Frente Magisterial: 10 años de predicar en el desierto

El uso de la fuerza pública para desalojar el plantón de la Dignidad Magisterial en Plaza de Armas —cercada y ocupada después por la policía— termina por reforzar la solidaridad civil con el gremio y dar al movimiento visibilidad a escala nacional

Voces solidarias desde el Congreso

Para la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública y los sectores adheridos a su causa —tras una década de lucha— demandar servicios médicos dignos y justicia por el saqueo de fondos en la Sección 38 del SNTE y en el Sistema de Pensiones es legítimo e incuestionable. Para el Gobierno del Estado, el movimiento es una piedra en el zapato y sus exigencias constituyen un problema tan difícil de zanjar que, en lugar de mantener el diálogo iniciado a principios de agosto, decidió dar marcha atrás y recurrir al uso de la fuerza pública para reprimirlo.

El 14 de septiembre, a las tres de la madrugada, alrededor de 200 policías municipales y estatales irrumpieron en la Plaza de Armas de Saltillo para levantar el plantón iniciado 135 días atrás por profesores y jubilados. La tarea fue sencilla, pues la guardia del campamento la formaban sólo dos personas. La proporción era de 100 a uno.

«¿Quién con más poder que el propio gobernador ordenaría eso (el desalojo)? No nos queda más que repetir lo que se escucha como leyenda política, que el poder tras el trono es Rubén Moreira».

Gustavo García Torres, vocero magisterial

El operativo tomó por sorpresa a los docentes, quienes defendieron la plaza mientras se comunicaban con sus compañeros en busca de auxilio. Gustavo García Torres, vocero del movimiento y uno de los primeros en llegar, declara a Espacio 4 haber intentado dejar un testimonio de los hechos a través de una transmisión iniciada en Facebook live, pero el teléfono celular le fue arrebatado por uno de los oficiales.

El forcejeo por el dispositivo sirvió de excusa a los policías para acusar a García Torres de alterar el orden. Una vez en el Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido, a cargo de Ana María Aguilar Jacobo, denunciaron al líder magisterial de proferirles improperios y amenazas. Así justificaron su detención y encarcelamiento. García ya había sido desalojado por la fuerza del Congreso local en septiembre de 2018, cuando el gremio demandaba una ley que les garantizara atención médica de calidad.

«Este segundo atropello ratifica el estilo de gobierno de Miguel Ángel Riquelme, quien desde su campaña por la gubernatura de Coahuila, con el eslogan “Menos política y más carácter”, o en la actualidad, con la frase “Fuerte, Coahuila es”, deja claro que, para solucionar los problemas, lo suyo no es recurrir a la negociación, sino hacer uso de la fuerza pública para someternos», dice García Torres.

Sin embargo —apunta—, esta vez la estrategia operó en su contra, pues no solo provocó una mayor solidaridad civil con el magisterio, sino también le dio al movimiento y sus demandas exposición mediática a escala nacional. El desalojo lo abordaron Manuel Gil Antón (El Universal), Manuel Fuentes (La Silla Rota) y Julio Astillero en su canal de noticias. Medios de diferentes entidades también desplegaron la noticia.

Maestros, jubilados y activistas protestaron frente a la Comandancia de Policía y lograron la liberación de García Torres horas después de ser detenido. Uno de los manifestantes era el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López. «Protestar es un derecho, reprimir es un delito y una grave violación a los derechos humanos», denunció. Vera y su predecesor, Francisco Villalobos, de 100 años, apoyan el movimiento de la Coalición Magisterial e incluso participaron en el plantón frente al Palacio de Gobierno. «Veo con mucho gusto, cómo el sentido de responsabilidad y de solidaridad se ha desarrollado. Es una muestra de madurez humana, y qué bueno que conociendo sus valores y atendiéndolos logren que tengamos una sociedad más justa, más humana y más participativa. Que Dios les bendiga y les ayude a salir adelante», dijo Villalobos a los maestros (03.07.21).

Las autoridades aprovecharon las 20 horas de arresto de García Torres para tomar y cercar la Plaza de Armas y de la Nueva Tlaxcala, entre las cuales se ubica el Palacio de Gobierno, para evitar la reinstalación del plantón. La medida fue criticada con severidad en las redes sociales, por clausurar un espacio público.

Aguilar Jacobo dictó una orden de restricción por 60 días a Gustavo García para que se mantenga alejado de los policías César Eduardo Ramírez Rodríguez y José de Jesús Martínez Ramírez, a quienes supuestamente amenazó durante el desalojo. También tiene prohibido acercarse al domicilio y al lugar de trabajo de los agentes, que no es otro que el mismo Palacio de Gobierno.

Negociaciones en el limbo

El gobernador Miguel Riquelme expresó «su más amplia disposición para realizar, en el marco de su competencia, el análisis y búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas», así como servir de «puente de comunicación con aquellas entidades que gozan de autonomía jurídica». El galimatías se asienta en el acta de la reunión del 28 de julio que el gobernador y los secretarios de Gobierno, Fernando de las Fuentes, y de Educación, Higinio González Calderón, celebraron con la Coalición Magisterial para escuchar demandas. El movimiento no es nuevo. Empezó hace 10 años, justo cuando se descubrió la deuda por más de 38 mil millones de pesos acumulada en el Gobierno de Humberto Moreira, solapada por su hermano Rubén, quien actualmente coordina a los diputados del PRI en el Congreso.

«En ese contexto (Riquelme) propuso la creación de mesas de trabajo relacionadas con los sistemas de salud y pensionario, así como vinculadas al análisis de cuentas individuales, de seguro del maestro y vivienda». Las reuniones se realizaron a principios de agosto, con el compromiso de que en un lapso de tres semanas se presentarían los resultados al gobernador para «delinear lo conducente».

En lugar de reunión, hubo desalojo. Los maestros no recibieron aviso o solicitud oficial, ni verbal ni por escrito, para retirar el plantón. Su presencia, durante la ceremonia del Grito, resultaba incómoda y riesgosa. El gobernador vitoreó a los héroes de la Independencia sin público y con la Plaza de Armas ocupada por policías estatales y municipales, militares y agentes de la Guardia Nacional.

«No nos habríamos negado a movernos, pues las negociaciones ya habían iniciado. Incluso nuestro trato con los guardias de Palacio estaba escalando a nivel de camaradería. A veces nos facilitaban la toma de corriente eléctrica o, por las noches, ellos mismos alejaban a indigentes o a los ebrios que se acercaban al lugar donde pernoctábamos», dice García Torres.

¿Por qué la mano dura?, se pregunta el líder magisterial. «Si el gobernador había expresado disposición, por lo menos verbalmente, si el secretario de Gobierno había bajado a la plaza a comprometerse para darle un seguimiento puntual y preciso a todos los temas y encontrar soluciones de fondo… ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué vino este giro total de 180 grados para reprimir el movimiento sin decir ni siquiera agua va? Porque no hubo acercamiento, ni siquiera una propuesta de “oigan, pues ustedes siguen aquí, no se quieren retirar, aún no tenemos soluciones, las estamos buscando, pero miren, vamos a hacer el Grito, por favor colóquense en el extremo de la plaza, llévense su toldo para allá porque vamos a hacer un despliegue de presencias policiacas y militares, dennos chance de que quede despejada toda la plaza y después ya al día siguiente regresan”».

La intención era romper el avance de las negociaciones, infieren los líderes del movimiento. «¿Quién con más poder que el propio gobernador ordenaría eso? No nos queda más que repetir lo que se escucha como leyenda política, que el poder tras el trono son Rubén Moreira y su hermano Carlos —en el caso específico del magisterio—, por ser él quien tiene el control de las tres secciones». Para García, el problema de fondo es la corrupción y la impunidad que permean en todos los ámbitos de Gobierno, con las implicaciones políticas que eso conlleva.

Resistencia pacífica

Seis días después del desalojo, la Coalición Magisterial volvió a las calles. El 21 de septiembre, más de un centenar de maestros y jubilados realizaron un mitin en el atrio de Catedral de Santiago, frente a un Palacio de Gobierno cercado por la policía. La orden es arrestar a García Torres si pone un pie en la Plaza de Armas.

El objetivo de la reunión era desplegar unas lonas con información sobre el desalojo. Los oradores lanzaron críticas «por la falta de capacidad del gobernador Riquelme para dialogar y construir acuerdos». Pues pese a la insistencia del magisterio, las negociaciones ya se habían interrumpido antes del 14 de septiembre. El diálogo estaba en un punto muerto. El secretario de Gobierno no tomaba las llamadas. Tampoco sabían cuándo se reanudarían las mesas de trabajo y si habría o no una nueva reunión con el gobernador. Nada.

«Nosotros —dice García Torres— nunca dejamos de insistir, tanto telefónicamente como por escrito. Incluso hubo momentos en que fue necesario contener “las ansias beligerantes de nuestro grupo”. Cuando el Gobierno dejó de cumplir con lo pactado, decíamos a nuestros compañeros: “Vamos a darles tiempo, mantengamos la tregua diplomática, moderemos nuestro discurso y nuestras acciones ante ellos en abono a la construcción de una relación diplomática”.

»Las autoridades entendieron mal nuestra apertura al diálogo. A partir de que nos entrevistamos con el gobernador, nos emplazó: “Bueno, pues supongo que una vez que ya han sido recibidos por mí, ustedes van a considerar levantar el plantón”. “No, señor, no nos vamos a levantar hasta que tengamos signos evidentes, ciertos y seguros de que las soluciones están puestas en marcha, no hay que confundir… Las palabras no son soluciones. Para ustedes es bastante cosa considerar que nos escuchan, pero para nosotros no”.

»Acaso como muestra de disposición y voluntad a privilegiar el diálogo, ofrecimos retirar unas de las lonas donde exhibíamos nuestras demandas, y nosotros mismos mandamos imprimir otra con una fotografía en la que estamos con el gobernador, en ella desplegamos el mensaje: “estamos en diálogo con el Gobierno, en la búsqueda de soluciones”». Todo en abono a privilegiar la negociación.

García Torres agradece el apoyo de la ciudadanía. «Sobre todo en esta etapa en la que el Gobierno pasó a la represión, obtuvimos un gran respaldo virtual, en redes sociales, pero también presencial, porque el día de la manifestación para que me liberaran llegó incluso un grupo de compañeros taxistas que ayudaron a bloquear la calle para hacer presión en el exterior de la comandancia. Aparte, todas las redes sociales están inundadas de comentarios positivos (para la coalición); primero, condenando el actuar de las autoridades, y luego, sumándose a la solidaridad con el magisterio».

También habla del cerco informativo. «Sabemos que el Gobierno recurre a todo lo que tiene a su alcance en la relación mercantil con los medios de comunicación para condicionarle a los dueños y directivos el flujo de recursos por la vía de contratos, exigiéndoles que no le den cobertura a esta situación. Algunos compañeros (de la prensa) nos comentan y se disculpan por no poder publicar en las empresas donde trabajan la información que recaban. “Me bajaron la nota. Claramente ya me dijeron que hay indicaciones de no darles cobertura”, nos manifiestan.

»Incluso después de la represión, uno de estos medios publicó que la remoción se había realizado para protección de nosotros, los propios manifestantes. No obstante, a mí la Fiscalía me acusa, a través de estos policías municipales que finalmente fueron los que me detuvieron y trasladaron a la comandancia, de haberlos agredido y hacerlos víctimas de mis terribles insultos y amenazas. Llegaron al extremo de decir que en un principio “les pareció ver” que yo llevaba petardos atados al torso y temían que con ellos pudiera realizar un atentado contra el Palacio de Gobierno. Es claro que todo se confabuló con la intención de justificar mi encarcelamiento, porque de otra manera no habría elementos para explicarlo». E4


Voces solidarias desde el Congreso

El diputado Rodolfo Walss Aureoles (PAN) presentó, en la sesión del Congreso del 21 de septiembre, una proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia inmediata del secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, para explicar «el ilegal desalojo del plantón magisterial, así como del arbitrario arresto del profesor Gustavo García». También pidió al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Hugo Morales Valdés, iniciar la investigación de los hechos.

Walss anticipó que la aplanadora del PRI rechazaría su propuesta, tal como sucedió. Con siete votos a favor y 10 en contra, pasó a la congeladora de la Comisión de Gobernación. El legislador denunció: «Mientras los diputados del PRI, que se dicen tan cercanos al pueblo, previamente aprobaron un punto de acuerdo a favor de los migrantes, cuando se trató de los maestros de Coahuila, ese partido dijo “no importa que les roben”».

La falta de compromiso priista se debe a que «fue el propio Gobierno el que le robó su dinero a los maestros, el que les quitó sus prestaciones, su derecho a la pensión o a la atención médica». Cuestionó, «¿cuánto vale la palabra del gobernador, quien con una mano les ofreció diálogo y con la otra les dio con el garrote?».

»Aquí es donde queda claro que, en Coahuila, si te llamas Humberto Moreira puedes pedir 36 mil millones de pesos de deuda y literalmente robarte 16 mil millones; si te llamas Rubén Moreira puedes agarrar el dinero del Fondo de Pensiones de los maestros y robártelo; si te llamas Jorge Torres, puedes reconocer en una corte que recibiste sobornos, y nada te va a pasar. Pero no se te ocurra ser un maestro y que el Gobierno te robe tu dinero, porque entonces lo que sucede es que te mandan a la policía a reprimir tu protesta por exigir que te regresen lo robado».

El legislador lagunero advirtió que, frente a una violación a los derechos humanos, se debe investigar la cadena de responsables, desde los autores materiales hasta quienes dieron la orden, según su grado de autoridad. Es —dijo— obvio que los maestros no habrían sido desalojados sin la orden expresa y directa del gobernador Miguel Riquelme, quien debe de asumir la responsabilidad por los actos de su secretario de Gobierno.

«Si como diputados somos realmente congruentes con lo que decimos, de apoyar al pueblo, de ser transparentes, honestos e imparciales, debemos sumarnos al reclamo de los maestros y a la demanda para que los hechos sean investigados y se deslinden las responsabilidades», apuntó.

En otra discusión, Lizbeth Ogazón Nava (Morena) se dirigió al diputado Álvaro Moreira y a su aprtido (PRI) para tacharlos de ser los más incongruentes en el Congreso. «Usted es el menos indicado para darnos lecciones de congruencia», le espetó.

Ante miembros de la Coalición Magisterial, Ogazón Nava reclamó a Moreira —a quien recordó ser también docente— traicionar a los maestros. «¿Ellos no valen?, ¿acaso son menos?… Hay que ser congruente con lo que se dice y lo que se hace. Súmese a las propuestas de apoyo al magisterio. No las vote en contra. Se lo digo en su cara. Usted es maestro, tiene una plaza como maestro, ser congruente sería apoyar a los maestros, porque usted debería representarlos en esta tribuna, porque pertenece a ellos; sin embargo, les da la espalda y permite que sean desalojados, despojados del recurso por el que ya trabajaron. porque no son dádivas, es la recuperación de fondos que el propio Gobierno les robó».

Gustavo García dio la razón a la diputada de Morena. «Es decepcionante ver cómo miembros del magisterio, que actualmente fungen como diputados y diputadas, dan la espalda a su gremio».

Álvaro Moreira no es el único docente en la fracción priista de la actual legislatura, advirtió, también lo son Martha Loera Arámbula y Esperanza Chapa. Los tres votaron contra la propuesta de Rodolfo Walss para llamar a cuentas al secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, por el desalojo arbitrario.

«Tristemente, la diputada Loera es hija de un exlíder magisterial a quien se deben varias conquistas gremiales», apuntó García Torres. «Pero qué otra cosa podía esperarse ahora de ella, una diputada que, a principios de año, en plena tribuna, al dirigirse al pleno profirió: “Compañeros diputados, cualquiera de ustedes, antes de hablar de los Moreira, primero lávese la boca”». E4

Es ingeniero egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo con especialización en el área de Economía. Ha ejercido el periodismo en Saltillo. Trabajó en El Diario de Coahuila; se desempeñó como editor, diseñador, fotógrafo, redactor de editoriales y artículos de economía, industria automotriz, cultura e historia de Saltillo en el periódico Vanguardia.