La encuesta del INE sobre la reforma electoral, mentís a los catastrofistas

Los resultados de la indagación —ocultados por el organismo, según Morena— ofrecen un panorama distinto al que presentan los opositores de la propuesta del presidente López Obrador, incluida la Iglesia. La ciudadanía aprueba los cambios al sistema comicial en un país históricamente lastrado por el fraude y la sospecha

Los partidos representan a las élites: Celorio

Morena quiere cambiar la médula del régimen: Raphael

El Instituto Nacional Electoral (INE) goza de buena salud y la opinión de los mexicanos sobre su desempeño es positiva, si bien en el último año retrocedió 11 puntos al pasar del 65% al 56%. La elevada autoestima que el INE tiene de sí mismo, acicateada por los partidos de oposición y los sectores anti-AMLO, sufrió un revés al conocerse que el 51% por ciento de los mexicanos apoya la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 93% está de acuerdo en que el Gobierno reduzca el financiamiento a los partidos y el 87% aprueba disminuir el número de diputados y de senadores. México tiene más legisladores que Estados Unidos, con una población de 200 millones de habitantes menos.

Los datos corresponden a una encuesta interna del INE, etiquetada como Segundo Levantamiento Coyuntural de 2022, la cual se levantó entre el 9 y el 10 de septiembre pasado a instancias de la Coordinación de Comunicación Social. La pesquisa tiene un grado de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Publicar la información en el portal de transparencia dos semanas después generó suspicacias. Mario Llergo, representante de Morena en el consejo del INE, acusó al organismo de ocultar los resultados del sondeo por no serle propicios. La Coordinación de Comunicación atribuyó el desfase a «una confusión».

«El instituto no hizo pública la información mediante boletín de prensa o comunicación interna para todos los miembros del consejo general. Incluso ha mantenido en una sospechosa confidencia la veracidad de los datos de la presunta encuesta al no responder nuestro oficio». Según Llergo, el coordinador de Comunicación Social del INE, Rubén Álvarez, desatendió su pedido de compartir la encuesta «con carácter de urgente». El diputado exhortó al consejo general a «apegarse al principio de máxima publicidad que rige la función electoral, empezando por Lorenzo Córdova, presidente del mismo».

La encuesta cayó como balde de agua de fría al INE y a los organismos civiles y patronales contrarios a la reforma, pues esperaban que el apoyo de la población a su causa fuera mayoritario y rotundo. Sin embargo, la iniciativa del presidente López Obrador obtuvo respaldo en los temas medulares:

El 51% está a favor de la reforma electoral.

El 96% coincide en que el financiamiento a los partidos es excesivo y debe limitarse. (Este año recibirán 5 mil 821 mil millones de pesos del erario).

El 78% aprueba que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean elegidos por los ciudadanos. (Actualmente los nombra el Congreso y el Senado con base en cuotas partidistas.)

El 55% está de acuerdo en reducir el presupuesto del INE. (El anteproyecto para 2023 ronda los 14 mil 500 millones de pesos.) La percepción ciudadana sobre el gasto del organismo se asocia con los altos salarios y, en menor medida, con otros conceptos (asesorías y prestaciones a la plantilla laboral).

El 52% acepta que el INE sea sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). La opinión positiva hacia el Instituto disminuyó 11 puntos de 2021 (67%) a septiembre de 2022 (56%).

La encuesta la aplicaron tres empresas privadas por vía telefónica a una muestra representativa mayor de 18 años. El sondeo «es importante porque se trata del primero elaborado por la misma institución que López Obrador y su partido, Morena, buscan refundar», escribe Zedryk Raziel (El País, 01.11.22). Una indagación previa de El Financiero, publicada en mayo, coincide con los resultados de la encuesta del INE, observa el periodista. En el polo opuesto sitúa a la de Reforma —antagonista del presidente López Obrador— según la cual el 13% de la población apoya que «desaparezca» el INE.

El presidente López Obrador declaró la víspera al respecto: «Es una reforma electoral para que haya transparencia, no es desaparecer el órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, anditemocrático, que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer fraude hacia adelante, como ya lo han hecho. (…) son capaces (…), ya lo hicieron no una vez, varias veces».

Democracia, un camino arduo

Una de las claves de la «dictadura perfecta» para mantenerse en el poder durante 71 años consistió en celebrar elecciones periódicas. Sin embargo, el corporativismo violaba el principio de libertad, pues el voto campesino, obrero y popular estaba comprometido con el PRI y sus candidatos. «El campo está organizado para votar, no para producir», declaró el secretario de Agricultura, Óscar Brauer, en una gira por Yucatán, en 1976. El presidente Luis Echeverría nombró en su lugar a Francisco Merino.

Fidel Velázquez, líder de la CTM, tenía su propia concepción de la democracia: «Llegamos (al poder) con la fuerza de las armas, y no nos van a sacar con los votos». El PRI recurrió no pocas veces a los tiros para ganar elecciones; de presidentes de la república, gobernadores y alcaldes. El Viejo Lobo —título de un documental dedicado a él— no pudo constatar que «Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil», como advirtió Abraham Lincoln más de un siglo atrás, pues murió tres años antes del triunfo de Vicente Fox, en 2000.

Empero, para que en México los votos se impusieran a las balas debieron correr décadas y ríos de sangre. Unas de las elecciones presidenciales más encarnizadas las protagonizaron Manuel Ávila Camacho (Partido de la Revolución Mexicana, antecedente del PRI) y Juan Andreu Almazán (Partido Revolucionario de Unificación Nacional), quien en 1907 apoyó la campaña de Francisco I. Madero, pero luego se pasó al bando contrario. «El 7 de julio de 1940 ocurrió la jornada electoral más violenta que México había tenido en su época moderna. Sólo en la Ciudad de México hubo entre 21 y 23 asesinatos y cerca de 200 heridos.

»En estados de la república se reportaron ataques a los grupos almazanistas en diversas casillas. Hubo robo de urnas, obstrucción al voto, favoritismo de autoridades hacia el PRM, presiones ilegales a votar, acarreo de votantes y enfrentamientos entre simpatizantes. El primer brote de violencia ocurrió cerca del Palacio Postal, en donde se realizaba una manifestación almazanista con 10 mil personas que fue disuelta a disparos que provenían de la organización Unión Democracia, ocurriendo los primeros homicidios. El hecho provocó la ira del contingente que resolvió marchar a Palacio Nacional y protestar contra Ávila Camacho, suscitándose enfrentamientos contra grupos paramilitares que les dispararon y luego una columna de soldados les cerró el paso.

»Almazán acusó que en los enfrentamientos hubo más de 100 muertos» (Wikipedia). “A las 4:30 reiniciaron las balaceras. Bombas, gas lacrimógeno, intervinieron ametralladoras. Tropas de caballería, la policía, todos participaron en la matanza. El primer resultado, decididamente incompleto: 48 muertos, 400 heridos”» (México: una era de engaños, Time Magazine, 15 de julio de 1940). ¿El resultado? Impunidad y carro completo: el PRM obtuvo la presidencia con el 93.9% de los votos (a Almazán las autoridades le asignaron el 5.7%), los 173 asientos del Congreso y los 58 escaños del Senado.

En Memorias: Una vida azarosa, novelesca y tormentosa, Gonzalo N. Santos narra que Ávila Camacho, confiado en que ganaría sin trampas, desestimó su propuesta de embestir a los simpatizantes de Almazán antes de las elecciones. El candidato del PRM cambió de parecer cuando supo que los opositores se habían hecho con el control de la mayoría de las casillas desde las primeras horas. «Acordamos hacernos raid, arrebatando las ánforas, volteando las mesas electorales patas arriba y dispersando a los dirigentes de las casillas a como diera lugar».

Santos recrea la escena: «Arremetimos contra esa casilla a pistolazo limpio, y como hubo algunos que dispararon contra nosotros, les contestamos en forma enérgica, a balazo limpio. Recogimos todas las ánforas que ya estaban repletas de votos almazanistas, las quebramos y nos llevamos todos los papeles: actas, boletas, dejando hecha añicos la mesa de casilla (…).

»Llegó el presidente Cárdenas (…), discretamente contento (votó) y antes de despedirse me dijo: “¡Qué limpia está la calle!”. Yo le contesté: “Donde vota el presidente de la república, no debe de haber basurero”. Casi se sonrió, me estrechó la mano y subió en su automóvil. Arroyo, menos hipócrita, me dijo: “Esto está muy bien regado, ¿qué van a tener baile?”. Ordené a los improvisados miembros de la casilla que llenaran la nueva ánfora de votos, pues iba a ser inexplicable que en la sagrada urna electoral solo hubiera dos votos: el del general Lázaro Cárdenas (…) y el de Arroyo, subsecretario de Gobernación» (Historiografía mexicana).

Dos citas retratan al célebre Alazán Tostado. 1) «Ladrón que roba a bandido, merece ser ascendido». 2) «La moral es un árbol que da moras».

Después del fraude, la reforma

Generaciones de mexicanos crecieron bajo la cultura del fraude electoral. El primer candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario (precedente del PRM y el PRI), Pascual Ortiz Rubio, ganó por esa vía las elecciones extraordinarias de 1929, convocadas por el asesinato de Álvaro Obregón, quien, en flagrante violación al postulado maderista de no reelección, había sido nombrado para un periodo interpuesto. Ortiz fue herido de bala en el rostro después de rendir protesta el 5 de febrero de 1930. El trauma y la intromisión de Plutarco Elías Calles, el Jefe Máximo de la Revolución, le impidieron gobernar. Renunció el 2 de septiembre de 1932 y el Congreso nombró en su lugar a Abelardo L. Rodríguez.

Desde Lázaro Cárdenas hasta Carlos Salinas de Gortari, el presidente de turno nombró sucesor. Las elecciones casi siempre resultaron fraudulentas. En cada proceso el Estado y su partido volcaban todos los recursos a su alcance para perpetuar la dictadura perfecta, definición que Mario Vargas Llosa le dio a nuestro sistema político en 1990. La segunda elección más cruenta, después de la de Ávila Camacho —sucesor de Cárdenas—, fue la de Salinas de Gortari. Decenas o acaso centenas de simpatizantes de Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional (FDN), formado por corrientes del PRI inconformes por la imposición de Salinas, murieron de forma violenta.

Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez fueron asesinados el 2 de junio de 1988 en Ciudad de México, cuatro días antes de las elecciones. Ovando había diseñado una red en todo el país y era el responsable del Cómputo Electoral Nacional del FDN cuya función consistía en reunir los resultados de manera inmediata. El dato es relevante, pues cuando Cárdenas aventajaba a Salinas en las votaciones, la Secretaría de Gobernación suspendió el cómputo y al reanudarlo ya había ganado Salinas. Nadie se tragó el anzuelo.

Cárdenas homenajeó en 2007 «a los casi 600 militantes del Frente Democrático Nacional (FDN) y del PRD asesinados durante los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo» (La Jornada, 29.08.07). Los casos de Ovando y Gil, lo mismo que otros crímenes políticos, jamás fueron aclarados. Con la muerte de Ovando «cerraron la posibilidad de que se conociera cómo se dio la elección», denunció el tres veces candidato presidencial. El PAN, la oligarquía y los poderes fácticos avalaron el triunfo de Salinas. Los grandes medios de comunicación coadyuvaron a crispar el clima contra el PRD.

Para afrontar las protestas sociales, lavarse la cara y dotar al país de un sistema electoral confiable, el Gobierno federal respondió a cada fraude con una reforma política. El presidente Ernesto Zedillo, candidato emergente del PRI por el asesinato de Luis Donaldo Colosio (otro crimen de Estado impune), dio pasos importantes en ese sentido. Dotar al Instituto Federal Electoral (IFE) de autonomía y de un consejo ciudadano abrió la puerta a la primera alternancia, encabezada por Vicente Fox (PAN). Seis años después, el conflicto por la imposición de Felipe Calderón provocó una nueva crisis. El presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y otros consejeros fueron removidos de sus cargos. La elección de Peña Nieto también resultó irregular, pues gastó más de 4,500 millones de pesos en su campaña cuando el tope era de 336 millones. El escándalo provocó la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral (INE). E4

Reforma electoral

51% está de acuerdo en que se realice una reforma electoral, sin embargo, la opinión está dividida entre quienes lo ven muy necesario y quienes no.

23% Muy necesario

28% Algo necesario

19% Poco necesario

25% Nada necesario

5% No sabe

Las personas que muestran una importante aprobación presidencial (59%) son quienes consideran que llevar a cabo una reforma electoral es necesario.

59% Aprueba

25% Ni aprueba, aprueba

17% Desaprueba

Postura ante la propuesta de la iniciativa del Ejecutivo federal

Destinar menos recursos a partidos políticos

43% Muy a favor           45% A favor       5% En contra      1% Muy en contra

Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal

39 % Muy a favor          48% A favor       10% En contra    1% Muy en contra

Reducir los recursos que se le otorgan al INE

33 % Muy a favor          41% A favor       19% En contra    6% Muy en contra

Que los consejeros y magistrados sean elegidos por la ciudadanía

24 % Muy a favor          54% A favor       15% En contra    15% Muy en contra

Ampliar el uso del voto electrónico

17 % Muy a favor          51% A favor       23% En contra    5% Muy en contra

Desaparecer los institutos electorales estatales y los Tribunales electorales

17 % Muy a favor          36% A favor       33% En contra    10% Muy en contra

Sustituir el INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), como único órgano electoral encargado de organizarlas.

17 % Muy a favor          35% A favor       28% En contra    12% Muy en contra

78%   Consejerías y Magistraturas electas por la ciudadanía:

52% Sustituir al INE por el INEC

Presupuestos destinados a partidos

72% considera que los partidos políticos reciben demasiado presupuesto, de las cuales 96% está de acuerdo en destinarles menos recursos.

72% Reciben demasiado  

23% Reciben lo necesario

2% Reciben poco  

3% No sabe

96% A favor/ Muy a favor  

4%% En contra/Muy en contra   

0.3% No sabe

*Por cuestiones de redondeo de las cifras, el valor de la categoría No sabe correspondiente al 0.3% no se visualiza.

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Los partidos representan a las élites: Celorio

PRI, PAN y PRD aprobaron la reforma de Peña Nieto que sustituyó al IFE por el INE. A cambio obtuvieron más dinero y el control del órgano electoral

Los partidos que se rasgan las vestiduras por la reforma electoral propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador son los mismos que aprobaron la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE) y otros cambios a la Constitución promovidos por el presidente Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México. El PRI, PAN y PRD obtuvieron mayores prerrogativas y se repartieron los 11 asientos del Instituto Nacional Electoral (INE) de acuerdo al peso de cada uno en la Cámara de Diputados. La reforma en cierne es la primera que no surge de un conflicto poselectoral como la mayoría de las previas, sobre todo a partir de los comicios presidenciales de 1988, 2006 y 2012.

«La democracia electoral no ha permitido garantizar la democracia participativa, una democracia real que dote de mecanismos reales a la representación ciudadana, canales de participación política, de interlocución entre fuerzas políticas y ciudadanía».

Mariana Celorio Suárez, Maestra de Ciencias Políticas y Administración Pública (UIA, plantel Ciudad de México)

En su ensayo La reforma político-electoral de 2014: avances, retrocesos y vacíos, la investigadora Mariana Celorio Suárez advierte que los cambios (impulsados por Peña y las cúpulas partidistas) se insertaron en crisis profundas de confianza y credibilidad en los partidos, el Gobierno y de representación política. Los partidos —dice— representan más los intereses de elite que los de la población. Entre las «enormes minorías» no representadas en los congresos cita a migrantes, inmigrantes, ancianos, enfermos crónicos y terminales, jóvenes sin empleo y madres solteras, homosexuales, transexuales y niños.

Uno los efectos de esas crisis es el abstencionismo «descomunal». En México alcanza el 41%, solo superado por Colombia (56%) y Honduras (47%). El estudio se publicó en 2015, justo cuando se estrenó la reforma. Al respecto, Celorio advierte: «Un sinnúmero de actos de corrupción, tráfico de influencias, prácticas corporativas, escisiones ideológicas y fracturas internas son parte del escenario que cubrirá la arena electoral. (…) Por más atributos positivos y promesas democráticas que pudiera tener dicha reforma, el problema de fondo en México es la desconfianza en los partidos políticos y la desigualdad social».

Maestra de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, plantel Ciudad de México, Celorio cuestiona por qué, después de 10 reformas aprobadas en los 30 últimos años, pero sobre todo en la última década, «la democracia electoral no ha permitido garantizar la democracia participativa, una democracia real que dote de mecanismos reales a la representación ciudadana, canales de participación política, de interlocución entre fuerzas políticas y ciudadanía».

Con respecto a la sustitución del IFE por INE, inquiere: «¿Qué tanto esta iniciativa corrompe el federalismo y fortalece el centralismo? ¿Por qué no se hizo a la inversa, fortalecer los órganos locales?». La propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador plantea cambiar el nombre del INE por el de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y reducir de 500 a 200 el número de diputados federales y de 128 a 96 el de senadores. También busca limitar el financiamiento a los partidos y suprimir los institutos locales electorales. La iniciativa ha generado un movimiento nacional contra su aprobación.

El Instituto Nacional Electoral es, con todo y sus fallos, el organismo con mayor nivel de confianza entre la población (59.6%) después del Ejército y la Marina (63.8%) y de la Guardia Nacional (60.5%) de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el INE. Los partidos son los menos confiables (2.5%). El desafío de las fuerzas políticas consiste en no defraudar a la ciudadanía y que «con tolerancia, sensibilidad y congruencia contribuyan a mejorar la calidad del debate democrático y la percepción sobre la vida pública en el país», declaró el presidente del INE, Lorenzo Córdova. E4

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Morena quiere cambiar la médula del régimen: Raphael

La Iglesia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos toman caminos opuestos en el debate político. Los partidos, sin fuerza para inclinar la balanza

La reforma electoral acapara la atención del país y afronta a tirios y troyanos. Incluso la Iglesia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han tomado partido. Las posiciones se extreman y, como en otros casos, parecen irreductibles. Los bandos hiperbolizan, unos para anticipar el fin de la democracia, a la que México arribó hace apenas poco más de dos décadas, cuando el PRI perdió la presidencia en las primeras elecciones reconocidas como libres, equitativas y transparentes. Otros anuncian el advenimiento de un sistema electoral donde la ciudadanía prime sobre los partidos y estos sufraguen sus operaciones ordinarias y no el Estado.

«La propuesta tiene en la mira, por un lado, transformar la manera como se integra la representación democrática, y por otro lado, las instituciones responsables de organizar y conducir los procesos electoral».

Ricardo Raphael, periodista  (The Washington Post, 19.10.22).

En su discurso de toma de posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció transitar «hacia una verdadera democracia, se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza». «Por mandato del pueblo (…), hoy comienza un cambio de régimen político», apuntó.

En ese sentido, el periodista y escritor Ricardo Raphael advierte: «Lo que quiere realizar en México el partido oficialista, Morena, no es una reforma electoral, es una reforma política: quiere modificar cuerdas medulares del régimen político. La propuesta tiene en la mira, por un lado, transformar la manera como se integra la representación democrática, y por otro lado, las instituciones responsables de organizar y conducir los procesos electoral» (The Washington Post, 19.10.22). Sin embargo, duda que el nuevo acuerdo político constitucional logre «el consenso necesario para realizar la cirugía mayor a la carta magna que se está planteando».

Sin tener vela en el entierro, la titular de la CNDH, Rosario Piedra —hija de la activista y primera candidata presidencial en México, Rosario Ibarra—, echó leña al fuego. La defensora del pueblo advirtió en un comunicado que, salvo contadas excepciones, el historial del INE «es el mismo (…) del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la otrora Comisión Federal Electoral (CFE). Órganos autónomos solo de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que solo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales».

El Frente Unidos y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CAM) hicieron la pinza contra la propuesta de reforma AMLO. El primero convocó una movilización el 13 de noviembre en Ciudad de México en defensa del INE. Los obispos tachan la iniciativa de regresiva y agraviante y aprueban la actuación la autoridad electoral. La CAM tiró la piedra sin esconder la mano y exhortó «respetuosamente» al presidente y a Congreso a asumir «su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones haciendo a un lado intereses ideológicos, particulares e inapropiados».

Los partidos tradicionales —principales afectados si la 4T logra su propósito de recortarles el financiamiento público y cambiar «las cuerdas medulares del régimen político»— también han puesto el grito en el cielo. Empero son los menos calificados para oponerse. Los gobernadores no morenistas, como es obvio, juegan contra el presidente, pero su fuerza es limitada. La reforma se decidirá al final con votos en el Congreso y no con vetos fuera del recinto de San Lázaro. E4