Se debe entender la reacción del presidente López Obrador ante la irrupción de Xóchitl Gálvez a la disputa por el poder en 2024. La hidalguense, al igual que Beatriz Paredes, tiene atributos que pueden fracturar su base social. En pocas palabras, su perfil como presidenta deseable de acuerdo con el estándar obradorista se corresponde mucho más que el de Claudia Sheinbaum. La mayoría de los mexicanos hacen propias las tesis que López Obrador ha ido promoviendo por mucho tiempo. El candidato ganador por la oposición necesitaría lograr el apoyo de una parte menor para empatar o ganar la elección presidencial. Así lo ve el mandatario, por ello toda la batería contra la senadora Gálvez.
Seguramente el presidente vio con alivio las encuestas recientes en las que se muestra mayor intención de voto de Claudia sobre Xóchitl, así como de Morena respecto a la oposición. Sin embargo, los números exigen reserva por dos antecedentes: en la elección reciente en el Estado de México las encuestas daban una ventaja cercana a 20 puntos y terminó en 8. En 2021 todas las encuestas, incluyendo la de Reforma anticipaban mayoría absoluta y calificada de Morena. No fue así y al mismo López Obrador sorprendió testimoniar la derrota de la izquierda en la Ciudad de México, por primera vez en la historia. En fin, los estudios de opinión deben tomarse con cautela.
Xóchitl Gálvez puede fracturar a esa mayoría que tiene buena opinión de López Obrador. Sólo requiere de una cuarta parte de esos para meterse de lleno en un escenario de competencia y Xóchitl lo está logrando. Es muy prematuro para hacer apreciaciones concluyentes, pero se advierte desde ahora una mayoría clara por la hidalguense en el frente opositor, quien tendría la capacidad para ganar la candidatura de manera convincente y obtener una adhesión entusiasta, fundamental para impulsar la campaña al resto de la población.
En términos numéricos gruesos la oposición a López Obrador está en el orden de un tercio del electorado. Obvio decir que es insuficiente para ganar la elección. Sin embargo, la suma de 15% de ese 55% que tiene buena opinión del presidente, le daría los números suficientes para competir y eventualmente ganar. Sobre todo, si la contienda se centra en los candidatos. Si la candidata fuera Claudia Sheinbaum o incluso Marcelo Ebrard, a distancia se anticipa una mayor capacidad de Xóchitl para convencer y comunicar, así como generar empatía. La situación sería diferente si el candidato de Morena fuera Adán Augusto López, porque la elección se centraría más en la operación política territorial que en el plano mediático.
En el frente opositor las cosas no van de la mejor manera por la rigidez de la plataforma para el registro de adherentes de los aspirantes, que ha generado exclusión. La desconfianza se impuso; se ha obstruido la participación de muchos simpatizantes de los prospectos y del proyecto del Frente Amplio por México. Además, las restricciones impuestas por el INE para promoción digital dificultan aún más el proselitismo y por tanto, el registro. El comité organizador debió emprender una campaña formal para la conformación del Frente, particularmente porque es una figura en la ley, como es propio de la democracia que los ciudadanos y la base social de los partidos avalen el proyecto común. Como van las cosas, nada asegura que los aspirantes —salvo Xóchitl Gálvez— puedan cumplir con las adhesiones previstas, grave problema porque el diseño fue el de la competencia en diversas etapas y la confrontación de ideas y proyectos que provocaran el interés ciudadano y legitimaran a la persona electa como coordinadora del Frente; para efectos prácticos, candidata a la presidencia de la República por la oposición.
Por su parte, Movimiento Ciudadano se encuentra en un difícil dilema. No requiere definir desde ahora su postura final, aunque la posición de Dante Delgado ha sido inamovible respecto a erigirse como una tercera vía que, en las condiciones actuales, sería desastroso para la elección en Jalisco y un intento, quizá fallido, de favorecer al oficialismo. MC no cuenta con un candidato presidencial fuerte, salvo que Colosio cambiara de decisión. En tales condiciones, especialmente no apoyar a Xóchitl Gálvez, es jugar un triste papel de esquirol de la oposición.
Burla a la ley
La cultura de la legalidad no es común, menos en los mexicanos debido a la impunidad legal y social de por medio. No está presente en las autoridades, en la sociedad, ni en los políticos. Hay infracciones reparables o reversibles, otras que allí quedan y sus efectos trascienden al momento o circunstancia en que ocurrieron. En materia penal se parte de la idea que el delito es un perjuicio a la sociedad; por lo mismo, la víctima pasa a un segundo plano y la sanción, casi siempre, corporal. En las faltas administrativas la pena regularmente es multa. Se asume, indebidamente, que con el pago se puede resarcir el daño ocasionado. En los servidores públicos puede haber inhabilitación para el desempeño en el Gobierno.
La investigación por infracciones a la ley es una elevada responsabilidad. A diferencia de lo que se piensa y cree, la labor del juez está muy condicionada. En materia penal, el talón de Aquiles de la justicia, mucho depende de lo que la autoridad investigadora haga llegar. Aunque se pretenda, al juez no se le puede obligar a resolver la insuficiencia de la investigación, tarea administrativa casi siempre acompañada de venalidad o incompetencia. De allí la impunidad y que en los pocos casos que llegan al juez, el inculpado tenga condiciones de indebida ventaja. Esto no se comprende y al legislador le resulta más fácil abonarse en el populismo penal (incrementar penas o extender la prisión preventiva). La eficacia de la justicia penal se resolverá con eficaces policías ministeriales y también un mejor Ministerio Público.
Se asume que las autoridades, más las de carácter superior, las electas, deben ser ejemplo en el apego a la legalidad. No sucede siempre así; peor aún, en estos tiempos violentar la ley es parte del espectáculo legítimo y legitimador en el ejercicio del poder. Incluso en temas tan graves como es la corrupción, las autoridades optan por el regreso del dinero, sin entender que el daño irreparable es, por una parte, el daño patrimonial y, por la otra, el daño social por la ilegalidad misma.
El presidente López Obrador no tiene la menor contemplación a la legalidad. Así ha sido siempre y reproduce el prejuicio de muchos mexicanos sobre el origen y el efecto de hacer valer la ley. Para él y para muchos importa el proyecto propio, y desentenderse de la norma no sólo es un derecho, es un mandato. El principio republicano de cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanan ha caído en desuso en el código de la 4T.
El presidente todos los días en su comparecencia mañanera violenta la norma. Él no es un ciudadano que puede invocar discrecionalmente la libertad de expresión o el derecho de réplica. Él es autoridad, la más poderosa; está obligado a cumplir con la ley e informar con objetividad, sin juicios de valor, con estricto apego a la verdad y respeto a los derechos de particulares. Erróneamente se ha dejado pasar el argumento sobre el derecho o la libertad de expresión del mandatario, sin considerar que, con frecuencia, no defiende el interés público, sino a él mismo, sus intereses y los de su grupo. Un presidente incapaz de ver por el conjunto de los mexicanos como resultado de la partición de los más y los menos, los buenos y los malos, los pobres y los corruptos, los inocentes y los culpables, los que están con él y los demás. ¿Por qué ver por todos? Igual sucede al invocar un régimen de excepción para realizar obra pública sin los permisos respectivos o sin informar, invocando un falso interés nacional en las obras de Gobierno.
Recientemente el desdén a la ley se acentúa por la competencia política; el INE se desentiende de su responsabilidad y el Tribunal Electoral avala. Una cosa lleva a la otra, de los actos anticipados de campaña se ha pasado a una ilegal intervención del presidente, no sólo por lo que hace, sino por el contenido de lo que publica. El acceso y divulgación de información protegida por secreto es delito y su publicidad genera daños irreparables. López Obrador incumple la ley, y se burla con ostentación con la certeza de la ausencia de sanción social o legal, un caso ejemplar de impunidad.
