Entender el conflicto que se generó por la decisión del poder legislativo para eliminar 13 fideicomisos del poder judicial de la Federación por un monto de 15 mil millones de pesos, podría ir más allá del análisis (válido) de urgencia de recursos del Gobierno federal para seguir financiando tres obras que no se terminan y que superaron sus presupuestos originales y para el pago de becas y apoyos.
El argumento de la iniciativa presidencial es eliminar privilegios para magistrados y trabajadores del Poder Judicial federal y destinar esos recursos a acciones de beneficio social.
La respuesta del Poder Judicial fue inmediata y rechazó que esos 15 mil millones de pesos son recursos utilizados para privilegios y altos sueldos con prestaciones para los magistrados y trabajadores de alto nivel; por el contrario, explicaron que son recursos que se utilizan para ofrecer mejores servicios médicos, condiciones laborales más atractivas y fondos de retiro o jubilación que permitan mantener un sistema de administración de justicia con estados financieros sanos y garantizados para el futuro.
La lógica de quienes rechazaron la eliminación de los fondos de fideicomisos además se justifica con blindar económicamente a jueces, magistrados y personal en general, contra la delincuencia organizada que podría sobornar con dinero o con amenazas a la seguridad del personal encargado de impartir la justicia en el país.
El discurso legislativo en el Congreso y en el Senado fue breve, sin contenido o argumentación necesaria y sobre todo sin una explicación y presentación de la estrategia en la que se utilizarán los recursos de 15 mil millones de pesos que se retirarán de los fideicomisos.
Las afectaciones para los trabajadores del Poder Judicial federal son variadas y de acuerdo a sus propios líderes sindicales se concentran en derechos y conquistas laborales ganadas desde hace muchos años y que tienen como objetivo mejorar las prestaciones y el ambiente laboral de quienes realizan trabajos de impartición de justicia.
Para muchos, incluido el humilde escribiente, el objetivo fundamental de la estrategia no está relacionada al dinero y los recursos, porque los fideicomisos operan desde hace varios sexenios; si la razón es eliminar los privilegios y comodidades, la acción parlamentaria se hubiera perpetrado al menos hace cuatro o cinco años: el objetivo fundamental está relacionado a la política y a la permanencia de grupos de poder gubernamental, partidista y de una célula que pretende el control de la gobernanza y la economía del país durante los próximos seis años.
Otra explicación de este pleito político se sustenta en hechos; el Poder Judicial federal frenó muchas reformas e iniciativas de absolutismo presidencial y control político y financiero de la gobernanza y la actuación de las fuerzas castrenses en la vida pública y civil del país.
La oposición en el legislativo y los partidos políticos opositores poco o nada pudieron hacer para evitar el mayoriteo en las cámaras y fue en los tribunales federales donde los magistrados y jueces declararon la ilegalidad de las iniciativas promovidas por el ejecutivo y el legislativo federal.
El desencuentro no termina y aunque se ganó en las cámaras ahora el pleito llegará a la propia corte y sus jueces deberán actuar con apego estricto a la ley y la constitución mexicana para emitir el veredicto final sobre los 13 fideicomisos eliminados para el poder judicial federal por los 15 mil millones de pesos.
