Justicia a cañonazos: el caso Moreira; Garzón y Pedraz, del cielo a la picota

A más de siete años de su detención en Madrid, investigaciones periodísticas revelan supuestos pagos millonarios de empresas ligadas a Humberto Moreira al juez que archivó su caso y al despacho que coordinó su defensa. «Es una infamia», dice el exgobernador

Deuda de Coahuila absorberá el 100% de recursos federales

«Si en el bote no me asustaron, ¿qué me van a asustar estos pendejos? A lo que voy es esto: tiran guamazo, tiro demanda», dijo el exgobernador coahuilense Humberto Moreira en diciembre de 2016, como advertencia a «todo el hocicón que anda con su micrófono en la mano o con su pluma escribiendo a que lo investiguen».

El tono pendenciero en la entrevista, concedida al programa radial Noti Rancho de Piedras Negras, contrasta con las lágrimas derramadas meses antes al salir del penal de alta seguridad de Soto del Real de Madrid, donde permaneció detenido una semana acusado de blanqueo de capitales, asociación delictiva, malversación de caudales públicos y cohecho.

«Garzón cobró más de un millón de euros del entorno de Humberto Moreira, tras su liberación por orden del juez Santiago Pedraz».

Alvise Pérez, investigador y asesor político

Su liberación expedita, que sorprendió a la Fiscalía Anticorrupción española y a las autoridades estadounidenses que colaboraban en la investigación, fue ordenada el 22 de enero de 2016 por el juez Santiago Pedraz Gómez, quien no descartó que el expresidente del PRI hubiera cometido los delitos que se le atribuían.

«El señor Moreira podrá o no haber cometido la malversación y posterior blanqueo —perteneciendo o no a una organización criminal en México o Estados Unidos—, mas no se acredita siquiera indiciariamente su comisión en España, ni aún en parte», argumentó Pedraz.

«Pedraz participó junto a Baltasar Garzón en una comida con un alto cargo del Gobierno mexicano cuando llevaba casi un año investigando al expresidente del PRI».

Alberto Sierra, periodista de The Objective

Días después, el magistrado archivó la causa, pero fue reabierta en 2018, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por testimonios de testigos en Estados Unidos que involucraban a Moreira en redes de lavado de dinero «robado a las arcas de Coahuila». Entre éstos, figuraban el extesorero estatal Javier Villarreal Hernández y miembros del cartel de Los Zetas, detenidos en Texas.

Pedraz participó de una de las diligencias de funcionarios españoles que viajaron a EE. UU. para presenciar las entrevistas con los testigos, una de las cuales grabó con su propio teléfono. El contenido no pudo ser aportado a la causa pues «perdió» el audio (The Objective, 13.06.23). Tiempo después, Pedraz volvió a dar carpetazo al expediente.

«Son infamias de un loco de ultraderecha (Alvise Pérez) y de un fiscal (José Grinda) que tiene una causa abierta por depravado y enfermo sexual».

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila

La actuación del polémico juez ha quedado en entredicho por información reciente que revela supuestos pagos de empresas ligadas a Humberto Moreira, a él y a su entorno, así como su relación con altos funcionarios priistas en el transcurso de la causa.

Según documentos divulgados por el analista Alvise Pérez y retomados por Forbes, El Español y Más Información, entre otros medios, la empresa fantasma PLC Servicios, involucrada en la trama de sobornos de Odebrecht (Proceso, 08.04.19) y que al parecer recibió contratos millonarios en el Gobierno de Rubén Moreira (2011-2017), hizo dos pagos de 300 mil euros a nombre del beneficiario Pedraz Gómez, el 28 de marzo y 11 de abril de 2016, poco después de que Moreira regresara a México (03.02.16).

La empresa Unipolares y Espectaculares del Norte SA de CV, propiedad de Humberto Moreira, habría realizado un pago de 400 mil euros a Ilocad SL, el despacho del juez Baltazar Garzón, en 2016. El bufete también recibió, ese mismo ejercicio fiscal, dos pagos de las personas físicas Rubén Humberto Moreira Guerrero (hijo del exmandatario) y del propio Humberto Moreira Valdés, por 350 mil y 341 mil euros, respectivamente. En total, el despacho de Garzón habría recibido 1.1 millones de euros de parte de Moreira.

En los egresos del bufete Ilocad —destaca Pérez— figura un pago de casi 120 mil euros a la empresa Gabinete Esterlicia SL, «cuyo dueño es el abogado Manuel Ollé Sesé». Se trata del abogado que defendió a Moreira en España, por recomendación de Garzón, quien se excusó de representar al expresidente priista por su relación de amistad con Pedraz.

Ambos, Garzón y Pedraz, participaron en 2015 de una fiesta organizada en honor a Guillermo Valls, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). «En aquellas fechas, el magistrado de la Audiencia Nacional (Pedraz) llevaba casi un año investigando por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal al político mexicano Humberto Moreira, expresidente del PRI», señala el periodista Alberto Sierra (The Objective, 12.06.23).

Los cañonazos

Las transferencias de PLC Servicios a Pedraz, supuestamente realizadas desde una sucursal de Citibanamex en Monterrey, forman parte de una denuncia presentada en diciembre de 2021 ante la Agencia Española de Administración Tributaria. «De tal denuncia señalar que esta parte no espera ningún resultado de las actuaciones inspectoras de la hacienda española, dado el personaje a investigar (Pedraz), que con un sencillo AUTO tiene la capacidad de llevar a prisión a cualquier persona», destaca Alvise Pérez.

A estas transacciones se suman otros dos depósitos realizados a nombre de Pedraz desde el mismo banco, pero por parte de la empresa Finser México, por 80 mil y 120 mil euros, el 26 de junio de 2019 y 10 de junio de 2020, respectivamente, que el ex-asesor del partido español Ciudadanos atribuye a un posible soborno por la liberación del empresario Alonso Ancira, quien fue detenido en mayo de 2019 en España por el caso de Agro Nitrogenados (Espacio 4, 714)

«Alonso Ancira salió de prisión, por decreto del magistrado Santiago Pedraz, el 1 de julio de 2019. En fecha 26 de junio de 2019, cuatro días antes de decretar su libertad, Pedraz recibe una transferencia de 80.000 € de Citibanamex, desde la empresa Finser México, que bien pudiera ser una mordida dirigida desde el entorno de Alonso Ancira, aunque no hemos podido encontrar las vinculaciones entre esta mercantil y el político mejicano», conjetura Pérez.

Con respecto a los supuestos pagos de Humberto Moreira a Garzón, destaca el que habría realizado Unipolares y Espectaculares del Norte, una de los dos empresas (la otra es Negocios Asesorías Publicidad) a través de las cuales el exgobernador transfirió a bancos españoles más de 200 mil euros en 2013 y 2014, cuando residía en el lujoso barrio Sant Cugat del Vallés de Barcelona, según documentos de la Fiscalía Anticorrupción española.

En 2018, el extesorero coahuilense Javier Villarreal, quien se declaró culpable de lavado de dinero en Texas, declaró que durante el mandato de Moreira (2005-2011) Unipolares y Publicidad del Norte facturó 600 millones de pesos al Gobierno de Coahuila a precios «inflados».

«Desde 2006 le pagaba el Gobierno de Coahuila a dicha empresa, se inflaba más de lo que le pagaba, había una sobrefacturación. Si el servicio, por ejemplo, era de 100, se emitía factura y pagaba por 130», dijo Villarreal, quien aseguró contar con documentos que demostraban como esta compañía «sacaba el dinero fuera» del país.

Sus declaraciones sirvieron para que la Fiscalía Anticorrupción reabriera el caso en 2018, el cual fue archivado por segunda ocasión por el juez Pedraz, un año después.

El 20 de junio, el medio español The Objective reveló que en 2019 la Fiscalía Anticorrupción española agregó más empresas a las relacionadas con las transferencias por 200 mil euros a Humberto Moreira entre 2013 y 2014: Constructora Promotora y Servicios; Constructora y Promotora y Servicios de La Laguna S.A.; Integra S.A. de CV; Partes de Plástico SA de CV; Autopartes de México; Convest Holding CO CV; y Dach Holding CO CV .

«Las transferencias electrónicas, según esta nueva información, eran efectuadas por “corporaciones pantalla“ vinculadas a Moreira», señala The Objective. Según los documentos, a través estas empresas de papel, radicadas en las Islas vírgenes, Holanda, México y en Estados Unidos, Moreira «se habría apropiado de unos 3 mil millones de pesos mediante actos de corrupción y malversación de fondos públicos».

Relaciones sospechosas

El primer abogado al que acudió Humberto Moreira, cuando fue detenido en España, el 15 de enero de 2016, fue el exmagistrado de la Audiencia Española, Baltasar Garzón, célebre por juzgar a dictadores (como el chileno Augusto Pinochet) pero también por defender a criminales de cuello blanco (como el ruso Andrei Petrov) Sin embargo, Garzón se excusó de tomar el caso por su amistad con el juez de la causa, Santiago Pedraz, con quien participó en diversos foros sobre legalidad en México.

«Era agosto de 2011. Alrededor de una mesa estaban el entonces presidente nacional del PRI Humberto Moreira y su hermano Rubén, en ese momento gobernador electo de Coahuila, como anfitriones del juez Baltasar Garzón. El magistrado español estaba en México para participar en el foro Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad (…) El 30 de agosto del mismo año, Garzón encabezó una reunión privada en la sede nacional del PRI con el nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para aportar sus opiniones en materia de derechos humanos y lucha contra el crimen organizado que fueron recogidas en la plataforma política que, meses después, sería la del candidato Enrique Peña Nieto en la elección federal de 2012.

»Esa era la tercera ocasión que Moreira y Garzón se reunían. Por ello, no extrañó que el exgobernador de Coahuila pidiera el 15 de enero, que fuera Garzón quien encabezara su defensa, cuando la policía española lo detuvo (…) Garzón declinó prestar sus servicios al coahuilense, pero sugirió el nombre del abogado Manuel Ollé, según fuentes jurídicas», señala Proceso (03.02.16).

Pero no sólo los foros legales unen a Pedraz y Garzón. «Ocurrió el 10 de febrero de 2015 en Madrid. El juez Santiago Pedraz participó junto a Baltasar Garzón, Dolores Delgado (esposa de Garzón) y altos mandos de la Policía Nacional en una comida privada (…) con motivo de la visita a España del funcionario mexicano Guillermo Valls, quien ejercía como alto cargo del Gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. En aquellas fechas, el magistrado de la Audiencia Nacional llevaba casi un año investigando por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal al político mexicano Humberto Moreira, expresidente del PRI», destaca The Objective (12.03.23).

El periódico destaca que el juez no informó sobre su participación en el evento, en el cual abundó el tequila y sonaron narco corridos.

Los deslindes

Fuentes cercanas a Pedraz, consultadas por The Objective, aseguran que el magistrado no tiene relación alguna con Guillermo Valls y que, «si participó en alguna comida en la que estuvo presente ese señor», no habría sido consciente de que entonces ocupaba un alto cargo en el Gobierno de México.

«Las mismas fuentes aseguran que, en cualquier caso, las relaciones de Baltasar Garzón con México y la amistad de Pedraz con el abogado al que quiso contratar el expresidente del PRI al ser detenido, no supondrían alguna causa de abstención en el caso Moreira para el magistrado. Subrayan que Pedraz nunca ha tenido vínculo alguno con el PRI ni con personas del Gobierno de Peña Nieto. Su participación en dos conferencias en México, añaden, fueron organizadas por dos Gobiernos regionales de ese país y la comida de febrero de 2015 con Guillermo Valls —de la que dicen que el juez no guarda recuerdo— se trataría solo de un acto de carácter social y privado en el que de ninguna manera se habría hablado de una investigación judicial en curso», añade el medio español.

Consultado al respecto por el periódico Vanguardia (20.06.23), Humberto Moreira señaló que lo dicho por Pérez «son infamias de un loco de ultraderecha» y que, en todo caso, la noticia es que el fiscal que lo acusó —y que estaría detrás de estos nuevos señalamientos—, José Grinda, «tiene una causa abierta por depravado y enfermo sexual que atentó contra una menor (…) está buscando distraer la atención con mentiras».

Mientras el «Profe» cuestiona la integridad de sus acusadores, toca a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda corroborar las supuestas transferencias bancarias internacionales al juez de la causa y al despacho de Garzón, así como la legalidad de las empresas involucradas en el caso.

De lo contrario, el «hedor corruptor» del exgobernador (término acuñado por el académico y periodista Sergio Aguayo y que le valió una demanda que terminó a su favor en la Suprema Corte de Justicia) seguirá apestando desde México hasta España. E4

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Deuda de Coahuila absorberá el 100% de recursos federales

El 20 de junio, el Congreso local volvió a autorizar al Gobierno de Coahuila a reestructurar la deuda heredada de la administración de Humberto Moreira (2005-2011), la cual se mantiene en poco más de 36 mil millones de pesos, a pesar de haber pagado ya, al menos, una suma equivalente por concepto de intereses.

Si bien la reestructura ya había sido aprobada en diciembre de 2022 (Espacio 4, 709), los bancos señalaron «errores» en la redacción del decreto 404, al no especificar el monto a reestructurar ni las participaciones federales que se podían destinar al pago de los créditos (Reforma, 20.06.23)

Con las nuevas modificaciones, queda claro que el adeudo a reestructurar corresponde a la totalidad de los 36 mil 269 millones de pesos del pasivo y que para ello se puede disponer de la totalidad de las participaciones federales.

«Se autoriza al Estado para afectar, aportar, destinar, mantener y/o transmitir en forma irrevocable hasta el 100% (cien por ciento) de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones al que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal», dice el documento aprobado.

Además, se autoriza al Gobierno de Coahuila a constituir uno o varios fideicomisos, así como a modificar los fideicomisos existentes destinados al pago de los créditos que se reestructuren por un plazo no mayor a 25 años (2048).

El dictamen fue aprobado con el voto a favor de los 16 diputados del PRI, incluido Álvaro Moreira, hermano de los exgobernadores Humberto —en cuya administración se contrataron los créditos por más de 35 mil millones, en parte con documentos falsos— y Rubén Moreira —cuya administración legalizó el pasivo–. «Alvarito» y otros ocho diputados del PRI acaban de ganar la reelección en el carro completo que hizo la Alianza por la Seguridad de Coahuila (PRI-PAN-PRD), el pasado 4 de junio.

«En este Gobierno ya se hizo una reestructura hace cinco años. La deuda total era 36 mil 559 millones, hoy la deuda es 36 mil 269 millones, en cinco años hemos pagado, según documentos oficiales, 18 mil millones y debemos prácticamente lo mismo (…) La deuda de Coahuila es un fraude en su origen y es un fraude hoy en día. Por eso no les conviene que se acabe, por eso la van a aventar otros 25 años más», señaló Rodolfo Walss, exdiputado panista, quien se sumó a la bancada de Morena para buscar, sin éxito, la reelección en los recientes comicios. E4