La legislación electoral mexicana es prolija, difusa y complicada. Así ha tenido que diseñarse para evitar que cobre nueva vigencia el extenso catálogo de maniobras fraudulentas cuya aplicación, durante siete décadas, permitió que el partido gubernamental hegemónico triunfara siempre en los comicios.
La natural desconfianza hacia aquella estructura y procedimientos electorales tuvo como resultado la creación de una nueva, pero a la vez pesadísima legislación electoral. Para evitar las maniobras fraudulentas del antiguo régimen, la ley incluye ahora numerosas disposiciones para ganar la confianza de los actores políticos. Por eso decía Jorge Carpizo que el actual sistema electoral es algo así como «la feria de todas las desconfianzas», que se ve reflejada en la exuberante legislación electoral vigente.
Ahora el Gobierno de Morena adiciona dos nuevos ingredientes: el que se conoce como «fraude a la ley» y la burla que de éste se deriva para toda la sociedad.
En efecto, Morena y sus aliados han montado, por órdenes precisas del Ejecutivo, una farsa para posicionar la imagen de sus precandidatos presidenciales mediante una costosa precampaña entre media docena de aspirantes, que participan por «invitación», cuando ya se sabe, empezando por ellos mismos, quién será la ungida, pero negando lo evidente. Es decir, que no se trata de una precampaña presidencial sino para designar al fantasmal «coordinador de la defensa del movimiento de transformación», figura que los Estatutos de Morena no prevén ni nadie sabe en qué consiste, en caso de existir.
Quienes se han ocupado del tema han señalado —ciertamente con razón— que esta precampaña presidencial, que en realidad sí es tal aunque la llamen con otro nombre, es ilegal por violar lo que establece el artículo 226.2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPPE), en su inciso a), en el sentido de que tales precampañas «darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección», y no en junio como ya las han iniciado.
Pero no es la única infracción a la ley en que están incurriendo. En realidad son varias las disposiciones legales que están violando. Entre otras las siguientes:
Los precandidatos, a quienes oficialmente se les asignó el despectivo nombre de «corcholatas», no están reportando ni van a reportar los ingresos que están recibiendo y los gastos que están realizando con motivo de sus recorridos por todo el país, por la sencilla razón de que la autoridad electoral no ha señalado aún, pues conforme a la LGIPPE debe hacerlo hasta octubre, qué requisitos han de cumplir esos informes de ingresos y gastos de precampaña (artículo 229.2 de la LGIPPE).
Tampoco Morena ha dado a conocer al INE qué procedimiento aplicará para llevar a cabo la selección de su candidato presidencial. Y no lo ha hecho en razón de que tal notificación se ha de hacer a la autoridad electoral entre la primera semana de septiembre, que es cuando legalmente inicia el proceso electoral, y a más tardar 30 días antes de la tercera semana de noviembre, es decir, en la tercera semana de octubre, lo cual por razones obvias de orden cronológico Morena no ha notificado (artículo 226. 2 de la LGIPPE). Y así otras disposiciones similares.
Ahora bien, lo más grave es que se está violando lo dispuesto por el artículo 226 numeral 2 de la ley, que prohíbe a los precandidatos a un cargo de elección popular la realización «en todo tiempo» de «cualquier forma de promoción personal en radio y televisión», lo que es patente han venido realizando desde hace varias semanas los aspirantes de Morena y no los potenciales precandidatos de otros partidos, precisamente por ajustarse estos últimos a los tiempos y términos previstos por la ley.
Que tengan muy presente las corcholatas y Morena misma que la infracción al anterior precepto, así como la no presentación de informes de ingresos y gastos de precampaña, tienen como sanción la negativa, en su momento, a ser registrados como candidatos. Para que después no culpen a la autoridad electoral de las consecuencias del fraude a la ley y de la burla a la sociedad toda, en que ellos mismos y por propia decisión están incurriendo.
Juan Antonio García Villa
Torreón, 1945. Ha sido diputado local, senador y diputado federal en tres ocasiones, por el Partido Acción Nacional. En 1999, fue candidato a gobernador de Coahuila por la alianza PAN-PRD- PVEM-PT, pero fue derrotado por el priista Enrique Martínez y Martínez. De 2003 a 2004, fue subsecretario de la Secretaría de Economía. En 2004, intentó se nuevamente candidato a gobernador de Coahuila, pero fue derrotado en la elección interna del PAN por Jorge Zermeño Infante. De 2006 a 2008, fue director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Entre otros medios, ha escrito para El Financiero, El Sol de México y Espacio 4.