En pleno 2023, por cierto año de elecciones en Coahuila y el Estado de México donde se renuevan las gobernaturas, algunos medios de comunicación locales en el estado y algunos «periodistas» o «pseudo periodistas» siguen creyendo que la libertad de expresión es ilimitada, cosa que no es así. La ibera de expresión donde encuentra amparo la libertad de prensa tiene límites, sobre todo y tratándose de violencia política en razón de género.
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de México; 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), así como los diversos 1, 5 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se deriva que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación.
El Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres también precisa que la violencia política contra las mujeres, muchas veces, se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. Puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan.
No se ignora que en una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en ésta se presentan diferentes expresiones ideológicas, de modo que tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones de conflicto y competencia fuerte, desinhibida y combativa.
Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el ámbito político se caracteriza por tener elementos estereotipados.
Los estereotipos de género son ideas preconcebidas y generalizadas sobre lo que son y deben hacer los hombres y las mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales, que tienen como base una sociedad que otorga la creencia que el género sexo masculino tiene mayor jerarquía que el femenino.
Por tanto, a manera de conclusión parcial, habremos de señalar que, si bien la libertad de expresión en materia política tiene un estándar reforzado de protección en tanto detona el debate político y el intercambio de ideas, no es posible considerarlo como un derecho superior sobre la posibilidad de que en su ejercicio se vulnere, a través de mensajes estereotipados, el derecho del género femenino a una vida libre de violencia.
De todo lo anterior es claro que la prensa local debe señalar es el actuar público de las mujeres en la política, y no cuestiones a su vida privada, para tal caso quien se dice periodista y ahora según el quiere ser político, Sergio Saúl Soto Azúa, quien tiene un obsesión en contra de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, y de la cuál se ha dedicada a insultar y cuestionar cosas de la vida privada de la alcaldesa y no de la vida pública que en todo caso es la que puede cuestionar.
A través de publicaciones en sus redes sociales como Facebook e Instagram, dicho pseudo periodista, se ha dedicado a atacar a la alcaldesa, en cuestiones meramente personales, pero no sólo eso, sino que ahora ataca a los profesionistas que trabajamos en algún momento dado en asesorarla en diversos temas entre ellos el político electoral. Se queja de que quieren «coartar su libertad de expresión» cuando se ha dedicado a atacar a la alcaldesa no con relación a su función como primera autoridad de Múzquiz, sino con relación a su vida privada, a atacarla a ella por cuestiones no propias sino de su hermano que es empresario, entre otras cuestiones fuera de su papel como alcaldesa de Múzquiz.
Por cierto y con relación a los profesionistas, nuestro trabajo es la asesoría y defensa, no es una cuestión personal, también no pasa desapercibido que Sergio Soto es de memoria corta, ahora nos ataca, incluso nos manda mensajes privados reclamando que se le haya demandado, pero jamás pagó en una sola ocasión, diversas notas periodísticas, columnas de opinión que el suscrito tuvo a bien publicar en su «periódico» Acceso. Notas que nos pedía recurrentemente para publicar en su medio hasta que optamos por dejar de mandarle artículos.
