Guacamaya Leaks: jaqueo masivo al Ejército en tiempos turbulentos

La filtración de millones de archivos extraídos de servidores militares exhiben desde el desperdicio de recursos en fichas «confidenciales» sobre políticos o en la atención a la familia presidencial, hasta complejos trabajos de inteligencia para desmantelar estructuras del crimen organizado. Vigilancia de periodistas y grupos civiles, los puntos más polémicos

Grandes filtraciones del siglo, grieta para la transparencia

La versión mexicana de los «Diarios de Guerra» de Afganistán e Irak y de los «Papeles del Departamento de Estado» filtrados por Wikileaks en 2010, los cuales revelaron crímenes de guerra y acciones de espionaje a Gobiernos extranjeros por parte del Ejército y la inteligencia estadounidenses, parece un juego de niños comparada con los abusos cometidos por el vecino del norte.

La mayor parte de los correos electrónicos extraídos por el grupo Guacamaya Hacks de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado 19 de septiembre, tratan de asuntos triviales que van desde entradas y salidas de personal militar hasta faltas, correctivos disciplinarios, bajas por enfermedad, temas vacacionales y registros de vacunación por COVID-19.

Sin embargo, otros revelan la concentración de poder en el Ejército en el presente sexenio y refutan varias promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Entre ellas, el presunto uso del software espía Pegasus para vigilar a civiles, la estrecha colaboración con la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) en operativos contra el crimen organizado y la desaparición del Estado Mayor presidencial (suplantado este último por personal castrense).

Si bien el presidente ha negado el supuesto espionaje a periodistas y activistas, un correo electrónico enviado por la Sección de Guerra Electrónica —un área de la Dirección General de Transmisiones— incluye el oficio SG-3335, clasificado como «secreto» y dirigido al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, en el cual se detallan contratos y pagos a Comercializadora Antsua. Se trata de una de las empresas calificadas como «fantasmas» por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en la conferencia mañanera del 28 de julio de 2021, en la que se dio un informe sobre la contratación de Pegasus durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Y aunque otros intercambios de mensajes revelan los avanzados trabajos que realizan los seis centros de fusión de inteligencia del país (uno central y cinco regionales) para identificar y desmantelar estructuras del crimen organizado, éstos generan preocupación porque muchos de los operativos en los que se esperaba capturar a los cabecillas parecen haber sido frustrados por filtraciones de información.

Los correos también exhiben el recelo del Gobierno en torno a los opositores de los grandes proyectos de la 4T, como las construcciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y del Tren Maya.

En el listado analítico sobre la peligrosidad de grupos que podrían llegar a representar una amenaza para el Gobierno se incluye, junto a Al Qaeda y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a estudiantes, grupos feministas o padres de niños con cáncer desatendidos por el sistema de salud pública.

La calificación de alerta la encabezan Al Qaeda, con 12 puntos, seguido del CJNG, colectivos feministas, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Hezbolá y maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), todos con 10 unidades. Por debajo, se encuentran el Estado Islámico (8 puntos), el Cártel Unión Tepito y familiares de enfermos de cáncer (6) y las madres afectadas por los recortes a las guarderías (5). La lista también incluye al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por su oposición al Tren Maya.

Al desperdicio de tiempo y recursos en este tipo de listados de dudosa utilidad, se agregan las «fichas confidenciales» sobre políticos, como el actual presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado; el secretario de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres (Morena); la diputada por Jalisco, Mónica Almeida López (alianza PAN-PRD-MC); el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (PVEM); y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco (Morena-PT-PES), entre otros. Estos reportes parecen elaborados por estudiantes de secundaria que hicieron poco más que un «copia y pega» de Wikipedia.

Otros puntos polémicos que «manchan» la imagen del Ejército son los «lujosos» regalos (lentes de sol de la marca Cartier) que otorga Cresencio Sandoval, así como el uso de personal castrense para tareas de custodia, limpieza, mantenimiento y hasta mandados para la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, y su hijo menor Jesús Ernesto.

Los asuntos más graves son quizás los que revelan investigaciones de la Sedena sobre militares de alto rango que venden armas al narco o agentes aduanales corruptos, así como las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre un grupo de soldados que habría lavado 239 millones de pesos de procedencia ilícita, que en todo caso hablan más de una limpia de la institución que de protección a los involucrados.

La filtración también revela que Cresencio Sandoval intercedió ante AMLO a favor del capitán José Martínez Crespo, uno de los militares detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

«Es un hombre íntegro, leal y honesto», atajó AMLO. «Si la influencia fuera decisiva, los militares no estarían en la cárcel (…) [Sandoval] es respetuoso de las decisiones que toma el comandante supremo de las Fuerzas Armadas [el presidente]», agregó.

Sin embargo, el daño a la imagen del Ejército, una de la instituciones más confiables entre la ciudadanía, ya está hecho.

Papeles de la Sedena

El pasado 30 de septiembre, el grupo Guacamaya Hacks reivindicó el ataque cibernético a los servidores de la Sedena, de los cuales se extrajeron cerca de 400 mil correos electrónicos que representan 6 terabytes de información, entre textos, presentaciones y documentos.

Entre los medios que primero recibieron los archivos, destacan LatinUS (un portal de noticias mexicano con sede en Estados Unidos que encabezan Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo [Brozo]), y el periódico El País de España.

Mientras LatinUs se centró en temas relacionados con los problemas de salud de AMLO, los conflictos dentro de su gabinete y su intervención en el llamado «culiacanazo» (el operativo del 17 de octubre de 2019 en el que el presidente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hermano del «Chapo», El País se ha enfocado en la creciente acumulación de poder del Ejército y el supuesto uso de programas espías contra grupos civiles.

Hasta el cierre de edición, ninguna de las revelaciones había tenido el impacto suficiente como para sacudir al Gobierno de la Cuarta Transformación. Al contrario, le dieron pie a López Obrador para burlarse públicamente de Loret de Mola y atribuirlas a ataques de grupos opositores.

En este último punto, el mandatario no se equivoca del todo. El pasado 3 de octubre, el sitio web Loquesigue.tv reveló que la cuenta de Twitter @GuacamayaHacks, que se hizo pasar por el grupo de hackers que atacó a la Sedena, es falsa y fue amplificada por bots.

La cuenta recibió 17,965 menciones entre 1 y el 2 de octubre, gracias al impulso que le dieron varias cuentas sin seguidores de reciente creación, según el análisis.

Loquesigue.tv calcula que la difusión de tweets de la cuenta falsa de Guacamaya «podría tratarse de una operación que podría haber costado hasta un millón de pesos» y se pregunta «¿Quién o qué está detrás de esta cuenta?», la cual utiliza hashtags como #amlorenunciaya, #culiacanazo, #cuba, #covid19, #latinus o #loret, entre otros.

El grupo Guacamaya Hacks estaba centrado en la defensa del medioambiente y había realizado ataques a servidores de empresas mineras y petroleras, así como a agencias reguladoras latinoamericanas.

Sin embargo, recientemente lanzó la «Operación Fuerzas Represivas» contra órganos militares y corporaciones de seguridad que supuestamente sirven a propósitos intervencionistas de EE. UU. en Latinoamérica y «ejercen el control y monopolio de la violencia a nivel intra-estatal».

Militares en la mira

Dos semanas antes de la publicación de los llamados «Papeles de la Sedena», otra filtración de Guacamaya Hacks provocó la renuncia del jefe del Estado Mayor de Chile, Guillermo Paiva, tras la divulgación de casi 400 mil documentos de las Fuerzas Armadas de ese país, lo cual puso en alerta al Gobierno de Gabriel Boric.

Los correos filtrados corresponden a comunicaciones entre miembros del Estado Mayor Conjunto (EMCO) —organismo que canaliza información relacionada con las decisiones de inteligencia y tácticas de las fuerzas armadas—, y revelan varios análisis de la situación económica, política y de defensa relacionados con Perú, Argentina y Bolivia, así como la crisis migratoria del norte del país.

Guacamaya Hacks alega que es irónico que las «supuestas independencias (latinoamericanas) y en su supuesto camino a la libertad y la democracia, donde se crean los ejércitos armados», los cuales pasaron de ser garantizadores de la autonomía y libertad a apaciguar «cualquier vestigio de descontento».

«Es por esto que Guacamaya nos filtramos en sus sistemas y hacemos pública la propia documentación de estos entes del terror», acusa.

En un comunicado, la agrupación señala que las filtraciones son en México, Perú, Salvador, Chile y Colombia y hacen un llamado a los pueblos de la Abya Yala (como denominan a América) «hackeen y filtren estos sistemas de represión, dominio y esclavización». ¿Quién sigue? E4

Los políticos «blanco» del Ejército

• Mario Delgado (Morena)
• Martí Batres (Morena)
• Mónica López (PAN-PRD-MC)
• Ricardo Gallardo (PVEM)
• Cuahutémoc Blanco (Morena-PT-PES)

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Grandes filtraciones del siglo, grieta para la transparencia

El avance de la digitalización no trajo consigo la transparencia, pero sí abrió una grieta para que periodistas, activistas o hackers accedan a información de interés público que los Gobiernos del mundo se empeñan en ocultar.

El caso más emblemático es el de las filtraciones de WikiLeaks, que pusieron al descubierto los crímenes de guerra y las torturas cometidas por el Ejército estadounidense en varios países, así como el espionaje contra gobernantes y diplomáticos de diferentes naciones, incluida la exprimera ministra alemana Angela Merkel.

Si bien operaba desde 2006, WikiLeaks sorprendió al mundo en 2010 con la publicación de un video clasificado en el que se puede ver a soldados estadounidenses disparando desde un helicóptero contra el reportero de Reuters Namir Noor-Eldeen, su ayudante y nueve personas más, cuando ayudaban a los heridos que dejó un ataque en Baghdad, Irak, el 13 de julio de 2007.

A esta filtración le siguieron los llamados «Diarios de la Guerra de Afganistán» (92,000 documentos que revelan el número de víctimas civiles provocado por fuego «amigo» entre 2004 y 2009), los «Documentos de la Guerra de Irak» (391,831 archivos filtrados desde el Pentágono que revelan el uso sistemático de torturas y la cifra de más de 100 mil muertos en ese país, en el mismo período), los «Papeles del Departamento de Estado» (más de 250 mil cables de embajadas estadounidenses que analizan las posturas políticas de medio centenar de países), los «Interrogatorios en la cárcel de Guantánamo y Abu Ghraib» (fotografías e informes sobre interrogatorios con tortura), la filtración de correos electrónicos de la empresa privada de espionaje Stratfor (2012), los miles de documentos de la Agencia central de Inteligencia (CIA) que detallan un programa de hackeo de teléfonos, computadoras y televisores en EE. UU. (2015-2020) y «La Red de Intolerancia» (2021), que incluye 17,000 documentos de organizaciones ultraconservadoras, como la española HazteOír y la mexicana El Yunque.

El fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, está detenido en una prisión de Londres desde abril de 2019 y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de prisión por 17 cargos relacionados con supuestas violaciones de la ley de espionaje estadounidense.

Si bien Assange acapara los reflectores internacionales, las filtraciones de WikiLeaks han sido obtenidas de diversos personajes que fueron o son perseguidos por la justicia estadounidense. Entre ellos, el soldado Bradley Edward Manning (convertido en mujer bajo el nombre de Chelsea Elizabeth Manning), quien fue detenido en 2010 y condenado a 35 años de prisión en 2013 por filtrar los documentos sobre las guerras de Afganistán, Irak y los cables diplomáticos del Departamento de Estado. En 2017, el presidente Barack Obama conmutó el resto de su pena de prisión.

Otra de las grandes filtraciones que ha sufrido la inteligencia de EE. UU. fue protagonizada en 2013 por el exempleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Joseph Snowden, quien envió a los periódicos The Guardian y The Washington Post miles de documentos clasificados de la NSA, incluyendo algunos sobre los programas de vigilancia masiva PRISM y Xkeyscore. Este año, tras solicitar asilo en varios países, el Gobierno de Vladímir Putin le ofreció la ciudadanía rusa. Si bien los cargos que enfrenta Snowden en EE. UU. incluyen la pena de muerte, el Gobierno estadounidense ha negado que busque ese castigo y continúa exigiendo su extradición.

Fuera de las fronteras estadounidenses, otras filtraciones que han tenido serias repercusiones son las del informático portugués Rui Pinto, quien se encuentra en prisión preventiva tras poner al descubierto el esquema que utilizan los grandes equipos de fútbol para evadir impuestos (Football Leaks, 2016), y las del hacker suizo Hervé Falciani, quien filtró una lista de presuntos defraudadores fiscales clientes del banco HSBC en Ginebra (2008). En 2015, la justicia suiza lo condenó a cinco años de prisión por violación del secreto comercial.

El 4 de abril de 2018 fue detenido en España, pero recuperó su libertad un día después, pues la justicia española se niega a cumplir un pedido extradición bajo el argumento de que en ese país no es delito denunciar la evasión fiscal. Francia y España han recaudado millones de euros al obligar a los evasores de la llamada «lista Falciani» a regularizar su situación fiscal. E4