Lastrado por los comicios de 2017 y por la influencia del exgobernador Rubén Moreira, el Instituto Electoral de Coahuila vive en el ojo del huracán. Negocios turbios, favoritismo, denuncias de acoso y violencia de género han convertido la presidencia de Gabriela de León en un infierno
Cicatrices de 2017: pifias y protestas
Mucho se ha hablado del Instituto Electoral de Coahuila (IEC)… pero de bueno, poco o nada. La elección de 2017 borró la poca credibilidad de un organismo cuya «autonomía» depende del Palacio de Gobierno. La mayoría del consejo general adolece de doble moral en temas de igualdad y no discriminación, austeridad e imparcialidad. Además, la presidenta Gabriela de León Farías —nombrada en 2015 por el Instituto Nacional Electoral (INE), pero dúctil a los dictados del entonces gobernador Rubén Moreira— es objeto de señalamientos por concertar negocios de dudosa rentabilidad.
Morena presentó en 2019 una iniciativa de reforma constitucional para suprimir los 32 institutos estatales electorales, conocidos también como Organismos Públicos Locales, y que el INE termine de asumir sus funciones. La medida le ahorraría al país más de 14 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Animal Político, 70.03.19).
Cuando bien le va, el árbitro comicial es tachado de parcial y deficiente. ¿Quién no recuerda las consignas del expresidente del PRI, David Aguillón, vía teléfono celular, al consejero Alejandro González, quien preside, justamente, la Comisión de Igualdad y no Discriminación? El sueldo de 93 mil 971 pesos netos que mensualmente se embolsa cada consejero —sin contar aguinaldos y otras prestaciones— representan una bofetada, más en tiempos marcados por la pandemia y la crisis económica.
No extraña entonces que los excesos terminen por llamar la atención, primero de la ciudadanía, luego de los medios de comunicación y, tarde o temprano, de la guadaña de la Cuarta Transformación. A la par crece la inconformidad en un IEC sofocado. Los encontronazos en las sesiones ya no se pueden ocultar; los cuestionamientos sobre el uso de los recursos se multiplican; empiezan a surgir deserciones dentro de la nómina y la presidenta siente el peso de un timón que jamás ha llevado.
Forcejeo interior
La relación en el consejo del IEC dista de ser miel sobre hojuelas. La reciente fricción la provocó Juan Antonio Silva Espinoza, nombrado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 18 de julio de 2018, quien, acaso por estar fuera de la órbita oficial, se ha convertido en el compañero incómodo de la presidenta Gabriela de León y de otros consejeros, pues al parecer no le tiembla la mano para señalar irregularidades.
En una de las últimas sesiones de 2020, puso en tela de juicio la calidad ética de la presidenta de un comité municipal, cuya identidad no traspasó las puertas de la sala de reuniones. Su apreciación fue mal recibida por el resto de sus colegas. Le advirtieron a Silva que se trataba de «chismes», que sus señalamientos implicaban «suposiciones peligrosas» e incluso que podía estar incurriendo en violencia de género.
Si la intención era acallar una voz crítica, el tiro salió por la culata. Sugerir amenazas o recurrir a la violencia de género no pasó desapercibido. J. Alfredo Reyes, en su columna «Reflexiones» cuestiona: «¿Por qué los adjetivos de farsantes, patéticos, cínicos, cacasenos e hipócritas? Porque es una farsa dentro del instituto eso de la defensa de la mujer. Todos ellos (excepto el consejero Silva) incluyendo a la recién nombrada magistrada del tribunal electoral, Karla Verónica Félix, han sido acusados por una trabajadora del IEC de lo que tanto presumen combatir: violencia de género, discriminación, acoso, hostigamiento y persecución» (Vanguardia, 27.12.20).
El columnista Luis Carlos Plata advierte: «Desde su creación, en noviembre de 2015, a la fecha, [el IEC] no ha resuelto ningún procedimiento de queja o denuncia por violencia política por razón de género pese a ser su bandera política, ni ha organizado algún ejercicio vinculatorio como plebiscito, referéndum, consulta popular o cualquier tipo de participación ciudadana. Su labor es autómata, de una pobreza intelectual notable, simbolizada en actividades públicas como concursos de canto y carreras de botargas» (Zócalo, 07.06.20).
La crítica de Silva —o cualquier otra voz— no debe ser anulada, sino estimulada, pues no la dirige a una presidenta manipulable y condicionada, sino al aparato que repesenta. El consejero, quien forma parte de la Comisión de Transparencia, observó inconsistencias en la aprobación de cuenta pública de 2019, como la no devolución de ahorros del instituto al presupuesto estatal y, en su lugar, fingir la existencia de pasivos para evitar los reintegros a las arcas. De acuerdo con Silva, entre el Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública de ese mismo año existía una diferencia por más de seis millones de pesos. Además, denunció un sobrecosto por casi 1.5 millones de pesos en la consturcción del edificio del IEC.
Gabriela de León rechazó las imputaciones y adujo errores de interpretación: el presupuesto del edificio se extendió para incluir la adquisición de equipo de seguridad; y el capital que debía reintegrarse al erario ya se había comprometido con otro contrato para la construcción del inmueble, dijo. Mientras se aclara si son peras o son manzanas, el IEC no deja de ser blanco de acusaciones sobre su actuación como garante de elecciones justas y su transparencia.
Sobrecostos por doquier
Otro punto controvertido es la compra de materiales por 39 millones pesos para las elecciones del 6 de junio próximo (Zócalo, 15.03.20). El contrato se otorgó a Formas Finas y Materiales, de la Ciudad de México, la cual proveerá cajas de votación, mamparas, marcadores, cintas de seguridad, borradores y otros consumibles.
Empresas que ofrecieron los mismos servicios a menores precios fueron descartadas. Grupo Manufacturero de Materiales Electorales cotizó 11.5 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que se instalarán 3 mil 863 casillas, basta un par de cálculos para comprobar que, con Formas Finas, cada una le costará al IEC aproximadamente 10 mil 104 pesos, mientras que, de haberse contratado al Grupo Manufacturero, el costo unitario habría sido de dos mil 996 pesos. Los datos corresponden a la licitación pública nacional IEC/002/2020. La pregunta se impone: ¿por qué rechazaron la oferta más económica si ofrecía los mismos productos? ¿La diferencia de calidad de los marcadores o de las cajas de votación justifica un margen millonario?
No es el único caso. En marzo pasado, el IEC llegó a un acuerdo con Aldavis Comercializadora y Servicios para el suministro de equipo de cómputo para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Sí, el programa que se quedó «colgado» en el 72% del escrutinio en las elecciones de 2017, versión coahuilense de la «caída del sistema» de 1988 que llevó a Carlos Salinas al poder.
En esa ocasión el IEC pagó 2.3 millones de pesos por alrededor de 100 laptops, monitores de respaldo, cableado de red y artículos informáticos diversos de menor escala. Cualquiera con experiencia en el ramo de la computación sabe que por menos de la mitad de ese monto puede armarse un laboratorio funcional. O el Instituto Electoral no cuenta con personal administrativo y contable capacitado o falta por responder adónde va a parar el dinero excedente.
No son los primeros señalamientos al IEC por contratos que incumplen las normas o son desventajosos para el estado. En 2019 le pidieron cuentas por otorgar la licitación pública de su nuevo edificio —presupuestado inicialmente en 74.6 millones de pesos— al contratista Efrén Miguel Ayala de la Garza, uno de los empresarios más beneficiados por obras de construcción en la administración de los Moreira y, especialmente, cuando María Esther Monsiváis era secretaria de Infraestructura con Rubén Moreira. Vale recordar que Monsiváis renunció luego que se le vinculara con una empresa fantasma, de nombre Rivera Álamo, que había recibido al menos 24 millones de pesos en 2015 y una cantidad similar en 2016 de parte de la Secretaría de Finanzas del Estado (Proceso, 08.11.2016). Para más inri, fue el único contratista que acudió a las reuniones previas a la adjudicación, cuando, para una inversión de tal envergadura deben acudir mínimo, tres empresas o declararse desierta la convocatoria.
Ahí no acaba todo. Según al acuerdo IEC/CG/003/2019, el presupuesto para el edificio era de de 35 millones de pesos. Así consta en su capítulo 6000 de Inversión Pública. ¿De dónde salieron los otros 40 millones? Vale aclarar que en la misma tabla presupuestal, pero correspondiente al acuerdo IEC/CG/007/2020, ni siquiera se incluye el capítulo destinado a Inversión Pública. Tampoco, por supuesto, la consecuente partida de Edificaciones. El IEC ha ignorado los exhortos del presidente López Obrador para evitar gastos superfluos y que la corrupción se extienda entre los organismos gubernamentales.
Efecto chapulín
«Si las barbas de tu vecino ves arder, pon las tuyas en remojo», advierte —variantes más, variantes menos— un refrán que parece haber interpretado bien Karla Verónica Félix Neira, exconsejera del IEC y hoy magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila, coto de poder del consejero aúlico y magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Luis Efrén Ríos. Félix Neira se incorporó al consejo del IEC el 3 de noviembre de 2015 y debió permanecer en el puesto hasta el 2 de noviembre de 2021, pero decidió pasarse al Tribunal. Al parecer, los juramentos y compromisos éticos han dejado de importar.
Dato curioso: Con la llegada de Félix Neira al Tribunal Electoral la composición de género entre los magistrados fue de dos mujeres (Elena Treviño Ramírez y Karla Verónica Félix Neira) y un hombre (Sergio Díaz Rendón). Al mismo tiempo, se desequilibró este renglón en el IEC, donde quedan actualmente, entre los consejeros, dos mujeres (Gabriela de León y Beatriz Rodríguez) y el doble de hombres (Gustavo Espinosa, Alejandro González, Juan Antonio Silva y Juan Carlos Cisneros). El asiento de Félix Neira será ocupado por otra mujer. La convocatoria respectiva fue publicada por el INE. E4
Súper sueldos de consejeros
| Mensual bruto | 133,456.79 |
| Aguinaldo | 40 días de sueldo bruto mensual |
| Ayuda para despensa | Mensualmente |
| Ayuda escolar (hijos en edad de 3 a 15 años) | Anual |
| Mensual después de impuestos | 93,971.88 |
Para comparar…
Sueldo mensual del presidente de México:
- $162,111 bruto
- $111,900 después de impuestos
Cicatrices de 2017: pifias y protestas
El trabajo del IEC siempre ha generado discusión y polémica, por su falta de transparencia, imparcialidad e ineficacia, según han denuncido los partidos de oposición y algunos sectores de la prensa. Su intervención más cuestionable tuvo lugar en 2017, cuando Miguel Ángel Riquelme (PRI) y Guillermo Anaya (PAN) se disputaron la gubernatura.
Aunque entonces el Instituto Nacional Electoral (INE) ya era responsable de las actividades sustantivas en términos de capacitación y organización, con base en el artículo 41 de la Constitución, el IEC no pudo desempeñar bien la (prácticamente única) tarea que le correspondió: operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
El instituto debía recibir los paquetes electorales en los consejos distritales, resguardarlos, realizar las sesiones de cómputo y entregar las constancias de mayoría y no fue capaz de hacer eso correctamente.
El Frente Ciudadano por la Dignidad de Coahuila —conformado por el panista Guillermo Anaya; el representante de Morena, Armando Guadiana; José Ángel Pérez, del Partido del Trabajo; y los candidatos independientes, Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas— descubrió que al menos 20% de los paquetes electorales fueron violados mientras estaban en resguardo. Para demostrarlo, presentaron videos y fotografías donde se apreciaba la manipulación de los sellos y las cintas que debían garantizar la integridad de los paquetes.
Pronto se compartió en diversas plataformas digitales la intervención de la policía estatal y Fuerza Coahuila —la cual cambió de nombre sin haber dado respuesta a 290 quejas presentadas en su contra ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado— que se encargaron de «secuestrar» paquetes electorales en Piedras Negras y otras ciudades.
Pero eso no fue todo. El PREP capturó menos del 72% de las casillas. El conteo se detuvo justo cuando el resultado ponía en la delantera al PAN por apenas un punto porcentual, a pesar de que el conteo rápido de la madrugada anterior le había dado la victoria a Guillermo Anaya.
Cuestionada al respecto por Denise Maerker para el noticiario En Punto, la presidente del IEC, Gabriela de León, argumentó que «no hubo la posibilidad» de alimentar los datos al 100%. «El día de la elección y durante la madrugada del día ayer recibimos 2 mil 609 paquetes [71.91% del total] con su acta, los cuales fueron debidamente contabilizados, y es la información que aparece en el PREP», mencionó.
La suma de irregularidades llevó a cuestionar la validez de la elección. El Frente Ciudadano por la Dignidad de Coahuila acusó de traición al IEC por transformarse en el «brazo armado del [entonces] gobernador Rubén Moreira», desconoció los resultados de la elección y exigió la nulidad de todo el proceso.
«No reconocemos los resultados de la elección de gobernador y solicitaremos que se vuelva a celebrar el proceso electoral bajo la dirección del INE y con la participación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales», anunció Guillermo Anaya.
Al final, fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el encargado de emitir el fallo conclusivo a favor del candidato priista. La resolución provocó la mayor marcha ciudadana que se hayan registrado en la capital coahuilense como muestra del descontento social.
Sin embargo, Miguel Riquelme no fue el único ganador aquel 2017. Ese mismo año, en su declaración patrimonial, De León reportó una cuenta bancaria en el extranjero, la cual no tenía cuando asumió la presidencia del IEC, en 2015, ni durante el ejercicio fiscal 2016, pero que al cierre de 2019 aún conservaba (Zócalo, 07.06.20).
De León ha logrado mantenerse a flote, no obstante los señalamientos que se le imputan, pero tanto va el cántaro a la fuente… E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.