Ha sido obvia la intención del régimen de modificar el marco jurídico electoral de manera que le asegure el triunfo en los comicios presidenciales de 2024. Pero también para sentar las bases que le permitan establecer un sistema de partido hegemónico, como el padecido por el país a lo largo de las últimas siete décadas del siglo pasado.
Para tratar de impedirlo, se han librado hasta ahora dos batallas y ha iniciado una tercera. Esta última pudiera parecer a algunos una simple escaramuza. Pero no, será una verdadera batalla que se ha iniciado ya y tendrá su desenlace a más tardar el próximo 3 de abril.
La primera batalla se dio con motivo de la presentación, el pasado 28 de abril, de la iniciativa de modificaciones a la Constitución en materia electoral enviada en esa fecha a la Cámara de Diputados por el presidente López Obrador. Fue desechada en la Cámara de origen al no obtener los legisladores de Morena y sus aliados las dos terceras partes de los votos, como se requiere cuando se trata de enmiendas a la Constitución. De haberse aprobado esa iniciativa de AMLO el panorama del futuro del país sería poco menos que aterrador.
La segunda batalla aún se libra contra el llamado Plan B de López Obrador. Aquélla se inició con la presentación de una miscelánea electoral, mediante la cual se propuso la modificación a más de 450 artículos de cuatro ordenamientos —uno nuevo de 70 artículos que abroga el anterior— en la materia. Es decir, la reforma a la legislación electoral secundaria, para lo cual sí tienen Morena y sus aliados los votos necesarios en ambas Cámaras.
Igual fue con el propósito de asegurarle a Morena ventajas en la competencia electoral, mediante el achicamiento de la entidad autónoma, el INE, responsable de organizar los procesos electorales, así como provocar el generalizado deterioro de los mismos. Todo ello para beneficio del único participante que podrá violar las normas impunemente, es decir, el partido del Gobierno, en buena medida diseñadas para ello. Con desperdicio además del servicio profesional en la materia, formado durante más de tres décadas, el mismo que hizo del sistema electoral mexicano uno de los más prestigiosos del mundo.
En la ejecución de ese Plan B presidencial hemos sido testigos todos, con azoro, no sólo de un desaseo legislativo nunca antes visto sino del trato humillante dado por el Ejecutivo a los diputados de su partido, al obligarlos a aprobar el mismo día, sin darles tiempo siquiera para leerla, la iniciativa que les envió y sin cambiarle una sola coma, con dispensa de todos los trámites. Sin duda uno de los episodios más vergonzosos en la historia legislativa de México.
Peor fue el agravio si se considera que en el Senado algunos integrantes de éste y militantes del mismo partido gubernamental, detectaron docenas de reformas aprobadas por la Cámara de Diputados y abiertamente contrarias a la Constitución, amén de no pocas pifias hasta de simple redacción y de sintaxis.
Ya entrados en gastos, vino luego una burla más del presidente cuando públicamente dio la autorización a los legisladores de Morena, como si fueran sus mozos de estribo, para que corrigieran las travesuras hechas por algunos «duendes». Francamente tanta ignominia es inadmisible.
Pues bien, ha iniciado ya la tercera batalla, que no simple escaramuza. Sucede que el próximo 3 de abril concluyen su periodo de nueve años como consejeros electorales cuatro de los once integrantes del consejo general del INE. Ellos son: Lorenzo Córdova, actual presidente, Ciro Murayama, Adriana Margarita Favela y Roberto Ruiz Saldaña.
El consejo general del INE, «órgano superior de dirección» del organismo electoral, según lo define la Constitución, es clave en la correcta conducción de los procesos electorales. Por ello es muy importante que las vacantes no sean cubiertas por incondicionales de AMLO, que se ajusten al perfil que él mismo ha definido deben reunir sus colaboradores, de noventa por ciento de sumisión y diez por ciento de capacidad. Porque si ello llegara a suceder de nada sirvió haber salido más o menos bien librados de las dos batallas iniciales si ésta se pierde.
El pasado martes 13 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó, prácticamente por unanimidad (lo que hasta ahora es buen presagio, a pesar de haber sido aprobado un «martes 13»), el Acuerdo y la Convocatoria para la realización del proceso que a más tardar el 3 de abril de 2023 debe culminar con la elección de los cuatro nuevos integrantes del consejo general del INE. Cabe decir que el proceso contenido en el Acuerdo se ajusta a las disposiciones constitucionales.
El proceso de elección, relativamente complejo, barroco, está contenido en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafo quinto en sus incisos a) al e) de la Constitución, que todos debemos leer y estar al pendiente de su estricto cumplimiento. Será necesario abundar sobre este importante tópico.
Juan Antonio García Villa
Torreón, 1945. Ha sido diputado local, senador y diputado federal en tres ocasiones, por el Partido Acción Nacional. En 1999, fue candidato a gobernador de Coahuila por la alianza PAN-PRD- PVEM-PT, pero fue derrotado por el priista Enrique Martínez y Martínez. De 2003 a 2004, fue subsecretario de la Secretaría de Economía. En 2004, intentó se nuevamente candidato a gobernador de Coahuila, pero fue derrotado en la elección interna del PAN por Jorge Zermeño Infante. De 2006 a 2008, fue director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Entre otros medios, ha escrito para El Financiero, El Sol de México y Espacio 4.