La corrupción ha vuelto al mundo más violento e inseguro, acusa TI

El enfado social amenaza con provocar conflictos mayores, pues la lucha contra el flagelo se ha estancado en la mayoría de los países. La complicidad de políticos, fiscales y jueces ayuda a las organizaciones terroristas y criminales a expandirse y actuar con impunidad. Los Gobiernos y las élites se protegen entre sí

México avanza a paso de tortuga; sube apenas tres puntos

El punto final de AMLO y el caso Moreira

El mundo es hoy más peligroso para vivir que nunca, debido a la corrupción. El informe de Transparencia Internacional (TI) 2022 no deja lugar a dudas al respecto. Tras hacer la vista gorda tanto tiempo, a los Estados no les queda más salida que erradicar el flagelo en todos los niveles, de lo contrario, el descontento social devendrá en violencia. Así lo advierte Delia Ferreiro Rubio, presidenta de la ONG con sede en Alemania. El Índice de Paz Global respalda el diagnóstico: a mayor corrupción, más inseguridad y mayor violencia. El balance es desalentador: desde 2017, los avances en el combate a la corrupción son mínimos e incluso nulos en el 95% de los países.

El aumento de la violencia y el conflicto lo agudiza la incapacidad de los Gobiernos para contrarrestar el fenómeno, «lo cual plantea peligros para las personas en todas partes del mundo». La corrupción y la seguridad —apunta Ferreiro— «se encuentran profundamente relacionadas». Por tanto, «el uso indebido, la malversación o el robo de fondos públicos pueden afectar a las mismas instituciones que están a cargo de proteger a los ciudadanos, asegurar la vigencia del Estado de derecho y preservar la paz, privándolas de los recursos que se necesitan para cumplir ese mandato. Las organizaciones terroristas y de criminalidad suelen contar con la complicidad de funcionarios, autoridades de aplicación de la ley, jueces y políticos corruptos, lo cual les permite alcanzar objetivos y actuar con impunidad».

«El uso indebido, la malversación o el robo de fondos públicos pueden afectar a las mismas instituciones que están a cargo de proteger a los ciudadanos».

Delia Ferreiro Rubio, presidenta de Transparencia Internacional

Transparencia Internacional insta a los Gobiernos a priorizar los compromisos contra la corrupción, para lo cual es necesario: 1) Reforzar los mecanismos de pesos y contrapesos; 2) Reivindicar los derechos a la información; y 3) Limitar la influencia privada. Así se podrá «liberar al mundo de la corrupción y la violencia que esta trae aparejada». Daniel Ekiksson, director ejecutivo de TI, mira el vaso medio lleno: «El dato positivo es que los líderes pueden combatir la corrupción y promover la paz al mismo tiempo. Los Gobiernos deben abrir los espacios para hacer partícipe al público en la toma de decisiones, desde activistas y empresarios hasta grupos de jóvenes. En las sociedades democráticas, las personas pueden alzar sus voces para contribuir a erradicar la corrupción y exigir un mundo más seguro para todos nosotros».

«(…) los cleptócratas han acumulado fortunas inmensas prometiendo lealtad al presidente Vladímir Putin a cambio de obtener contratos lucrativos con el Gobierno y de que se protejan sus intereses económicos».

En México, y en particular en Coahuila, las instituciones creadas para prevenir y castigar la venalidad son una entelequia. Los sistemas nacional y estatal anticorrupción se distinguen por su inutilidad, más bien son burocracias al servicio del poder público y privado. En países donde la ciudadanía participa en los asuntos públicos y la juventud se rebela contra el estado de cosas, escándalos como el de la megadeuda por 40 mil millones de pesos, que además de costarle al estado carretadas de dinero en intereses reduce la calidad de vida de miles de familias, ya habría provocado manifestaciones populares, el encarcelamiento de funcionarios y empresarios y eventualmente la caída del Gobierno. El moreirazo es un agravio permanente para los coahuilenses; y una burla, que la Fiscalía Anticorrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública sean controlados por secuaces de Humberto y Rubén Moreira. Las 400 denuncias por irregularidades financieras presentadas por la Auditoría Superior del Estado duermen el sueño de los justos.

«(…) el mandato del presidente Jair Bolsonaro estuvo marcado (…) por el uso de maniobras corruptas para favorecer a aliados políticos y acumular apoyo político en la legislatura».

Los casos Putin y Bolsonaro

La corrupción pública y privada sostiene a Gobiernos de todas las tendencias políticas e ideológicas, pero es difícil extirparla, ya que las autoridades y las élites se protegen mutuamente. Países como Perú le dan clases al nuestro. Ocho de sus presidentes, desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra, fueron destituidos y puestos entre rejas por delitos de corrupción e «incapacidad moral». Alan García, quien ocupó la presidencia en dos ocasiones, se suicidó antes de ser enviado a prisión por el caso Odebrecht. En México ningún presidente ha pisado la cárcel. Prefieren exiliarse, de preferencia en España, donde actualmente radican Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y exlíder del PRI, fue detenido en uno de sus viajes a Madrid por la Policía Nacional en una operación contra el blanqueo de capitales. El periódico El País identificó así al personaje: «Durante su Gobierno, Coahuila sufrió un incremento de la violencia del crimen organizado y se convirtió en feudo de Los Zetas, un cártel formado por exmilitares de élite. (…) La detención en España de Moreira supone un avance trascendental en el proceso abierto en Texas por el supuesto robo multimillonario de fondos en Coahuila y encamina hacia el banquillo al que fuera uno de los “príncipes” del PRI» (15.01.16). Gracias a Peña Nieto, Moreira pasó solo ocho días en el penal de Soto del Real, pero su caso en Estados Unidos sigue abierto.

La corrupción y la no rendición de cuentas tienen repercusiones en todo el mundo. Transparencia Internacional (TI) cita como recordatorio la invasión rusa de Ucrania. «En Rusia (con 28 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022), los cleptócratas han acumulado fortunas inmensas prometiendo lealtad al presidente Vladímir Putin a cambio de obtener contratos lucrativos con el Gobierno y de que se protejan sus intereses económicos». (En México el modelo se aplicó durante el periodo neoliberal, según ha denunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador.) TI advierte sobre el caso: «La ausencia de frenos al poder de Putin le permitió intentar conseguir ambiciones geopolíticas con impunidad». El ataque a Ucrania «desestabilizó al continente europeo, puso en riesgo la democracia y se cobró decenas de vidas humanas».

En Brasil la democracia se reinstauró en 1990, después de casi 20 años de dictadura militar, con la elección del derechista Fernando Collor de Mello. También pasó a la historia por haber sido el primer jefe de Estado de América Latina sometido a juicio político por corrupción. Al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se le encarceló por delitos fabricados. Absuelto en 2021, volvió al poder luego de vencer al ultraconservador Jair Bolsonaro, quien desconoció el resultado. El Tribunal Supremo Electoral lo inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta 2030. Dilma Rousseff dimitió a la presidencia por acusaciones sin sustento. En su informe 2022, TI dice sobre el gigante sudamericano:

«La combinación de corrupción, autoritarismo y desaceleración económica ha resultado ser especialmente volátil en Brasil (39), donde el mandato del presidente Jair Bolsonaro estuvo marcado por el desmantelamiento de los marcos contra la corrupción, el uso de maniobras corruptas para favorecer a aliados políticos y acumular apoyo político en la legislatura, desinformación y ataques al espacio cívico. En enero, tras la derrota de Bolsonaro como candidato para la reelección, sus partidarios lanzaron un ataque violento contra el Parlamento, el Supremo Tribunal y el palacio presidencial, pusieron en riesgo la vida de policías y periodistas y vandalizaron edificios, con el objeto de perturbar la transición pacífica del poder al presidente recientemente elegido, Luiz Inácio Lula da Silva».

El elefante en la sala

La corrupción también cuesta vidas. Ocurre cuando carreteras, puentes, edificios, escuelas y hospitales, construidos fuera de norma y con materiales de mala calidad, colapsan, como pasó en Turquía y Marruecos tras los últimos terremotos. Igual sucede cuando, en casos como el de Coahuila, el Gobierno deja de invertir por décadas en infraestructura, salud, educación y servicios básicos. El estado ha llegado a destinar hasta el 10% de su presupuesto a bancos —algunos de ellos propiedad de familias de políticos y beneficiarios del régimen— que otorgaron créditos a cierra ojos a funcionarios manirrotos y venales. Los intereses de usura convirtieron a los estados en rehenes y depauperaron más a los más pobres.

El moreirazo es el elefante en la habitación. Las autoridades voltean para otro lado; y el sector empresarial, otrora crítico, hoy es comparsa del poder. De la megadeuda se habla en las campañas electorales, pero después regresa a las catacumbas. Las oposiciones no pasan de la retórica y las denuncias se pierden en los laberintos de un sistema judicial venal, coptado por intereses políticos y económicos. Armando Guadiana decepcionó por su actitud complaciente en el Senado después de que, como empresario, encabezó un movimiento para investigar el asalto a las finanzas.

En vez de exigir justicia y castigo para quienes hipotecaron al estado, el senador de Morena utilizó su influencia en favor de sus negocios (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Anuario de la Corrupción 2020). También defendió al exdueño de AHMSA, Alonso Ancira, uno de los principales favorecidos por el capitalismo de compadres impulsado en el Gobierno de Salinas de Gortari. La Fiscalía General de la República lo investigó por la transferencia de capitales a paraísos fiscales (Papeles de Panamá), lo mismo que a otros empresarios y políticos. La arrogancia y falta de compromiso los pagó en las urnas. Durante su campaña por la gubernatura, extrabajadores de Pemex le solicitaron apoyo para crear un fondo de pensiones. «Mejor que sea de defunción», ironizó.

El endeudamiento pende sobre el Gobierno cual espada de Damocles. La inversión pública se desplomó en los últimos 13 años. Los bancos recibirán más de 6 mil 700 millones de pesos en este ejercicio. El presupuesto solo alcanza para paliar necesidades apremiantes. La administración de Manolo Jiménez afrontará el mismo problema. En las campañas para la gubernatura, los candidatos del PT (Ricardo Mejía) y de los partidos Verde y UDC (Evaristo Lenin Pérez) denunciaron que las reestructuraciones son un negocio para banqueros y políticos. En su lugar propusieron negociar quitas al capital con los acreedores. Guadiana se alineó con ellos, pero nadie lo tomó en serio.

La deuda de Coahuila es una de las más altas del país y la cuarta en términos per cápita (12 mil 53 pesos) de acuerdo con el último Reporte de deuda subnacional. La presión sobre las finanzas aumentó en los cinco últimos años por la cancelación de fondos federales a los estados. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la medida se tomó por austeridad y para combatir la corrupción, pues cantidades ingentes de dinero eran desviadas con fines electorales (compra de votos) o para enriquecer a funcionarios. Los gobernadores dejaron de controlar el presupuesto de la federación al perder el control de la Cámara de Diputados. Sin ese salvavidas, la situación financiera de Coahuila empeoró. A corto plazo podría ser insostenible si no se negocia con los bancos condiciones para atender las demandas inaplazables de carreteras, hospitales, escuelas, agua y alcantarillado. E4

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México avanza a paso de tortuga; sube apenas tres puntos

El caso Segalmex abolla la coraza del presidente López Obrador, pero no lo debilita. El 65% aprueba su gestión y el 59% opina que es honesto: encuestas

Andrés Manuel López Obrador ofreció en su primer discurso como presidente acabar «con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México». La mayoría de sus predecesores dio golpes de efecto contra rivales políticos (Jorge Díaz Serrano, Joaquín Hernández Galicia, Rogelio Montemayor y Elba Esther Gordillo), pero la venalidad creció en cada sexenio. «Convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de Gobierno» dista de ser una pretensión retórica o propagandística», señaló. Es «la convicción de que la crisis de México se originó, no solo por el fracaso del modelo neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio (…) de la más inmunda corrupción pública y privada».

Cinco años después, la percepción sobre el combate a la corrupción divide opiniones. El caso más sonado en el Gobierno de AMLO es el desfalco en el organismo descentralizado Seguridad Alimenticia Mexicana (Segalmex), antes Conasupo, que involucra a la empresa Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac). La Auditoría Superior de la Federación denunció que entre 2020 y 2022 se cometieron irregularidades por más de 15 mil millones de pesos en la compraventa de azúcar, leche, maíz y operaciones bursátiles. La Fiscalía General de la República ha detenido a 11 involucrados, entre los cuales figuran Manuel Lozano Jiménez, exdirector Comercial; Óscar Navarro Garate, exdirector de Administración y Finanzas, Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar, y el empresario Fernando Hiram Zurita. René Gavira Segreste, exjefe de Administración y Finanzas, permanece prófugo.

«Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y la violencia», fustigó el presidente el día de su investidura. Ocupar la posición 135 en la clasificación de Transparencia Internacional de 2017, penúltimo año del Gobierno de Peña Nieto, le pareció «vergonzoso»; México cayó en 2018 al lugar 138. «Habrá que demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible, y así lo haremos, porque de esa manera construiremos una sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre», apuntó.

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, México ocupa el puesto 126, con 31 puntos, entre 180 países y territorios, en una escala de cero (muy corruptos) a 100 (muy baja corrupción). Nuestro país avanzó en cuatro años solo tres puntos (antes tenía 28), pero subió 12 lugares (del 138 al 126). El IPC lo encabezan Dinamarca (90 puntos), Finlandia y Nueva Zelanda (87 cada uno). «La solidez de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos también hacen que estos países estén entre los más pacíficos del mundo, según el Índice de Paz Global», dice Transparencia Internacional.

De acuerdo con una encuesta de Grupo Reforma, publicada en mayo pasado, el 41% de los mexicanos piensa que la corrupción ha disminuido. El 32% percibe un incremento y para el 22%, permanece igual. La imagen del presidente López Obrador ha sufrido abolladuras, pero mantiene una aprobación del 65%, según la actualización de Oraculus del 1 de septiembre. En la pesquisa de Reforma, el 61% lo considera «capaz para gobernar y respetuoso de la ley»; el 60%, «positivo para el país»; y el 58%, «un presidente que gobierna para todos». El 56% lo cree honesto; y el 51%, que «habla con la verdad». AMLO ha empezado su último año de Gobierno con una opinión positiva. E4

Índice de percepción de la corrupción

2018

Puntos	País	Posición
28	Guinea	138
28	Irán	138
28	Líbano	138
28	México	138
28	Papúa Nueva Guinea	138
28	Rusia	138
27	Comoros	144

2022

Puntos	País	Posición
32	Kenya	123
32	Nigeria	123
31	Bolivia	126
31	México	126
31	Uzbekistán	126
30	Djibouti	130
30	Egipto	130

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El punto final de AMLO y el caso Moreira

La 4T no toca a los gobernadores, pero aun así están a duerme y vela. De abrir expedientes, «no habría juzgados ni cárceles suficientes», sentenció el presidente al asumir el cargo

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha destituido ni encarcelado aún a ningún gobernador. «Si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado», dijo al asumir la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Entonces —apuntó— «No habría juzgados ni cárceles suficientes; y lo más delicado (…), meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación». En vez de eso propuso poner «punto final a esta horrible historia y empezar de nuevo, en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes».

«(…) si mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano».

Andrés Manuel López Obrador, 1 de diciembre de 2018

AMLO pidió castigar a quienes resulten responsables, «pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicados a hacer negocios al amparo del poder (…)». Desde su perspectiva, «la condena al régimen neoliberal es más severa y eficaz». Aun así —dijo— «la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar». Con respecto a él y a su círculo afectivo, se comprometió «a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, para compañeros de lucha y familiares».

López Obrador fue más allá: «si mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano». Sin embargo, las denuncias contra su hijo José Ramón López Beltrán, por un supuesto tráfico de influencias (la renta de un inmueble en Houston, la Casa Gris) y su hermano Pío, por recibir dinero para las campañas electorales de 2015, no arrojaron resultados. El tema de la residencia, propiedad de un exejecutivo de Baker Hughes, contratista de Pemex, no alcanzó los niveles de escándalo de la Casa Blanca, cuyo efecto resultó demoledor para Peña Nieto. El edificio se adquirió en siete millones de dólares a un empresario cercano al entonces presidente.

El único exgobernador detenido en el sexenio de AMLO es el nayarita Roberto Sandoval, quien ocupó el cargo entre 2011 y 2017. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al priista en 2019 por haberse «involucrado en una variedad de actividades de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales y la recepción de sobornos de organizaciones mexicanas de narcotráfico, incluido el Cartel Jalisco Nueva Generación» (El País, 06.06.21). Sandoval llegó al Gobierno de Nayarit con el apoyo de Humberto Moreira, a la sazón líder del PRI.

En el caso de Moreira, el presidente López Obrador ha declarado que el exgobernador de Coahuila fue exonerado por Felipe Calderón en una negociación con Peña Nieto. La primera vez que tocó el tema fue el 22 de abril de 2017, cuando aún era líder de Morena. Como prueba presentó una copia del oficio de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción en la cual «se autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal» contra Humberto Moreira y sus suegros por el delito de «enriquecimiento ilícito, cometido en agravio de la administración pública (el estado)…». Calificó el documento de «histórico», por ser «una revelación de la falsedad y simulación que impera en la cúpula del poder (…), prueba que el PRI y el PAN son lo mismo».

Sin embargo, cuando Estados Unidos reclama a un criminal, sea narcotraficante o político, el Gobierno actúa. Pasó con los exgobernadores Mario Villanueva (Quintana Roo), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Roberto Sandoval (Nayarit) y más recientemente con Ovidio Guzmán (cartel de Sinaloa). El moreirazo sigue impune en México, pero no al norte del Bravo. E4