A principios de año, cual si fuera serie de éxito en la modalidad streaming, el gobernador de Nuevo León y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, influencer conocida como la Chavacana Mayor adoptaron un bebé a cargo de la instancia DIF estatal, bajo el argumento de un permiso de convivencia. Los excesos y violaciones de Mariana se encubrieron con el silencio.
De manera legal y casuísticamente hablando, la sustracción implicó violaciones a diversos derechos e incurrió en diversas faltas, desde el delito de tráfico de influencias tipificado en el Código Penal del estado, además de violar el derecho a la intimidad establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con todo el menoscabo, también se vulneró el Manual de Políticas y Procedimientos de Familias de Acogimiento del DIF. Lo dicho, Mariana sustrajo al niño de un albergue como si hubiera ido a rentar una película.
La REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México) y organizaciones internacionales como la organización Save the Children expresaron profunda preocupación y consternación. A final de cuentas, el mandatario estatal y su esposa se salieron por la tangente bajo la manifestación que este tipo de organizaciones emiten «recomendaciones»; que serán tomadas en cuenta.
Desgraciadamente, este tipo de hechos convertidos en trivialidades, es lo que veremos en distintos puntos del país en la forma de hacer política. Quizá el empobrecimiento de nuestra cultura nos lleva a un empobrecimiento de juicio, de capacidades, de afectos, de instintos y de imaginación… evidentemente, este acto —no aislado— es a todas luces una violación a los derechos humanos del menor. La exposición excesiva e indebida a las redes sociales —innecesarias— vulneraron su identidad y cosificaron al menor.
Carezco de certidumbre al pensar si en Nuevo León comienzan a preocuparse o no, con el experimento del Gobierno de «influencers»; comenzando con la designación del gobernador Samuel García Sepúlveda al crear la superoficina «Amar a Nuevo León» para su pareja, lo que la convierte en una cogobernadora de facto. Amar a Nuevo León se encuentra en el sitio más alto del organigrama oficial exhibido en el portal del Gobierno del estado.
Especialistas consultados para la elaboración de un reportaje para la revista proceso (2360) señalan que «ella ha sido integrada a la administración estatal para proyectarla hacia una posición política. Como funcionaria con puesto de amplio alcance y prácticamente nulas restricciones en su faceta de influencer, ella parece avanzar de la mano de su marido hacia un proyecto conjunto parecido al nepotismo (…)».
Para muestra de la arbitrariedad que ostenta, basta la sustracción del menor Emilio a principios de año en donde es evidente la vulneración de sus derechos. Algunos incautos la comparan con Eva Perón o Jackie Onassis, más bien pudieran hacer comparación con lo que fue el dúo Fox-Sahagún.
Circunstancialmente (y en términos de la globalización) desde la perspectiva del hombre moderno, la gente de antes tenía menos libertad. Tal vez eran menores las posibilidades de elección, pero su responsabilidad era mucho mayor. Antes, no ocurría el pensar en desatender los deberes a su cargo, de la lealtad al lugar que la vida te ha otorgado…
En este caso particular —y en muchos otros de la tragicomedia mexicana— parece esto no importar si conviene la promoción, la frialdad, el nepotismo y la ignorancia.
Abraham Álvarez
Aguascalientes, 1982. Cursó sus estudios de Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, posteriormente hizo sus estudios de maestría en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Labora en la administración pública estatal desde el año 2005. Es maestro de Teoría Política en la Facultad de Economía de la UA de C desde el año 2009. Ha sido observador electoral de la Organización de los Estados Americanos en misiones para Sudamérica, en la que participa como miembro de observadores para temas electorales.