Legalización de la marihuana

La polémica no puede reducirse a la guerra contra la mariguana o la permisividad. Hay que tomar el toro por los cuernos: cómo puede implementarse la legalización para poner fin a una guerra inútil, perniciosa y egoísta que los países consumidores, infligen a los productores.

Gabriel García Márquez

Fue mucho el tiempo en el que la marihuana ha sido demonizada, marcada como algo muy por encima de lo dañino. A las pruebas me remito, creo que su prohibición ha provocado más daño de lo que su uso podría llegar a causar. Por citar, en Estados Unidos, principal país promotor de la guerra contra las drogas, tiene a 11 estados que han firmado leyes permitiendo su consumo recreativo.

Para nuestro país, después de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigió a los legisladores su regulación, en donde su prohibición, ha persistido desde 1920. Los defensores de la legalización argumentan que el daño por su consumo se esfuma en comparación con otras sustancias como el alcohol. Por otro lado, sus aplicaciones médicas parecen ser prometedoras, en particular para dar tratamiento a pacientes con cáncer o con epilepsia.

Un argumento de los defensores en nuestro país, relaciona a que a los agricultores y a los productores de bajo rango se les daría un camino hacía la legalidad, esto podría ayudar a disminuir el poder del crimen organizado en las zonas de producción y adicionalmente, se reduciría algunos de los ingresos de la llamada narco economía.

Existen muchos riesgos que se pueden afrontar con una legislación inteligente. Considero imprudente dejar pasar esto, tanto por parte de los legisladores, como por falta de compromiso del gobierno federal.

El debate sobre la legalización o no, de la mariguana, puede servir como catalizador para una nueva política integral en donde en los Estados más violentos del país, se puedan limpiar las instituciones estatales y proteger a los civiles del crimen organizado y ofrecerles alternativas a actividades ilícitas.

Escuchar a las personas que viven en las regiones más afectadas por los conflictos y la violencia, debe ser prioridad y no considerar así al interés del puñado de empresarios que desean desarrollarse en ese sector ni tampoco al de los consumidores.

Aguascalientes, 1982. Cursó sus estudios de Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, posteriormente hizo sus estudios de maestría en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Labora en la administración pública estatal desde el año 2005. Es maestro de Teoría Política en la Facultad de Economía de la UA de C desde el año 2009. Ha sido observador electoral de la Organización de los Estados Americanos en misiones para Sudamérica, en la que participa como miembro de observadores para temas electorales.