El secretario de Economía del Gobierno del Estado de Coahuila, Claudio Bres, y Mario Mata Quintero su contraparte municipal de Saltillo, recientemente hicieron declaraciones, cada quién por su lado, con relación a los salarios que pagan las empresas cuyo deseo es instalarse en nuestra región sureste del estado.
El señor Bres dice que en el momento cuando se inician las pláticas con los inversores potenciales, les sugiere que se especifique que el nivel salarial que se ofrecería a los trabajadores fuera justo, y en contrapartida el Gobierno les otorgaría incentivos de apoyo con el objetivo de que se establezcan en nuestra entidad, ya que de esta manera se contribuye a combatir el desempleo proporcionándoles una mejor calidad de vida, lo cual aleja al empleado de gastar su tiempo en actividades que estén reñidas con la seguridad pública.
Por su parte, el señor Mata Quintero agrega que la ciudad ofrece seguridad y limpieza, lo cual es cierto, solo que en su declaración le faltó decir que también existe un estado de derecho, una mano de obra de calidad que deriva en competitividad, etcétera, ya que por lo que se refiere a la seguridad y a la limpieza, éstos son renglones de la actividad pública que el municipio está obligado a prestar, existan o no empresas. Es cierto lo que dice el funcionario municipal pues eso ayuda a que haya un ambiente sano para el acogimiento empresarial, pero no como una condicionante.
Desde luego, es muy loable la posición oficial de subrayar la protección a los trabajadores con el fin de que su salario les suministre seguridad en su vida familiar, y les certifique un horizonte de tranquilidad cuando les llegue el momento de su retiro.
Sin embargo, el papel protector que el Gobierno del Estado y el municipio de Saltillo persiguen, insisto, habla de la gran sensibilidad para los trabajadores de las empresas, solo que esa actitud también debe ser mostrada con sus propios empleados quienes durante los últimos sexenios, en el caso del Gobierno estatal, se han reservado esa sensibilidad, pues ni siquiera les han incrementado a sus empleados de confianza por lo menos un porcentaje similar a la inflación, lo que infiere al poder adquisitivo traducido en una reducción para solventar servicios, bienes y alimentos que son necesarios para llevar una vida medianamente aceptable junto con sus familias.
Para estar en condiciones de pedir se debe estar en condiciones de dar, es decir, se tiene que observar autoridad moral para solicitar, es este caso, salarios justos y mostrar una actitud similar para los empleados que laboran en el sector oficial, pues no se puede exigir algo, que en estricta justicia no procure a los suyos. Es claro, se reclama a los ajenos mientras que a los propios los olvidan.
Ahora bien, ¿Cuál es el salario justo? Pues sencillamente es la proporción entre el trabajo que se desarrolla y el salario que percibe el trabajador, lo que quiere decir que cuando el empleado lo ve como justo lo anima a imprimirle mayor empeño a su labor, de lo contrario lo desanima lo que va en perjuicio de su encomienda pues le dedicaría mayor tiempo a realizar un trabajo oculto, como se dice coloquialmente «si el Gobierno hace como que paga los empleados hacen como que trabajan».
Los programas sociales que está llevando a cabo el Gobierno de Coahuila no tiene comparación con ningún otro Gobierno anterior, esa justicia que apoya a las clases de habitantes más necesitadas es humanamente saludable y reconocida ya que les aligera la vida de necesidades lo cual merece alabanza, nada más que esa justicia distributiva debe llegar a los estratos que colaboran en el Gobierno estatal, solo que en este caso esa justicia sería en sus salarios, que han estado estancados desde hace por lo menos 20 años, lo que a todas luces es inaceptable e injusto, pues esas condiciones muestran a un Gobierno que es candil de la calle.
Se lo digo en serio.
