La campaña personal del presidente López Obrador contra el INE amenaza con regresar a México las elecciones de Estado; urge que la sociedad se una para dejar en claro su rechazo al «Plan B» recién aprobado por el Legislativo
Los derechos no se imploran, los derechos no se mendigan, los derechos se ejercen. Eso hacemos hoy; disfrutamos de las garantías que nos otorga el capítulo I de la CPEUM y la DUDH, para expresar, con libertad, nuestras ideas y reclamar el cumplimiento del artículo 41 de la Carta Magna, en cuyo párrafo tercero se lee: «La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…».
Desde hace cinco lustros disfrutamos en México de elecciones creíbles y de un órgano electoral que garantiza imparcialidad, legitimidad, oportunidad y certeza en los resultados de los procesos electorales. Los ciudadanos contamos los votos y los contamos bien. En su diseño y arquitectura participaron todos los actores políticos, en un arduo proceso de construcción de consensos para tener reglas claras que hoy nos permiten normar las confrontaciones políticas.
Nuestro sistema político tiene muchos defectos, pero no éste. Gracias al INE, desde hace 26 años, las mexicanas y los mexicanos sabemos que los votos cuentan y se cuentan. Por ello hemos tenido alternancia en muchas elecciones, incluso en las de presidente de la República, cuya titularidad ha sido ejercida por candidatos postulados por tres partidos diferentes en las últimas cuatro administraciones federales.
Así llegó AMLO al poder en el 2018; ¿por qué «destazar» entonces a un organismo que ha dado muestras reiteradas de su adecuado funcionamiento? Sus argumentos: 1) «Proteger a la democracia de los fraudes electorales del INE»; y 2) «bajar sus costos, incluidos los salarios de los consejeros que son superiores a los del presidente».
Él es prueba viva de qué gracias al INE, que sustituyó al gobierno en la organización de los comicios, hemos podido disfrutar de elecciones confiables. Ahora nos propone el retorno a las elecciones de Estado.
En cuanto a los salarios de los consejeros, estos están determinados en la propia Constitución, la cual establece que deben ser iguales a los de los ministros de la SCJN. De hecho, en los últimos años, a pesar del aumento en los salarios de los ministros de la corte, los de los consejeros electorales no han variado. En cualquier caso, lo que habría que hacer es modificar la Constitución en ese punto específico sin «destazar» al INE.
¿Pero cuánto cuesta la operación del INE? Su presupuesto para este año es de 14 mil millones de pesos. ¿Es mucho dinero? Sí, pero medido en términos de costo-beneficio dudo existan partidas presupuestales mejor invertidas.
Son pues las cuentas de un auténtico «cuentachiles». Si le preocupara el despilfarro de los fondos del erario no habría cancelado el aeropuerto de Texcoco, arrojando al cesto de la basura más de 300 mil millones de pesos. Tan solo en el primer año posterior a esa decisión, el costo de oportunidad de su cancelación ascendió a 3 puntos del PIB (más de 721 mil millones de pesos —Luis Guillermo Woo Mora—). Esta cifra cubre 51 años del presupuesto del INE. Y en sus obras insignia, a la fecha se estiman 508 mil millones adicionales (otros 36 años de funcionamiento del INE) para construir un aeropuerto que tiene todo (excepto aviones y pasajeros), una refinería cuyas dos bocas no tragan petróleo, sino toneladas de agua y billones de dólares, y un tren maya que ha cambiado de trayectoria con mayor frecuencia que una veleta de cascos ligeros.
¿Por qué entonces el encono? Como resultado del síndrome de la ranita cocida a fuego lento, AMLO disfruta de altos niveles de popularidad y la expectativa de que su corcholata favorita triunfe en los comicios del 2024. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? El ejercicio del poder revela el carácter y temple de quien lo ejerce: El tirano quiere la seguridad que añora el más mezquino de los usureros, para quién ninguna garantía de pago parece suficiente. Consumido por la incertidumbre, revela su naturaleza interior; es un conservador vergonzante, un aspiracionista embozado; un «fifi» renegado.
Decide tomar por asalto el órgano electoral. Pero para ello se requiere modificar la Constitución y, por ende, la mayoría calificada en el Congreso. Su intento fracasa, pues su pretensión es absurda y sueña imponerla sin el concurso del resto de los actores políticos. Se crece al castigo e invoca la máxima de José Alfredo: «Mi palabra es la ley». Manda pues un bodrio con seis iniciativas de ley que sabe son incompatibles con la Constitución y las impone con los modos del viejo régimen. Este proceder es ya el modus operandi de su Gobierno; arrojar cascajo en los engranajes institucionales para sabotear su funcionamiento. Esto tiene nombre, se llama abuso de poder.
En el derecho romano, cuando un general cruzaba el río Rubicón con su ejército en armas, incurría en un acto de guerra contra la República. Con su «Plan B», recientemente aprobado en el poder Legislativo, el titular del Ejecutivo federal no solo cruzó el Rubicón, sino que pretende dinamitar el puente que lo zanja para reinstaurar el autoritarismo en México. Como decía Monsiváis: «Después de mí, el diluvio».
Comuniquemos al tirano nuestra oposición a sus designios. Hagámoslo en un lenguaje que facilite su comprensión, realizando un ejercicio de democracia participativa. Quienes estén de acuerdo en que el INE conserve su autonomía, funciones y presupuesto, sirvan manifestarlo levantando su brazo. El pueblo bueno y sabio ha hablado, tomen nota en palacio.
Necesitamos entender la tragedia que hoy vivimos para, con nuestras acciones, retomar el rumbo. La degradación de nuestra vida pública compromete el tránsito a la democracia. Nos encontramos en los linderos del fracaso. ¿Cómo llegamos aquí? Envileciendo el ejercicio de la política, debilitando los vínculos entre ciudadanos y partidos, allanando el paso a personajes con muy pobres credenciales para el ejercicio de la función pública. Si queremos mejores gobiernos, debe acabar el monopolio de quienes controlan, al interior de los partidos, las candidaturas para los puestos de elección popular. Nos urgen candidatos con solvencia moral e intelectual. Tendremos una sociedad fortalecida si nuestras mujeres y hombres de mejores prendas empuñan el timón de nuestras instituciones. La degradación de la política engendra sociedades endebles.
El INE es parte de la solución, no del problema. De hecho, constituye casi nuestra única herramienta funcional para avanzar en la tarea. Literalmente, el INE es parte de nuestra identidad. Respaldemos el esfuerzo con ciudadanos participativos en la vida pública y partidos abiertos a las mejores causas comunitarias. El INE y otras instituciones como el INEGI y el Banco de México nos muestran que esto es posible. Sus sistemas de selección de recursos humanos, basados en el mérito y las competencias, han hecho posible la eficiencia en el cumplimiento de sus relevantes tareas.
A lo largo de los siglos, en las sierras, estepas y praderas del noreste de México, nativos y colonos prosperaron en un entorno desafiante. La reciedumbre y el carácter de nuestro pueblo se ha puesto al servicio de la patria en momento decisivos: Así ocurrió durante la independencia, la intervención, la reforma y la revolución. Somos herederos de la mejor tradición del auténtico liberalismo mexicano; nos educamos en el ejercicio responsable de la libertad, en las escuelas inspiradas por Juan Antonio de la Fuente y fundadas por Andrés S. Viesca.
Como en los tiempos de Carranza, está en curso un nuevo cuartelazo, basado éste en el abuso de las facultades legales en el ejercicio del poder, el cual amenaza los fundamentos de nuestra vida política y social. Hoy sigue vigente la bandera que enarboló Madero a inicios del siglo pasado: ¡Sufragio efectivo, no reelección!
Aquí y ahora, luchamos por la defensa de nuestras libertades y nuestra democracia. Viva el INE; viva México; viva Coahuila.