43 informadores han sido abatidos en lo que va del sexenio, de acuerdo con la organización Artículo 19. El Gobierno de López Obrador, ha sido insensible a las demandas del gremio
Aristegui, Ferriz y Loret, espiados por Peña
El ataque contra cuatro periodistas, el 28 de noviembre, en Guerrero, demuestra que los mecanismos de protección establecidos por el Gobierno son insuficientes y la labor informativa continúa siendo en México un oficio de alto riesgo. La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, resumida en «abrazos, no balazos» vuelve a ser motivo de crítica cada vez que se suscita un hecho violento.
Esta vez la agresión tuvo lugar en Chilpancingo, mientras Óscar Guerrero, fotoperiodista de Primer Plano; Víctor Mateo, reportero de Ahora Guerrero; Jesús de la Cruz, reportero de El Jaguar; y otro periodista de quien se reservó su identidad por cuestiones de seguridad, cubrían el asesinato de un conductor de transporte público. Al momento en que hacían los primeros apuntes, llegaron un par de hombres a bordo de una moto y les dispararon, logrando herir a tres de los comunicadores, dos de los cuales se reportaron como graves.
Con el arribo de la morenista Evelyn Salgado Pineda a la gubernatura de Guerrero —luego de un proceso de elecciones polémico pues su padre, Félix Salgado Macedonio, había sido el candidato inicial para ocupar ese puesto— la violencia en la entidad se ha disparado, especialmente en contra del gremio periodístico.
Detallada cuenta de esta difícil situación la ofrece el columnista Arturo de Dios en Pie de Página. «En los momentos más difíciles para una sociedad es cuando el periodismo crítico e independiente se vuelve más necesario. Indispensable. El periodista argentino, Tomás Eloy Martínez, decía que en los momentos de crisis o cuando las instituciones se corrompen o se derrumban, la sociedad asigna a la prensa un papel de brújula para no perder el rumbo.
»Hoy ese es el papel que está jugando el periodismo en Guerrero por una simple razón: estamos en crisis y las instituciones están corrompidas.
»Las dos últimas semanas, han sido de violencia cruenta contra el gremio periodístico. En Taxco, hombres armados privaron de la libertad a tres reporteros y, en Chilpancingo, atacaron a tiros a cuatro compañeros.
»La noche del 19 de noviembre, hombres armados ingresaron al domicilio del reportero Marco Antonio Toledo Jaimes, en el barrio de Guadalupe, en Taxco. Se llevaron al periodista, a su esposa, Guadalupe Denova Flores y a su hijo, Alberto Toledo Denova.
»Tres días después, otra vez hombres armados sacaron de las oficinas de su portal de noticias RedSiete, ubicadas en el centro de Taxco, a los reporteros Nayssa Arce Avilés y Alberto Sánchez, quienes son matrimonio.
De Dios hace un recuento de, por lo menos, 18 agresiones extremas contra reporteros en los dos años de administración de Evelyn Salgado. La cifra incluye cinco comunicadores asesinados y otros siete que fueron privados de su libertad.
La organización no gubernamental Artículo 19 declaró que el 17 de noviembre de 2023 ya se había hecho un llamado al Gobierno de Guerrero para que se les garantizara protección a periodistas de la entidad, luego de que algunos recibieran amenazas a través de redes sociales. Entre ellos se encontraba Víctor Mateo. La solicitud fue en vano.
La misma organización reporta cinco periodistas asesinados este año, en posible relación con su labor. La cifra asciende a 43 dentro del actual sexenio y se dispara hasta 163, desde el año 2000. E4
Aristegui, Ferriz y Loret, espiados por Peña
Zeus, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto se empleó el software Pegasus —comercializado por NSO Group— para hacer intervenciones y seguimientos en tiempo real a miles de ciudadanos. El registro de cada uno incluía fotografías, contactos, correos electrónicos, llamadas de entrada y salida, videos y mensajes.
Se llegaron a monitorear los celulares de más de 15 mil personas, de las cuales por lo menos 25 correspondían a periodistas —uno de ellos, Cecilio Pineda Brito, fue asesinado algunas semanas después de convertirse en sujeto de escrutinio—. Tampoco escaparon de ser espiados defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares, personas menores de edad y más de 700 políticos y sus familiares, principalmente de partidos de oposición.
Entre los comunicadores que resultaron objetivos de indagación figuraban Carlos Loret de Mola, Jenaro Villamil, Pedro Ferriz de Con y Carmen Aristegui. En el caso de esta última, quien tiene calidad de víctima en el proceso, se encontraron fotos de ella en un parque y de sus padres. Además, la periodista declaró que, entre 2015 y 2016, recibió en su teléfono celular al menos 16 mensajes de texto con exigencias para pagar deudas, alertas Amber y amenazas de ataques a su página web, entre otros, que posteriormente se demostraron que fueron infecciones maliciosas que permitieron espiarla.
Además de los comunicadores, también fueron monitoreados los movimientos de empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea, dos de los hombres más ricos del país. Agencias de Gobierno de Peña Nieto registraron, en promedio, 33 objetivos de ciberespionaje al día, un ritmo varias veces mayor al de regímenes autoritarios como Arabia Saudita, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Ruanda, India, Azerbaiyán, Hungría o Kazajistán, que también fueron clientes de NSO Group. E4