El próximo 2 de junio casi 95 millones de mexicanos podrían acudir a las urnas para definir poco más de 19 mil cargos de elección popular entre la presidencia, 500 diputados federales, 128 senadores, 9 gubernaturas, mil 803 alcaldías y mil 092 diputaciones locales en todo el país.
Será sin duda la elección más grande, compleja y seguramente cuestionable en la historia del país por la división y debilidad presupuestaria, de personal y operatividad en los órganos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Federal Electoral (Trife).
A nadie conviene que la elección se judicialice y menos aún sea cuestionable en la transparencia y legitimidad de los resultados, pero políticamente es una posibilidad que puede beneficiar a la ingobernalidad para dar paso al autoritarismo con la consecuente militarización total de la estructura de la administración pública de los tres niveles de Gobierno.
El INE sufrió un recorte presupuestal de 5 mil 300 millones de pesos y sólo podrá organizar y ejecutar las elecciones presidencial y legislativa federal con 32 mil 767 millones de pesos, situación que podrá ser usada en su contra para cuestionar la realización de los comicios para completar urnas, boletas y capacitación de funcionarios y ciudadanos que instalarán casillas con menor presupuesto financiero.
El Trife solo opera con cinco de los siete magistrados que requiere para funcionar y de los cinco que hay, existe una división de tres y dos, que seguramente mantendrán divididos proyectos y votos para sancionar las numerosas denuncias y controversias que surgirán al terminar la elección del 2 de junio.
A nivel local, en Coahuila el panorama podría ser diferente, pues la elección de las 38 alcaldías podría transcurrir con mayor tranquilidad y sobre todo con pocos sobresaltos respecto a los resultados, ya que las encuestas aún posicionan fuerte a la alianza PAN, PRD y UDC y la oposición tendría pocas oportunidades sobre todo de ganar las ciudades con la mayor concentración de votantes.
El meollo del asunto vendría en la elección federal de diputados y senadores pues es el proceso es sancionado por las autoridades nacionales electorales y seguramente generará problemas en las urnas aún y cuando los votantes acudirán al mismo tiempo para elegir alcaldes y legisladores federales.
La elección y votación más importante de todas será sin duda, esa, la del poder legislativo (senadores y diputados), pues es aquí donde la oposición tiene la única oportunidad de competir y sobre todo de hacer frente a las iniciativas y tendencias absolutistas del actual grupo de poder en el gobierno federal y de varios estados de la república.
En el caso de la presidencia, los resultados. Aunque no serán los de la anterior elección, aún se antojan lejos para siquiera igualarlos, pero el margen de ventaja en las encuestas, entre una candidata y la otra, parece no cambiará y tampoco generará controversias legales en el resultado final.
El panorama no se observa positivo, y por el contrario, para muchos la estrategia de debilitar y dividir los órganos electorales tiene como objetivo cuestionar los resultados de la elección y por consecuencia establecer una nueva forma de gobierno más autoritario y sin una oposición que ofrezca un equilibrio en el poder gubernamental que beneficie a todos y no solo a unos cuantos.
