El presidencialismo y el asedio a la Suprema Corte de Justicia

La Constitución de 1917 concedió independencia al Poder Judicial, pero una serie de reformas lo atrajeron de nuevo a la órbita del Ejecutivo federal. Salinas nombró ministros a los fiscales del caso Colosio. Zedillo lo disolvió, redujo su tamaño y suprimió los cargos vitalicios. López Obrador lo vuelve objeto de su inquina

La justicia no es como un partido de fútbol: Arturo Zaldívar

Prensa y sociedad civil, débiles: WJP

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha estado sujeta a los vaivenes políticos y sociales, los conflictos armados —las Guerras de Independencia y de Reforma y la Revolución—, la hegemonía del PRI y la alternancia en el poder. Durante ese proceso, los ministros, cuyo número y periodo varió, fueron nombrados por el Congreso de la Unión mediante sorteo y más tarde a propuesta de las legislaturas locales. También en elecciones populares y finalmente por el Senado según las ternas sugeridas por el presidente de la república. En la Guerra de Reforma funcionaron dos Cortes: una conservadora y otra liberal.

Durante el porfiriato los poderes Legislativo y Judicial estuvieron bajo la férula del dictador. En 1910 y 1913, los coahuilenses Francisco I. Madero y Venustiano Carranza desconocieron a la Corte en los planes de San Luis y de Guadalupe. En medio del fragor revolucionario, los tribunales del fuero de guerra se ocuparon de los delitos federales y asumieron la impartición de justicia en 1914. La Corte reabrió tres años después, cuando el presidente Carranza promulgó la Constitución en 1917 (aún vigente). El Poder Judicial se transformó y su ejercicio pasó a la (SCJN) y a los tribunales de Circuito y de Distrito. En los debates del Constituyente se propuso nombrar a los miembros de la Corte a través del voto popular, pero la idea de dejar esa tarea a un colegio electoral de diputados y senadores terminó por imponerse. Bajo ese criterio se eligieron 11 ministros para un periodo de cuatro años; a partir de 1923 serían inamovibles.

«Es indispensable (…) que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no (que) los designe la élite del poder económico y político».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república

Una reforma de 1928 limitó la autonomía de la Corte. Para aumentar su influencia, Plutarco Elías Calles canceló la facultad del Congreso de la Unión para elegir a los ministros, cuyo número aumentó a 16, y se la transfirió a él. La Cámara de Senadores, controlada por el presidente, debía ratificar los nombramientos. Ese mismo año, el asesinato de Álvaro Obregón (electo para un segundo periodo en la presidencia), atribuido al Jefe Máximo, abrió la puerta para la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y el nacimiento de la dictadura perfecta. El aparato judicial quedó en manos del Ejecutivo federal, con lo cual monopolizó los poderes públicos. Reformas posteriores elevaron a 21 y a 26 los asientos en la SCJN.

«En las instituciones encargadas de la procuración de justicia (…) es donde la incompetencia, la corrupción y la ruptura institucional son más frecuentes y de mayor daño para la seguridad de las personas».

(Ernesto Zedillo, en su discurso de toma de posesión)

Con el devenir y sin equilibrios ni oposición, el presidente adquirió facultades metaconstitucionales como las definió el jurista Jorge Carpizo, autor de El presidencialismo mexicano (1978). Las reformas a la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo, promovidas por el presidente Miguel de la Madrid en 1988, descentralizaron y agilizaron la justicia federal. También se le concedió a la SCJN la interpretación definitiva de la Ley fundamental y la facultad de atracción de casos relevantes.

De la Madrid calificó la reforma jurídica como «la más amplia» por su cobertura y por «permitir al ciudadano defenderse ante los actos excesivos de la autoridad». Sin embargo, advirtió: «Aún subsisten importantes problemas de seguridad pública que se han agravado por la situación económica y el intenso proceso de urbanización». Reconoció, asimismo, que la prevención e investigación policíaca y los procesos judiciales y de impartición de justicia «no son todo lo ágiles que se quisiera y subsisten fenómenos de deslealtad y corrupción». Los problemas, sobre todo el narcotráfico y la venalidad, se agravarían en los siguientes sexenios.

Presidente guante blanco

Ernesto Zedillo es uno de los pocos estadistas que han ocupado la silla del águila. El último presidente del PRI, antes de la alternancia, no afrontó al Poder Judicial —como ahora lo hace Andrés Manuel López Obrador—, al contrario, en su toma de posesión lo ponderó: «(…) en la cúspide del sistema de justicia contamos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha sabido ganarse a pulso el respeto de la sociedad mexicana por su desempeño ético y profesional». Por tanto, ofreció vigorizar «su carácter de órgano responsable de velar por la constitucionalidad de los actos de la autoridad pública». Antes del halago había anunciado «una honda y genuina reforma de las instituciones encargadas de la procuración de la justicia para hacer frente a la extendida criminalidad, a la frecuente violación a garantías individuales y derechos humanos, y a la grave inseguridad pública».

Es en ese ámbito —apuntó Zedillo— «donde la incompetencia, la corrupción y la ruptura institucional son más frecuentes y de mayor daño para la seguridad de las personas». Citó tangencialmente los «brutales asesinatos de figuras destacadas de la vida pública (Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, a quienes no mencionó)». Enseguida puso las cartas boca arriba: «Un Poder Judicial con una renovada fortaleza se consolidará como factor de equilibrio democrático entre los poderes de la Unión (…). Será el primer paso para una profunda transformación de nuestro sistema de justicia».

Al mes siguiente, la SCJN había desaparecido («golpe de Estado», se le llamó). El país permaneció más de 20 días sin Corte y no pasó nada. La reforma prometida por Zedillo en su discurso inaugural dio paso a un tribunal constitucional facultado para resolver las controversias entre los poderes y actos de inconstitucionalidad, en adición de la Ley de Amparo. Veintiséis ministros vitalicios fueron retirados con jubilaciones sustanciosas y su lugar ocupado solo por 11 (número establecido por la Constitución de 1917) para un periodo de 15 años. Zedillo se sacudió de paso la influencia de su predecesor en la SCJN. Entre los ministros que Salinas nombró por medio del Senado figuraban el exprocurador general de la República, Diego Valadés, y el exfiscal del caso Colosio, Miguel Montes. Jorge Carpizo, futuro titular de la PGR y secretario de Gobernación, también había sido ministro por Salinas.

«Después de una larga historia de sumisión a los designios del Ejecutivo, la reforma de 1994 marcaba el inicio de una nueva época para la Corte, que se veía revestida de una capacidad inédita para actuar de manera independiente y limitar de manera efectiva el poder político», escriben Josafat Cortez Salinas y Grisel Salazar Rebolledo en La construcción de la independencia y del poder de la Suprema Corte de Justicia en México. (Scientific Electronic Library Online, SciELO). Una de sus hipótesis sobre la reforma es «la búsqueda de legitimidad política». El PRI postuló a Zedillo tras el asesinato de Colosio y el sistema se volcó para hacerlo ganar.

Sobre el golpe a la Corte, el periodista Guillermo Mora Tavares reflexiona: «Entonces no se escucharon las expresiones de corrupción, tráfico de influencias, compadrazgo, plagio de tesis, liberación judicial de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices, o algo por el estilo. El argumento formal fue: es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. La interpretación generalizada: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Los medios poca atención dieron a tremenda situación. Había otros temas que convulsionaban al país (…)» (Contra Línea, 12.03.23).

Reforma judicial aplazada

Andrés Manuel López Obrador lidia con una Suprema Corte de Justicia (SCJN) adversa. Cinco de los 11 ministros fueron propuestos por Felipe Calderón (PAN) y dos por Enrique Peña Nieto (PRI), entre ellos Norma Piña, titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) desde el 2 de enero pasado; AMLO sugirió a los otros cuatro. Para empujar su plan reformista, el presidente intentó ampliar, de cuatro a seis años, el periodo de Arturo Zaldívar al frente del máximo tribunal constitucional y del Consejo de la Judicatura. Con esa intención, los grupos parlamentarios de Morena, PT y Partido Verde aprobaron cambios al artículo décimo tercero transitorio de la ley orgánica del Poder Judicial en abril de 2021. Sin embargo, la presión política y mediática la echaron abajo.

López Obrador defendió siempre la constitucional de la medida. Zaldívar se integró a la SCJN en 2009, durante el Gobierno de Felipe Calderón. Por su trayectoria y solvencia, AMLO lo eligió para llevar a buen puerto la transformación del sistema judicial. Aplicar las leyes contra la corrupción y el nepotismo en el PJ precisa que «el actual presidente continúe dos años más (…), estoy de acuerdo», dijo en rueda de prensa previo a la aprobación de la reforma. «Si no se amplía el periodo —advirtió—, quien llegue va a ser más de lo mismo», volver al viejo régimen. Los conservadores «han hecho un escándalo (…) porque saben de lo que se trata: «que los jueces sigan (…) al servicio del poder económico y político».

Zaldívar declinó a permanecer en la presidencia de la Corte el 8 de agosto de 2021, tras meses de discusión, antes de que el pleno invalidara la reforma. El ministro comunicó su decisión al presidente López Obrador «como una deferencia» por el apoyo para la renovación del Poder Judicial. Ofreció dedicar el resto de su gestión a «consolidar un combate definitivo y categórico contra la corrupción, por desterrar el nepotismo (…), el acoso sexual y por llevar justicia a la gente más pobre. (…) No cederemos a los intereses particulares internos y externos, a los grupos de poder que tenían atrapado al Poder Judicial y que ahora pretenden regresas a estas prácticas» (La Jornada, 07.08.21).

Tras la declinación de Zaldívar, López Obrador pensó en Jasmín Esquivel —una de las ministras propuestas por él al Senado— para retomar la reforma. Sin embargo, una campaña de medios, basada en el supuesto plagio de su tesis, dejó a Esquivel fuera de la carrera por la presidencia de la SCJN. El pleno de la Corte eligió a Norma Piña para el cargo el 2 de enero pasado al superar por un voto a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, uno de los ministros nominados por Felipe Calderón. Piña se incorporó al tribunal constitucional en 2015, en sustitución de Olga Sánchez Cordero. Su carrera la inició como profesora de primaria y en 1998 ingresó a la judicatura. Es la primera presidenta de la Corte, donde permanecerá hasta 2027.

Los ministros de la SCJN propuestos por AMLO son Juan Luis González Carrancá, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat (reemplazo de Eduardo Medina Mora, procurador general de Felipe Calderón, quien renunció por supuestas transferencias irregulares denunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera), extitular del Sistema de Administración Tributaria, y Margarita Ortiz Ahlf. De González y Farjat, el presidente se declaró arrepentido. «Me equivoqué (…) ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia». AMLO insistió en la necesidad de reformar el PJ, en el marco de su quinto informe. «Es indispensable (…) que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no (que) los designe la élite del poder económico y político». E4

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La justicia no es como un partido de fútbol: Arturo Zaldívar

El expresidente de la SCJN defendió la independencia del Poder Judicial frente los embates de los pseudo intelectuales; ahora es colaborador de Sheinbaum, candidata de Morena

«La agenda de la Corte no se fija en las columnas de periódico», declaró su presidente, Arturo Zaldívar, después de haber declinado a permanecer en el cargo hasta 2024. La SCJN cumple, dijo, y para demostrarlo citó dos de las sentencias más importantes dictadas por «la justicia constitucional (…) en el mundo»: la inconstitucionalidad del delito de aborto y objeción de conciencia. Pidió entonces abandonar «la crítica de mala fe» que busca «generar (…) una percepción de sumisión o de falta de independencia de la Corte o de su presidente con falacias de este tipo». El papel del máximo tribunal constitucional y de Poder Judicial, no debe verse como un partido de fútbol: «Si mi equipo gana (…), el árbitro estuvo muy bien y por fin despertó y por fin hay jueces en Berlín. Si mi equipo pierde, entonces el árbitro es una porquería, vendido, corrupto, sumiso, indigno».

«(…) ¡ah!, este acuerdo es a favor del Gobierno, entonces quien lo hace es un indigno; ¡ah!, este acuerdo es en contra del Gobierno, es un héroe nacional».

(Arturo Zaldívar, ministro de la Corte, 12.94.21)

Zaldívar instituyó las ruedas de prensa mensuales. En la del 12 de enero de 2022, explicó el funcionamiento de la Corte y defendió su independencia. Con respecto a la analogía futbolera, replicó: «Esto no es así (…), somos independientes y votaremos los asuntos de acuerdo con nuestro criterio (…). El derecho, y máxime el derecho constitucional, no es aritmética, no es una ciencia precisa ni una ciencia exacta, es un ejercicio argumentativo». Las decisiones de la Corte se deben discutir, sin embargo, el insulto «no es un ejercicio democrático». Puede hacerse «en la contienda política (…), pero cuando estas descalificaciones vienen de pseudo académicos, de pseudo intelectuales y de comentócratas, (…) lo único que reflejan es su poco nivel académico».

Zaldívar instó a discutir el desempeño de la Corte con argumentos. «Pero no: ¡ah!, este acuerdo es a favor del Gobierno, entonces quien lo hace es un indigno; ¡ah!, este acuerdo es en contra del Gobierno, es un héroe nacional». Tener voz en los medios de comunicación —aseveró— implica una responsabilidad «y descalificar por sistema y mintiendo, a la Corte, afecta a las instituciones y a la democracia». Por tanto, pidió a la opinión pública informada conducirse «con mayor seriedad. Si las resoluciones no gustan, debe criticarse la decisión y argumentar —después de leer la sentencia—, pero no descalificar a las personas ni llenarlas de insultos».

La democracia compromete a los cargos públicos a ser responsables, pero «quienes hacen un ejercicio de crítica en los medios también tienen una responsabilidad con el Estado y con la sociedad». Zaldívar dijo estar abierto a la crítica: «nunca me he escondido para atender los temas, siempre he mirado de frente». El ministro fue propuesto por Calderón para la Corte en 2009, y en 2019 se convirtió en su presidente. Zaldívar mantuvo una relación cercana con López Obrador y por eso se ganó la antipatía de los sectores más conservadores, quienes desde las tribunas corearon: «árbitro vendido».

«Un juez refleja su legitimidad a través de sus sentencias, de sus votos, de sus proyectos; aquí está en blanco y negro: con qué derechos y qué visión he estado comprometido desde que llegué a la Corte (…), con sentencias, decisiones y resoluciones, no con discursos, retórica ni salidas falsas». Para no dejar duda sobre dónde ha estado parado, pidió recordar casos emblemáticos como el de la Guardería ABC de Hermosillo. «Ese momento fue un escándalo; el caso Florence Cassez, con las amenazas, las presiones (…) del Gobierno de Felipe Calderón. El caso del uso lúdico de la mariguana; la primera sentencia (…) que decide en un amparo que hay omisión legislativa, es decir, que si un Poder Legislativo no legisla un amparo, se le puede obligar a legislar, que hoy ya es jurisprudencia del tribunal pleno».

Para los grupos de poder, Norma Piña es la heroína de turno. Zaldívar renunció como ministro y se sumó al equipo de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. E4

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Prensa y sociedad civil, débiles: WJP

Nuestro país ocupa los últimos lugares en eficacia y celeridad en impartición de justicia, ausencia de discriminación y efectividad de las investigaciones

México ocupa el lugar 116, de 142 países, en el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project (WJP, Proyecto de Justicia Mundial, por sus siglas en inglés) con sede en Washington. Su fundador, William Horlick Neukom, presidió la Asociación de Abogados de Estados Unidos y fungió de asesor legal y vicepresidente de Microsoft. «Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate la pobreza», dice WJP en su sitio. Asimismo, «es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, y funge como la base del desarrollo, de Gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales».

«Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate la pobreza», dice WJP en su sitio. Asimismo, «es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, y funge como la base del desarrollo, de Gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales».

William Horlick Neukom, World Justice Project

WJP observa a escala mundial, por sexto año consecutivo, un declive en el régimen de libertad, derechos fundamentales, separación de poderes, legalidad y protección judicial frente al uso arbitrario del poder, que las constituciones deben garantizar en la sociedades democráticas. El Estado de Derecho registra menguas en más de la mitad de los países evaluados; en el 78% la caída es constante desde 2016. La puntuación de México en el Índice global es de 0.42 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa el mayor apego al Estado de Derecho. La calificación más alta (0.47), tomada de ocho factores, la obtuvo en 2015; entonces estaba en la posición 79 (de 102).

El factor 1 del Índice (Límites al poder gubernamental) determina si los gobernantes están sujetos a la ley, si existen frenos y contrapesos para obligarlos a rendir cuentas y controles no oficiales como una prensa libre e independiente. La calificación de México en este elemento (.44) lo ubica en el puesto 104, un descenso con respecto a 2015 cuando el puntaje era del .51 y ocupaba el lugar 61. El mayor retroceso se advierte en orden y seguridad, donde pasó de 0.61, en 2016, a 0.50 este año. El sistema de justicia civil presenta un deterioro en el mismo periodo (0.44-0.37).

WJP observa también un debilitamiento de la sociedad civil y de la prensa como equilibrios no gubernamentales (0.58-0.48) y un estancamiento en la lucha contra la corrupción (0.33-0.26). En Gobierno abierto, México subió al lugar 45 con 0.58. La mejor posición de nuestro país (71) corresponde a la transición de poder con arreglo a la ley y la integridad de los procesos electorales con 0.61 de puntuación. En cuanto a la capacidad de los poderes judicial y legislativo como contrapesos, México ostenta los sitios 99 y 108, en declive desde 2015. El puntaje y el puesto menores (0.27 y 133) guardan relación con la falta de castigo a los funcionarios que abusan de sus atribuciones, sin cambios notables desde 2015.

Por lo que toca a la eficacia en la procuración e impartición de justicia, el respeto a los derechos de las personas detenidas, privadas de la libertad y a las víctimas de delito, México se ubica en la posición 81. En «ausencia de corrupción en justicia penal» cae al sitio 130; en «efectividad y celeridad en impartición de justicia» la baja es de dos puestos, con una calificación de 0.27 (en 2015 tenía 0.33); y en «ausencia de discriminación en justicia penal se desploma al 138. El peor lugar (140) lo tiene en «efectividad de las investigaciones». Frente a la erosión del Estado de Derecho, en México y en gran parte del mundo, es inaplazable reformar el sistema de justicia para reforzar su independencia y mantenerlo fuera de la influencia del poder político y de los grupos de interés. E4