Que no quede en palabrería lo que declaró el presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) al asumir el cargo por obra y gracia del Instituto Nacional Electoral (INE) en el sentido de que como árbitro electoral cuidará que ese ente «esté realmente blindado a presiones» para que los acontecimientos en las jornadas de elección sigan un camino en determinado sentido.
Asimismo, comunica que «frenará las insinuaciones con base en las decisiones que tome el consejo e imponga las sanciones, en su caso, a cualquier político, candidato o partido político, ya que su instituto estará ofreciendo transparencia, por lo que no le preocupa la presión política, pues su valor está fincado en la certeza, la legalidad y la objetividad».
En teoría, esas afirmaciones demuestran que el papel del IEC comulga con la legalidad que es lo que hace «valer la normatividad que los partidos políticos aprueban y que por lo tanto la próxima jornada electoral será una elección muy competitiva».
Con relación a su opinión de que la elección de junio de 2023 para elegir al nuevo gobernador considera que va a ser muy competitiva, me parece poco remoto aceptar esa premonición, ya que la competitividad, según la academia en su segunda acepción, la define como rivalidad o competencia intensa para conseguir un fin, hasta aquí la definición. Sin embargo, también debe aceptarse como ventaja competitiva, característica única que distingue a una persona en comparación con otra como la mejor opción, máxime cuando esta persona es empujada por una fuerza con poder.
Desmenuzando las líneas anteriores advierto que la competencia electoral sufre de una diferencia, pues ahora mismo está viviendo una desigualdad de circunstancias relacionadas con la realización de eventos que son equiparables a mítines proselitistas, encaminados a la absorción de electores potenciales aún y que se diga que no hay delito en virtud de que todavía no existen candidatos, y que por lo tanto no se viola la normatividad, por lo que es necesario aplicar un criterio que derive en reglas legales que defina qué tipo de eventos son o no catalogados como actos anticipados de campaña y puedan ser o no sancionados.
Por el lado del responsable de los actos proselitistas de Morena, y con relación a lo anteriormente dicho, la fuerza con poder es sin duda la del presidente de la República, quien como dueño único de las imposiciones ha obligado a una persona, concretamente al señor Mejía, quien carece de la aceptación social como consecuencia de su desapego al Estado, a su falta de experiencia en asuntos políticos que lo ha obligado, digo, a competir en las próximas elecciones por la gubernatura y sentarlo a como dé lugar, por lo que considero que el IEC debe intervenir con todo el poder de la regla, tomando en cuenta los mítines y las manifestaciones propagandistas que realiza anticipadamente. Usted dijo que «son atribuciones de la autoridad electoral que no puede dejar de ejercer» por lo que los coahuilenses esperaremos en palco proscenio para comprobarlo.
El mensajero es el mensaje, pues este personaje de Morena avecindado en Acapulco, está sometido a lo que le indique el presidente e impregnado de un ambiente de trabajo donde prevalecen las medias verdades, las desviaciones ilegales, los caprichos, las ocurrencias y los insultos, lo que denota que el empecinamiento de hacerlo titular del Ejecutivo Estatal, imprimirá el mismo estilo de su mecenas y mentor en medio de una atmósfera llena de incertidumbre que ha provocado resultados negativos en muchos aspectos del quehacer nacional e internacional.
No deseamos una persona desconocida como el señor Mejía que lo envíen a conducir los trabajos gubernamentales, ya que su trayectoria percibimos que ha sido escasa en materia política, lo que representa un peso mínimo que incide en el ánimo electoral, pues su carrera ha sido gris, lo que impide una consideración generalizada que atraiga confianza por lo que es imposible otorgarle el beneplácito.
Se lo digo en serio.
