El miércoles 26 de febrero, coincidentemente con el 110 aniversario luctuoso de los homicidios en 1913 de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, la democracia en México volvió a vivir otra más de sus páginas negras al aprobar el Senado de la República, el llamado «Plan B» de la reforma electoral.
Para una inmensa mayoría de la población que no está debidamente informada del caso, el llamado «Plan B» no es otra cosa que el fallido intento de reforma a 18 artículos de nuestra Carta Magna que en abril del año pasado el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión, con el propósito de debilitar al Instituto Nacional Electoral como órgano autónomo, garante de elecciones limpias y resultados confiables para toda la ciudadanía, y por ende, para el avance democrático del país; Iniciativa que al no prosperar por no reunir la mayoría calificada, motivó que el Gobierno de la república, cual acto de magia, se sacara de la chistera este adefesio inconstitucional aprobado por la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
¿Qué es lo que sigue?, ¿qué panorama nos espera? Después que el inquilino de Palacio Nacional publique dicha reforma electoral, la oposición podrá presentar en su contra acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, última instancia que tenemos los mexicanos, amantes de un país libre y democrático, para detener este tsunami autoritario del mesías tropical, que al acotar el papel del INE desempeñado en las últimas décadas en nuestros procesos electorales, amenaza en hacer realidad su sueño de destruir las instituciones, como así lo anunció públicamente en su momento, al perder las elecciones de 2006.
En este sombrío panorama, y pese al escándalo tanto mediático como institucional ante el posible doble plagio, primero de su tesis de licenciatura, y después la de su doctorado en el que al parecer incurrió la ministra Jazmín Esquivel Mossa, nuestro máximo tribunal judicial tiene el compromiso histórico de responder a la confianza de la ciudadanía, cómo lo hizo en otra época igual de definitiva, para salvaguardar la democracia del país ante la embestida del Gobierno de la llamada 4T.
En este contexto, y a manera de uno de los ejemplos más brillantes de su historia, es conveniente volver la mirada a la época de la Restauración de la República 1867-1876, en que sus ministros Ignacio Manuel Altamirano, León Guzmán, Vicente Riva-Palacio, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Ramírez «El Nigromante» definidos por el más acucioso conocedor de esa etapa de nuestra historia, don Daniel Cossío Villegas. «Eran independientes, fiera, altanera, soberbia, insensata e irracionalmente independientes», cuando dichos ministros de la Suprema Corte de la Nación, se opusieron tajantemente, contra el intento reeleccionista del presidente Benito Juárez.
Esa independencia, que es la razón e identidad de su existencia como uno de los tres poderes de la Unión, en este momento frente a un poder ejecutivo que tiene avasallado y controlado al legislativo, su mayor reto y compromiso es salvaguardar y que se respete por el caudillo de macuspana, el principio de división de poderes establecido por el artículo 49 constitucional.
Pese al debilitamiento institucional que el escándalo del hasta hoy ministra Jazmín Esquivel Mossa le ocasiona, los miles de mexicanos que abarrotaron este 26 de febrero el Zócalo capitalino, así como también los 106 centros de reunión ubicados en los diferentes estados de la República, para protestar contra la aprobación de Senado del llamado «Plan B», confirma como acertadamente lo dice Enrique Krause: «En manos del poder judicial está la defensa de la libertad de México. Los ciudadanos estaremos atentos a su actitud y a sus decisiones»; decisiones que ahora con el balón en su cancha y por primera vez en su historia bajo la presidencia de una mujer de impecable carrera judicial, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en esta hora de la verdad para el futuro de la democracia de nuestro país, miles de mexicanos que vemos con preocupación cada día mayor la actitud del titular de un ejecutivo, soberbio, irrespetuoso y despreciativo a lo que mandata nuestra ley suprema, apostamos que esas decisiones, ahora más que nunca, estarán a la altura de su responsabilidad histórica.
