La Constitución General de la República se modificó en 2014 para anticipar la toma de posesión del futuro presidente. Por tanto, el periodo de López Obrador durará dos meses menos que el de sus predecesores; terminará el 30 de octubre de 2024. A partir de entonces se volverá a los sexenios completos
El péndulo de la sucesión y el nuevo gabinete
El mandato de las urnas y la hora de la verdad
Coahuila está en el limbo de los seis meses que median entre las elecciones de gobernador y el cambio de estafeta. Será el relevo 19 entre militantes del mismo partido (PRI), pues la alternancia se volvió a frustrar. De lo contrario habría ebullición en vez de calma. El periodo resulta demasiado largo. No hay interregno, pero el gobernador Miguel Riquelme y Manolo Jiménez deben ingeniárselas para compaginar sus agendas sin generar celos ni conflictos. La relación entre las cabezas es cordial, pero las diferencias entre los mandos medios pueden escalar. Por de pronto no existen nubarrones en el horizonte.
Los tiempos para la transmisión del poder local y federal se han acortado, pero todavía son prolongados si se toma en cuenta que en la mayoría de los países es apenas de semanas. En Nuevo León y Tamaulipas, el lapso es de cuatro meses; en Estado de México y Durango, de tres y medio; y en Chihuahua, de tres. Para entrar en la misma dinámica, Coahuila tendría que reducir el mandato del próximo gobernador mediante cambios a la Constitución. La reforma político electoral de 2014 limitó el actual periodo presidencial a cinco años 10 meses por única ocasión. Andrés Manuel López Obrador terminará su gestión el 30 de septiembre de 2024, y quien le suceda cubrirá el sexenio completo a partir del 1 de octubre.
Riquelme dedica los últimos meses de su Gobierno a despedirse, a dar conferencias y a entregar la casa en orden. Ha dicho que no dejará obras inconclusas. Su predecesor Rubén Moreira inauguró los hospitales oncológico y materno infantil de Saltillo a bombo y platillo, pero eran puro cascarón. El proyecto Metrobús Laguna, iniciado en 2016, costó más mil millones de pesos, pero se abandonó entre denuncias de corrupción no investigadas. La infraestructura se vandaliza y deteriora. No hay recursos para repararla ni fecha oficial para poner en servicio el Metrobús. La inversión se desplomó en los 12 últimos años por la megadeuda, cuyo servicio rondará este año los 6 mil 700 millones de pesos, equivalente al 10% del presupuesto.
Manolo Jiménez, por su parte, ocupa el tiempo en planear los 100 primeros días de Gobierno y en bosquejar su gabinete. La costumbre de fijar metas inmediatas la inició el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt (FDR), en un contexto de emergencia nacional. FDR asumió el poder (1933) en la etapa más crítica de la Gran Depresión. El inicio turbulento de la administración rooselviana lo narra Adam Cohen en el libro Nada que temer: El círculo íntimo de FDR y los 100 días que crearon el Estados Unidos moderno. Agobiados por el desempleo, la falta de alimento y con la moral por el suelo, los estadounidenses esperaban resultados inmediatos. Roosevelt —a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador homenajeó en Washington el 12 de julio de 2023— superó las expectativas. «Los primeros 100 días del “New Deal” han servido a los futuros presidentes para construir un liderazgo audaz y buscar la armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo», escribe Anthony Badger, historiador de la Universidad de Cambridge, en FDR: los primeros 100 días. Roosevelt murió en abril de 1945 luego de haber jurado el cargo por cuarta ocasión, pero dejó ganada la Segunda Guerra Mundial. La marca de los primeros 100 días, inventada por Napoleón hace dos siglos, es hoy un mecanismo comunicacional que utilizan los políticos para producir acciones calculadas.
Arrogancia e impostura
Además de allanarle el camino hacia la gubernatura a Manolo Jiménez, Miguel Riquelme le ahorró seis meses de incertidumbre. Tal fue el tiempo transcurrido entre los comicios de 2017 y la validación del resultado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una semana antes de la toma de posesión. Coahuila permaneció en ascuas medio año. Anular el proceso implicaba designar un gobernador interino y celebrar elecciones extraordinarias con nuevos candidatos. Conjurado el riesgo y después de asumir el cargo, empezó la ardua tarea de reconciliar a un estado que en su mayoría castigó al PRI por los desmanes del moreirato, todavía impunes. Sin embargo, la dispersión del voto opositor frustró la alternancia.
En su libro Liderazgo. Seis estudios sobre estrategia mundial, Henry Kissinger atribuye el éxito del primer canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer —electo recién concluida la Segunda Guerra Mundial—, a la «estrategia de la humildad». La derrota y la culpa del pueblo alemán no le impidieron al exalcalde de Colonia levantar a su país de la ruina moral y económica. Adenauer recuperó la confianza de Europa, sentó las bases de la futura potencia y encaminó a las dos Alemanias hacia la reunificación. Adenauer es el estadista que, en términos de Bismarck, piensa en la siguiente generación; no el político preocupado en ganar la próxima elección. La falta de estadistas y el exceso de políticos explican el caos actual.
La humildad es una de las virtudes menos comunes entre la clase política, dominada por la arrogancia y la impostura. Empero, mientras los dirigentes no reconozcan sus debilidades y limitaciones, difícilmente restablecerán los vínculos con la sociedad. Los detentadores del poder no reparan tampoco en que «Los hombres situados en los altos puestos son tres veces ciervos» (Francis Bacon). Menos consideran que «Cuando el jefe puede todo lo que quiere, se corre el gran riesgo de que quiera lo que no debe querer» (Baldassare Castiglione). Coahuila paga las consecuencias de haber sido gobernado por enfermos de poder.
En Coahuila tirios y troyanos coinciden en que Miguel Riquelme sorteó la crisis política, financiera y de credibilidad —herencia de los hermanos de Humberto y Rubén Moreira—, debido a la estrategia de mano tendida y puertas abiertas seguida desde el primer día de Gobierno. En su discurso inaugural pidió a los coahuilenses, que meses atrás habían tomado las calles para repudiar al clan y demandar la anulación de las elecciones, dejar atrás los rencores. «Es momento —dijo— de buscar la reconciliación política». El objetivo lo consiguió en términos generales.
Riquelme jugó sus cartas. La victoria pírrica y bajo sospecha conseguida en 2017 no dejaba espacio para la soberbia y la venganza, típicas de los Moreira. En vez de sembrar vientos, el lagunero tendió puentes, sobre todo con los sectores más escépticos. Franqueó las puertas del Palacio de Gobierno a los perseguidos por la tribu e hizo lo que las circunstancias le permitieron. Maniatado por la deuda —cuyos expedientes permanecen cerrados y el atraco sin castigo— no pudo realizar una gran obra. A cambio, mantuvo al estado fuera del ojo del huracán. La seguridad es su activo principal. Sin embargo, como se advirtió en las campañas electorales, el disparo de las adicciones por el consumo de fentanilo y cristal, aunado a la pobreza, puede desatar a corto plazo una crisis de alcance mayor.
Relevo sin sobresaltos
Después de entregar la banda presidencial y sin abandonar todavía la Cámara de Diputados, la prensa interrogó a Carlos Salinas de Gortari sobre la aptitud de Ernesto Zedillo para gobernar. El país seguía convulsionado por el alzamiento zapatista y los crímenes del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio (LDC) y José Francisco Ruiz Massieu (atribuidos al Estado). También por las turbulencias financieras que días más tarde provocarían la devaluación del peso y la crisis conocida como el «Efecto Tequila» o el «Error de diciembre». Replicó Salinas a los periodistas: «Aprende pronto». Tecnócrata sin trayectoria política, Zedillo llegó a la presidencia por el asesinato de Colosio.
En un contexto diferente, pero sobre el mismo tema, el gobernador Miguel Riquelme declaró en rueda de prensa que no le daría consejos a su sucesor, Manolo Jiménez. «No los necesita». La cercanía del exalcalde de Saltillo con el mandatario explica su ascenso meteórico. El apoyo de Jiménez a Riquelme en la capital, en los momentos críticos de la elección de 2017, que el lagunero estuvo a punto de perder, resultó crucial; y la recompensa, proporcional. En apenas cinco años, el exdiputado local ocupó la alcaldía, la Secretaría de Desarrollo Social y la candidatura al Gobierno. La sucesión se resolvió desde un principio.
En uno de sus primeros discursos como gobernador —y acaso inmerso todavía en el conflicto poselectoral que lo tuvo en vilo seis meses—, Riquelme prometió a Saltillo que le iría muy bien. La conseja de que los votos de la capital inclinaron la balanza a su favor, después de perder Torreón, había tomado carta de naturalidad. La declaración de Riquelme cayó como balde de agua fría en La Laguna donde el sentimiento por el abandono de las autoridades estatales y su preferencia por Saltillo, aún estaba a flor de piel.
La mejor manera que encontró Riquelme para retribuir a Saltillo y al empresariado su respaldo fue convertir a uno de los suyos en su delfín y acorazar la elección. La alianza con la IP la afianzó otros intereses. El cierre de filas para evitar que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se hiciera con la gubernatura, aunado a la división en Morena y a la postulación de un candidato débil como Armando Guadiana, cerraron la pinza. El PRI pudo ahorrarse la coalición con el PAN y el PRD, pues los 660 mil votos propios superaron por más del doble a los de Morena. La votación total (765 mil) es difícil de explicar. Habla de un control casi total y de una maquinaria con recursos y métodos sofisticados para generar votos.
La relación entre Riquelme y Jiménez asegura un cambio de timón sin sobresaltos. El gobernador deja al sucesor asuntos que no pudo cumplir por falta de tiempo, pero sobre todo de presupuesto, lastrado por la megadeuda. El relevo evoca las sucesiones presidenciales del PRI hegemónico, excepto en las rupturas, las cuales ocurrían tarde o temprano. El presidente se desligaba de su predecesor sin investigarlo ni perseguirlo. Zedillo fue la excepción, pues forzó a Salinas a exiliarse y encarceló a su hermano Raúl por enriquecimiento ilícito y el asesinato del secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu. Según la ortodoxia priista, ahora solo vigente en Coahuila, Riquelme podrá colocar varios secretarios en el gabinete de Jiménez, como ya lo ha hecho en el Congreso, cuyo líder será Lauro Villarreal, compañero suyo antes de imaginar que algún día sería gobernador. E4
El péndulo de la sucesión y el nuevo gabinete
Con el regreso de la gubernatura a Saltillo, La Laguna espera una representación correspondiente en la administración 2024-2030
El gabinete estatal con menos saltillenses ha sido el de Enrique Martínez, quien compitió por la gubernatura frente al lagunero Juan Antonio García Villa postulado por la primera gran coalición opositora (PAN-PRD-PVEM-PT), en 1999. Resuelta la elección, el gobernador asignó los cargos principales de la administración a laguneros: Raúl Sifuentes (Gobierno), Javier Guerrero (Finanzas), Jorge Viesca (Obras Públicas) y Óscar Calderón (Procuraduría General de Justicia). Sin embargo, la influencia regional pesó menos que la preferencia de Martínez por el secretario de Educación, Humberto Moreira, quien al final se hizo con la candidatura.
Los gabinetes de Humberto y Rubén Moreira se caracterizaron por su inconsistencia. Casi todas las secretarías cambiaron de titular hasta cuatro o cinco veces. Las posiciones se cubrieron en la mayoría de los casos con neófitos, amigos y compadres sin experiencia, pero dóciles al clan y propensos a la rapiña. El plan se diseñó para saquear, encubrir la corrupción e impedir el surgimiento de liderazgos que pusieran en riesgo la sucesión entre hermanos. Así pudieron tomar el control del estado e implantar un Gobierno transexenal.
Rubén Moreira nombró pocos secretarios laguneros, pero dejó de sucesor a Miguel Riquelme, exalcalde de Torreón y acaso el más eficiente operador electoral del PRI. Los Moreira tuvieron un ambiente siempre adverso en La Laguna. Humberto perdió Torreón como candidato y durante su Gobierno la comarca sufrió sus peores años. Los Zetas se ensañaron en la comarca y la inversión pública y privada registró su peor caída. Previo a las elecciones de 2017, Participación Ciudadana 29 y una decena de organismos civiles protestaron frente al Palacio Rosa y la Casa de Gobierno de Torreón contra la corrupción y la impunidad. El tema central era la deuda por 40 mil millones de pesos que el Congreso local se ha negado a investigar.
Riquelme entregó las secretarías clave (Gobierno y Finanzas) a los saltillenses José María Fraustro y José Blas Flores, exrectores de la Universidad Autónoma de Coahuila, vinculados al sector privado. Las jefaturas de Obras Públicas, Salud y la Fiscalía General del Estado las reservó para los laguneros Gerardo Berlanga, Roberto Bernal y Gerardo Márquez. Las presidencias del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia también fueron para sus paisanos Marcelo Torres (PAN) y Eduardo Olmos, en el primer caso; y Miguel Mery, en el segundo.
El péndulo de la sucesión, con Riquelme, volvió a moverse hacia Saltillo. El método de selección no varió un ápice: el favorito se presentó con antelación, como antes lo fueron los Moreira y el propio Riquelme. Manolo Jiménez tuvo como trampolín la presidencia municipal, la Secretaría de Desarrollo Social y los medios de comunicación. El gobernador electo asumió compromisos con el sector empresarial de La Laguna para apuntalar su elección. Bajo el criterio de los últimos sexenios, las principales posiciones las dividirá entre Saltillo y Torreón. Sin embargo, es necesaria una renovación de cuadros, pues en los tres últimos gabinetes han aparecido los mismos en distintos cargos e incluso sin cambiar de puesto.
Jiménez asignará algunos cargos a representantes del PAN por su alianza con el PRI. Empero, un Gobierno de coalición va más allá del simple reparto de sinecuras. Requiere agendas legislativas y políticas más atentas a las demandas ciudadanas que a los intereses de las cúpulas y de los grupos de poder. Una exigencia consiste en investigar la deuda y castigar a los responsables. Así como negociar con los bancos quitas del capital en vez de engordarles el caldo con nuevas reestructuras. E4
El mandato de las urnas y la hora de la verdad
El reto principal de Manolo Jiménez consiste en darle a su Gobierno un perfil propio y en atender las demandas de las mayorías, no de las élites
«765 mil (votos) gracias». Cientos de espectaculares con esta leyenda —excepto por la obviedad— tapizan pueblos y ciudades del estado. El número corresponde a los sufragios que convirtieron a Manolo Jiménez en uno de los gobernadores con mayor apoyo en las urnas en términos porcentuales. Para alcanzar esa votación, el PRI y su candidato se coligaron con el PAN y el PRD e hicieron compromisos con empresarios, organismos civiles, iglesias y otros sectores. Cada fracción espera resultados, pero también posiciones, contratos y un trato preferente. El gobernador electo deberá encauzar esa amalgama de intereses. Si pretende satisfacerlos a todos, o, peor aún, cae en sus manos, perderá autoridad.
Jiménez deberá impedir, desde un principio, la injerencia de los grupos de interés y de la oligarquía en su Gobierno, y no aceptar condiciones. Si las admite, será su rehén. Cada gobernador ha afrontado esas circunstancias y las ha resuelto mediante la combinación de una serie de factores: legitimidad, carácter y la aplicación de la máxima según la cual el poder no se comparte. Unos cedieron de más, otros hicieron valer su autoridad y honraron sus compromisos con las mayorías. En el caso de las presidencias municipales, Eliseo Mendoza no aceptó imposiciones y abrió los procesos para que las bases del PRI, y no las élites, eligieran a los candidatos. Frente al rechazo al horario de verano —vigente entonces solo en los estados del noreste—, sometió el tema a consulta popular y abrogó el decreto respectivo por decisión de la mayoría. También logró la aprobación del Impuesto Sobre Nóminas contra la voluntad de los empresarios más conservadores del estado.
El rumbo del estado lo señala el Gobierno de acuerdo con un proyecto político votado en las urnas. En el caso de la presidencia de la república, el modelo neoliberal se implantó con la llegada de Miguel de la Madrid. La tecnocracia suplantó a la política, y la orientación social de los Gobiernos y del Estado, como rector, se sacrificó en aras del mercado y de las clases dominantes. No en balde José López Portillo declaró haber sido «el último presidente de la Revolución». El neoliberalismo duró siete sexenios: los comprendidos entre De la Madrid y Peña Nieto.
Andrés Manuel López Obrador, uno de los presidentes más legitimados de la historia, mal que le pese a sus detractores, utiliza los 30 millones de votos que le abrieron las puertas del Palacio Nacional para desmontar el sistema neoliberal, repudiado hoy alrededor del mundo. La idea consiste en cambiar de régimen como anunció en su toma de posesión. La preferencia por los pobres provocó el enfado de quienes perdieron privilegios y han sido tocados por el Estado al que hasta hace poco tenían sometido. El Gobierno de la 4T ha cometido errores garrafales y no ha cumplido las metas de empleo, crecimiento económico, salud y seguridad prometidos, pero todas las encuestas aprueban a López Obrador.
¿Cómo utilizará Manolo Jiménez sus 765 mil votos? A los hermanos Humberto y Rubén Moreira el poder los ensoberbeció, acaso por un complejo de clase. El docenio resultó catastrófico, pues hundió al estado en una etapa de terror con masacres, desapariciones forzadas, fosas clandestinas y el envilecimiento de la política y de las instituciones. La deuda por 40 mil millones de pesos es un agravio permanente para los coahuilenses. Miguel Riquelme escuchó el mensaje de las urnas y dedicó su sexenio a conciliar al estado. ¿Qué se puede esperar del Gobierno de Jiménez? Difícilmente, como AMLO, variará los fundamentos de los tres últimos sexenios. Aun así, los votos y las circunstancias lo obligan a darle a su Gobierno un perfil propio, atento a la realidad del estado. La soberbia es la peor consejera y siempre pasa factura. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.