Endurece 4T la regulación y vigilancia del outsourcing

La subcontratación de personal no es una mala práctica, pero hay empresas que la usan para obtener ventajas al violar derechos laborales: especialistas. Se ha convertido en comercio ilegal de trabajo, acusa el gobierno federal

En Coahuila, 43 mil despidos en cinco meses

Con la iniciativa para regular la forma en que las empresas se valen de otras para reclutar personal —outsourcing—, el gobierno federal pretende evitar que la modalidad se aproveche para abusar del trabajador al mantener deprimido su ingreso y prestaciones laborales.

La estrategia puede leerse como un tiro a dos bandas. Poner lupa sobre el tema de las contrataciones de personal implica identificar a las compañías que recurren a la simulación de la tercerización para eludir o aminorar sus cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Infonavit, o el ISR laboral que reportan a la Secretaría de Hacienda, hechos que el Ejecutivo identifica como «defraudación fiscal», aunque aceptó reconsiderar la intención de catalogar estas prácticas como «crimen organizado».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que también reconsidera desistir de su plan de eliminación absoluta de la subcontratación, para enfocarse más bien en «“poner orden” a una práctica que afecta a más de 4 millones de trabajadores».

«El interés apunta a que las empresas se apeguen al Estado de derecho. Si cumplen con la ley no habrá nada qué perseguir».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

La intención es regular tres líneas: la subcontratación de personal, los servicios y obras especializadas, y las agencias de colocación. «El interés apunta a que las empresas se apeguen al Estado de derecho. Si cumplen con la ley no habrá nada qué perseguir», aseguró el presidente.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo (STPS), indicó que para conseguirlo la propuesta incluye modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.

Simulación nociva

Aunque algunas modalidades de subcontratación laboral ya operaban en el país desde años atrás, el outsourcing como figura formal existe en México desde 2012, cuando fue incluido en la ley laboral para apoyar a las compañías que no tienen experiencia en temas fiscales, de reclutamiento de personal o de seguridad social.

Sin embargo, a los pocos años de implementarse, la débil supervisión derivó «en el surgimiento de firmas que fingen cumplir con la ley», según refiere la Asociación Mexicana de Capital Humano (Amech), organización que afirma que se han detectado, al menos, 900 compañías que evaden las obligaciones legales a través del «comercio laboral».

En la exposición, Luisa María Alcalde compartió uno de los hallazgos que el grupo interinstitucional encargado de la reforma encontró en Cancún, Quintana Roo. «En un hotel con una plantilla de 802 trabajadores solo dos de ellos estaban reconocidos como empleados directos de la empresa, los otros 800 estaban subcontratados a través de 14 tercerías».

En los detalles del caso, señaló que 762 empleados estaban registrados con salario mínimo falso, «pues mediante bonos, seguros y prestaciones alternas se incrementaban sus ingresos reales». Además, 40 de ellos ni siquiera estaban dados de alta ante el IMSS, lo cual los define como informales, y ningún empleado conocía o reconocía el nombre de la empresa que pagaba su salario.

4.6 millones de trabajadores operan bajo alguna figura de subcontratación en México.
200 mil empleos subcontratados se añaden anualmente a economía nacional.
200 mil mdp es la evasión de impuestos que calcula el gobierno por «mala subcontratación».

«Cuando no sabes qué empresa te tiene contratado, ¿a quién acusas si no te pagan o te corren sin justificación? En una posible demanda resulta que la empresa o no tiene patrimonio o no existe, porque son empresas “fantasma” que se crean y desaparecen para evadir responsabilidades», abundó.

La funcionaria dijo que los empleados de ese hotel eran obligados a recontratarse cada tres meses con una empresa distinta, así no acumulaban antigüedad. «La reforma se hace necesaria porque hay una gran cantidad de empresas que, al operar del mismo modo, afectan al fisco, pero principalmente al trabajador».

Añadió que la implementación de la reforma ayudará incluso al sector empresarial a equilibrar la competencia, pues las compañías que operan en la legalidad y cumplen con sus obligaciones se ven en desventaja.

López Obrador apuntó que se apegarán al principio vigente en la ley de que «el trabajo es un derecho y un deber social, no una mercancía». Dijo confiar en que las modificaciones sean aprobadas, tras lo cual la STPS deberá expedir las reglas y, una vez publicadas, los empleadores que presten servicios especializados tendrán seis meses para conseguir la autorización de la dependencia.

De acuerdo con cifras del Economic Report edición 2018, elaborado por la World Employment Confederation (WEC), la tasa de penetración de trabajadores de outsourcing en México es de 0.9%. La asociación afirma que, hasta ese año, en el país existían unas 900 empresas que ofrecían el servicio de tercerización de personal, pero solamente 100 estaban registradas ante las autoridades. Agrega que Estados Unidos es el país que posee un mayor número de empleados subcontratados al sumar 15 millones 600 mil trabajadores. Le sigue China, con ocho millones 680 mil empleados. Y en tercer lugar Japón, con 2.6 millones.

Voces a favor

La iniciativa de outsourcing de López Obrador busca combatir la simulación y quitar los «vicios» en el uso de ese esquema de contratación, pero permitirá a las empresas recibir servicios especializados y contratar personal que se justifique, dijo el abogado laboralista Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo.

«Esa es la esencia de la reforma, porque la evasión de las obligaciones se ha vuelto algo que crece día a día. Es una iniciativa que pone orden. Sólo deben preocuparse los que violan la Ley» (El Financiero,12.11.20), comentó.

Expuso que el planteamiento separa el concepto de subcontratación del de servicios especializados. «Cuando se trate de servicios u obras especializadas que no tengan que ver con la actividad económica esencial de la empresa sí será permisible, tal como se lleva a cabo en otros países», apuntó.

Por su parte, Carlos Alberto Jiménez Bandala, jefe del doctorado en Administración e investigador de la Facultad de Negocios en la Universidad La Salle, señaló que «se trata de una muy buena propuesta en un área que requiere atención urgente, pues hay una gran cantidad de trabajadores bajo esta modalidad, los cuales padecen la precarización de sus condiciones laborales» (Expansión, 17.11.20).

El especialista indicó que actualmente en México el 17% de los trabajadores formales no depende de la empresa donde presta sus servicios, y especificó que «de ese 17%, el 80% está en condiciones precarias de trabajo, sin alguna prestación laboral o de seguridad social, y permanece en el segmento de salarios bajos. Podemos inferir que el 80% de quienes están en outsourcing se encuentran en estas prácticas perversas».

Respecto al tema, en un comunicado del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), si bien su director, José Luis de la Cruz, enfatiza que «debe evitarse la generalización de que el outsourcing es malo», también apoya la idea de «hacer un análisis puntual para ubicar a las “empresas fachada” que incumplen la ley».

Incertidumbre empresarial

De cara al planteamiento, los organismos patronales del país refieren que la propuesta implica una prohibición tácita del outsourcing. Señalan que su aprobación no solamente afectaría la generación de nuevo empleo, sino que ampliaría el recorte del que ya existe, y eso agravaría el debilitamiento de la economía a raíz del confinamiento social por la COVID-19.

La secretaria Alcalde enfatizó que la mitad de las masas laborales contratadas a través de tercerías, que ven vulnerados sus derechos de antigüedad, a indemnización por despido o a bajas maternales o por accidente, trabaja en compañías con plantillas de más de 150 trabajadores, principalmente en la industria manufacturera o el sector servicios.

López Obrador reprochó directamente a la firma mexicana Alsea, que opera cafés Starbucks en México y otras marcas como Burger King, por haber despedido a trabajadores durante la pandemia del coronavirus, aunque no dio detalles sobre las reclamaciones de los empleados.

En respuesta, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, criticó en Twitter el proyecto: «La iniciativa de reforma al mecanismo de la subcontratación presentada por el @GobiernoMX traiciona el compromiso de construir un cambio legal a partir del consenso con el sector privado» (12.11.20).

Ya desde diciembre pasado, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pidió no «criminalizar» el outsourcing, al conocerse que el partido oficialista Morena pretendía lanzar una reforma con ese «perfil represor».

En otro pronunciamiento, los industriales de la transformación instaron a que el sector privado y el gobierno negocien un consenso previo al fallo que emita el Congreso, porque implementar la modificación como va, y en un contexto en el que toda producción local compite en el mercado global, pondría en desventaja a la industria instalada en México frente a otros países con regulación de outsourcing más flexible.

Juan Manuel Chaparro, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra, reconoció que la subcontratación legal permite reducir costos laborales, acercarse a fuentes de tecnología e innovación para sus productos y tener personal especializado o con experiencia, «por eso debe prevalecer para todos, incluido el gobierno; ya que incentiva la generación de empleos formales y fortalece la competitividad y productividad a las empresas». Advirtió que eliminarlo desalentaría la inversión privada en nuestro país (El Economista, 19.11.20).

No obstante, Salvador Saavedra, presidente de la Rama Industrial 105, Fabricantes de Remolques y Semirremolques de Canacintra, asegura que «todos los empresarios honestos estamos en contra de que la subcontratación se use para eludir o evadir obligaciones fiscales o laborales… Urgimos a las autoridades y congresistas a estudiar las causas que han dado origen a esta forma de relaciones laborales para hacerlas más eficientes con una mejor regulación, sin que en ello medie su prohibición» (T21, 17.11.20).

Bajo ese contexto, de acuerdo con una publicación de Staffing Industry Analysis (SIA) (20.11.20), la Confederación Mundial del Empleo (CME) ofreció su ayuda a México en la redacción de una legislación que apoyaría a la industria y al país «a combatir a las empresas rebeldes».

En una carta dirigida al presidente López Obrador y a otros funcionarios del gobierno, se apunta que «una solución crucial para esto es la creación de un marco legal que reconozca y regule los contratos de trabajo y los servicios de trabajo de agencia. «Eso distinguiría a los actores del mercado legal de los deshonestos y crearía una elección basada en la calidad, tanto para las empresas como para el trabajador».

La Confederación Mundial del Empleo señaló que la mayoría de los países desarrollados tienen esa legislación. «Reconocemos los desafíos que presenta el mercado laboral mexicano, con sus altos niveles de informalidad y una cantidad importante de proveedores deshonestos», dijo Bettina Schaller, presidenta de la CME.

En la carta, Schaller expresa su apoyo a la lucha contra los jugadores deshonestos y se ofreció a «aportar sus 50 años de experiencia en la industria para redactar un marco regulatorio apropiado que sirva al pueblo mexicano, al mercado laboral y a la economía». E4

Los puntos que más endurecen la figura del outsourcing en la iniciativa presentada por el Ejecutivo son:

• Con excepciones específicas, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
• Sólo se permite la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social o actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos.
• Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsable solidario de trabajadores.
• A las empresas que presten servicios especializados deberán solicitar autorización a la Secretaría del Trabajo (STPS), y renovarla cada tres años. Quedarán inscritas en un padrón público.
• Quedan permitidas las agencias de colocación, pero sólo en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación) y en ningún caso se considerarán como patrones.
• La violación a las nuevas disposiciones implicará multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización; para este 2020, esos valores van de los 173 mil 760 pesos hasta los 4 millones 344 mil pesos.
• Los pagos por subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento; además, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal.

Fuente: Gobierno de la República

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En Coahuila, 43 mil despidos en cinco meses

La contratación de empresas para que realicen un servicio o produzcan una parte de lo que elabora otra empresa, constituye un outsourcing.

En ese tema el ejemplo más claro son las maquiladoras, y aunque las más conocidas son las fábricas de ropa, también son maquiladoras la gran cantidad de plantas que producen en México componentes de automóviles que se fabrican y venden en Estados Unidos. Esta industria evitó la quiebra que sobrevendría al verse obligada a pagar altos salarios —medida impuesta por el sindicato de trabajadores en EE.UU.— gracias a este esquema de trabajo, pues transfirió su producción a México para producir autopartes más baratas.

Si bien con la tercerización gana la industria automotriz estadounidense, también lo hace la economía mexicana, pues aquí se crearon miles de empleos. Aunque los salarios locales son menores a los conseguidos por la United Auto Workers (UAW), son mayores en comparación con los imperantes en el promedio de la industria nacional.

Sin maquiladoras, los autos americanos subirían de precio y en México se perderían puestos de trabajo, además de lacerar una importante fuente de ingresos de divisas que ayuda a mantener la estabilidad cambiaria.

A pesar de ello, esta industria no es ajena al manejo irregular que se manifiesta a nivel interno en el tema de subcontratación de personal. En Saltillo, cuya zona conurbada es sede de armadoras de General Motors, Chrysler y Daimler, además de la gran cantidad de proveedores que sus procesos productivos encadenan, también han proliferado oficinas de reclutamiento que facilitan tanto la anexión como el desprendimiento de fuerza laboral, en consonancia con los vaivenes del proceso productivo.

De ese modo no le fue difícil recortar personal cuando se recrudecieron los problemas derivados de la pandemia de COVID-19 que orillaron a la población a un confinamiento obligatorio.

De acuerdo con datos del Seguro Social, de los 780 mil 716 trabajadores registrados ante la institución en febrero de 2020, la cantidad bajó a 737 mil 772 en julio; es decir, durante los meses más crudos de la primera ola de contagios de COVID-19, en Coahuila se recortaron 42 mil 994 empleos formales, la mayoría de ellos recién contratados entre el cierre de 2019 y principios de 2020.

Esa cifra de despidos no tiene precedentes, menos al tratarse de un recorte de personal en un tramo del año en el que el ciclo estadístico suele registrar su mayor tendencia de contrataciones.

En su discurso, el presidente López Obrador aseveró que «el mecanismo de outsourcing ilegal» no debería existir por los múltiples abusos que se pueden cometer bajo esa figura. «La subcontratación facilita los abusos. Despiden a los trabajadores en diciembre para no darles prestaciones, aguinaldos, reparto de utilidades y los vuelven a contratar en enero o febrero», acusó.

«Lo mismo ocurrió con la pandemia, donde el outsourcing simulado les facilitó a las empresas el despido masivo de personal sin que les implique un alto costo. Si no los dejan acumular antigüedad, a la hora de despedirlos no tienen que indemnizarlos como realmente les corresponde». E4