Poder Judicial, historia de nepotismo e impunidad que podría tocar a su fin

En medio de las tensiones con los ministros de la SCJN, López Obrador despeja el camino para una reforma en el próximo sexenio. Plantea una consulta ciudadana y condicionar el voto a legisladores para asegurar la mayoría calificada en el Congreso. La estadística sobre denuncias y la percepción de venalidad son los argumentos

AHMSA en suspenso por el nuevo desplante de Ancira

El sistema de justicia enfrenta una profunda crisis. A pesar de que la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los mexicanos, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2023 revela que el 92.4% de los delitos no se denuncia. El sondeo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica además que de los delitos reportados en el último año, el Ministerio Público solo inició investigaciones en el 69.3% de los casos, lo cual refleja la ineficacia del aparato judicial.

La confianza en las instituciones también arroja luz sobre el problema. Mientras las Fuerzas Armadas, los pequeños negocios y organismos gubernamentales como el INSABI, las escuelas públicas, el ISSSTE y el IMSS se ubican entre las más confiables, los jueces y magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la policía y los ministerios públicos son percibidos como más corruptos, según el Ranking de Confianza en las Instituciones Públicas 2023 de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En este contexto, la mayoría de los encuestados por MCCI atribuye la corrupción a la impunidad (34%) y a Gobiernos anteriores (34%). Esto respalda la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su enfrentamiento público con los ministros de la Suprema Corte, a quienes acusa de aferrarse a un presupuesto «rapaz» y de avalar un «golpe de estado» en Nuevo León, entre otras acusaciones.

En respuesta, AMLO amenaza con realizar una consulta ciudadana sobre si jueces, magistrados y ministros deben ser elegidos por voto popular. Aunque la viabilidad legal de esta medida es cuestionable, dado que la propia Suprema Corte debe evaluar su constitucionalidad, podría influir en la percepción pública y presionar a los legisladores.

De ahí que insista en que la renovación «tajante» del sistema de justicia se convierta en un tema central de las campañas de candidatos a diputados y senadores en 2024. «Que los ciudadanos les pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que, si llegan (al cargo) van a aprobar una reforma constitucional (en materia judicial) (…) O sea, que sea un tema de campaña (…). Se tiene que tener mayoría de votos en la Cámara, mayoría calificada, dos terceras partes, ese es un motivo para votar. Es así. Va a haber un emplazamiento», dijo en conferencia de prensa (30.08.23).

El líder de la 4T parece estar preparando el terreno para que sea su potencial sucesora, Claudia Sheinbaum, quien cumpla con el que será uno de los grandes pendientes de su sexenio. En este sentido, el pasado 3 de diciembre, la precandidata presidencial de Morena integró al exministro de la Corte, Arturo Zaldívar, al equipo que elaborará su «Proyecto de Nación» y definirá las acciones de su Gobierno en caso de ganar las elecciones del 2 de junio.

Zaldívar, quien causó un revuelo mediático al renunciar a su puesto en la Corte el pasado 7 de noviembre, ha evitado pronunciarse sobre la elección de ministros, pero ha señalado que su apoyo a Sheinbaum es «para consolidar la transformación del país».

¿Se acerca el fin del nepotismo, la opulencia e impunidad en los tribunales mexicanos? El panorama político se calienta y el 2024 se vislumbra como un punto de inflexión en la transformación del Poder Judicial.

Nepotismo y escándalos

La desconfianza en el Poder Judicial se explica por los altos índices de impunidad en los ministerios públicos, pero también por las prácticas de nepotismo en los tribunales, los escándalos que involucran a magistrados y las decisiones judiciales a favor de empresarios y políticos acusados de corrupción.

En 2017, un estudio liderado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, reveló que familiares de al menos 500 jueces y magistrados ocupaban plazas en tribunales de 31 estados. Estas «redes clientelares» se extendían a más de 7 mil servidores públicos, según la investigación entregada al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la SCJN.

El nepotismo también llegó a la Suprema Corte, donde las hijas de los ministros Luis María Aguilar —entonces presidente del organismo— y Jorge Pardo Rebolledo fueron identificadas en la nómina en 2018. La primera, una cirujano dentista con una vertiginosa carrera judicial. La segunda despachaba en la misma sede institucional que su padre con un sueldo bruto de más de 100 mil pesos, muy cerca del tope que López Obrador, entonces presidente electo, pretendía fijar para los altos funcionarios del país (108 mil pesos al mes).

En octubre de 2019, Eduardo Medina Mora renunció como ministro de la SCJN tras detectarse transferencias inusuales en sus cuentas en Reino Unido y Estados Unidos.

La Secretaría de Hacienda detectó que Medina efectuó transferencias interbancarias por 23.3 millones de pesos y recibió un pago de 10.6 millones de pesos de una empresa por concepto de «pago de dividendo».

En diciembre de 2020, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fundada cinco años antes por el empresario Claudio X. González, hoy enemigo número uno de la 4T, destacó la cruzada de Zaldívar contra el nepotismo en la Corte. «En MCCI estrechamos la mano del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su propósito de erradicar la corrupción y el nepotismo que durante años ha perdurado en el Poder Judicial de la Federación (…) En el marco de su primer informe de labores, declaró que ha quedado demostrado el inicio de la transformación en el Poder Judicial y señaló que, como parte de la renovación y el compromiso con México, habrá una política de cero tolerancia a la corrupción», escribió en un comunicado.

El siguiente año, dos ministros, El coahuilense Javier Laynez y Yasmín Esquivel Mossa, protagonizaron escándalos nacionales. Laynez fue detenido en Torreón por conducir en estado de ebriedad, mientras que Esquivel enfrentó acusaciones de plagio en su tesis de licenciatura.

Casos emblemáticos

En mayo de este año, la revista Nexos (sancionada por el Gobierno en 2022 por un por un supuesto documento falso en un contrato de 2018) y MCCI publicaron el estudio «Tablero de la Impunidad: ni en los grandes casos de corrupción se ha hecho justicia», en el que analizan 16 casos casos a escala nacional.

El informe abarca siete casos del sexenio pasado: la Estafa Maestra, los sobornos de Odebrecht, la compra de Agro Nitrogenados, la Operación Safiro, los diezmos de Delfina Gómez en Texcoco, el espionaje con Pegasus y los desvíos en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis). Así como nueve casos relacionados con el actual Gobierno federal, como los desvíos en Segalmex, el desplome de la Línea 12 del Metro, los escándalos de corrupción vinculados a la familia presidencial, los presuntos abusos de poder del fiscal Alejandro Gertz Manero, el desvío de recursos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), los contratos de medicamentos a empresas del exsuperdelegado Carlos Lomelí, los negocios con empresas fantasma en la cooperativa Cruz Azul, los moches en el DIF y las irregularidades dentro del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep).

Tras analizar miles de notas periodísticas, expedientes judiciales y sentencias del Poder Judicial de la Federación, el informe concluye que «todos los casos tienen un factor en común: la impunidad».

El más emblemático relacionado con el Gobierno de Peña Nieto es sin duda la Estafa Maestra, el esquema a través del cual 11 dependencias gubernamentales y ocho universidades públicas desviaron más de 7 mil 600 millones de pesos a empresas fantasma, entre 2013 y 2014.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al mando de Rosario Robles fue una de las instituciones más involucradas. «Localizamos a 81 presuntos responsables. El avance general del caso es de 21 % y no ha habido ni una sentencia condenatoria en materia penal, pese a que siete personas llegaron a estar vinculadas a proceso. Tenemos que resaltar que en este caso Rosario Robles permaneció en prisión preventiva durante más de tres años (desde 2019) por un delito que no ameritaba esta medida cautelar. Pareciera ser que Robles fue sólo una simulación para que el Gobierno pudiera decir que estaba combatiendo la impunidad», concluye el estudio.

En noviembre de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte confirmó el amparo que un Tribunal Federal otorgó a Robles contra la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público durante 10 años. En febrero de este año, un juez le concedió la absolución definitiva.

Ese mismo mes, por orden judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descongeló las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, quien se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos.

Sobre el caso Segalmex, catalogado como «el mayor desfalco documentado en México, hasta ahora» (15 mil 300 millones de pesos desviados a través del programa que maneja la agencia Seguridad Alimentaria Mexicana), la investigación advierte: «pareciera ser que hay personajes intocables por su cercanía con el presidente. Por ejemplo, Ignacio Ovalle, quien era director de Segalmex, no ha enfrentado ningún proceso penal o procedimiento administrativo. Al contrario, sigue siendo servidor público».

El pasado 26 de noviembre, un tribunal federal canceló en forma definitiva la acusación penal contra Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, por la presunta compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar por 142 millones de pesos.

Dos días antes, la Fiscalía General de la República (FGR) perdió la demanda con la que pretendía enajenar una residencia de 38 millones de pesos al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de lavado de dinero en el caso Agro Nitrogenados. La jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio Ana Lilia Osorno Arroyo argumentó que una sentencia de la Suprema Corte «acota de manera puntual que la extinción de dominio sólo procede antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio». E4

Escándalos y sentencias judiciales polémicas

2017

• Una investigación revela que familiares de 500 jueces y magistrados ocupaban puestos en tribunales de 31 estados.
• Jueces de Nayarit y Coahuila simulan juicios para despojar de viviendas a 200 mil derechohabientes del Infonavit. Nadie es encarcelado en el estado.

2018

• Las hijas de los ministros Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo aparecen en la nómina de la SCJN.

2019

• Eduardo Medina Mora renuncia como ministro de la SCJN envuelto en sospechas por transferencias internacionales.

2020

• MCCI destaca la política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, actual asesor de Sheinbaum.

2021

• El ministro Javier Laynez es detenido en Torreón por conducir ebrio y la ministra Yasmín Esquivel Mossa es acusada de plagiar su tesis de licenciatura.

2022

• La SCJN ratifica un amparo de Rosario Robles contra la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 10 años por el caso de la Estafa Maestra.
• La SCJN rechaza atraer los amparos de Kamel Nacif, implicado en una red de prostitución infantil y en actos de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

2023

• La SCJN desecha un amparo del Gobierno de Chihuahua para mantener la acusación de peculado contra el priista
  Alejandro Gutiérrez involucrado en la Operación Safiro.
• Por orden judicial, la UIF descongela las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en prisión por narcotráfico en EE. UU.
• Un tribunal federal cancela definitivamente la acusación penal contra Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, por la presunta compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar por 142 millones de pesos.
• La FGR pierde una demanda para enajenar una residencia de 38 millones de pesos al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de lavado de dinero por el caso Agro Nitrogenados.
• Un juez de control suspende el auto de apertura de juicio contra Lozoya por los sobornos de Odebrecht. Hasta la fecha, no hay una sentencia condenatoria.

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AHMSA en suspenso por el nuevo desplante de Ancira

La reactivación de las plantas de Altos Hornos de México (AHMSA) en Coahuila entró en una nueva etapa de suspenso, luego de que el 30 de noviembre se venciera el plazo para que Alonso Ancira, todavía presidente del Consejo de Administración, fallara en realizar el último pago de 112 millones 497 mil dólares acordado con Petróleos Mexicanos (Pemex) en el marco del acuerdo reparatorio por el caso Agro Nitrogenados.

El incumplimiento abriría la posibilidad de que Pemex tome el control del 99% de las acciones y siete activos físicos de AHMSA, y la Fiscalía General de la República (FGR) busque su reaprehensión.

En marzo de 2019, Pemex presentó una denuncia de hechos contra AHMSA por la venta a sobreprecio de la planta petroquímica Agro Nitrogenados. Ancira fue capturado en mayo de ese año en la isla Palma de Mallorca acusado de realizar «operaciones con recursos de procedencia ilícita». En febrero de 2021 fue extraditado a México e internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

En abril de ese año el empresario llegó a un acuerdo con Pemex Transformación Industrial, con quien convino devolver 216 millones de dólares de los 275 millones que recibió por la planta petroquímica, ubicada en Veracruz.

En el acuerdo, Ancira dejó en garantía el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte y activos valuados en 278 millones 216 mil pesos y 2 millones 900 mil dólares. Pemex realizará una valuación; si los activos no cubren la deuda, la FGR podría pedir la reapertura del caso. Entre los bienes garantizados se encuentra el Alto Horno 5, valuado en 50 millones 497 mil 211 dólares.

Si bien el incumplimiento de pago compromete la propiedad de AHMSA, expertos consideran que Pemex no podría embargarla debido a su reconocimiento como acreedor en el tribunal de Concursos Mercantiles. Los abogados de Ancira dicen que su cliente no se niega a pagar, pero la acerera no puede hacerlo por un procedimiento judicial.

La posible orden de reaprehensión también sería debatible, ya que Pemex optó por un nuevo proceso legal para exigir el pago.

Ancira ha convocado a una reunión de accionistas para el 21 de diciembre, donde se discutirán diversos puntos, incluyendo una prórroga para el pago a Pemex y posibles cambios en el Consejo de Administración. E4