Los resultados de las elecciones del 2 de junio tienen implicaciones en el corto y mediano plazo, con el anticipado anuncio de reformas que cambiarán el futuro y la historia de los mexicanos en temas como jurisprudencia y organización electoral, para mantener equilibrios de poder.
Más allá del análisis del comportamiento del electorado y los resultados en los comicios presidenciales, legislativos y de Gobierno estatales, ahora hay que evaluar y estudiar los movimientos políticos que realizarán las nuevas administraciones.
Dos reformas que se intentaron en el actual sexenio y no se concretaron son la electoral, que busca en resumen eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral para que dependa del Gobierno federal en su organización y decisiones, además de eliminar los órganos públicos electorales en cada entidad del país.
Acción que para muchos puede significar un retroceso, aún y cuando los actuales órganos electorales ya garantizaron los dos triunfos de las actuales administraciones federales de la nueva corriente política que gobierna al país.ç
Para muchos, la decisión es de alto riesgo, pues podría degenerar en problemas de transparencia y legitimidad de los futuros procesos electorales como sucedió, por ejemplo, en 1988, cuando el sistema se caía para aparentemente cambiar los resultados de las votaciones.
Además, se controlarían las elecciones estatales y municipales desde el centralismo que puede connotar absolutismo con el consecuente autoritarismo que puede minar la endeble autonomía de las entidades en un país llamado Estados Unidos Mexicanos.
La otra reforma que se anunció y forma parte del actual régimen y que fue secundada por quien representará el próximo Gobierno federal es modificar el sistema de elección y designación de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La propuesta es que los magistrados sean votados por la población en medio de un proceso electoral que no está definido y que sería organizado y sancionado por el Gobierno federal.
El riesgo no es que el ciudadano pueda elegir a los magistrados, el peligro está en los candidatos que puedan tener nexos y lazos con grupos de poder, tanto de gobierno y política como de grupos delincuenciales y del crimen organizado.
Ambas reformas, más la que se tiene pendiente del sector energético, seguramente serán aprobadas en el primer año de Gobierno de la administración federal para que todo el sexenio pueda navegar apegado a los intereses políticos del actual grupo de poder.
Hoy la oposición mexicana, llevará la penitencia en el pecado, por los errores cometidos en la campaña y la elección, por no saber construir liderazgos y por mantenerse dividida entre la ambición de poder y la falta de capacidad y trabajo en campo electoral.
Sólo será la historia la que juzgará las acciones de los nuevos, los viejos y los futuros gobernantes de un país polarizado, con problemas económicos, de salud y sobre todo de inseguridad que provocarán más violencia y muertes ya no sólo en la clase política, seguramente también en el sector productivo y laboral.
