Guardia Nacional, en campo minado: crimen, política y derechos humanos

Rebasado por la violencia, el presidente incumple su promesa de retirar al Ejército de las calles y recurre al PRI para legalizar la medida en el Congreso. El PAN festeja revés en el Senado, pero la iniciativa va por la libre en Comisiones. Gobernadores respaldan presencia militar en sus estados

Por las fuerzas armadas nacionales

«Evite ofrecer dinero a cambio de evadir un control de inspección vehicular» reza —palabras más palabras menos— un cartel ubicado en un retén militar de la Carretera Federal 1, que une La Paz con Tijuana. Otro señalamiento brinda un número telefónico e invita a denunciar cualquier anomalía en este puesto controlado por la Guardia Nacional (GN).

La instalación es rústica, pero todo se ve limpio y ordenado. La imagen contrasta con la de los retenes del Ejército que se multiplicaron en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando se asignaron tareas de seguridad pública a los elementos castrenses. La prepotencia y la informalidad parecen desterradas, al igual que los controles de las policías municipales y estatales en los accesos a los pueblos, donde la extorsión y las «mordidas» eran pan de cada día. Los bólidos de la hoy extinta Policía Federal que acechaban en las sombras son fantasmas del pasado.

«El Ejército ha evolucionado. Como nunca, hay respeto a los derechos humanos. No veamos fantasmas, eso a lo mejor lo podemos encontrar en países del sur, y otras latitudes, pero (…) se ve muy lejana la oscura noche del 68 o del 71»

Adán López Hernández, secretario de Gobernación

La sensación de seguridad al dejar atrás el puesto me recuerda por qué la mayoría de los mexicanos confían en los soldados y hoy están a favor de que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) extiendan su presencia en la vía pública hasta 2028, como propone el PRI en el Congreso en sintonía con la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Los presidentes a lo largo de todos los sexenios, sin excepción de partido político lo han hecho (incluir al Ejército en tareas de seguridad pública) (…) Hay visibilidad de las Fuerzas Armadas, sí, pero por instrucciones de la autoridad civil»

Javier Oliva Posada, experto en temas de seguridad

Por eso, el resultado de la consulta ciudadana anunciada para el 22 de enero de 2023 parece cantado. Los ciudadanos acudirán a las urnas para responder tres preguntas:

1) ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

2) ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?

3) ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?

Muy probablemente, el apoyo a la política de seguridad del presidente será contundente, pero el tema es mucho más complejo.

Mi lado periodístico cuestiona esa sensación de seguridad. Recuerdo la entrevista que le hice al poeta Javier Sicilia, entonces líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPDJ), en una de las paradas que la Marcha por la Paz hizo en Chiapas, en enero de 2012 (Espacio 4, 422). A pesar de sentirse traicionado por Calderón, Sicilia —quien perdió su hijo a manos del crimen organizado en 2011— fustigó con más fuerza a los mandatarios estatales porque «no hacen sus chambas y cuando empiezan a sentirse rebasados piden que el Ejército llegue». La semejanza con la realidad que vive el país una década más tarde no es pura coincidencia.

«En el corto plazo y mientras no exista otra estrategia que le pueda brindar al pueblo de México la seguridad que exige y merece, es irresponsable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas y cambiar el marco jurídico que le da certeza a la Guardia Nacional».

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca

También recuerdo las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y los abusos que macharon al Ejército y que justifican con creces el rechazo a la «militarización» del país que expresaron más de 40 organizaciones en varias marchas realizadas en la Ciudad de México, en el simbólico mes de septiembre.

Y leo con mayor preocupación aún las notas periodísticas de medios reconocidos que denuncian que la Guardia Nacional protege a criminales en Chiapas (Deutsche Welle, 23.09.22 ) o Guanajuato (El Financiero, 25.09.22), así como los comunicados de Naciones Unidas (NU) o el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) que vaticinan un aumento de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares.

¿Donde está la verdad? Las opiniones de los expertos y analistas en materia de seguridad tampoco ayudan. Unos aseguran que si la Guardia Nacional responde al Ejército y éste es comandado por el presidente no se pueden hablar de militarización. Otros señalan lo contrario, que se trata de una militarización disfrazada.

La respuesta tampoco está en la partitocracia. Veo al PRI de Alejandro Moreno y Rubén Moreira jugando a dos bandas para sacar réditos de sus votos en el Congreso. Al PAN rasgándose las vestiduras por un proceso de militarización que él mismo inició —pasándose por encima la Constitución— y que dio inicio a una «guerra» improvisada que hundió al país a un baño de sangre. Veo a AMLO cayendo en el juego de Claudio X. González y exhibiendo a los legisladores que votan a favor o en contra de la propuesta del PRI de extender de 2024 a 2028 las tareas de seguridad pública del Ejército.

Entonces vuelvo al Sicilia de hace 10 años y las cosas se aclaran un poco. «El problema de la expansión del Ejército (…) es un problema del presidente pero de los gobernadores también, y es de los presidentes municipales, de toda la clase política, de los partidos», plantea. «¿Y la solución?», le pregunto. La respuesta está en la sociedad, me dice, «más si la clase política continúa ciega y estupidizada». Cuánta razón.

La reforma militar

El pasado 27 de septiembre, en medio del tire y afloje en el Congreso sobre la reforma militar, el secretario de Gobernación, Adán López Hernández compareció en el Senado con motivo del IV Informe de Gobierno del presidente.

Luego de posar y saludar a senadores de Morena y de otras bancadas, el funcionario fue confrontado por los legisladores del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y del llamado «Grupo Plural» (GP), conformado por Germán Martínez, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra, Alejandra Gastélum y Emilio Álvarez Icaza, quienes dejaron sus bancadas para conformar un nuevo bloque.

«Usted vino hace un año (…) a tender la mano y a ofrecer el diálogo, y muy felizmente debo decirle que hoy es usted uno de los actores de la polarización del país», le dijo el senador Clemente Castañeda (MC).

«Somos respetuosos de las diferencias (…) No es fácil ser oposición, ahí la lleva (…) nadie quiere un país polarizado, sino uno que se construya», atajó con sorna el funcionario federal.

Por su parte, Álvarez Icaza se refirió a la renuncia de Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, por desacuerdos con los procedimientos para aprobar las órdenes de aprehensión. «Nos preocupa que desde la misma Fiscalía General de la República o de la Presidencia se dé la certeza de que deben bajarse órdenes de investigación (…) el mensaje que se manda es de un nuevo pacto de impunidad», aseveró el presidente del GP.

«No veamos fantasmas donde no los hay (…) el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación (…) Hay que tener confianza en que las instituciones encargadas de procurar impartir justicia estarán a la altura de la circunstancias. No se va a encubrir a nadie», replicó el titular de la Segob.

También negó una «acción concertada» del Ejército en el caso Ayotzinapa y puso como ejemplo el supuesto de que un senador atropelle a alguien a salir del recinto legislativo. «¿A poco el responsable sería el Senado?», ironizó.

«Este Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo para que los mexicanos conozcamos qué sucedió en el caso de Ayoptzinapa (…) el Ejército ha evolucionado. Como nunca, hay respeto a los derechos humanos. No veamos fantasmas, eso a lo mejor lo podemos encontrar en países del sur, y otras latitudes, pero (…) se ve muy lejana la oscura noche del 68 o del 71», añadió.

«La minuta (de la reforma militar) está manchada con el uso político de la justicia (…) había un ataque brutal contra el diputado y dirigente del PRI, que desapareció cuando presentó la iniciativa (…) si era culpable hay un pacto de impunidad; si era inocente, es un abuso de autoridad», insistió Castañeda.

López Hernández negó que el Gobierno haya recurrido al «al chantaje y la amenaza» y dijo estar de acuerdo con los cambios a la minuta planteados por el senador perredista Miguel Angel Mancera. «Claro que estaría de acuerdo en que exista un plan claro, efectivo, verificable y preciso para fortalecer a las policías estatales y municipales, que se les dote de presupuesto (…). Debería hacerse», dijo. Sin embargo, aclaró que «no todo en la vida es dinero, se necesita capacitación (…) a las policías municipales (…) No tienen a veces ni una resortera para enfrentar al crimen organizado. Nos va llevar algo de tiempo recuperar eso que perdimos».

¿Es militarización?

Las acusaciones del PAN llegaron incluso a Europa. El 27 de septiembre, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó ante el Parlamento Europeo a López Obrador por la crisis de seguridad, la «militarización» del país y la supuesta presión a actores políticos e instituciones.

«Contrario a lo que dicta nuestra Constitución el mando nombrado en la Guardia Nacional es militar y es reconocido por el propio Gobierno federal que el 80% de los integrantes de la corporación son militares, violentando nuevamente el carácter civil que debería tener», denunció en una carta.

Cortés acusó a AMLO de quitarle recursos a las policías y de desplegar una «una fallida estrategia de “abrazos a los criminales y de militarización del país”, provocando el mayor número de homicidios y feminicidios de la historia».

Expertos de NU también advierten sobre los riesgos de la estrategia y piden al presidente revertir la medida. «Llamamos al Gobierno (…) a revertir las reformas legislativas publicadas el 9 de septiembre de 2022; no aprobar la reforma constitucional que pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; fortalecer las instituciones civiles de seguridad y adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública», señalaron representantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y de las Relatorías especiales sobre ejecuciones arbitrarias y derechos a la libertad de reunión.

Sin embargo, no todos los analistas están de acuerdo en que el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena signifique un proceso militarización. «La recurrencia de los presidentes a lo largo de todos los sexenios, sin excepción de partido político o preferencias ideológicas, lo han hecho (incluir al Ejército en tareas de seguridad pública) desde Miguel Alemán Valdés al presidente Andrés Manuel López Obrador (…) Hay visibilidad de las Fuerzas Armadas, sí, pero por instrucciones de la autoridad civil, es decir, por mandato del comandante supremo de las FF. AA.» explica Javier Oliva Posada, experto en temas de seguridad nacional (El Financiero, 24.09.22).

¿Y los gobernadores?

El 9 de septiembre, 21 gobernadores de Morena y de partidos aliados, así como la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldaron la adscripción de la GN a la Sedena. «Respaldamos la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (…) La presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en nuestras entidades son un gran apoyo para disminuir los índices delictivos y pacificar nuestros territorios», dijeron en un desplegado en conjunto.

Los gobernadores de oposición tampoco se animan a exigir el retiro del Ejército en sus estados. El mandatario panista de Querétaro, Mauricio Kuri, quien aboga por un mando civil de la GN hasta 2024, dijo no obstante que «siempre seré respetuoso de las fuerzas armadas (…). La responsabilidad y obligación que tenemos todos es trabajar en conjunto»

«Siempre me he manifestado a favor de que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque esto garantiza que esta institución pueda perdurar en el futuro (y) que tengamos mejores instrumentos para poder combatir la inseguridad», señaló el gobernador panista del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres.

Incluso el priista Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, dijo que «en el corto plazo y mientras no exista otra estrategia que le pueda brindar al pueblo de México la seguridad que exige y merece, es irresponsable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas y cambiar el marco jurídico que le da certeza a la Guardia Nacional». E4

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Por las fuerzas armadas nacionales

Federico Berrueto

El debate en curso ha generado confusiones lamentables y especialmente una analogía que no aplica: quienes están a favor de militarización están a favor de las fuerzas armadas; quienes se oponen, en contra. El diputado Rubén Moreira llega al extremo todavía peor e inadmisible: militarización o narco. Deterioro no solo conceptual o del lenguaje; ruindad utilizar el prestigio y ascendiente social de las fuerzas armadas para justificar el oportunismo y la traición políticas.

Oponerse a la militarización no significa estar contra las fuerzas armadas, sino rechazo a emplearlas en labores propias de los civiles, incluyendo a la seguridad pública. A las fuerzas armadas hay que respetarlas y cuidarlas, por lo mismo no se debe desnaturalizar su esencia y exponerlas a riesgos que afectan su misión fundamental e insustituible con el país: salvaguardar la seguridad nacional.

Los mexicanos agradecen y reconocen el contar con fuerzas armadas profesionales, leales y comprometidas con la Constitución. Lamentablemente el sentido de Estado, característico de su propia naturaleza queda en entredicho por el ejercicio militante de la presidencia de la República, que resuelve utilizarlas en tareas ajenas a su responsabilidad constitucional. El Ejército, sin margen para desentenderse de las instrucciones del presidente, obedece, cumpliendo con su código de lealtad.

Retórico y propio del populismo es acreditar valor a las fuerzas armadas bajo la idea de que son pueblo uniformado. Para tales efectos todas las fuerzas de seguridad lo son, incluso las policías municipales y estatales, muchas de ellas al servicio del crimen organizado. Su valor no está en los antecedentes sociodemográficos de su tropa o sus mandos, sino en los principios, profesionalismo y eficacia para actuar en situaciones extremas o de emergencia.

En la misma vena populista, el presidente ahora propone consulta/encuesta para presionar a la oposición de allanarse a su postura militarista, como ocurrió en la decisión más desastrosa de su gobierno de cancelar el hub aeroportuario de Texcoco. Una consulta ilegal, organizada con los dados cargados y resultado anticipado. Una farsa, pues.

El fracaso de los civiles ha obligado a los presidentes recurrir a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que la Constitución prevé solo se desplieguen de manera temporal, limitada a cierto territorio y con una tarea específica. Es inadmisible que lo temporal se vuelva indefinido, lo territorial generalizado y en tareas que corresponden a instituciones civiles, la Guardia Nacional.

La confusión sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas está en el corazón del Gobierno. Ejemplo es el informe del Gobierno de la República preparado por el subsecretario de Gobernación, Alejando Encinas, sobre los lamentables hechos de Iguala de septiembre hace ocho años, al atribuir responsabilidad penal a mandos y tropa del 27 batallón de Iguala por no actuar en tareas propias de seguridad pública, cuando su cometido, misión y tarea no eran esas. Una afrenta es que el testimonio de un delincuente confeso sirva de fundamento para la acusación contra general José Rodríguez Pérez.

Las fuerzas armadas no son inmunes al error, como ocurrió con el mensaje del general secretario, Luis Cresencio Sandoval, el pasado 13 de septiembre, tampoco al efecto corruptor del crimen organizado o de las veleidades de los presidentes en ejercicio estricto de sus responsabilidades constitucionales. En el pasado, acciones represivas y afectación a los derechos humanos fueron responsabilidad del comandante supremo de las fuerzas armadas. En el presente, la omisión en sus tareas de vigilancia del orden jurídico y social es imputable a López Obrador, a grado tal de ser objeto de deshonrosa humillación y de dejar expuestas y en estado de indefensión a las personas y sus familias.

En la militarización de la vida civil en curso, el presidente abusa de las fuerzas armadas al desvirtuar su misión constitucional. La perspectiva civilista es para cuidar a las fuerzas armadas y para que así cumplan con la elevada misión que nuestra historia y Constitución les asigna. E4