La toma de oficinas de la CNDH ha desatado un acalorado debate en torno al movimiento feminista. «Quienes difunden discursos moralinos o ven intereses políticos (…) no perciben que el problema es que a la violencia generalizada se le ha sumado la institucional», advierte Blanca Martínez
Los usos y costumbres «normalizan» la violencia
El feminicidio es la suma de todas las violencias. Su definición como «crimen de odio contra las mujeres por el hecho de ser mujeres» tardó varias décadas en ser aceptada. En el proceso se engendró también su antítesis: el feminismo radical.
Ante la eterna sordera de las autoridades, las activistas que buscan frenar este flagelo han perdido la paciencia y añaden cada vez más furia a sus reclamos.
«La toma que un grupo de mujeres hizo de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México no es más que otra muestra del hartazgo que ahoga a familiares de las víctimas —de violencia de género—», dice Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
En entrevista con Espacio 4, Martínez señala que, por los casos que atiende, le queda claro que ese hartazgo se cimienta en la ineficacia y desinterés del gobierno para atender las demandas de justicia. «Levantar un acta y aplicar un folio de conocimiento de caso es lo único que suelen hacer. Ahí concluyen muchos procedimientos», acusa.
De seguir así, lamenta, se puede esperar que «la acción civil que se generalice sea hacer justicia por propia mano, como hiciera al padre que asesinó al presunto violador de su hija en León, Guanajuato».
Si bien la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) indica que el feminicidio es un fenómeno presente en todo el mundo, la ONG advierte que los índices más altos se registran en países con arraigado machismo, menor desarrollo educativo, nodos de narcotráfico, guerrillas, migración y trata de personas. «México cumple con ese perfil», asegura Martínez.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insiste en calificar a las feministas como «un movimiento del cual se ha apropiado la oposición conservadora, la cual usa sus grandes medios de comunicación para magnificarlo y así perjudicar a mi gobierno».
Para el cronista Armando Fuentes Aguirre, Catón, «Los reprobables actos de vandalismo cometidos por las mujeres que tomaron el edificio de la calle de Cuba, demeritan grandemente su protesta, dan idea del talante extremista y radical de esas personas, que difícilmente se avendrán a cualquier forma de diálogo o conciliación, y más cuando su movimiento es tildado de político por el Presidente, que en todas partes ve moros con tranchete conservador o neoliberal» (Reforma, 09.09.20).
Blanca Martínez rechaza ambos puntos de vista. «Quienes difunden discursos moralinos de que somos violentas, o que ven intereses políticos en el trasfondo de nuestras marchas y manifestaciones, no perciben que el problema es que a la violencia generalizada del país se le ha sumado la institucional, por inacción y no-garantía de protección de nuestros derechos».
La toma de las oficinas de la CNDH en la capital, explica, «es una acción social desarticulada, lo cual demuestra que a las compañeras las mueve el dolor y la frustración, no el interés político de terceros. No deberían satanizarlas».
De acuerdo con el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de este año se han registrado 566 feminicidios en todo el país —16 de ellos en Coahuila—, lo cual equivale a 81 casos mensuales.
Días de furia
El símbolo de la toma de las oficinas de la CNDH en la Ciudad de México, que inició los primeros días de septiembre, es el desgarrador grito de Yesenia Zamudio, madre de «Marichuy», de 19 años, quien falleció en 2016 al caer de un quinto piso. Esa noche había salido con un compañero de escuela y un profesor, quienes estaban en su habitación a la hora de su muerte.
Si bien en un principio las autoridades calificaron el caso como suicidio, las indagaciones determinaron que se trató de un homicidio doloso. Sin embargo, han pasado cuatro años de la tragedia y los presuntos responsables siguen en libertad.
En febrero de este año, Yesenia unió su voz a la de las feministas con una frase viralizada en las redes sociales: «Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper que rompa. La que quiera quemar que queme y la que no ¡que no nos estorbe!».
La toma de oficinas de Derechos Humanos se extendió a varias entidades de la República, en respuesta al desalojo violento de la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), el 11 de septiembre. El grupo de feministas había ocupado pacíficamente las instalaciones de la Visitaduría General.
Un grupo de encapuchadas protestó el 11 de septiembre en la Codhem por la represión contra las mujeres, pero fueron agredidas y detenidas por la policía. Más tarde, las manifestantes causaron destrozos e incendiaron las instalaciones y algunos archivos.
En Puebla, Tabasco y Michoacán, colectivos feministas se manifestaron frente a las sedes de Derechos Humanos federal y estatales. En Tampico, las protestas ocurrieron a las afueras del palacio municipal.
En los disturbios se dañaron pinturas de algunos próceres nacionales. El presidente López Obrador se dijo consternado por el trato a las imágenes de Juárez y Madero. «Lo triste es que le importe más un cuadro que el dolor por la agresión a nuestras hijas», respondieron las manifestantes, las cuales han rechazado el diálogo con funcionarios de la CNDH, pero el 9 de septiembre se reunieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Blanca Martínez considera que el feminismo radical es una «reacción a la lógica patriarcal y machista de usar, violentar o matar a las mujeres o a miembros de la comunidad lésbico-gay, simplemente por su identidad de género. Eso es intolerable».
«Al ser mujeres las más violentadas, se asume como un crimen de odio (…) así que es de esperarse que sean ellas las que al proceso de reclamar por los feminicidios le agreguen los reclamos por maltrato infantil, infanticidios, violencia sexual o desapariciones forzadas», añade.
El caso Coahuila
De acuerdo con monitoreos del Centro Fray Juan de Larios, las denuncias de violencia intrafamiliar, que incluyen feminicidios, han aumentado en los últimos dos años en Coahuila.
De las regiones con mayor cantidad de casos de desaparición forzada, feminicidios y crímenes de alto perfil, en Saltillo es donde menos apoyo reciben del alcalde. Los otros puntos críticos son Torreón y Piedras Negras.
«El grado de atención que recibimos depende tanto de quien dirige el ayuntamiento como del momento político-partidista por el que pasa. En Torreón, en el trienio anterior que estuvo (Miguel) Riquelme, sí nos apoyó con el tema de los memoriales para los desaparecidos, proyecto que actualmente incluso (Jorge) Zermeño respalda, aparte de otros temas, igual como hace Claudio Bres en Piedras Negras», señala.
«Pero en Saltillo, Manolo (Jiménez) no tapa un hoyo. ¿Cómo esperar atención hacia los casos de desaparecidos o feminicidios si incluso en pleno centro de su ciudad descuida la seguridad o ignora la falta de inversión urbanística en la derruida periferia? Y todo por tener la mente ocupada en una campaña por la gubernatura que parece haber iniciado desde antes de asumir como alcalde (…) Aun así, hay que reconocer que también hay municipios peores, como el de Monclova, sin gobierno, donde nunca puedes hablar con nadie», añade.
Un caso sonado, ocurrido a finales de agosto en Saltillo, involucró al director del Instituto Municipal de Cultura, Iván Márquez Morales, quien irrumpió en una fiesta de un grupo de teatro, acosó sexualmente a uno de los asistentes varones y agredió con ofensas sexuales a una de las actrices.
El grupo emitió una carta abierta con los pormenores de la agresión, y tras ganar el respaldo de la comunidad artística regional, sumaron firmas para demandar al alcalde Manolo Jiménez la destitución de Márquez Morales y exigir una disculpa pública.
Márquez Morales negó los hechos en un comunicado y se dijo víctima de «golpeteo político». Por su parte, Jiménez consideró el tema como «un asunto privado, entre particulares».
De acuerdo con un estudio de ONU Mujeres, no debería desestimarse ningún caso de violencia de género, «aunque ocurra en el ámbito privado, porque eso actúa en favor de invisibilizar la violencia de género como problema social, «normaliza» la cultura patriarcal y «autoriza» al varón a imponerse contra una mujer a la que se quiere «corregir», además de reforzar la impunidad sobre un hecho que en menor o mayor medida constituye un delito».
Justicia selectiva
Blanca Martínez llama a evitar sucesos como el de un funcionario de Seguridad Pública en Jalisco, Luis Alonso «N», quien atacó sexualmente a una menor de 10 años de edad, «y salió libre por la mentalidad moralina, machista, patriarcal y violenta de un juez al que no le importó que la víctima era una niña y el atacante miembro de la autoridad».
La activista advierte que este tipo de justicia es el que genera rabia «y nos condena a ver cada vez más violencia en el país contra menores o contra mujeres todos los días».
Hizo votos por la mujer, en su legítimo derecho a defenderse, «que la maduración de sus acciones las lleve a desarrollar procesos organizativos con agendas claras que fuercen a una apertura de las instituciones, y que eso beneficie a todos».
Lo primero que las autoridades deben procurar es apegarse a la obligación de proteger a la ciudadanía, no abusar de su jerarquía ni amedrentar al ciudadano. En este contexto, el periodista Ricardo Rocha advierte que explicar que los crímenes de género se asocian con la descomposición de valores morales y familiares, producto de la deshumanizada sociedad de consumo, ya no es útil para el presidente López Obrador. «Lo que indigna es que no se le vea indignado. Lo que conmueve es que no parezca conmovido. Lo que ha desatado la furia es que no se muestre furioso» (Twitter, 19.02.20). E4
Los usos y costumbres «normalizan» la violencia
Los feminicidios, sobre todo cuando se trata de niñas, siempre conmocionan a la opinión pública. De acuerdo con el estudio «Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas (1985-2010)», el origen de la violencia tiene su expresión en los actos cotidianos.
El estudio expone que el feminicidio es la más extendida violación de derechos humanos y trae graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad y la vida, lo cual «socava el desarrollo de los países, genera inestabilidad en las sociedades e impide el progreso hacia la justicia y la paz».
En México, el ambiente de impunidad, sumado a insensibilidad y ausencia en la rendición de cuentas por parte de las autoridades judiciales, hace sinergia con la violencia y la discriminación sistemática que padecen las mujeres.
«Eso deriva de estructuras patriarcales y machistas todavía muy asentadas en prácticas, valores, normas e incluso disposiciones jurídicas», afirma el reporte.
A escala mundial, la lucha contra la violencia hacia la mujer tiene un atraso considerable, pues no fue sino hasta 1993 cuando se acuñó el término feminicidio; es decir, la mujer pasó al menos dos siglos sin que se le reconocieran sus derechos en las que son consideradas como las primeras sociedades occidentales modernas.
«La discriminación femenina es, pues, estructural a la constitución de las sociedades modernas; también es sistemática en tanto se ha producido y reproducido mediante prácticas, valores y normas formales e informales, mismas que conforman lo que hoy conocemos como régimen de género», concluye el estudio.
Aunque a paso lento por la oposición persistente, la larga lucha feminista ha logrado atraer la atención internacional. Ya tiene el reconocimiento de que sus derechos —civiles y políticos— son constantemente suprimidos o pisoteados, y que la violencia contra ellas es ejercida desde diversos ámbitos y formas.
La batalla sigue y se ensancha. En la actualidad, más allá de la defensa exclusivamente de mujeres en los colectivos, la lucha se transforma en el combate de un concepto más amplio: «la violencia basada en el género». La solidaridad con la defensa de individuos de diferentes preferencias sexuales surge al reconocer que a ambos se les castiga socialmente con patrones culturales y tradicionales muy similares. E4
Javier Mariscal
Es ingeniero egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo con especialización en el área de Economía. Ha ejercido el periodismo en Saltillo. Trabajó en El Diario de Coahuila; se desempeñó como editor, diseñador, fotógrafo, redactor de editoriales y artículos de economía, industria automotriz, cultura e historia de Saltillo en el periódico Vanguardia.