Legalización, nueva estrategia en la «guerra contra el narco»

Ante el fracaso para detener al crimen organizado, cada vez más países apuestan por la despenalización. Mientras el Gobierno canadiense sorprende con un «plan piloto» para liberar drogas duras, la Conadic pide no criminalizar a los usuarios

Frontera caliente: Los amagos militaristas del Congreso de EE. UU.

El «plan piloto» puesto en marcha por Canadá, el 31 de enero, en la provincia de Columbia Británica, donde los adultos ya pueden poseer legalmente hasta 2.5 gramos de drogas duras —cocaína, heroína metanfetamina, fentanilo y morfina— hace mancuerna con el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la disminución en un 60% de la erradicación de cultivos de coca en su país —de 50 mil hectáreas en 2022 a 20 mil en 2023—. «Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado», había adelantado el mandatario sudamericano en su discurso de posesión, en agosto de 2022.

Tanto la iniciativa canadiense como la propuesta colombiana exponen la intención de nuevos Gobiernos de emprender el polémico camino hacia la despenalización de ciertas drogas como ya hicieron Uruguay, Países Bajos, Portugal y Suiza. Entretanto, Estados Unidos, donde el uso recreativo de la mariguana es legal en 19 de sus estados, sigue culpando a México por la producción masiva de estupefacientes que van a parar a su territorio, sin preocuparse por blindar mejor la frontera entre ambas naciones ni implementar medidas más severas que eviten su consumo.

«La legalización es la única forma de acabar con el narcotráfico y ojalá esta propuesta vaya tomando forma con el tiempo. Claro que hay riesgos con la legalización, pero con la represión no se acabara nunca con el narcotráfico»

Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura

La estrategia de «abrazos no balazos» implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el crimen organizado sigue polarizando las opiniones tanto dentro como fuera del país. Mientras el líder de la 4T defiende a rajatablas su política de seguridad porque «lo fundamental es atender las causas, y eso no va a variar» y presume una disminución de 7.1% en la tasa de homicidios dolosos de 2022 con respecto al año anterior y del 10.4% en relación al 2020, la percepción de inseguridad se mantiene viva dentro de la población. Los feminicidios siguen al alza —de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre enero y noviembre de 2022 fueron asesinadas en el país 3 mil 450 mujeres—; los atentados contra periodistas tampoco ceden —12 comunicadores perdieron la vida en posible relación con su labor, según datos de Artículo 19— y las disputas entre carteles por el dominio territorial, lejos de menguar, se acentúan.

«La industria del cannabis, en plena expansión, comercializa productos para atraer a los jóvenes, lo que es un motivo de gran preocupación, al igual que la forma en que se minimizan los daños asociados al consumo de cannabis de gran potencia»

Jagjit Pavadia, presidenta de la JIFE

Esta inseguridad impulsó a los integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a considerar la intervención del Ejército de ese país en territorio mexicano. Para ello los congresistas emitieron una resolución con el objetivo que se autorice el uso de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos «contra los responsables de traficar fentanilo», o una sustancia que tenga relación con la misma. El coordinador de Morena en el Senado de la república, Ricardo Monreal, se apresuró a expresar su rechazo ante la propuesta.

En este contexto no es de extrañar que muchos presten atención a la opinión de algunos líderes mundiales que se posicionan a favor de la despenalización de determinadas drogas, especialmente la mariguana. Entre los nombres que más suenan a favor de dar este paso se encuentra Mario Vargas Llosa. En entrevista concedida al diario El Mundo, en marzo de 2011, el premio Nobel aseguró que «con la política represiva no se combate el problema de la drogadicción y de la delincuencia social. La legalización es la única forma de acabar con el narcotráfico y ojalá esta propuesta vaya tomando forma con el tiempo. Claro que hay riesgos con la legalización, pero con la represión no se acabara nunca con el narcotráfico». Otro que le ha hecho guiños a la despenalización de la mariguana es el expresidente Barack Obama. Si bien durante su mandato se opuso a la legalización de las drogas, el demócrata confesó haber consumido mariguana y minimizó sus efectos nocivos. «Como ha quedado bien documentado, fumé mariguana de joven y yo lo veo como un mal hábito y un vicio no muy diferente a los cigarrillos que he fumado durante mi juventud y en gran parte de mi vida adulta. No creo que sea más peligroso que el alcohol», explica.

Otro expresidente, pero de México, también se ha erigido como un fervoroso defensor de la legalización de la mariguana: Vicente Fox. El exmandatario forma parte incluso de la junta directiva de una empresa que trabaja con este producto a nivel medicinal. «He aprendido muchísimo de cómo sí se puede tomar el cannabis, que fue mal utilizado por los grupos criminales que la usaron para causar daño, y pasarla a la ciencia, los académicos a los investigadores y a los empresarios para que esta planta resuelva problemas de salud», asegura.

Fox ha propuesto abrir un capítulo especial en el nuevo tratado comercial de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) para legislar sobre esta planta. «En México podría producirse el cannabis más económico que en Estados Unidos y Canadá».

Vicio en aumento

La mariguana sigue siendo la droga más utilizada en el mundo: en 2020 la consumieron 209 millones de personas (de 15 a 64 años), es decir, el 4% de la población mundial en este grupo de edad. La prevalencia de su uso aumentó un 8% desde 2010, mientras que el número de usuarios se disparó un 23% desde entonces, en parte debido al crecimiento de la población.

Acorde a un comunicado de prensa (27.06.22) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en 2020 la producción de cocaína alcanzó un máximo histórico, con un crecimiento del 11% respecto a 2019, alcanzando las mil 982 toneladas. Al mismo tiempo aumentaron las incautaciones de cocaína hasta alcanzar un récord de mil 424 toneladas en 2020.

Los datos sugieren que el tráfico de esta droga abarca rápidamente otras regiones fuera de los principales mercados de América del Norte y Europa, con niveles crecientes de tráfico hacia África y Asia.

En cuanto a las metanfetaminas, su mercadeo continúa expandiéndose geográficamente; 117 países informaron sobre incautaciones de este producto entre 2016 y 2020, frente a 84 que lo hicieron entre 2006 y 2010. Asimismo, las cantidades de metanfetamina incautadas se quintuplicaron entre 2010 y 2020.

Con el opio ocurre lo mismo. Su producción se elevó 7% entre 2020 y 2021, alcanzando las 7 mil 930 toneladas, debido principalmente a un aumento de la producción en Afganistán.

A partir de estas estimaciones, aunadas al aumento de la población mundial, se proyecta que para el año 2030, 25 millones de personas más van a consumir drogas (aumento estimado del 11% en menos de 10 años).

El Informe Mundial Sobre las Drogas, emitido por la ONUDD, advierte que «se necesitan enfoques que impliquen a toda la sociedad para lograr que las personas, sobre todo las personas jóvenes, tengan la información y la resiliencia necesarias para tomar decisiones correctas y puedan obtener tratamientos y servicios de base científica para los trastornos por consumo de drogas, el VIH y las enfermedades conexas cuando los precisen».

Asimismo, llama la atención en torno a la necesidad de admitir por parte de todas las naciones involucradas que el problema existe y hay que combatirlo. «Ni la prevención ni el tratamiento podrán ser eficaces si no se reconoce el problema y no se dispone de la financiación necesaria para hacerle frente. Los recursos públicos ya no dan más de sí debido a la gran demanda por cubrir diversas necesidades, pero no podemos permitirnos que decaiga el grado de compromiso. Debemos promover la compasión y mejorar la comprensión».

¿Legalizar o no?

El mismo informe apunta que la despenalización de la mariguana en algunos países ha tenido un impacto significativo en la salud y la seguridad públicas, la dinámica del mercado, los intereses comerciales y las respuestas de la justicia penal.

La legalización parece haber acelerado el aumento del consumo diario declarado de la droga, con un pronunciado incremento del uso frecuente de productos con alto contenido de THC (componente psicoactivo de la mariguana).

La proporción de personas que sufren trastornos psiquiátricos y suicidios asociados al consumo regular de mariguana ha aumentado, así como el número de ingresos hospitalarios por trastornos relacionados con el uso de cannabis.

Los derivados de la mariguana se han diversificado y los niveles medios de THC en los distintos productos han seguido aumentando, llegando al 60% en algunos mercados.

La creciente influencia e inversión de las grandes empresas, en particular las del sector del alcohol y el tabaco, es evidente en la industria del cannabis legal pues sus ingresos fiscales han seguido aumentando. Aunque el mercado ilegal se está reduciendo en algunos países, sigue existiendo junto a los mercados legales.

La legalización ha llevado a una reducción significativa del número y el índice de detenciones de personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) —dependencia de Naciones Unidas (UN) que vela por el cumplimiento de las Convenciones internacionales sobre drogas— sostiene que detrás de la actual corriente internacional a favor de la legalización está el empuje de una industria multimillonaria que vela por sus intereses. «La industria del cannabis, en plena expansión, comercializa productos para atraer a los jóvenes, lo que es un motivo de gran preocupación, al igual que la forma en que se minimizan los daños asociados al consumo de cannabis de gran potencia», asegura Jagjit Pavadia, presidenta de la JIFE.

La Junta expuso que en 2021 se facturaron alrededor de 25 mil millones de dólares por concepto de venta legal de productos derivados de la marihuana —43% más que el año anterior— lo cual la consolida como una de las industrias de más rápido crecimiento.

Por otro lado, asegura que el mercado ilegal de mariguana continúa en niveles elevados en aquellos lugares donde se ha legalizado y supone el 40% en Canadá, casi el 50% en Uruguay y llega al 75% en California. «Los datos indican que la legalización no ha logrado disuadir a los jóvenes de consumir cannabis, y persisten los mercados ilícitos», indica.

Por si no bastara, la Junta indica que la disponibilidad de la mariguana de forma legal disminuye la percepción de riesgos asociados con su consumo. «Los nuevos productos, como los comestibles o los vaporizadores comercializados en envases llamativos han aumentado esa tendencia. La JIFE considera que esto ha contribuido a una banalización de los efectos del consumo de cannabis en la opinión pública, especialmente entre los jóvenes», concluye.

Salud, no criminalización

Para Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), resulta vital la descriminalización de los usuarios de sustancias para poder abordar el consumo como un problema de salud pública porque «existe un vínculo ineludible entre la salud mental y las adicciones». Señaló, además, que México ha de incorporar estrategias de reducción de riesgos y daños que eviten discriminar a los adictos y gestionar modelos que no se basen en la prohibición absoluta de sustancias.

La directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), Evalinda Barrón Velázquez, informó que desde la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA) se trabaja en los factores de riesgo y protección en el consumo de sustancias a través de diagnósticos territoriales. «Cada estado, cada municipio e incluso cada colonia tiene factores de riesgo y factores de protección distintos, por lo tanto, se tienen que integrar a las comunidades a las estrategias y políticas», subrayó. E4

Consumo de drogas a nivel mundial

Droga	Cantidad
Mariguana	209 millones
Opioides	61 millones
Anfetaminas	34 millones
Cocaína	21 millones
Éxtasis	20 millones

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Frontera caliente: Los amagos militaristas del Congreso de EE. UU.

El secuestro, el pasado 3 de marzo, de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, —y la muerte de dos de ellos— vuelve a exponer la inseguridad que sufre el país y crispa la relación entre México y Estados Unidos.

Algunos republicanos en el Congreso se valieron del episodio para acusar al Gobierno del demócrata Joe Biden de no hacer suficiente a la hora de enfrentar los cárteles en México. «Este es un atisbo aterrador de la forma en que los estadounidenses pueden convertirse con velocidad en víctimas de la violencia de los cárteles y cuán envalentonados están los cárteles en la gestión de Biden», dijo el congresista Mark Green, republicano por Tennessee y presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. «Los cárteles siguen explotando la postura débil que ha tomado la gestión de Biden con sus peligrosas políticas de seguridad fronteriza».

El hecho conmocionó a la sociedad no solo por su crudeza sino por lo inusual del caso. Si bien algunas ciudades fronterizas son hostiles para los inmigrantes y los solicitantes de asilo que intentan ingresar a la nación vecina, no es común que se reporten actos de violencia contra estadounidenses.

Así lo hace notar Néstor Rodríguez, experto en estudios de inmigración y profesor de sociología en la Universidad de Texas en Austin. «El secuestro de cuatro estadounidenses y el posterior asesinato de dos está fuera de lo normal. (…) Este es un recordatorio de que la frontera no es esencialmente segura», comentó.

La tragedia sirvió para que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera recomendaciones de no viajar a Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Colima.

Fuerzas de seguridad mexicanas siguen investigando la posibilidad de que grupos armados secuestraran a los estadounidenses, pensando que invadían su territorio de comercio ilegal de droga. Aunque una «disculpa» por parte del Grupo Escorpión, brazo armado del Cártel del Golfo, asegura que los presuntos culpables —a quienes entregaron con vida para que sean procesados— actuaron por cuenta propia y no por órdenes de la organización delictiva.

El singular gesto busca evitar una intromisión mayor de Washington que pueda obstaculizar la capacidad de operación de los bandos delictivos en territorio nacional. «Cuando los ciudadanos estadounidenses son atacados, el Gobierno de Estados Unidos ejerce presión, involucran a sus agencias de seguridad y después comienzan a presionar a México para que actúe», dijo Cecilia Farfán Méndez, investigadora de seguridad de México en la Universidad de California en San Diego.

Hasta el momento, las autoridades han arrestado a seis personas en relación con los acontecimientos mientras que el director de Protección Civil del municipio, Manolo Rodríguez, fue suspendido junto con otros dos trabajadores. «La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (#FGJT) ejecutó orden de aprehensión en contra de cinco personas vinculadas a los hechos del 3 de marzo en Matamoros, por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple doloso. Una persona más que fue detenida en los últimos días, fue vinculada a proceso», tuiteó el 10 de marzo el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.

Los dos supervivientes del secuestro —Latavia Washington McGee y Eric Williams— regresaron a Estados Unidos para recibir tratamiento en un hospital. Williams, que recibió tres disparos en las piernas, ha sido sometido a dos operaciones quirúrgicas. E4