Gustavo Petro: el precio de gobernar sin ceder al chantaje de los poderosos

A un año de haber asumido el cargo, el presidente colombiano enfrenta intentos de desestabilización. La investigación que involucra a su hijo en el financiamiento ilegal de su campaña daña su imagen, pero no opaca los logros en economía, salud, medioambiente y seguridad

Va un periodista por otro: sustituyen a Villavicencio

En una Latinoamérica tan cambiante como convulsa, donde es posible hallar naciones de sólido desarrollo democrático como Uruguay, Costa Rica y Chile —los tres encabezan el Reporte del Índice de Democracia 2022 de The Economist— junto a otros de longevas dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua, mantener un Gobierno de izquierda progresista, auténtico, fiel a su ideología y capaz, al mismo tiempo, de mantenerse alejado de las prácticas anquilosadas de los regímenes autoritarios, representa un desafío que pocos mandatarios logran afrontar con éxito.

En ese empeño se encuentra hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que apenas ha cumplido su primer año de Gobierno y ya es víctima de múltiples presiones de agentes nacionales e internacionales interesados en minar los pilares de su administración para recuperar los privilegios que les garantizaron los más recientes Gobiernos de derecha, en especial el de Álvaro Uribe que se extendió por ocho años (2002-2010) y abrió las puertas de la región a Estados Unidos.

«Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor».

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Exmilitante de la guerrilla M-19, Gustavo Petro ha demostrado ser un hábil político. Sin contar con la mayoría en el Congreso, logró una coalición parlamentaria en la que no faltan representantes del ala más izquierdista junto a figuras de centro y centro derecha, pero con amplia experiencia en el poder, y a los cuales puso frente a ministerios prioritarios: en Hacienda, a José Antonio Ocampo; en Agricultura, a Cecilia López; y en Educación, a Alejandro Gaviria (hasta que éste último fue destituido tras la filtración de un documento privado a medios de comunicación, con el que estuvo presuntamente vinculado).

Poco tiempo después, a los ocho meses de estar en el poder, el mandatario colombiano tuvo que afrontar el primer golpe de consideración a su Gobierno cuando su hijo mayor, Nicolás, fue objeto de investigación por actos de corrupción y terminó por confesar que recibió dinero de origen ilícito y que parte del mismo supuestamente entró a la campaña presidencial de Petro, aunque aclaró que su padre no lo sabía.

En términos prácticos, hasta la fecha, el daño solo ha sido moral pues atenta contra una de las promesas de campaña de Petro: acabar con la corrupción del país. Sin embargo, en octubre puede tener repercusiones en los sufragios locales. Para el economista Jorge Restrepo «los candidatos de la costa caribe (el campo de acción de Nicolás) tendrán menos probabilidad de éxito electoral». Teniendo en cuenta que los Gobiernos de izquierda —usualmente enfrentados a los grandes emporios— requieren del mayor apoyo popular posible, una debacle en los próximos comicios regionales puede costarle caro al presidente y poner en jaque su estrategia de inclusión política.

 Ahora, Petro vuelve a estar en el ojo del huracán, luego que el programa informativo colombiano Noticias Caracol emitiera un reporte donde asegura que el narcotraficante Juan Carlos López, alias el Sobrino —extraditado a Estados Unidos en 2013— supuestamente apoyó la campaña del actual presidente en el departamento de Casanare.

¿Campaña viciada?

Según el informe de Noticias Caracol, las autoridades sostienen que tanto el criminal colombiano López como su esposa, Sandra Navarro, desempeñaron un papel significativo en la maquinaria de la campaña de Petro en Casanare y que la pareja incluso prestó su casa para desarrollar eventos a favor del candidato de Colombia Humana.

Las críticas del presidente colombiano hacia Noticias Caracol no se hicieron esperar, considerando el informe en cuestión como una completa falsedad. «Sorprende la profundidad de la bajeza a la que han llegado. Les exijo de manera inmediata que corrijan esta información errónea», expresó el mandatario, al mismo tiempo que enfatizaba su determinación de preservar su nombre y la integridad del cargo presidencial de tal calumnia.

El presidente desmintió enérgicamente que hubiera recibido financiamiento desde Casanare. Además, destacó que las personas citadas en el informe no ostentan cargos directivos en su partido ni en la coalición gubernamental. «Nunca hice manifestación en Yopal, nunca se recibió aportes de nadie del Casanare. Las personas que mencionan aquí no son directivos ni de Colombia Humana ni del Pacto (Histórico, la coalición de Gobierno)», aclaró el mandatario.

El líder también subrayó un error de identidad: «La encargada de la campaña en Casanare es Sonia Bernal, no Sonia Navarro como sugiere el informe». Asimismo, instó a la facción política Colombia Humana a emprender acciones legales en respuesta al reportaje.

En términos concluyentes, el presidente expresó su descontento con el informe de Noticias Caracol. «La veracidad de los hechos es esencial y no puede ser tergiversada de esta manera. Exijo una rectificación pronta y precisa», recalcó.

Luces sobre sombras

A pesar de los golpes recibidos, el mandatario colombiano insiste en continuar con su agenda: «Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor». Los colombianos aún tienen sobrados motivos para mantener la fe en su presidente pues, tal y como sucede en México, por vez primera, la nación asume una agenda centrada en la erradicación de la desigualdad, que es el problema principal a enfrentar y explica, en parte, la violencia endémica. Este enfoque ha repercutido en la dinámica de poder, estableciendo un viraje donde el interés del Estado queda por encima del interés de otros grupos hegemónicos.

En términos económicos, Petro erradicó grandes subsidios a la gasolina y a las pensiones altas en busca de reducir el déficit fiscal que, efectivamente, va en picada. Se contuvo la devaluación: el peso colombiano es una de las monedas más revaluadas en la región. El desempleo bajó a un dígito y se establecieron créditos y apoyos financieros para campesinos con el fin de frenar el aumento de precios de los alimentos.

Incluso en el cuidado del medio ambiente, la mano del presidente colombiano está presente. Durante el último año la deforestación en el país sudamericano se redujo 29%. El Congreso aprobó la entrada de Colombia al Acuerdo de Escazú, un tratado internacional para la protección del medio ambiente y los derechos humanos, potenciando la protección, restauración y gestión sostenible de la biodiversidad. El Gobierno, además, ha logrado el compromiso de 134 empresas que operan en el país para involucrarse en una transición hacia las energías limpias.

No más Pablo Escobar

El cambio de ideologías en Colombia no significó un rompimiento de relaciones con Estados Unidos —como sí sucedió en Cuba, Nicaragua y Venezuela— sino un cambio de enfoque en las mismas. La nueva fórmula de la relación bilateral ya no incluye en su agenda la lucha antiguerrilla como una prioridad y se enfoca más en oportunidades de cooperación y desarrollo, sin dejar a un lado temas torales como el combate a las drogas.

Petro se refirió a la manera en que ha cambiado el consumo de drogas en el país y advirtió a las autoridades que debían estar atentas porque el fentanilo empezaba a tener gran auge entre las sustancias ilícitas.

«Ha cambiado la estructura del mercado de la cocaína. Las áreas de cultivo de plantas de coca y la localización de laboratorios buscaban trazar rutas hacia el norte por el océano Pacífico o hacia el Caribe. Las rutas recorrían Centroamérica, las islas del Caribe y México hacia EE. UU.», publicó el mandatario en su cuenta de X, 12 de agosto.

«Ahora van hacia el sur. Abandonan las costas y penetran al otro lado de la cordillera de los Andes hacia la selva amazónica», agregó el jefe de Estado, quien pronostica que las nuevas rutas criminales del narco también se expandirán hacia Brasil y pronto empezarán a trasladarse a otras partes del mundo como «África y de allí a Europa. Hacia Ecuador y Perú para pasar al Asia oriental, a Japón y Australia», mencionó.

El presidente ha hecho hincapié en el cambio de producción de sustancias adictivas, con el fentanilo a la vanguardia, desplazando a las drogas convencionales como la mariguana o la cocaína. «El mercado de la cocaína se desplomó en EE. UU., reemplazado por uno peor: el del fentanilo que ya les mata 100 mil personas al año. La cocaína mataba 4 mil por sus mezclas venenosas producto del mercado clandestino», advirtió.

De tal forma hizo un llamado a ministros y padres de familia para que cuiden a las juventudes de caer en las manos de esa nueva sustancia. «El Gobierno debe prepararse a contrarrestar el consumo de fentanilo en nuestra juventud. La instalación de puestos civiles de detección gratuitos y libres para consumidores en zonas de rumba y la pedagogía sobre los efectos mortales de esta droga deben ser el centro de una estrategia de salud pública. Al fentanilo lo esconden en otras drogas para garantizar la adicción del consumidor», agregó el presidente.

Petro reprochó a los senadores que hundieron el proyecto para legalizar el cannabis de uso adulto en el país y responsabilizó al consumo de drogas y a los narcos por la muerte del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. «Es por esto que, de ser un país pacífico, Ecuador ha superado en violencia a Colombia, y quizás es por esto que asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio», aseveró. E4

Países con Gobiernos de izquierda en América Latina

País	Presidente	Partido
Argentina	Alberto Ángel Fernández	Partido Justicialista
Bolivia	Luis Alberto Arce	Movimiento al Socialismo
Brasil	Luiz Inácio Lula da Silva	Partido de los Trabajadores
Chile	Gabriel Boric Font	Convergencia Social
Colombia	Gustavo Petro Urrego	Colombia Humana
Cuba	Miguel Díaz-Canel Bermúdez	Partido Comunista de Cuba
Honduras	Xiomara Castro Sarmiento	Partido Libertad y Refundación
México	Andrés Manuel López Obrador	Morena
Nicaragua	Daniel Ortega Saavedra	Frente Sandinista de Liberación Nacional
Panamá	Laurentino Cortizo Cohen	Partido Revolucionario Democrático
Venezuela	Nicolás Maduro Moros	Partido Socialista Unido de Venezuela

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Va un periodista por otro: sustituyen a Villavicencio

El asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, el 9 de agosto, atenta contra la expansión de la izquierda en Latinoamérica, pero no la destruye. Su sucesor, el también periodista Christian Zurita, dejó en claro que seguirá los pasos de su predecesor. «Vamos a tratar de emular su capacidad y vamos a tratar de emular su nombre», expresó.

El partido Movimiento Construye, al que pertenecía Villavicencio, designó el pasado 13 de agosto a Zurita como su reemplazo —en lugar de Andrea González, que había sido elegida el día anterior—. «Frente a la falta de respuestas claras del CNE (Consejo Nacional Electoral) y a la reacción furibunda de algunos sectores políticos, no correremos ningún riesgo. Christian Zurita será inscrito como nuestro candidato presidencial», comunicó el grupo político.

Durante sus primeras declaraciones investido de candidato oficial, Zurita hizo referencia a la continuidad del legado de Villavicencio: «Textualmente Fernando aseguró que nosotros no nos vamos a sentar a negociar con ninguna mafia (…) No lo vamos hacer. La venganza contra las mafias de este país será votar por Fernando Villavicencio».

Mientras tanto, una comisión del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) que formará parte del grupo de investigación de este crimen, ya se encuentra en Ecuador, informó el ministro del Interior, Juan Zapata.

«La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EE. UU. aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país», publicó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en su cuenta de X. E4

Cronología de un asesinato político

18:15 horas (GMT-5, 09.08.23).

• El candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, salió el 9 de agosto de un mitin político en un colegio del norte de Quito.
• En el último video en que se ve con vida a Villavicencio, se observa que sale del recinto donde se celebró el mitin político rodeado por policías.
• Villavicencio era uno de los ocho candidatos registrados para la elección presidencial del 20 de agosto. El político de 59 años no figuraba entre los favoritos, con un escaso 10% de las preferencias.
• El candidato aborda el vehículo por la parte trasera.
• Antes de cerrar la puerta, se escuchan una serie de detonaciones de bala y gritos desesperados de los simpatizantes.

19:00 horas. Muere sicario

• La Fiscalía precisó que el sospechoso del atentado, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en Quito, donde falleció a causa de las heridas.
• Después del atentado se registraron dos explosiones, controladas por la policía en las inmediaciones del sitio donde se produjo el asesinato.
• La Fiscalía informó más tarde que se reportaron nueve heridos, «entre ellos una candidata a asambleísta y dos policías», de los que no se proporcionó los nombres. Las primeras versiones señalan que tres personas descargaron ráfagas de metralla que impactaron al postulante y otras personas.

19:15 horas. Todo el peso de la ley

• El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, prometió «todo el peso de la ley» contra los autores del asesinato.

23:00 horas.
Detienen a seis colombianos

• Tras un operativo en varias zonas de Quito, seis hombres de origen colombiano fueron detenidos relacionados con el asesinato del candidato presidencial.
• El funcionario señaló que los detenidos pertenecen a un grupo de delincuencia organizada que no especificó.

01:00 horas (10.08.23).
Estado de excepción

• El presidente Guillermo Lasso decretó tres días de luto nacional y 60 días de estado de excepción por lo que efectivos militares se movilizan en todo el territorio nacional.
• Bajo el estado de excepción se dispone la movilización urgente de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento del orden público conjuntamente con la policía y su intervención ante incidentes que vulneren derechos de las personas.
• Se limita en todo el país el derecho a la libertad de reunión, buscando evitar la propagación de acciones violentas, impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifique amenazas al orden público y la seguridad ciudadana, además de que se dispone las requisiciones a las que haya lugar.

Fuente: Reforma