Las cámaras de Diputados y Senadores, controladas por Morena, avalan la eliminación de 109 cuentas, la mayoría relacionadas con la ciencia y la tecnología. La medida, basada en una visión «draconiana y maniquea», destruye una herramienta del Estado creada para apoyar actividades relevantes, dice la Coparmex
El Conacyt y el fraude a ciencia cierta
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para «ordenar» los fideicomisos, consideraba originalmente la extinción de 55, pero al final fueron 109 los que desaparecieron. El Senado aprobó la propuesta el 21 de octubre con 65 votos a favor y 51 en contra. Diferentes sectores manifestaron su rechazo. Para el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, la eliminación «de los (fideicomisos) que sí han dado rendimientos al país», corta una línea presupuestaria en sectores relevantes como la investigación científica y el auxilio a la población en casos de desastres.
«La erradicación se basa en una visión draconiana y maniquea con la que se destruye una herramienta del Estado para apoyar actividades relevantes para el país… Los cortes a machetazo nunca son estratégicos y eso es lo que ocurre ahora», advierte De Hoyos en un comunicado. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, replica en un video que no todos los fideicomisos se han eliminado. «En el decreto sobre la extinción de fideicomisos, mandatos y análogos públicos, como fuente de financiamiento del gobierno federal se especifica que al cierre de 2019 había 339 fideicomisos (56 estatales, 29 privados y 254 con aporte federal exclusivo o combinado).
»El recorte aplicado cae solo sobre 109, que en inversiones abarcan 68 mil millones de pesos (mdp), apenas 9.35% de un total de 727 mil 065.3 mdp comprendidos en esas 254 cuentas», precisa el funcionario. Entre los contratos eliminados, 91 eran del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), incluidos los Fondos Mixtos (Fomix) con cada entidad federativa y con algunos municipios. La cancelación no es para reintegrar dinero a la Secretaría de Hacienda —aclara—, pues la mayoría continuará como está programada. Solo algunas de las partidas que no se han movido por años se tomarán para reforzar el combate a la pandemia de COVID-19.
«Toda esta problemática surge a raíz de la necesidad de trasparentar la información, y como todos los fideicomisos fueron creados con base en la misma ley, entonces se hace necesario aplicar ajustes. Cancelarlos es un primer paso, y eso no necesariamente implica que el dinero no seguirá llegando a quienes ya son beneficiarios, sí lo hará, pero esta vez a través de un canal institucional totalmente auditable».
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
La opacidad es el problema
La decisión de cancelar fideicomisos se tomó con base en el nivel de opacidad y la estructura del comité administrador de cada cuenta. «En general, el problema es que se trata de instrumentos financieros que se prestan a encubrir la manera en que son administrados», declara Herrera.
En todos los casos —explica—, se puede conocer quién y cuándo crea la cuenta o cuánto se aporta y de dónde procede el recurso, pero tan pronto ingresa al sistema financiero, la Ley General de Bancos entra en el juego: «la información referida a los depósitos y captaciones que reciban los bancos debe ser mantenida en secreto y sólo se pueden dar a conocer a los dueños de ese dinero y a quienes ellos hayan autorizado». Lo anterior dificulta conocer el monto acumulado, si las entregas llegan al destino preestablecido o a dónde van a parar los rendimientos que se generan durante el tiempo en que esos fondos no se tocan, entre otras cosas.
Para David Ángel Balderas Puga, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Querétaro, la oposición gubernamental que enfatiza la utilidad de los fideicomisos para canalizar apoyos a los diferentes sectores poblacionales y de la economía, desestima el tema de la discrecionalidad. «Ser necesarios y útiles no los exime de ser discrecionales, hecho que propicia que se presten a malos manejos, como lo ha denunciado ya desde hace más de 10 años la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF)», comentó el catedrático en rueda de prensa.
La ASF publicó en 2007 un trabajo de Irma Eréndira Sandoval, actual secretaria de la Función Pública, titulado Rendición de cuentas y fideicomisos: el reto de la opacidad financiera, con información desde 2004. En el capítulo Lagunas de la rendición de cuentas de fondos y fideicomisos, señala:
«Estudios recientes documentan que los fideicomisos no han mostrado fidelidad a los principios rectores de la transparencia. Los problemas parten desde los consejos de administración, cuando son conformados por los propios beneficiarios».
El caso de a Lotería Nacional (Lotenal) es paradigmático. Durante la administración pasada, el secretario de Hacienda era integrante del consejo de administración y al mismo tiempo la autoridad responsable de aplicar la regulaciones a la institución.
La historia es típica: un fideicomiso público se funda con dinero del erario y el comité técnico se integra con personas allegadas al funcionario en cuestión. Los incentivos oscuros surgen cuando los consejeros pertenecen a alguna organización civil y el comité les otorga donativos generosos.
Gasto errático y discrecional
Algunos casos emblemáticos del manejo opaco de recursos públicos son el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal y otros correspondientes a los Poderes Judicial y Legislativo. Todos hacen uso del secreto fiduciario y estratagemas para mantener la opacidad en la administración de fondos, apunta Balderas.
En un informe de 2019, el titular de la ASF, David Colmenares, indica que el expresidente Enrique Peña Nieto empleó 5.6 billones de pesos, «de los cuales 3.6 billones (60%) se ejercieron de manera discrecional y con una tendencia errática».
Con datos hasta octubre de 2018, el reporte motivó 933 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, con base en las cuales podrían presentarse denuncias, señala el auditor.
Destacan irregularidades en materia de pensiones y jubilaciones del fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), cuya situación es preocupante; también en el ISSSTE, que reportó pérdidas por tres mil 981 millones de pesos, de los cuales el 23% corresponden a una operación irregular del Superissste, intermediario en las adquisiciones del instituto.
También se detectaron anomalías en el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como en el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares que dejó 25 mil 883 acciones de vivienda inconclusas y sin reintegrar un solo peso a la Tesorería de la Federación.
Problema de diseño
Fundar, organización civil plural e independiente dedicada a la realización de análisis e investigación sobre corrupción, derechos humanos y otros temas, elaboró su propio estudio con respecto a la administración de los fideicomisos. Las conclusiones aparecen en el informe Fideicomisos en México; el arte de desaparecer dinero público, publicado el 9 de mayo de 2018.
«Existe un problema desde el propio diseño de los fideicomisos que permite que el dinero sea usado para fines distintos a los establecidos, o que facilita que se desconozca su destino», apunta Fundar. Especifica que la confidencialidad prevalece en el 33% de ellos y atribuye la opacidad al marco jurídico, pues solo contempla a los fideicomisos constituidos desde las entidades públicas con recursos del erario y presta poca atención a los que surgen de entes privados.
Según Fundar, una cantidad ingente de recursos públicos se ejerce a través de fideicomisos destinados principalmente al Fondo de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), parte del cual se usó para financiar películas de Eugenio Derbez.
Los fideicomisos sí han ayudado, pero no a tantos sectores como podrían debido al manejo discrecional de los recursos. Además, la injerencia de los beneficiarios en la administración facilita la triangulación de fondos a otros temas sin rendir cuentas sobre su destino.
Para el presidente López Obrador, «toda esta problemática surge a raíz de la necesidad de trasparentar la información, y como todos los fideicomisos fueron creados con base en la misma ley, entonces se hace necesario aplicar ajustes. Cancelarlos es un primer paso, y eso no necesariamente implica que el dinero no seguirá llegando a quienes ya son beneficiarios, sí lo hará, pero esta vez a través de un canal institucional totalmente auditable».
La propuesta sobre los fideicomisos consiste en enviarlos a los cauces de la Administración, dice Gibrán Ramírez Reyes, politólogo y militante de Morena. «Cualquier figura pública fuera de los fideicomisos es más transparente. A quienes solicitan que haya un periodo de transición más largo conviene decirles que en esa dinámica gradualista hemos estado en los últimos 30 años, y en el ínter la fuga de cientos de miles de millones de pesos retorna al canal de la no transparencia. En eso se justifica la decisión presidencial de “aplicar machete”», enfatiza. E4
¿Qué es un fideicomiso?
- Es un instrumento financiero equiparable a una cuenta bancaria en la que se deposita cierta cantidad de dinero con una finalidad específica. Se puede implementar con fondos de los sectores público —municipal, estatal o federal— o privado o una mezcla de ambos. Puede ser, entre otras muchas cosas, para fondear el desarrollo de una obra específica o apoyar la ciencia, el deporte y el arte; también para resguardar dinero en caso de contingencia, como temblores, inundaciones
- Los de carácter público funcionan como mecanismos financieros para resguardar fondos y que los cambios de administración en los tres niveles de gobierno no afecten su ejecución.
145 quedan vivos
De los 254 fideicomisos del gobierno federal cuya masa era de 727 mil 065 mdp se cancelaron 109, los cuales administraban 68 mil mdp (9.35% del total). La mayoría de las cuentas eliminadas (91) corresponden al Conacyt. Algunas de las 18 restantes se relacionan con:
- Cambio climático
- Ayuda, asistencia y reparación integral
- Infraestructuras metropolitanas
- Minería (Fondo Minero)
- Promoción del acceso al financiamiento de MiPymes y emprendedores
- Protección de defensores de derechos humanos y periodistas
- Desastres naturales
- Financiera Rural
- Seguridad en cruces viales ferroviarios
- Deporte de alto rendimiento
- Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine)
Fuente: Decreto federal
El Conacyt y el fraude a ciencia cierta
Un fideicomiso no es por sí mismo un mal instrumento, como tampoco lo es tener una cuenta de ahorros ni invertir en infraestructura, equipo médico o en apoyos a la cultura, el arte, la ciencia o el deporte.
Para María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Conacyt, en el tema de los fideicomisos se debe reconocer que cuando el gobierno federal hace la totalidad o parte de las aportaciones, está en todo su derecho de conocer, junto con la ciudadanía, quién y cómo administra esos fondos, por tratarse de dinero de los contribuyentes.
«La importancia de saber quiénes son los que conforman el comité administrador es para ubicar si en él hay amigos, “compadres”, subordinados o prestanombres» que pudieran confabularse para favorecer a alguien en particular, comentó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
De los 109 fideicomisos cancelados, 91 eran del Conacyt. Álvarez-Buylla informa que en el sexenio anterior (2013-18), del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) se transfirieron 41 mil 624 millones de pesos. Parte de los fondos beneficiaron a empresas como Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Honeywell, IBM, Kimberly Clark, Bayer, Monsanto, Femsa Logística y Bimbo. Es decir, se usaron para pagar a investigadores nacionales que resolvían problemas a empresas privadas, algunas de ellas extranjeras, lo cual constituye un subsidio injustificable.
«A través del PEI se transfirieron 41 mil mdp, parte de los cuales beneficiaron a empresas privadas nacionales y extranjeras».
María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt
En el caso de los Fondos Mixtos (Fomix), mezcla de recursos del Conacyt y los estados, apenas el 17% sirvió para apoyar proyectos de desarrolladores de ciencia e innovación tecnológica o investigadores. La mayor proporción (80%) fue a parar a infraestructura que debería haberse programado vía presupuestal. Para empeorar el caso, 46 de esas obras quedaron en «elefantes blancos» en los estados: edificios inconclusos, en obra negra, sin equipamiento o espacios subutilizados. Es decir, si ese 80% se hubiera dedicado a financiar el trabajo de más científicos, y esa fuera la norma en cada sexenio, el nivel de desarrollo del país hoy debería ser otro.
Al final, apunta Álvarez-Buylla Roces, queda claro que el objetivo de los fideicomisos es buena, pero se vuelve un problema cuando lo corrompen funcionarios públicos, empresarios o los propios beneficiarios. Incluso se detectaron fideicomisos «hechos a modo» para beneficiar a familiares. Puso de ejemplo el caso del propio exdirector del Conacyt, Enrique Cabrero, en cuya administración se creó el consorcio Centromet en Querétaro, donde se gastaron 392 millones 581 mil pesos y se nombró como gerente a su esposa.
La vida del Centromet resultó efímera: se presentó en 2017 y se cerró en 2018. En los detalles destaca el dispendio en viajes injustificados y onerosos al extranjero para el personal administrativo.
En otro caso, un fideicomiso creado en 2009 (sexenio de Felipe Calderón) con el objetivo de fondear los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, para construir, desarrollar y remodelar infraestructura deportiva en la entidad. Con Scotiabank como fiduciario, aunque el gobierno federal aportó mil 877 millones de pesos (96%), el ejercicio y control del gasto se cedió indebidamente al gobierno de Javier Duarte, que solo aportó 80 millones (4%).
No hay documentación que indique el destino de 44% del presupuesto. La mayoría de las obras quedaron inconclusas; algunas villas nunca se usaron y muchos atletas, entrenadores e invitados fueron instalados en hoteles de paso. E4
Javier Mariscal
Es ingeniero egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo con especialización en el área de Economía. Ha ejercido el periodismo en Saltillo. Trabajó en El Diario de Coahuila; se desempeñó como editor, diseñador, fotógrafo, redactor de editoriales y artículos de economía, industria automotriz, cultura e historia de Saltillo en el periódico Vanguardia.