El actual proceso electoral que viven los mexicanos reviste una doble importancia que, por el tamaño de la elección, definirá el futuro político y de gobernanza para los ciudadanos, durante los próximos tres años: primero la continuidad de un proyecto nacional cuestionado, que para muchos puede ser una regresión política y social, y el segundo la permanencia de los órganos autónomos de organización y fiscalización electoral.
A pocos días de que terminen las campañas y en víspera de la elección del 6 de junio protagonistas del proceso como candidatos, presidentes de partidos e incluso gobernantes, ya adelantaban fraude electoral y descalificaban los resultados de los comicios con una campaña de desprestigio contra el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral.
Las razones de descalificación previa se realizan después de que los órganos electorales sentenciaron irregularidades, omisiones y falta de cumplimiento de requisitos de partidos y candidatos, reglas que se aplican a todos los participantes y que no tienen criterios subjetivos de cumplimiento, es decir, que los que no realizan legalmente el proceso tienen sanciones relacionadas a multas e incluso perder las candidaturas.
Los veredictos provocaron la ira y descalificación del partido político y los gobernantes en el poder y lejos de reconocer que fallaron en el cumplimiento de los requisitos establecidos por los propios partidos, iniciaron una campaña de desprestigio para fijar en la mente de los electores que hay tendencia en su contra.
La polarización sin duda tiene origen en el hecho de que las encuestas y los pronósticos de resultados no serían los que esperaba el nuevo grupo de poder político-gubernamental y la estrepitosa caída en las preferencias ciudadanas de un proyecto que no levanta y parece que continúa en caída franca.
Así que, al más viejo estilo y a la antigua usanza, el que no gana parece que arrebata y lo hace de una manera que deja entrever la intolerancia, el hambre de poder y la soberbia de culpar a terceros de los errores, omisiones y decisiones equivocadas para elegir candidatos que cumplieran con todos los requisitos.
El otro elemento a considerar es que la desesperación también se afianza en la posibilidad de perder el control absoluto en el Congreso de la Unión para la continuidad de reformas y cambios a las leyes que permitan controlar en forma arbitraria toda manifestación y acción de inconformidad y oposición a un régimen a todas luces totalitario y absolutista.
Ambas situaciones se leen harto delicadas para el futuro económico, político y social para el país y por eso la importancia de la elección del 6 de junio, para los ciudadanos, el grupo de poder y los partidos de la política mexicana.
El primer golpe mediático y político ya se logró al debilitar a los órganos de organización electoral para que sea cual sea el resultado del próximo 6 de junio, ya se prepara una nueva reforma electoral que beneficie al grupo de poder y que elimine en la medida de lo posible dos órganos que, al menos hace tres años, validaron el resultado de quienes hoy buscan borrarlos del mapa político con o sin la constitución y las leyes.
El otro golpe a favor o en contra se conocerá la misma noche del 6 de junio, si se gana la cámara y con qué margen o si se pierde y en qué condiciones numéricas para negociaciones de futuro, porque para el presidencialismo, ese es el resultado más importante al margen de las gubernaturas, alcaldías y congresos locales.
