El Poder Judicial cercado, bajo acoso también en los estados

El Estado de derecho es un modelo de organización de un país en el cual todos los miembros de una sociedad, se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. En este sentido, es una condición política que no hace referencia a ninguna ley específica, sino que se refiere al respeto en general a todo un sistema legal. Asimismo, refleja el ideal democrático, según el cual el poder político está limitado por el derecho: en otras palabras, un régimen en el cual las autoridades actúan únicamente dentro de los márgenes establecidos por la ley y su legitimidad depende, precisamente, de su apego a dichos límites (Bobbio, 2015: 458).

El presidente de la República Mexicana, en su empeño de someter al Poder Judicial ha recurrido a todo: desde propuestas de magistrados y ministros, con la intención de que le sean leales hasta presiones, desprestigio y, últimamente, también al recorte presupuestal. Sin embargo, hasta ahora dicho poder ha resistido los embates y sigue dando reveses a algunas de las reformas de la 4T por considerarlas inconstitucionales.

Frustrado por su propósito de prolongar más el tiempo, de su aliado Arturo Zaldívar, como presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la propuesta fallida de Yasmín Esquivel; lo obnubilaron y comenzó una ofensiva demasiado agresiva en contra de un poder, que se ha escapado de su control y que ha frenado, por inconstitucionales, varias de sus iniciativas de Gobierno.

El personaje clave en su incursión en el Poder Judicial es Arturo Zaldívar, quien en un hecho sin precedentes renunció al cargo de ministro de la Corte, para hacer política partidaria, sumándose al equipo de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaun.

Saliendo, Zaldívar ofrece al Ejecutivo la posibilidad de cerrar con cinco nombramientos en la Corte —por si se ofrece—. Por otra parte, el papel del exministro será la clave en los planes de reformar al Poder Judicial de la Federación (PJF), debido a su amplio conocimiento, que tiene en infraestructura e integrantes y por supuesto, del manejo de una técnica legal del más alto nivel en el país.

¿Y los Estados?

No sólo el Ejecutivo federal insiste en vulnerar al Poder Judicial para controlarlo. De acuerdo a información presentada por México Evalúa, también en los estados los gobernadores y los congresos, alineados por los primeros (que casualmente este fenómeno se da más en Gobiernos de Morena,) promueven iniciativas para destituir o jubilar anticipadamente a jueces y magistrados, a fin de sustituirlos por incondicionales del Gobierno en turno.

Este problema local no es exclusivo de México, sino que es una tendencia que se repite a escala internacional, lo que puede proporcionar a las personas que detentan el poder, nuevas ideas de cómo intervenir los poderes judiciales de cada país.

En ocasiones, incrementan la antigüedad para jubilarse y reducen los montos de pensión jubilatoria, de esta manera, obligan a que los magistrados o consejeros que están en activo se jubilen antes de tiempo, con la promesa de respetarles ciertas condiciones como el monto de pensión con que originalmente se iban a retirar.

Si bien es cierto que una estrategia novedosa —recomendada por una relatoría de Naciones Unidas— para la independencia de los abogados y magistrados, no puede ser utilizada para desestabilizar a los poderes judiciales.

Coahuila de Zaragoza es una tierra fértil, tan es así que coahuilenses han ocupado la silla presidencial. De hecho, es una entidad con una historia de respeto irrestricto a los poderes, porque sabemos que generan un equilibrio y con el gobernador Manolo Jimenez Salinas la intrusión se encuentra demasiado alejada de la realidad.