin que se percibiera las indicaciones que les hacía llegar veladamente, cuya claridad de la división de poderes constitucionalmente obliga a los otros niveles que componen los tres pilares que soporta un Gobierno legalmente constituido.
La conveniencia precisa que con prudencia y sabiduría política el nuevo gobernador deba imprimir su decisión colocando en la tabla de posiciones las piezas que a su confianza corresponda, pues las nuevas caras del mismo establo dan buenos resultados, tomando en cuenta, además, las ventajas que la experiencia en los caminos gubernamentales ayudan a reforzar las líneas de actuación.
Como alcalde Manolo Jiménez demostró que su papel en materia política fue privilegiar la palabra, apartando toda imposición autoritaria, y haciéndose eco en la prensa y con los diversos grupos de la sociedad, así como con los poderes fácticos, demostrando que su imagen se basa en esa premisa.
La mesa de trabajo del gobernador es de mayor dimensión que la municipal, por lo que las cosas deben llevarse con mayor precisión impulsadas por un gabinete que sirva de catapulta para recorrer los caminos venideros.
En los tiempos modernos donde la democracia pesa más que en el pasado, impide al gobernante aplicar su voluntad nomás porque sí, por lo que es importante saber «diferenciar entre un régimen simplemente autoritario y uno totalitario, pues el primero quiere que no se le ataque y el segundo considera un ataque todo lo que no es un elogio, al primero le basta con que no se le desfavorezca, el segundo pretende además que nada se haga que no le favorezca».
Caminemos sigilosamente ya que a partir del primer día de diciembre los coahuilenses tendremos que seguir, por los siguientes diez meses, soportando un Gobierno autócrata sustentado en una mitomanía e ignorancia, dirigido por un presidente adicto al protagonismo cuyas ocurrencias han sido dañinas, pues si bien algunos indicadores han reflejados buenos resultados, esto no se debe al trabajo oficial sino a la influencia derivada de agentes externos.
¿Por qué dice el presidente que se cumpla con la ley cuando él no lo hace? Si no recordemos su frase «y que no me vengan a mí de que la ley es la ley», ¿se imagina usted a un jefe de Estado diciendo eso? Es una barbaridad totalmente irracional.
Se lo digo en serio.
