Hacienda recomendó reformar la Ley de Disciplina Financiera para quitar presión a las finanzas de estados y municipios —algunos no tienen para pagar la nómina—; el dedo presidencial dijo «no». Los Sistemas Estatales Anticorrupción —señaladamente el de Coahuila— mantienen las cloacas cerradas
Gobernadores aliancistas contra las cuerdas
Ricardo Anaya perseguido… por sus fantasmas
El endeudamiento excesivo e irresponsable, el pago de favores a amigos y familiares por financiar campañas electorales, la contratación de obras a cambio de moches y el encubrimiento de los gobernadores de turno a sus predecesores provocaron crisis financieras en los estados. Algunos no tienen ni para pagar la nómina. «Hubo mucho saqueo, (los gobernadores) llegaban a robar y no había ningún problema porque el que entraba los protegía, era tapadera. Pero llegó a su límite, ¿no? Ya es una situación diferente», aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador el 11 y el 16 de agosto en rueda de prensa.
Quince gobernadores electos en junio —11 de Morena, dos del PAN, uno del PT-Verde y otro de Movimiento Ciudadano— asumirán el cargo entre septiembre y noviembre. López Obrador les recomendó no ser tapaderas y auditar a las administraciones salientes, «porque (de lo contrario) les va a afectar». La Secretaría de Hacienda —dijo— ayuda a gobiernos insolventes a pagar a sus trabajadores, pero no más. La réplica a quienes simplemente estiran la mano —«A ver, dennos, no me alcanza»— es: «¿Por qué no administras bien?, ¿por qué no aplicas un plan de austeridad?, ¿por qué sigue el derroche?, ¿por qué solapaste al que endeudó al estado y no dijiste nada? ¿Porque te ayudaron en la campaña?, ¿porque estableciste relación de complicidad?». La situación es un retrato fiel de Coahuila durante el moreirato.
«El panorama está totalmente negro en Nuevo León (…). (Rodrigo) Medina y (Jaime) Rodríguez saquearon el estado (…). No hay dinero, estamos quebrados y endeudados».
Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, (Forbes, 07.04.21)
El presidente resaltó casos de estados con finanzas sanas como Tlaxcala (ganado por Morena) donde la Constitución prohíbe desde hace varios sexenios contratar deuda por más de un ejercicio fiscal; y Querétaro (retenido por el PAN), cuya administración podría terminar sin pasivos o con niveles mínimos (como ocurrió en Coahuila en el gobierno de Enrique Martínez, ventaja que Humberto y Rubén Moreira tiraron por la borda). Sin embargo, «hay otros que actuaron mal, no supieron administrar bien los fondos», sentenció AMLO.
Tres de los estados con el agua hasta el cuello son Chihuahua, Colima y Michoacán, gobernados por el PAN, PRI y PRD, de la extinta Alianza Federalista. López Obrador ofreció a los dos primeros apoyo para pagar la nómina. «Eso está garantizado, lo demás ya lo vamos a ver» (Norte Digital, 10-08.21). La situación en Michoacán es aún más crítica y apunta hacia otro moreirazo. Silvano Aureoles podría dejar una deuda bancaria, institucional y con proveedores por 45 mil millones de pesos, gran parte de la cual no se ha aclarado, denunció el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) (Aristegui Noticias, 10.06.21). En Nuevo León «no hay dinero, estamos quebrados y endeudados», acusa Samuel García (Movimiento Ciudadano), quien tomará posesión el 4 de octubre.
«Ignacio Peralta (gobernador de Colima) tiene un pie en la cárcel, por enriquecimiento ilícito y triangulación de recursos públicos».
El Financiero (09.08.21)
Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista presionaron a la Cuarta Transformación para recibir mayores participaciones. Fracasaron, y al no ganar la mayoría legislativa en las elecciones de junio, arriaron banderas. El presidente conviene en revisar el pacto federal, pero bajo ciertas condiciones. «Se requiere honestidad, porque es muchísimo lo que se iba por el caño de la corrupción, más de lo que imaginan», advirtió en la mañanera del 16 de agosto. Si los estados siguen «con lo mismo, dando los contratos a los amigos, a los familiares, porque ayudaron en la campaña, porque entregaron moches, porque son del partido en el gobierno (…), pues así (…) no va a alcanzar el dinero. Y siguen con los lujos: aviones, helicópteros y ‘maiceando’». La federación cerró la llave para la publicidad, apuntó, pero «hay estados que la mantuvieron abierta para los periódicos nacionales, se siguen financiando». Guanajuato (PAN) es uno de los que se anuncia más en diarios de Ciudad de México, entre ellos Reforma, contrario al presidente.
Deudas estatales, el caso Coahuila
Arcas vacías y deudas por casi un cuarto de billón de pesos (239 mil 200 millones) heredará la mayoría de los gobernadores cuyas gestiones iniciarán en las próximas semanas. Nuevo León concentra el 34.5% de los pasivos (83 mil 400 millones de pesos) y Querétaro apenas el 0.083 (200 millones). Tlaxcala no tiene ese problema, pues la Constitución local solo permite contratar deuda por el equivalente al 3% del presupuesto anual. Existe otro candado: las obligaciones deben liquidarse «a más tardar en el año fiscal inmediato posterior, no pudiendo contratar nuevos créditos si existiesen adeudos derivados de este concepto» (artículo 101). La Ley de Deuda Pública se reformó en mayo de 2011, justo cuando Hacienda destapó el moreirazo. Los pasivos bancarios y con proveedores sumaron 40 mil millones de pesos.
«Es muy difícil que Aureoles Conejo (gobernador de Michoacán) pueda eludir la cárcel».
Mario Delgado, líder de Morena (Expansión, 23.07.21)
Los estados dispararon sus deudas entre 2009 y 2011. Los gobernadores del PRI echaron a andar entonces sus maquinarias para imponer en la presidencia a Enrique Peña Nieto, homólogo suyo en Estado de México, y convertirlo en su rehén. Una de las entidades que más contribuyó a la campaña peñista y a la de varios candidatos a gobernador, entre ellos los de Zacatecas, Michoacán y Nayarit, habría sido Coahuila. El plan, ya con Peña en el poder, era condonar la deuda subnacional, pero la Auditoría Superior de la Federación se opuso.
En marzo de 2016 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Disciplina Financiera (LDF) con la idea de atarle las manos a los gobernadores y a los alcaldes y evitar futuros moreirazos. La medida, además de tardía —el daño ya estaba hecho—, dejó impune la corrupción. Al cierre de 2015, la deuda de los estados ascendía a 536 mil millones de pesos, 70% más con respecto a 2010. El ritmo decreció en la segunda mitad de la década pasada, en parte por la LDF, pero más porque los gobiernos ya habían agotado su capacidad de endeudamiento.
«Uno de los casos más notorios de endeudamiento es Coahuila (…) aumentó su deuda 4.5 veces hasta 38 mil millones de pesos debido a la falsificación de documentos para contratar más créditos respaldados con participaciones federales».
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Imco, México Evalúa y Fundar, (Forbes, 15.03.16)
La LDF estableció reglas para promover «el sano desarrollo de las finanzas públicas estatales y municipales»; contratar deuda «al menor costo financiero y de manera transparente»; un sistema de alertas para conocer los niveles de endeudamiento; deuda garantizada para acceder a «un financiamiento más barato»; y el Registro Público Único «para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales», dice un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas elaborado en la LXIII legislatura.
Una de las objeciones a la LDF, presentadas en su oportunidad por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México Evalúa y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, es que permitía «refinanciar deuda estatal con la garantía del gobierno federal», la cual «pudo haber sido inconstitucional al no ser aprobada por el Congreso local respectivo» (Forbes, 15.03.16). «Uno de los casos más notorios de endeudamiento es Coahuila —advierte—, que de 2010 a 2015 aumentó su deuda 4.5 veces hasta 38 mil millones de pesos debido a la falsificación de documentos para contratar más créditos respaldados con participaciones federales». La explosión de los pasivos ocurrió en realidad entre 2009 y 2010.
«Se requiere honestidad, porque es muchísimo lo que se iba por el caño de la corrupción, más de lo que imaginan. (…) Los rateros se molestan mucho, están enfurecidos, pero a nosotros (la fórmula) nos ha ayudado a enfrentar la crisis».
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Mañanera del 16.08.21)
Las organizaciones también criticaron la LDF por no incluir «un catálogo de infracciones por el mal manejo de la deuda pública y el incumplimiento de la ley». Peña Nieto modificó la LDF meses antes de terminar su gobierno e introdujo la figura de Asociaciones Público-Privadas, lo que se tradujo en más deuda (pasivos contingentes). El presidente López Obrador descalifica las APP: «(son) buenos negocios para (los) particulares, (pero) malos negocios para la hacienda pública». Como ejemplo, citó el hospital de Zumpango, Estado de México (…) «donde el pueblo tiene que pagar más de 200 millones de pesos cada año por 25 años. Al final (…) va a salir en siete, ocho mil millones de pesos, cuando un hospital con esas características, cuando mucho, (costaría) 500 millones de pesos» (conferencia de prensa, 20.07.21).
Créditos con participaciones
La clave para salir de la crisis y no repetirla consiste en gobernar con honradez y austeridad, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los mandatarios locales, en particular a los 15 que ganaron en las elecciones intermedias. «Muchísimo (dinero) se iba por el caño de la corrupción, más de lo que se imaginan». «Los rateros se molestan mucho, están enfurecidos, pero a nosotros (la fórmula) nos ha ayudado a enfrentar la crisis». De haber mantenido el tren de gasto, advirtió, «estaríamos en ruina (…), contratando deuda (…) con intereses altísimos, sin liquidez, ¿cómo íbamos a comprar las vacunas?».
López Obrador pidió a los gobernadores denunciar ante las fiscalías estatales las irregularidades de sus antecesores, dejar constancia; de lo contrario «es lo mismo». Los que están por terminar (entre ellos ocho del PRI y un independiente, Jaime Rodríguez, el Bronco), señaló, posiblemente recibieron deuda con bancos y proveedores, «hubo desfalco, (pero) no dijeron nada, lo asumieron (…) parte de la crisis actual se viene arrastrando de tiempo atrás». En el caso de Coahuila, desde la administración de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.
Sin embargo, encomendar la tarea a las fiscalías, piedra angular de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), equivale a dejar la Iglesia en manos de Lutero. Los sistemas fueron diseñados por los gobiernos precedentes, no para destapar cloacas, sino como tapaderas. Esa es la razón por la cual ya prescribió la mayoría de las denuncias por la megadeuda de 40 mil millones de pesos contratada ilícitamente en el sexenio de Humberto Moreira, cuya autoría material e intelectual atribuye el analista Federico Berrueto a su hermano y sucesor Rubén. Las acusaciones vigentes siguen la misma ruta, tampoco se investigan. Denunciar delitos de corrupción ante fiscalías cómplices e inoperantes, como aconseja AMLO, es garantía de impunidad.
El presidente reveló en la mañanera del 16 de agosto —en un ejercicio «autocrítico»— que la Secretaría de Hacienda aconsejó modificar la Ley de Disciplina Financiera (LDF), aprobada en 2018 para evitar que los estados y municipios acumularan más deuda con obligaciones a corto plazo. Forzados por la circunstancia «(los gobernadores) agarraron participaciones para pagar créditos (…) y se quedaron sin recursos para (…) las nóminas en algunos casos». Esta es una de las causas de la crisis financiera en los estados, dijo. No precisó si la recomendación de quitarle candados a la LDF la hizo Carlos Urzúa o Arturo Herrera, pero en cualquier caso la rechazó, porque, al final, los «arreglos que se llevan a cabo arriba» perjudican a los estados.
Estos temas deben ventilarse, aunque molesten, para evitar repeticiones, declaró a los periodistas. Si la corrupción no se destierra, «no habrá salida». Puso como ejemplo a Dinamarca, una Monarquía Constitucional cuya primera ministra, Mette Frederiksen, preside el Partido Socialdemócrata. En la tierra de los daneses «no hay pobreza, no hay inseguridad, pero no hay corrupción». AMLO recordó una charla con una mujer de ese país: «Le explicaba y no entendía, porque no está en su experiencia el que se hagan negocios al amparo del poder público, ni empresarios ni funcionarios. Allá los funcionarios en bicicleta, ¿y aquí como era? Caravanas de carros blindados, aviones privados, oficinas lujosísimas, helicópteros hasta para ir a jugar golf». La fórmula, insiste a los gobernadores, «es cero corrupción, cero impunidad y cero lujos». E4
Gobernadores aliancistas contra las cuerdas
La Alianza Federalista, disuelta después de perder la apuesta por el Congreso. Expuestos y sin dinero, los gobernadores cambian de estrategia
Los gobernadores anti-AMLO cambiaron de actitud después de perder el pulso en las elecciones intermedias y ahora se muestran colaborativos. La apuesta de la Alianza Federalista y de otros bloques era ganar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para forzar al presidente a negociar y obtener más recursos de la federación, como lo hicieron con Peña Nieto. Sin embargo, ni juntos el PAN, PRI y PRD pudieron reasumir el control del Congreso. Morena y sus aliados encabezarán de nuevo las comisiones clave, entre ellas la de Presupuesto y Cuenta Pública, una de las principales palancas de la Cuarta Transformación.
La Alianza Federalista, que durante meses se confrontó con el presidente López Obrador, virtualmente está disuelta. Los gobernadores de Colima Ignacio Peralta (PRI) y Michoacán, Silvano Aureoles (PRD) no pudieron dejar sucesor y serán relevados por Indira Vizcaíno y Alfredo Ramírez (Morena). En Nuevo León, Jaime Rodríguez (sin partido) entregará el poder a Samuel García (Movimiento Ciudadano). Las finanzas serán auditadas y ellos investigados por supuestas irregularidades. «Ignacio Peralta tiene un pie en la cárcel», (El Financiero, 09.08.21). «Es muy difícil que Aureoles Conejo pueda eludir la cárcel», declaró el líder de Morena, Mario Delgado (Expansión, 23.07.21). «El panorama está totalmente negro en Nuevo León», denuncia García. «(Rodrigo) Medina y (Jaime) Rodríguez saquearon el estado (…). No hay dinero, estamos quebrados y endeudados» (Forbes, 07.04.21).
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, otro de los líderes de la Alianza Federalista, fue invitado por Delgado a las filas de Morena, pero en caso de renunciar al PAN, ha dicho, optaría por Movimiento Ciudadano. La relación de Corral con el presidente López Obrador es cordial y propició la captura —en Estados Unidos— del exgobernador César Duarte (PRI), a quien se acusa de peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos contra el erario. Duarte ha logrado eludir su extradición a México, pues teme ser asesinado por la delincuencia organizada como le pasó al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval (Milenio, 07.01.21).
En Tamaulipas, el aliancista Francisco Javier García (PAN) se aferra al poder con uñas y dientes. La Cámara de Diputados lo desaforó el 30 de abril por las acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal formuladas por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. El mandatario se declaró «perseguido político» —el mismo ardid utilizado por el excandidato presidencial Ricardo Anaya—, pero no dejan de aflorar pruebas en su contra.
Miguel Riquelme (Coahuila/PRI) y José Aispuro (Durango/PAN) ahora son aliados del presidente López Obrador en el programa Agua Saludable para La Laguna. Después de un largo silencio sobre el proyecto —inaplazable en una zona afectada por el abatimiento y contaminación del acuífero— y ante el riesgo de perder una inversión por 10 mil millones de pesos, los mandatarios se volvieron promotores de la obra. El cruce de acusaciones previo entre Riquelme y el director de la CFE, Manuel Bartlett, por el accidente en una mina de Múzquiz, en el cual murieron siete trabajadores, también se apagó. Morena tiene mayoría en el Congreso y en los estados. Expuestos y sin dinero, los gobernadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cambiaron de estrategia. Contra la opinión de algunos sectores y pese al desgaste de casi tres años de gobierno, AMLO todavía es un presidente fuerte. E4
Ricardo Anaya perseguido… por sus fantasmas
A falta de una oposición creíble, efectiva y vigorosa, Ricardo Anaya se ha montado en la ola de la Cuarta Transformación para disputarle a su líder, Andrés Manuel López Obrador, el poder en 2024. Su exposición como candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), hace tres años, y hoy como catalizador de la crítica contra AMLO, lo convierten por ahora en el favorito de la próxima carrera presidencial. Sus declaraciones y tuits causan furor y entusiasman a las galerías. Acusado por la Fiscalía General de la República de haber formado parte de la red de sobornos urdida por el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, para cambiar la Constitución y aprobar la reforma energética, Anaya se dice «perseguido político» y, con elocuencia, dramatiza: «En estos tiempos de autócratas (…) el exilio es la única alternativa».
«No hay evidencia empírica que demuestre que hay ese tipo de persecución política, lo que sí hay es un ataque constante del presidente, especialmente en las conferencias mañaneras, a todos aquellos que son sus opositores (…)». El problema de la oposición es que «muchos de sus líderes son susceptibles de afrontar acusaciones de corrupción», por lo que la opinión pública dudará de la «persecución política».
Édgar Arellano Ortiz, catedrático de la UNAM, (Los Ángeles Times, 24.08.21)
Persecución como en los regímenes autoritarios no existe, declara Édgar Ortiz Arellano a la Agencia EFE. Para el doctor en gestión estratégica y políticas del desarrollo por la Universidad Anáhuac y catedrático de la UNAM, «No hay evidencia empírica que demuestre que hay ese tipo de persecución política, lo que sí hay es un ataque constante del presidente, especialmente en las conferencias mañaneras, a todos aquellos que son sus opositores, en ese sentido sí hay una campaña constante» («Ricardo Anaya revive el fantasma de la persecución política en México», Los Ángeles Times, 24.08.21).
La actitud de AMLO le parece inédita «porque en los últimos 30 años no se había visto que un presidente se quejara de sus opositores de manera tan abierta».
En México el ataque es la defensa preferida de los políticos corruptos: antes de ser investigados, acusan al Gobierno de persecución. Anaya ha caído en el mismo «lugar común», dice Ortiz. Lo mismo hicieron previamente el diputado Saúl Huerta (Morena), denunciado por abusar sexualmente de un menor de edad; y Mauricio Toledo (PT), acusado de enriquecimiento ilícito cuando fungió como delegado en Coyoacán por el PRD. Ambos fueron desaforados. Huerta está entre rejas y Toledo huyó a Chile.
Ortiz exige una oposición de «mayor calidad» y admite que «el presidente y su partido han avanzado electoralmente en el país, a pesar de muchos errores que han cometido». El problema de las demás formaciones es que «muchos de sus líderes son susceptibles de afrontar acusaciones de corrupción». En ese contexto, apunta, la opinión pública pondrá en tela de juicio la «persecución política». En 2018, la Procuraduría General de la República (de Peña Nieto) acusó a Anaya de lavado de dinero, en plena campaña.
Anaya ha sido uno de los líderes de Acción Nacional más exitosos. Sin embargo, su codicia y deslealtad provocaron una de las mayores fracturas en ese partido, fundado en 1929. Gustavo Emilio Madero lo llamó traidor; Javier Corral lo acusó de «estar al servicio de los peores intereses»; y el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, actual diputada federal por la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD), renunciaron en protesta contra «el Joven Maravilla» por haber utilizado el presupuesto y la estructura partidista para hacerse con la candidatura presidencial. En la sucesión de 2018, Anaya era el favorito de Peña Nieto, no José Antonio Meade. «Es el candidato de la continuidad», acusó Corral. La alianza entre los mexiquenses (Peña de Atlacomulco y Anaya de Naucalpan) se rompió cuando el triunfo de AMLO se volvió inevitable. Traicionado, el panista ofreció, en uno de los debates, encarcelar a Peña. Acción Nacional siempre impulsó la reforma energética. Con Fox y Calderón no pudo conseguirla por la oposición del PRI y el PRD, pero al tándem Peña-Videgaray le dio votos en el Congreso para sacarla adelante. El favor no fue de balde, según el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.