La salud del presidente es un tema de interés público, caso en el que se entreveran el derecho a la privacidad y el derecho a la información; es un tema de particular relevancia noticiosa. Que haya interrumpido su agenda de trabajo en Mérida por razones de salud disparó la especulación. La noticia por un influyente medio local de que se había desvanecido en un encuentro privado fue el activador de la información ante la tardía y falaz respuesta del vocero presidencial.
El presidente tiene problemas serios de salud. Por los guacamaya leaks se sabe que condición es más crítica de lo que era conocido. Según las revelaciones por los documentos de la Sedena y validados por el presidente padece una angina inestable de alto riesgo, enfermedad que impide un flujo adecuado de sangre y oxígeno al corazón. Esta podría causar un ataque cardíaco. El presidente cuenta con el esquema completo de vacunación para la COVID-19, pero por sus antecedentes médicos y edad debe entenderse que el contagio es factor de riesgo y, por lo mismo, deben mantenerse cuidados preventivos extremos. Es de destacar el punto de vista médico de que personas en su situación deben estar vacunadas cada seis meses, lo que parece que no ocurrió con él.
El presidente no muestra ser una persona rigurosa en el cuidado de su salud a pesar de su afición al beisbol a quien le da más por «macanear» que por realizar un ejercicio más integral. Sus hábitos alimenticios parecen estar lejanos a lo recomendable. Su afán por la política va a contrapelo de su propio cuidado. Hay quien ha señalado que el presidente descansa más de lo que muestra; pudiera ser, pero sus hábitos de trabajo públicos no lo acreditan, especialmente, por los viajes frecuentes que realiza. El cuidado del presidente está a cargo del sector médico militar, ajeno a la apertura informativa.
Otro elemento relevante del contexto es la precaria credibilidad del gobierno. De siempre se han tenido reservas sobre la información gubernamental. Resultado de que el mandatario está presente todas las mañanas de lunes a viernes, y de los eventos públicos durante los fines de semana, su ausencia tiene mayor presencia. El protagonismo mediático del presidente significa que su ausencia dé lugar a un vacío que habrá de ser colmado por la especulación; si está de por medio su salud es inevitable que los rumores se impongan.
Por la circunstancia, es inexplicable el pésimo manejo de la crisis. La información mentirosa del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, es un precedente de torpeza e irresponsabilidad. La premisa básica del manejo de una crisis es comunicar oportunamente, con veracidad, sin engañar ni ocultar la verdad. La impunidad social de la que ha gozado el vocero presidencial le lleva a eludir normas elementales de responsabilidad informativa. El tema es que negar una realidad abre la puerta a la mayor de las especulaciones posibles. Por otra parte, el tuit presuntamente del presidente contribuyó a la sospecha, ya que es evidente que su fraseo no se corresponde con el lenguaje del mismo presidente.
Todavía ahora, a pesar de la información precisa y convincente del Secretario de Gobernación Adán Augusto López, persiste la idea de que hay ocultamiento y que la situación es más grave y crítica. La información oficial es en el sentido de que sí hay problema en la salud del presidente, asociada al tercer contagio de COVID, que le lleva a mantenerse aislado por algunos días. Es importante que las autoridades informen sobre la situación actual. Un parte médico preciso es una manera de contener la especulación que crece por la falta o insuficiencia de información.
Lo conocido es en el sentido de que en unos días el presidente reanudará sus actividades cotidianas. De ser así, el asunto será un incidente más sobre el que hay que aprender, porque la salud del jefe de gobierno importa, es noticia y es de interés público. Mientras, el Secretario de Gobernación continuará con el desarrollo de las comparecencias mañaneras, que se han vuelto la manera como este gobierno divulga a su modo sobre las acciones que las autoridades emprenden y realizan.
La Corte y la transparencia
La transparencia es eje del régimen democrático para la rendición de cuentas. La opacidad no siempre está vinculada a la falta de probidad, pero sí la propicia. Transparentar el quehacer público es una de las fórmulas para una sociedad informada y también para el escrutinio al poder. La transparencia y la verdad son incómodas para todo Gobierno, pero deben ser regla general y sólo en casos singulares, excepción.
Uno de los temas del secreto público es la seguridad nacional. Se entiende y es aplicable, aunque eso no quiere decir que se mantengan en secreto total. Para tales efectos el Congreso debe participar de la supervisión y control. Así sucede en toda democracia. Muy desafortunada la actitud del secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval de resistirse a comparecer ante los legisladores. El presidente debió reconvenirle y obligarlo a entender que el funcionario no tiene un régimen de excepción al respecto; el fuero militar no da para condicionar o limitar al Congreso en sus responsabilidades de control horizontal de la administración pública, más cuando el presidente ha asignado a los militares tareas relevantes.
El presidente López Obrador no participa del compromiso por la transparencia. Parece asumir que su Gobierno no debe estar bajo sospecha y, por lo mismo, para él es afrenta tener que rendir cuentas y transparentar su quehacer. Administrar bien no acepta coartadas, se tiene que cumplir con las leyes y sus reglamentos. Esto puede significar atraso en la obra pública, pero prescindir de ello puede afectar el interés público.
En noviembre de 2021 el presidente emitió el llamado decretazo, que es un acuerdo administrativo con el que se pretende agilizar las obras en curso como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas en Tabasco. Para ello determinó que las obras del Gobierno federal consideradas por éste mismo como de interés público y de seguridad nacional estuvieran exentas del régimen de control administrativo; las dependencias tendrían cinco días hábiles para otorgar los permisos o de otra forma se considerarían aprobados, la llamada afirmativa ficta. Otro de los efectos del acuerdo es que los proyectos así declarados estarían fuera del régimen de transparencia, asunto que será motivo de atención por la Suprema Corte de Justicia.
En efecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Derecho a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impugnó ante la Corte dicho decreto. En breve, la Corte se pronunciará a partir de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara, quien reivindica el derecho constitucional a la información y, por lo mismo, las autoridades deberán dar información sobre las obras calificadas como de interés público y seguridad nacional. Cabe destacar que el Congreso también debió impugnar tal acto administrativo, ya que sus implicaciones son anular reglamentos que se derivan de leyes y que no está en las atribuciones del Ejecutivo ignorar o anular. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz rechazó que el INAI pudiera operar con cuatro comisionados; la decisión puede ser impopular, pero es la correcta y, en todo caso, compete al pleno su determinación.
La Corte ratifica su condición de garante de la Constitución y del andamiaje democrático de rendición de cuentas. El INAI es una institución de la mayor relevancia, sus aportaciones a la rendición de cuentas y al escrutinio público del Gobierno así lo acreditan.
El presidente ha señalado que sus encuentros matutinos con medios de comunicación son suficientes para informar sobre el quehacer del Gobierno, a pesar de que es evidente que no es así. El mandatario justificó la desaparición de la agencia informativa del Estado, Notimex, y su sustitución por la llamada mañanera. Una prueba sobre su insuficiencia es que cuando se daba a conocer el derroche excesivo y posible desviación de recursos públicos del secretario de la Defensa Nacional, el tema no se hizo presente; ocurrió posteriormente sin dar respuesta puntual y precisa, fue ocasión para denostar a particulares, como ha sido práctica.
La verdad y la transparencia van de la mano, sustento del derecho ciudadano a la información y fundamental para el escrutinio público de la actuación de las autoridades. Su exigencia resulta incómoda para el ejercicio del poder, pero también de la mayor relevancia para validar la legalidad y la salvaguarda del interés general.
Oposición y Gobierno dividido
En la oposición y en muchos círculos críticos al Gobierno se plantean el todo o nada en la elección de 2024. Por ello hay una recurrente insistencia por una candidata(o) única(o) de la oposición. A partir del examen objetivo de la situación no será fácil lograr el objetivo. Por lo pronto, MC ha expresado sus reservas y en un bien calculado y pensado juego político está a la espera de un candidato presidencial que pueda llevarlo a dos dígitos y ser, eventualmente, la fuerza política bisagra entre el Gobierno y la oposición.
La votación de 2021 ratifica la idea de que la oposición no sólo podría impedir que Morena tuviera mayoría absoluta en las Cámaras federales, también que estaría en condiciones de competir con posibilidades de ganar la presidencia. La elección del Estado de México dará una aproximación del escenario que se está perfilando hacia 2024.
La polarización de por medio y el significado e implicaciones del proyecto político promovido por el presidente López Obrador, la situación crítica en muchos frentes como el económico y el de seguridad pública, además del deterioro institucional plantean un escenario opositor que es la conformación de un programa de salvación nacional, que lleva implícito una sola candidatura opositora. Sin embargo, la mayoría en el Congreso es el objetivo mínimo de la oposición, para ello la meta es que el oficialismo no alcance en alianza una representación parlamentaria federal y local que le permita modificar la Constitución.
La oposición no está leyendo bien a la sociedad inconforme. No sólo tiene un discurso disperso y contradictorio, hay un evidente desdén a la ciudadanía. Error costoso, aunque más es la traición: la dupla Moreno-Moreira del PRI estuvieron a punto de fracturar a la oposición y de ponerla al servicio del adversario. En el afán de salvar su espacio y a partir de las decisiones judiciales que han afectado a todos los partidos, ambos dirigentes promovieron la propuesta de minar a la justicia electoral de manera sustantiva, objetivo central de la reforma electoral del presidente López Obrador.
Varios temas deben tomarse en cuenta por la oposición con miras al 2024. El primero es el componente local de los comicios. La concurrencia de elecciones locales prácticamente en todo el país, especialmente de alcaldes y de mandatarios locales en 9 entidades trasladará parte de la contienda a la dinámica regional y local. Morena tiene ventaja en lo nacional, en lo local es diferente y aunque ha ganado muchas elecciones de gobernador, en no pocos casos la diferencia ha sido estrecha. Una estrategia opositora local significaría lograr el objetivo de un Gobierno dividido.
El segundo es el cambio en el INE. La nueva integración del órgano electoral, si cuenta con los recursos económicos que se requieren asegura elecciones razonablemente ordenadas y confiables. Sin embargo, desde ahora se anticipa una disminución en la supervisión y sanción por violaciones a la ley electoral, particularmente en materia de financiamiento y campañas anticipadas. El resultado favorece a los aspirantes con ventaja y obliga a que la oposición anticipe los tiempos para perfilar candidata o candidato.
En la misma línea se debe considerar como realidad el persistente intervencionismo ilegal del presidente. Campañas anticipadas plantean un problema de equidad, pero el protagonismo electoral de López Obrador va más allá y es difícil que el órgano electoral asuma una postura de estricta legalidad. El tema tendrá que ir al Tribunal Electoral y en algunos temas a la Corte, particularmente en lo referente al llamado plan B, así como los alcances de la libertad del presidente en sus expresiones públicas.
Un aspecto de la mayor importancia es el agotamiento social de la polarización y, por otra parte, las dificultades que enfrenta el país, nada menores en las finanzas públicas, la legalidad y estado de derecho, corrupción e impunidad, deterioro grave del sistema público de salud y educativo, así como las consecuencias de la devastación de las instituciones de la democracia.
La ruta para el Gobierno dividido es incierta. Queda la impresión que las dificultades mayores tienen que ver más con la oposición que con los logros o la destreza del oficialismo.