El asesinato de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, pone de relieve el poder de la delincuencia organizada en los estados. Poco a poco se rompe el cerco que protege a los jefes políticos locales; al menos dos serán procesados en Estados Unidos, dos se encuentran presos en México y otros investigados por delitos de corrupción y vínculos con carteles de la droga
Bloque peñista, el más corrupto
Control del narco en los tiempos del PRI, según Sócrates
Carreras meteóricas, finales aciagos; el caso Aristóteles
Aristóteles Sandoval, asesinado el 18 de diciembre en un bar de Puerto Vallarta, es el epítome de la generación de gobernadores treintañeros que llegaron al poder después de la alternancia en Los Pinos, impuestos, en la mayoría de los casos, por sus predecesores. Los distinguió el afán excesivo de riquezas, la megalomanía, la frivolidad y la incompetencia. A sus gobiernos los marcó la corrupción, el endeudamiento, la violación de los derechos humanos, la violencia sistemática, las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas y los vínculos con la delincuencia organizada. La muerte de Sandoval se atribuye al Cartel Jalisco Nueva Generación.
Esa camada —y algunos de mayor edad— ascendió a la más alta responsabilidad política en sus estados por la vía rápida. El desempeño de quienes pasaron por el Congreso federal destacó por su grisura y ninguno sobresalió en los cargos previos. A ese grupo pertenecen, además de Aristóteles Sandoval, Enrique Peña Nieto (Estado de México), Humberto y Rubén Moreira (Coahuila), Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua), Rodrigo Medina (Nuevo León), Roberto Sandoval (Nayarit) y Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), todos del PRI. El expresidente Peña es investigado en México por el caso Odebrecht; y en Estados Unidos, por un supuesto soborno a Pemex, de acuerdo con autoridades y fuentes periodísticas.
Humberto Moreira es acusado en Texas por supuestos vínculos con el cartel de Los Zetas, lavado de dinero, organización criminal y otros presuntos delitos, de acuerdo con informaciones de El País, Chicago Tribune, Proceso, Telemundo, Aristegui Noticias y Animal Político. El exgobernador de Coahuila estuvo internado en el penal de Soto del Real de Madrid, España, del 15 al 22 de enero de 2016. Su liberación la facilitó el entonces presidente Peña Nieto, según El País. En Coahuila existen denuncias (congeladas) contra el gobierno de Rubén Moreira por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma, y la Fiscalía General de la República lo investiga por «gastos ilegales» por más de 400 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Reforma, 23.11.20).
Funcionarios y empresarios cercanos a Humberto Moreira, claves en su gobierno y en la trama para triangular recursos «robados del erario de Coahuila» a bancos extranjeros y paraísos fiscales, han sido procesados en Cortes de Texas. Javier Villarreal —exsecretario de Finanzas—, Rolando González Treviño —dueño de estaciones de radio y televisión— y Luis Carlos Castillo Cervantes, el Rey de los Dragones, se declararon culpables de los delitos de lavado de dinero, pago de sobornos, fraude bancario y cohecho. Para ser liberados, entregaron al gobierno de Estados Unidos decenas de millones de dólares en cuentas, propiedades y negocios. —Herminia Martínez de la Fuente, suegra de Moreira, cedió una residencia en San Antonio, la cual fue subastada en el equivalente a 10 millones de pesos—.
Villarreal y el exgobernador interino Jorge Torres López, extraditado el 29 de octubre de 2019 a Corpus Christi, Texas, todavía esperan sentencia. Según una nota de la agencia Apro, Torres «etiquetado como uno de los más buscados por la DEA (…) fue utilizado por su antecesor Humberto Moreira para depositar fondos saqueados del erario estatal en paraísos fiscales y bancos de Texas. Documentos liberados por la Corte del Distrito de Texas sobre procesos judiciales contra Torres López y el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, señalan que ambos fueron cómplices de Moreira en la transferencia de unos 35 millones de dólares a Bermudas y bancos texanos», dice la información de Patricia Dávila y Juan Alberto Cedillo.
Esta generación de gobernadores heredó a sus estados corrupción, deudas impagables, nepotismo, crisis institucional y déficit de servicios. Coahuila debe desde 2011 alrededor de 40 mil millones de pesos a la banca y ha dedicado más de 34 mil millones al pago de intereses. Protegido por el Congreso y la Procuraduría General de Justicia, Moreira jamás rindió cuentas a nadie. Hoy mismo las denuncias por un paquete de créditos desviados, por 4 mil millones de pesos, duermen el sueño de los justos.
Privilegios y control
Antes de la alternancia en el poder ejecutivo federal también existía corrupción en los estados, pero el presidente la frenaba. Los gobernadores ajenos a su círculo sabían a qué atenerse en caso de excederse. Quienes cayeron en desgracia no lo fueron por delinquir, sino como escarmiento o por venganza política. Luis Echeverría reformó la Constitución de Sonora para permitirle a Carlos Armando Biebrich ser elegido a los 34 años. En el mismo año (1975), el Congreso federal removió al guerrerense Israel Nogueda Otero junto con los demás poderes. Óscar Flores Tapia renunció al gobierno de Coahuila en 1982 tras una campaña mediática orquestada desde Los Pinos, cuyo inquilino era José López Portillo.
La alternancia PRI-PAN terminó con la costumbre de nombrar gobernadores desde el centro. El método tenía ventajas, pues los candidatos adquirían experiencia y formación en el gabinete y en las cámaras de Diputados y de Senadores, lo cual les permitía relacionarse y regresar a sus estados fogueados y no en pocos casos con historias de éxitos y fracasos. Las decisiones locales, sin embargo, en vez de crear condiciones democráticas, dar cumplimiento a la separación de poderes y fortalecer a las entidades, generaron cacicazgos y mayor corrupción y sometimiento de los órganos legislativo y judiciales incluso de entes supuestamente autónomos a los gobernadores. Revertir esa situación es uno de los temas pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Permitir a los gobernadores —jefes reales de sus respectivos partidos, antes lo era el presidente— nombrar sucesor empeoró las cosas. La relación con los carteles de la droga, antes exclusiva de la federación, se dispersó. Las autoridades estatales empezaron a negociar territorios y plazas con la delincuencia organizada, y la violencia se extendió por todo el país. La decisión del presidente Felipe Calderón de asignar tareas de seguridad al Ejército obedeció a la corrupción de las policías federales y locales. Quiso afrontar al narcotráfico y a los gobernadores, pero sin mayoría en los estados ni en el Congreso el empeño fracasó y devino en baño de sangre. Perdió la partida por las malas.
Ya sin la espada presidencial sobre sus cabezas, los gobernadores dieron rienda suelta a su talante autoritario, antidemocrático y feudal. En Estado de México, Arturo Montiel impuso como sucesor a su sobrino Enrique Peña Nieto, quien lo absolvió de los delitos de corrupción documentados por la oposición; en Nuevo León, Natividad González a Rodrigo Medina; en Tamaulipas, Tomás Yarrington nombró a Eugenio Hernández; en Veracruz, Fidel Herrera se decantó por un corrupto de su talla: Javier Duarte. Pero ninguno llegó al extremo de heredarle el cargo a un hermano como ocurrió en Coahuila. Rubén Moreira sucedió a Humberto para cubrirle las espaldas por la megadeuda de 40 mil millones de pesos con bancos y proveedores y otros atropellos. El rastro de Rubén también fue de corrupción.
La Cuarta Transformación ha encontrado resistencia en los estados, no solo por los recortes presupuestarios, sino también por el riesgo de perder privilegios y control. La Alianza Federalista es una de esas expresiones. Sin embargo, el cambio de régimen propuesto por el presidente López Obrador estará incompleto si no reforma las estructuras de poder en las entidades, donde los gobernadores todavía son amos y señores.
Atonía y silencio
Organizaciones ciudadanas, medios de comunicación independientes del país y la prensa extranjera hicieron el trabajo de congresos y partidos de oposición: poner bajo la lupa a gobernadores venales que hoy están entre rejas en México y Estados Unidos o son investigados, como los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Otro factor que atizó la inquina social, determinante, en algunos casos, para lograr la alternancia donde el PRI había gobernado por 80 años o más, fue la ostentación de políticos llegados al poder para cambiar de estatus y convertirse, en un sexenio o menos, en dueños de fortunas, ranchos, fraccionamientos, medios de comunicación y otros negocios.
La corrupción no es monopolio de los gobernadores del PRI. Pablo Salazar (Chiapas) y Narciso Agúndez (Baja California Sur), del PRD, así como Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes) y Guillermo Padrés (Sonora), del PAN, también han estado en prisión por delitos de corrupción. Sin embargo, frente a los desmanes de los Duarte de Veracruz y Chihuahua, los Moreira de Coahuila, los Medina de Nuevo León y los Borge de Quintana Roo, parecen párvulos. En estas entidades, la deuda y la violencia se dispararon significativamente, pero solo en la nuestra se contrataron créditos de manera ilegal.
La advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador según la cual los poderes público y económico se confabulaban para obtener beneficios mutuos de la corrupción se cumple cabalmente en los estados, donde esas estructuras permanecen intocadas. La atonía de las cámaras empresariales y el silencio de algunos sectores de la prensa lo suplieron, en el caso de Coahuila, organizaciones como Participación Ciudadana 29 (PC29). Previo a las elecciones de 2017, en las cuales el estado estuvo a un paso de la alternancia, PC29 realizó plantones frente al Palacio de Gobierno y la Casa de Gobierno de Torreón en protesta contra la corrupción del «moreirato».
A escala nacional, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció la Estafa Maestra por la cual la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, tiene más de un año en el penal de Santa Marta Acatita. El expresidente Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el excandidato presidencial José Antonio Meade podrían ser encausados por el mismo caso. La trama para desviar recursos públicos a campañas del PRI, con la participación de universidades públicas y secretarías de Estado, le costó al país más 7 mil 760 millones de pesos.
En la investigación «Megadeuda en Coahuila: Justicia Simulada» (2019), desarrollada por Lucía Pérez Paz y Magda Guardiola, MCCI desnudó el sistema de procuración y administración de justicia del estado, donde el «moreirato» tiene todavía algunos peones como los magistrados Homero Ramos Gloria (exprocurador), Luis Efrén Ríos (muñidor electoral del PRI) e Iván Garza (exsecretario de Rubén Moreira):
«Desde hace ocho años, cuando en Coahuila hubo un histórico endeudamiento por 35 mil millones de pesos se abrieron investigaciones oficiales. Una de ellas, la impulsada por la Fiscalía estatal, fue una farsa: no incluyeron la prueba principal. La posibilidad de castigar a los culpables se vino abajo. Esto no fue un yerro cualquiera, los magistrados que atendieron este caso calificaron como “incomprensibles” esos errores. Esto sucedió durante el gobierno interino de Jorge Torres, del círculo político del controvertido exgobernador Humberto Moreira».
El clan premia a sus leales. «Adrián González, el juez que absolvió a los involucrados, dejó su cargo en el Juzgado Segundo en Materia Penal del Distrito de Saltillo para ser nombrado el 10 de mayo de 2017 magistrado a propuesta del gobernador Rubén Moreira Valdés, hermano de Humberto y sucesor en el cargo», dice MCCI. E4
Bloque peñista, el más corrupto
El presidente Zedillo retiró la impunidad a gobernadores, sin hacer alarde. Mario Villanueva inauguró la pasarela
Además de cumplir la promesa de establecer con su partido una «sana distancia» y de impulsar la reforma política que abriría las puertas a la alternancia, el presidente Ernesto Zedillo encarceló a Raúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor, por delitos de corrupción, y retiró la impunidad política al gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, uno de los consentidos del «salinato», acusado de colaborar con el cartel de Juárez. Tampoco protegió a su amigo Rubén Figueroa, quien renunció al gobierno de Guerrero por la masacre de campesinos en Aguas Blancas.
Investigado por la Procuraduría General de la República, Villanueva huyó antes de entregar el poder a Joaquín Hendricks, también del PRI. En mayo de 2001 fue detenido en Cancún y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavar dinero del narcotráfico. Una Corte de Nueva York lo sentenció a 11 años por facilitar el envío de cocaína. El político regresó a México en 2017 para purgar una condena de 22 años por el mismo delito. Desde el 10 de junio de 2020, Villanueva cumple la pena en prisión domiciliaria por tener más de 70 años, 19 de los cuales los ha pasado en distintas prisiones.
Las siguientes detenciones de exgobernadores ocurrieron más de una década después: Narciso Agúndez (PRD/Baja California Sur) por peculado, en 2012; Andrés Granier (PRI/Tabasco), quien presumió en una fiesta tener 400 pares de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y 300 trajes en sus casas de Miami, Cancún, Ciudad de México y Villahermosa, por desviar más de mil 900 millones de pesos de programas sociales y evasión fiscal por más de 8 millones, en 2013. Guillermo Padrés (PAN/Sonora) se entregó el 9 de julio de 2015 para ser enjuiciado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.
La captura del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, el 10 de abril de 2017 en Florencia, Italia, por la Interpol, bajo los cargos de delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, provocó un terremoto en el gobierno de Peña Nieto. La PGR reclamó, sin éxito, su extradición a México. Enseguida de Yarrington cayeron, cual fichas de dominó, los exgobernadores priistas Javier Duarte (Veracruz), el 15 de abril, en Guatemala; Roberto Borge (Quintana Roo), un mes más tarde, en Panamá; y Eugenio Hernández (Tamaulipas), el 6 de octubre, en Ciudad Victoria. Todos bajo cargos de corrupción. Yarrington, quien aspiró a la presidencia de la república en 2006, fue extraditado el 20 de abril de 2018 a Estados Unidos, donde espera sentencia.
El temor del gobierno peñista era que, como ocurrió con Humberto Moreira en España y con Yarrington en Italia, Duarte y Borge también fueran solicitados por Estados Unidos. En el caso de Moreira, su rápida liberación impidió su extradición. La captura del exgobernador César Duarte (PRI/Chihuahua) se produjo el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, durante una entrevista de los presidentes López Obrador y Donald Trump en Washington. Se le acusa de estafar 6 mil millones de pesos al estado y de desviar 250 millones al PRI, por medio de la «Operación Safiro», para las campañas electorales de 2015. Solo falta concretar un intercambio: el de Eugenio Hernández a Estados Unidos y el de César Duarte a México. E4
Control del narco en los tiempos del PRI, según Sócrates
Violencia en el sexenio de Calderón, por no seguir la estrategia de los «presidentes fuertes», dice exgobernador
El cambio de partido en la presidencia de la república, después del monopolio priista de 71 años, no solo liberó fuerzas políticas locales devenidas en cacicazgos, sino también otras que devastaron al país: las del crimen organizado, antes concentradas en un puñado de estados como los del triángulo dorado (Durango, Chihuahua y Sinaloa), Jalisco, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. En una conferencia en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, atribuyó el desbordamiento de la violencia urbana, en el gobierno de Felipe Calderón, a la cancelación de acuerdos que los presidentes del PRI tenían con el narco para señalar las rutas de la droga. Acaso por sentirse aludido, el expresidente Carlos Salinas lo refutó de inmediato.
«(Antes) se tenía resuelto el problema del tránsito (de drogas). De alguna manera les decían (a los capos): “Tú pasas por aquí, tú por aquí”».
Sócrates Rizo, exgobernador de Nuevo León (23.04.11)
Rizo, quien formó parte de los círculos de estudios espartaquistas inspirados en el marxismo-leninismo, a los cuales se vinculó con la guerrilla urbana de Monterrey, renunció a la gubernatura el 18 de abril de 1996 bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, en medio de escándalos de corrupción agravados por el asesinato del controvertido abogado Leopoldo Real. El 23 de abril de 2011, el político explicó así la relación Estado-narco en los tiempos del PRI:
«(Antes) se tenía resuelto el problema del tránsito, pero (entonces) había un control (…) había un Estado fuerte y un presidente fuerte y una Procuraduría fuerte y había un control del Ejercito férreo. De alguna manera les decían (a los capos): “Tú pasas por aquí, tú por aquí, tú por aquí”, pero no me toques estos lugares». Según el exlíder del PRI en Nuevo León, la «paz» se rompió cuando Vicente Fox y Felipe Calderón no siguieron la misma estrategia ni tomaron en cuenta consejos y experiencias del viejo régimen, lo cual provocó que se «aflojaran los mecanismos de disciplina y de control, por lo que ahora vemos los resultados» (Proceso, 23.04.11).
El vacío lo llenaron los gobernadores. Liberados de la férula presidencial, abrieron sus estados a los carteles de la droga y empezaron a recibir dinero para lavarlo, financiar campañas políticas y acrecentar sus propios caudales, a cambio de protección e impunidad. En el caso de Coahuila, el cartel dominante durante el «moreirato» fue el de Los Zetas. Así lo consigna un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zatas en San Antonio, Austin y Del Río Texas titulado «Control… Sobre todo el estado de Coahuila». El estudio, elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, contó con la colaboración del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, fundado por el obispo Raúl Vera López. El trabajo se presentó en Estados Unidos el 6 noviembre de 2017.
Quince días después, el académico Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, profesor en materia de Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad en la Universidad Iberoamericana, dieron a conocer, en el Colegio de México, la investigación El Yugo Zeta en el Norte de Coahuila, 2010-2011. Promotores de los derechos humanos, Dayan y Aguayo describen las masacres en Allende y en Piedras Negras, ocultadas por el Gobierno del estado. «…el penal de Piedras Negras era un virtual campo de exterminio. A ello se sumaba que el gobierno estatal era omiso y, algunos de sus funcionarios, incluso cómplices. La Federación se mostraba indiferente y displicente, en un ambiente en que la mayoría ignoraba a las víctimas» (Proceso, 21.11.17). E4
Carreras meteóricas, finales aciagos; el caso Aristóteles
Sandoval llegó al poder a los 39 años y a los 46 fue asesinado por la espalda en un bar de Puerto Vallarta
La carrera política de Aristóteles Sandoval, como la de otros contemporáneos suyos, fue vertiginosa. Llegar al gobierno de Jalisco —el estado con el cuarto mayor PIB nacional— le tomó apenas nueve años, cuando en el viejo PRI, en cualquier caso, tardaba décadas. Antes fue diputado local y alcalde de Guadalajara. En Coahuila, a los Moreira les llevó menos tiempo: seis años a Humberto y tres a Rubén. El síndrome de hibris, el abuso del poder y dejar el mando aún cuarentenos, les pasó factura y debe ser motivo de crisis existenciales; y por remoto que parezca, aun morales.
Asumir una responsabilidad de esa envergadura sin sabiduría suficiente —lo que ha habido son complejos de clase— ni un carácter fraguado en éxitos y fracasos, concluirla con fortunas fabulosas y estar bajo investigación o entre rejas, puede llevar a pozos de depresión y aun a la locura. Peor que robar al erario, con la seguridad, en la mayoría de los casos, de no ser castigado, es haber pactado con la delincuencia organizada, cuyo dinero, sobre todo en los últimos sexenios, ha servido incluso para comprar votos.
Ese pudo ser el caso Sandoval, asesinado por la espalda en un bar de Puerto Vallarta el 18 de diciembre, al parecer por sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación. Si para un mortal cualquiera, visitar un club nocturno en ese destino turístico, disputado por carteles de la droga, es riesgoso—apenas el 22 de noviembre fue plagiado y asesinado el empresario inmobiliario José Tomé Velázquez al salir del restaurante Sonora Grill—, para el exgobernador de un estado asolado por la delincuencia organizada, puede ser fatal.
Sandoval había renunciado a un cargo menor en un PRI podrido por la corrupción y sin futuro. Pensaba regresar a la política convertido en crítico. «A lo largo de su carrera, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz fue señalado de tener nexos con la delincuencia organizada; algunos de sus colaboradores y un amigo fueron atacados o asesinados por la misma. Detrás del homicidio del político (…) puede ocultarse algo similar», escribe Gloria Reza en un reportaje titulado «Más oscuros que claros en la trayectoria de Aristóteles Sandoval» (Proceso, 19.12.20).
El gobernador recibió el primer aviso nueve días después de haber tomado posesión. El 9 de marzo de 2013, la camioneta donde viajaba su amigo José de Jesús Gallegos Álvarez, secretario de Turismo, fue acribillada en Zapopan. El secretario de Gobierno, Arturo Jiménez, relacionó el asesinato con las actividades empresariales de la víctima, quien fundó la compañía operadora de los Hoteles Maya Resort. George Trayson, experto en México y profesor del College of William and Mary ofreció su punto de vista al Houston Chronicle: «Como secretario de Turismo, Gallegos hubiera desempeñado un papel clave en la toma de decisiones que pueden generar fortunas, o hacerlas desaparecer, en el rubro de la construcción de hoteles, muelles y otros proyectos en terrenos de la costa del Pacífico. Pero los proyectos de desarrollo económico en México tienden a tener un lado oscuro» (Animal Político, 15.05.13).
Según declaraciones ministeriales de Jonathan García, uno de los presuntos asesinos, Gallegos lavaba dinero para Los Caballeros Templarios, razón por la cual Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, ordenó su muerte (Milenio, 02.06.14). Esta misma organización atentó contra el secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, cuando salía de un restaurante de Guadalajara. El funcionario sobrevivió y más tarde fue ascendido a fiscal general del estado, pero en el ataque murieron dos personas y 15 resultaron heridas. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.