Legitimidad desgastada

El tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se distingue de los que rindieron sus predecesores a media administración. Cada presidente genera expectativas al principio para decepcionar, en menor o mayor grado, al poco tiempo. Vicente Fox, el líder de la alternancia, prometió resolver el conflicto zapatista en 15 minutos; dos décadas después, las comunidades indígenas permanecen olvidadas. AMLO propuso atacar las causas de la violencia (pobreza y corrupción, entre las más ostensibles), regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles, crecimiento económico elevado, empleo y un sistema de salud al nivel de los mejores del mundo.

A estas alturas de la administración de Peña Nieto, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la casa blanca, la fuga del Chapo Guzmán, las masacres y desapariciones forzadas —causadas por los carteles de la droga y por las fuerzas del Estado— y las fosas clandestinas, pero sobre todo la corrupción rampante y generalizada, ya habían convertido al presidente en caricatura. Peña toleró la rapiña en los estados para pagar favores a los gobernadores. Sus reformas beneficiaron a elites económicas de México y al capital extranjero, no a las mayorías de un país empobrecido. Para 2014, el «salvador» de la patria había descendido del lugar 37 al 60 en la clasificación de las personas más poderosas del mundo de la revista Forbes. Peña cerró su sexenio con una aprobación del 24%.

López Obrador ha cometido errores monumentales, como enorme es la desmesura de sus detractores y el fanatismo de sus seguidores. Sin embargo, para un juicio menos sesgado, es preciso determinar las fronteras de la oposición: cuándo responde a una preocupación genuina por el país, y cuándo a los intereses políticos y económicos afectados por la Cuarta Transformación. AMLO afronta abiertamente a sus antagonistas, como sus predecesores jamás lo hicieron, atenido a la legitimidad de su gobierno, ausente en la mayoría de los casos. La sucesión de elecciones fraudulentas obligaba a los presidentes a ceder ante los grupos de presión, al tal punto que la institución, débil y vacía de contenido, terminó por ponerse a su servicio.

El proyecto de AMLO consiste en colocar la presidencia por encima de las cúpulas e incluso de los poderes legislativo y judicial. México es una democracia, no una oligarquía, pero tampoco debe ser una dictadura. El fundador y líder de Morena iniciará su cuarto año de gobierno con mayoría en el Congreso y una Corte dominada por ministros propuestos por Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. El periodismo puede ejercerse sin límites, condición sine qua non para ser libre, pero no basta, pues hoy la censura la imponen las organizaciones criminales y otros agentes, económicos y políticos. Mientras el Estado no brinde garantías a la prensa, más colegas caerán en el desempeño de este bello oficio.

El escudo de la legitimidad presidencial se ha desgastado, pero López Obrador mantiene altos niveles de aprobación —no su Gobierno—, lo cual se refleja en el único espacio donde la ciudadanía premia o castiga, corrige o ratifica: las urnas. Con 17 gubernaturas, incluidas las obtenidas en junio, Morena es la principal fuerza política del país —aún puede crecer más— y lo será en tanto las oposiciones (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) sigan aletargadas, no se sacudan lacras ni se comprometan con la sociedad; pero, sobre todo, mientras no dejen de ver la política como la fuente más rápida y segura de enriquecimiento.

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