¿Gobierno de coalición en México?

Con las reformas a los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política, que fueron aprobadas el 10 de febrero de 2014, se abrió la puerta a los Gobiernos de coalición. Siendo opcional para el presidente de la República a partir del 2018, de optar por esa forma de gobierno en cualquier momento de su gestión y sin estar sujeto a plazo de duración.

¿Qué son los Gobiernos de coalición? Hay diversas definiciones, pero al final del día se trata de «la unión del partido político en el Gobierno con uno o más partidos con representación en el Congreso, convocados de manera expresa por el presidente de la República para elaborar un programa de gobierno compartido, dicho programa sería ejecutado y evaluado por el Gabinete que acuerden los partidos políticos coaligados».

Es pertinente subrayar que los Gobiernos de coalición son típicos de los sistemas parlamentarios que predominan en Europa, en los que la formación del Gobierno requiere de la confianza del Parlamento. En los sistemas presidenciales, mayoritarios en América (el mexicano lo es), el jefe del Gobierno es electo por votación popular y puede ejercer independientemente del partido que tenga la mayoría en el Congreso. A diferencia del Parlamentarismo, en el que prevalece una división de poderes flexible que parte de la integración de Gobierno y Parlamento a través de un conjunto de relaciones que derivan de la confianza, en el Presidencialismo la separación de Poderes es rígida, basada en el poder de una persona que personifica la nación.

Doctrinalmente la existencia de los Gobiernos de coalición tiene su fundamento en dos puntos sustantivos: la conformación de un programa de gobierno común entre los partidos coaligados, y el nombramiento de un Gabinete plural de altos cargos, que integran los partidos coaligados para encargarse de su concepción e implementación bajo la conducción del presidente electo democráticamente por el pueblo. De tal suerte que el control sobre el Gobierno no sólo parte del Poder Legislativo, sino del propio Gabinete conformado por la diversidad de los coaligados. Como ejemplo paradigmático, en 2018 en Alemania, una de las democracias más avanzadas que existen hoy día, se dio por cuarta ocasión consecutiva un Gobierno de esta naturaleza, encabezado por la Unión Demócrata Cristiana con el Partido Socialdemócrata de Alemania.

La Reforma Electoral que hicimos en 2014 —yo era diputada en la LXII Legislatura— introdujo flexibilidad al proceso de gobierno, toda vez que vía la coalición se puede obtener la cooperación del Poder Legislativo. No teníamos este mecanismo en el diseño institucional y constitucional en nuestro país. Ya está en vigor, pero no ha sido implementado porque falta la legislación secundaria, la que establece los «cómos» se lleva a cabo, y que los acuerdos se tomen con transparencia y de cara a la ciudadanía. Hago votos para que la actual Legislatura concluya lo que hicimos en 2014.

Pero vuelvo al punto, un Gobierno de coalición implica que finalmente se podrán reforzar los mecanismos de control político dispuestos por el Constituyente Permanente para que el Poder Legislativo ejerza una de sus funciones sustantivas sobre el Poder Ejecutivo, dado que le correspondería en términos de la reforma ratificar su Gabinete. Y a la vez le otorga al presidente un instrumento para tener el apoyo del Legislativo vía coaliciones parlamentarias. Y, por último, esto es bien significativo, el Gobierno y la Administración Pública ya no serían ocupados por funcionarios de un solo partido político.

En los convenios que se tendrán que regular en la legislación secundaria se deberá de establecer cuántas y cuáles Secretarías de Estado, posiciones en el Gabinete y cargos de mandos superiores dentro de la Administración Pública Federal estarán en manos de cada uno de los partidos que conformen la coalición. Esto permitirá otorgar responsabilidades precisas a los actores y partidos políticos coaligados, y a la ciudadanía la posibilidad de exigir el cumplimiento del Programa de Gobierno. Asimismo, deberá establecerse un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento del acuerdo coalicional, como del Programa de Gobierno y la rendición de cuentas del Gabinete ante el Congreso. Tal como sucede en Alemania y en la Gran Bretaña.

Otra bondad, por llamarlo de manera coloquial, de un Gobierno de coalición, es que elimina el poder unipersonal del presidente. En nuestro país, el único que está exento de tomar decisiones colegiadas es el Poder Ejecutivo. Necesitamos que pase a la prehistoria el “México presidencialista”, ha sido un lastre para nuestra democracia. La reforma apertura la posibilidad de concluir con el juego de suma cero de las elecciones presidenciales, en donde «el ganador se lo lleva todo».

Si en el 2024 —cosa que no sucedió en el 2018— quien resulte electo o electa como presidente decide hacer un Gobierno de coalición, la mayoría de los titulares del Gabinete tendrán que ser ratificados por el Poder Legislativo por mayoría simple. Esto significa que el titular del Ejecutivo pierde su facultad exclusiva para designarlos. Cabe destacar que la reforma al Artículo 89 constitucional mantiene la facultad del Senado para ratificar al secretario de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la República, y la Cámara de Diputados al Secretario de Hacienda. Las excepciones serían los titulares de las Secretarías de Defensa y de Marina, quienes serán nombrados de manera exclusiva por el presidente. Sería una experiencia inédita en nuestro país el tener un Gabinete conformado pluralmente e integrado con criterios de capacidad, méritos, equidad de género, profesionalismo y honestidad. De modo que los partidos políticos tendrían que obligarse a presentar a sus mejores elementos, y esto los convertiría efectivamente en garantes de la democracia. Darle viabilidad a la democracia es asignatura pendiente en nuestro país, y este tránsito del presidencialismo a un sistema semiparlamentario abre esa posibilidad.

Las consecuencias de gobiernos sin mayoría en el sistema presidencialista, como ocurre en México, generan parálisis política, que vulnera de manera importante la toma de decisiones. La gobernabilidad democrática demanda la formación de mayorías al interior del Congreso para tomar decisiones, y cuando el partido político del presidente está en condición de minoría, lo atan de pies y manos, y al final del día los afectados son los gobernados. Las coaliciones políticas permiten generar mayoría. No obstante, también es importante señalar que si un presidente cuenta con el apoyo de un partido dominante, crecen las posibilidades de que se anulen los contrapesos y de que los controles sean laxos. En un formato de coalición, la tendencia es activarlos. El Ejecutivo requiere necesariamente de las coaliciones para obtener consensos y es más fácil generarlos en un medio en el que predomine el diálogo, no la polarización ideológica. Como apunta el jurista Diego Valadés, no se trata de anular el poder del Ejecutivo, sino de fortalecerlo en el sentido de que pueda contar con el apoyo del Congreso.

El tema da para mucho. Ya lo estaremos reflexionando en posteriores colaboraciones. Esto es sólo una probadita y, sobre todo, una invitación respetuosa a usted, que generosamente me lee, a que se informe al respecto. Un punto de partida para ello sería que conociera los artículos 74, 76 y 89 de nuestra Carta Magna, toda vez que en ellos se legisla al respecto de los Gobiernos de coalición.