Las elecciones de junio próximo serán las número cuatro celebradas en Coahuila en los cinco últimos años. La calidad de los gobiernos y congresos dista mucho de estar no solo a la altura de las circunstancias y de las expectativas ciudadanas, sino también del gasto multimillonario y del agotamiento social implícitos. En nuestro estado coincidirán por primera vez los comicios de alcaldes y diputados federales; a escala nacional se renovará casi el 50 y el 95 por ciento de las gubernaturas y los ayuntamientos, respectivamente, así como la totalidad de los congresos locales, excepto los de Coahuila e Hidalgo.
Los partidos realizan campaña atenidos a sus estructuras, al desgaste del adversario y en no pocos casos al apoyo de fuentes ilegítimas para comprar votos y silencio. Financiados por el Estado con carretadas de dinero mientras a sectores prioritarios, como el de salud, se les recortan presupuestos en tiempos de pandemia, los membretes partidarios, aún somnolientos y en la hamaca, estiran la papeleta a los ciudadanos para que crucen sus escudos sin merecer su voto; luego extraña el alto abstencionismo. Con candidatos reciclados y propuestas fantasiosas y etéreas, ¿quién les hace caso?
En el plano nacional, la probabilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador retenga el control del Congreso, enerva y pone la piel de gallina a quienes no pudieron detenerlo en 2018 y ahora suponen que la crítica sin acción ni liderazgos políticos basta para cambiar el curso de la historia. Morena es el partido a vencer a pesar de las pifias del gobierno, de sus conflictos tribales y de una larga campaña de desgaste contra la Cuarta Transformación, la cual ha debilitado más a sus patrocinadores y voceros que al caudillo, forjado en la resistencia mientras las oposiciones vegetaban y se repartían el país cual botín.
En Coahuila al partido en el poder le espera una elección competida, a diferencia de la previa, la cual, como en cada proceso para nombrar diputados locales en solitario, el desafecto ciudadano por legislaturas anodinas y apéndices del gobernador de turno y partidos de oposición desdibujados y anodinos le permitió al PRI hacer carro completo y declarar su victoria como proeza nacional cuando en realidad es un anacronismo. Pocos meses bastaron para medir los alcances y limitaciones del actual Congreso, reacio a investigar la megadeuda, pero aquiescente para autorizar deuda disfrazada de asociaciones de inversión público privadas. Al partido tricolor no solo le resultará difícil recuperar los municipios perdidos en 2019, sino también conservar la capital, donde la alternancia esta vez podría ser con Morena.
Si el Instituto Nacional Electoral ha jugado un papel protagónico en el proceso, al cancelar candidaturas de Morena e invadir funciones correspondientes al Congreso, en un impulso tardío de celo institucional, falta ver la actuación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, un ente caracterizado en el pasado por su inutilidad. Su actual titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, hombre comprometido con la justicia y libertad, militó a finales de los sesenta del siglo pasado en la corriente democratizadora del exlíder priista Carlos A. Madrazo. Hoy tiene la responsabilidad de terminar con la simulación en la Fepade, someter a los partidos a la ley y vigilar el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Democracia suscrito por el presidente y los gobernadores, innecesario donde se respete el Estado de derecho, pero indispensable en un país donde la compra de votos pervierte las elecciones.
